Mendoza declaró bajo juramento haber sabido de una reunión del alto mando con el presidente Cristiani la noche del 15 de noviembre, horas antes de la masacre. “Si no hubo contraorden (al operativo para asesinar a los jesuitas), el presidente tuvo que haberlo aprobado”, dijo Mendoza durante su testimonio en el juicio contra el coronel Inocente Montano, acusado de participar en la planificación del crimen.
Consultado vía electrónica por El Faro, Alfredo Cristiani respondió a través de una asistente: “Es totalmente falso lo que ha dicho el Teniente Mendoza, que él (expresidente Cristiani) nunca estuvo en una reunión donde se haya discutido o comentado el asesinato de los Padres Jesuitas (sic)”.
Cuestionado algunas veces en años anteriores, Cristiani siempre ha negado su participación. Pero este miércoles 8 de julio, por primera vez, su nombre fue mencionado en un juicio vinculado al crimen.
Yusshy René Mendoza Valecillos, el oficial de la Escuela Militar que acompañó a unos 40 soldados del Batallón Atlacatl durante la misión para asesinar al rector de la Universidad Centroamericana, en noviembre de 1989, declaró que cuando sus jefes ordenaron el operativo dijeron que el presidente Alfredo Félix Cristiani Burkard sería consultado y, si desautorizaba, la misión sería abortada. Pero la contraorden nunca llegó.
En la cuarta jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional de España, las declaraciones de Mendoza comprometen no solo al expresidente sino a todo el Alto Mando y parte del Estado Mayor que regía el Ejército en noviembre de 1989.
—¿El presidente consintió, aprobó y adoptó la decisión? –preguntó uno de los abogados que interrogó a Mendoza durante el juicio.
—Según la orden del coronel Alfredo Benavides, director de la Escuela Militar, si no hubo contraorden es porque el presidente tuvo que haberlo aprobado… Benavides le dijo a (comandante del Batallón Atlacatl, Tte. Ricardo) Espinoza que toda la operación está aprobada, está ordenada por el Alto Mando, que no tenga problema en ejecutarla y que incluso le van a avisar al presidente (Cristiani), y que si el presidente dice que no, y que si detiene la operación, van a recibir una contraorden de parar la operación.
Vía teleconferencia, desde Chile, Mendoza Valecillos respondió a preguntas de la parte acusadora y también de la defensa del coronel Inocente Orlando Montano, único acusado presente en el juicio. Mendoza Valecillos es el testigo clave.
La noche de la masacre fue designado a última hora por el director de la Escuela Militar, el coronel Alfredo Benavides, para acompañar al Batallón Atlacatl en el operativo en el que el Ejército salvadoreño asesinó a seis sacerdotes jesuitas, una señora y su hija.
Mendoza niega haber disparado contra ninguna de las ocho víctimas aquella madrugada del 16 de noviembre y en los días posteriores buscó al entonces jefe provincial de los jesuitas, José María Tojeira, para decirle que estaba arrepentido y que quería colaborar con las investigaciones. Desde entonces huyó de El Salvador porque “me iban a matar”, según declaró en la audiencia de este miércoles.
En 2011, el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España emitió orden de captura contra 20 militares salvadoreños, incluyendo a Mendoza. Él y el exviceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano eran los únicos dos salvadoreños acusados en la etapa de juicio, pues el resto obtuvo resguardo en El Salvador gracias al sistema judicial. Hace un mes, sin embargo, una maniobra jurídica permitió que Mendoza fuera absuelto y se convirtiera en testigo. El único procesado es ahora Montano.
En el juicio, Mendoza también habló sobre la responsabilidad de Montano. Para empezar, relató cómo durante la ofensiva de la guerrilla, que comenzó el 11 de noviembre, el Ejército movió unidades y batallones para defender la capital. Por ejemplo, designó al coronel Alfredo Benavides, director de la Escuela Militar, como el comandante del anillo de seguridad que debía proteger el Estado Mayor Conjunto, el Ministerio de la Defensa y las colonias de militares, Arce y Palermo. El Ejército también dispuso que la quinta sección del Batallón Atlacatl de Infantería se pusiera a la orden de Benavides. Y también colocaron una unidad de la Policía de Hacienda en la entonces llamada Torre Democracia, contiguo a la UCA. La intención era que esa unidad tuviera una posición estratégica. La Policía de Hacienda, junto a la Policía Nacional y la Guardia Nacional, dependían directamente de Montano, viceministro de Seguridad Pública.
Mendoza también habló de la reunión de Alto Mando y Estado Mayor ocurrida la tarde-noche del 15 de noviembre en el edificio del Estado Mayor, que Benavides contó a él y a todos los oficiales en la Escuela Militar. “Benavides manda a reunir a todos los oficiales de la Escuela y nos informa que acababa de regresar de una reunión … [y que ahí] les habían informado que (…) la guerrilla se había posicionado muy bien, y que para contrarrestarla se habían tomado la decisión de tomar medidas más drásticas, entre [ellas] el uso más agresivo de los batallones de infantería, el uso de artillería y el uso de la Fuerza Aérea, y que además habían decidido eliminar a todos los cabecillas guerrilleros o sindicalistas y que estaban en cada una de las zonas de responsabilidad de los comandantes que estaban en las zonas”. Benavides estaba a cargo de la zona de la UCA.
Según Mendoza, el coronel Benavides también les narró cómo, tras una gran reunión de oficiales del Estado Mayor y del Alto Mando, todos se dispersaron a hablar en pequeños grupos. En uno de estos estaban los oficiales más poderosos de la época y lo llamaron para incluirlo en la charla. El episodio también está recogido en el informe de la Comisión de la Verdad, en la acusación del juez Velasco de 2011 y en diversos libros que investigaron el caso. Estaban ahí el jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce; los viceministros Orlando Zepeda e Inocente Orlando Montano, entre otros. En ese momento preguntan a Benavides si sabe que Ellacuría ya regresó de España (donde estaba recibiendo un premio) y que qué esperaba para proceder contra él. “O son ellos o somos nosotros”, dijo Benavides a los oficiales de la Escuela al ordenar el operativo.
Este es uno de los episodios cruciales del caso. Una multitud de testimonios recabados durante tres décadas confirman la existencia de una gran reunión de oficiales y comandantes de área la tarde noche del 15 de noviembre, en medio de una ofensiva guerrillera sobre la capital. En esa reunión se habría discutido el aumento en el uso de la fuerza extrema. Benavides dijo que hubo una segunda reunión, y habría registrado esa segunda sesión en una libreta de apuntes que fue exhibida ahora en el juicio como prueba admitida en el proceso. El coronel Montano y su abogado han desafiado la credibilidad de esa libreta señalando que Ponce y otros eran coroneles, y no generales, como aparecen mencionados en la libreta. La explicación de ese aparente error –que nadie mencionó en el juicio- es que no se trata de un acta de la reunión, sino una reconstrucción escrita por Benavides tiempo después, cuando algunos de sus compañeros de “tanda” ya habían sido promovidos a generales y él estaba en la cárcel, junto con Mendoza, por el crimen.
Montano ha aceptado que, como dice Mendoza, hicieron la consulta al presidente Cristiani sobre las decisiones tomadas en la reunión del 15 de noviembre, pero, según él, nunca se habló del asesinato de los jesuitas sino solo del aumento de la fuerza beligerante. En su declaración en el juicio de Madrid, el 7 de junio pasado, Montano explicó que, cuando Cristiani supo de esas decisiones, pidió calma. “El presidente dijo: ‘dejemos que se desarrolle un poco más la situación, porque tienen razón ustedes, no podemos usar la fuerza indiscriminadamente, eso nos va a traer repudio de la población y de la población internacional”, dijo Montano.
El Alto Mando lo integraba el presidente Cristiani; el vicepresidente Francisco Merino; el ministro de Defensa Rafael Humberto Larios; y los viceministros Montano y Zepeda; además del jefe del Estado Mayor Presidencial, René Emilio Ponce.
—¿Es falso que fue una decisión, una locura decidida por Benavides? -preguntó el abogado de la querella particular Manuel Ollé a Mendoza.
—Sí, totalmente falso. Eso fue una operación completamente autorizada, todo mundo lo supo, los oficiales, todos supimos. Era ilógico que alguien hiciera todo ese tipo de desplazamientos y operaciones solo con la orden del coronel Benavides. Eso debía estar autorizado por alguien más arriba que él, en este caso, por el Alto Mando, dadas las circunstancias en las que nos encontrábamos –respondió Mendoza.
El encubrimiento
En un irregular juicio celebrado en San Salvador, Mendoza fue condenado en septiembre de 1991 a 30 años de prisión por ordenar el asesinato de Celina Ramos. El único otro condenado fue el coronel Alfredo Benavides, encontrado culpable de ordenar los ocho asesinatos. También fue condenado a 30 años. Hubo otros militares acusados de encubrimiento. (Todos fueron excarcelados después, amparados en la ley de amnistía aprobada tras los Acuerdos de Paz).
Pero según la versión de Mendoza, las investigaciones fueron truncadas casi desde el inicio a través de asesores jurídicos contratados para ese fin, entre ellos el abogado del Ejército (y hoy diputado) Rodolfo Parker que, según Mendoza, habría sustraído su declaración inicial.
Mendoza relató en Madrid que, tras su detención, la Comisión Investigadora se tardó cinco días en tomarle testimonio. Cuando por fin declaró apareció Parker, entonces asesor jurídico de la Comisión de Honor del Ejército. “De repente llega el abogado Rodolfo Parker, como que pone atención a lo que yo estaba declarando y dice: ‘No, no, no… esas declaraciones no pueden ir así’. Y saca la página de la máquina de quien estaba escribiendo y me dice: ‘No, no puedes declarar eso, no tienes que mencionar a ninguna persona del Alto Mando, no tienes que mencionar que Benavides dijo que tenían orden del Alto Mando. No puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o del Batallón Atlacatl’. Toma la hoja y la rompe y le dice a la persona (que tomaba la declaración): ‘comienza de nuevo’”.
Consultado la tarde del miércoles por El Faro, el diputado Parker también negó la versión de Mendoza: “Eso es absolutamente falso, yo era asesor de la Comisión de Honor. Nunca fui abogado, consultor ni nada de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos”.
La Comisión de Honor era una instancia militar creada para investigar administrativamente los delitos del fuero militar. Parker fue nombrado como asesor de dicha comisión aunque después de unos días de trabajo fue comisionado a apoyar también a la Comisión Investigadora.
Parker dijo a este periódico que la Comisión de Honor trabajó durante siete días, entrevistando oficiales. “Una vez la Comisión de Honor tuvo una noción de lo que realmente había ocurrido, entonces me encomendó a la CIHD: ‘Tomen las declaraciones porque tenemos todos los indicios de que esto ocurrió de esta manera’”. A partir de ahí, según el hoy diputado, ni él ni nadie de la Comisión de Honor tuvo contacto con los oficiales. “¿Cómo iba a participar en la toma de declaraciones? ¿A titulo de qué? Nunca participé con ningún oficial, con ninguno de los miembros de la unidad, en la toma de declaraciones. No tuve contacto físico ni sé en qué salón les tomaron las declaraciones”, dijo.
Por su participación en este caso, Parker es el único civil mencionado en el informe de la Comisión Adhoc, cuyo objetivo era evaluar el comportamiento de oficiales del ejército durante los años de la guerra.
Estados Unidos encubrió el crimen
Una de las grandes revelaciones de la jornada fue la interferencia directa de Estados Unidos en las investigaciones. Tanto el entonces fiscal Henry Campos como los testigos oculares, Jorge y Lucía Cerna, revelaron intromisiones directas de oficiales de ese país para obstaculizar las investigaciones.
Campos testificó que un funcionario de la embajada estadounidense en San Salvador le sugirió alejarse del caso, asegurándole que, según información de su gobierno, el FMLN planificaba asesinar a los investigadores. Campos y el otro fiscal, Sidney Blanco, solicitaron al entonces obispo auxiliar (hoy cardenal) Gregorio Rosa Chávez, que indagara esta versión con los guerrilleros. Rosa Chávez habló con miembros de la comandancia general guerrillera, quienes aseguraron que no había tal conspiración contra los fiscales. La conclusión, explicó Campos, es que era la embajada enviándoles un mensaje de amedrentamiento. Por aquellos días, los fiscales recibieron otras amenazas de muerte y sus oficinas fueron objeto de ataques con explosivos.
Del rol estadounidense también hablaron los únicos testigos oculares de la masacre, Jorge y Lucía Cerna, quienes después del crimen fueron interrogados durante varios días por agentes del FBI en Florida.
“Nos quitaron el teléfono y la televisión no tenía conexión”, relató Jorge Cerna en el juicio. Luego fueron llevados a otro hotel y de ahí salían todos los días, antes de las 7 de la mañana, hacia las instalaciones del FBI. “Nos hacían interrogatorios toda la mañana, y querían que negáramos lo que habíamos visto”. Cerna declaró bajo juramento que los hacían narrar lo que habían visto bajo polígrafo para después decirles que su narración era falsa. El FBI incluso invitó a un coronel salvadoreño al interrogatorio, según Cerna. “(El coronel) me dijo que si estuviéramos en El Salvador me habría dado una gran golpiza”, contó.
Su esposa, Lucía Cerna, también testificó sobre los interrogatorios del FBI. “Nos dieron un trato tan malo que yo estaba muy mal de los nervios”. Entonces ella decidió cambiar su versión, de acuerdo con lo que los agentes federales querían escuchar. El cambio de versión fue muy útil para los intereses de los victimarios.
En diciembre de 1991, el presidente Cristiani brindó una conferencia de prensa para informar sobre la inconsistencia en las declaraciones de los Cerna. Los testigos habían fallado, se contradecían, no habían pasado la prueba del polígrafo… fueron las cosas que dijo Cristiani.
Funcionarios de la embajada en El Salvador, según explica la investigadora Teresa Whitfield en su libro sobre la masacre, alimentaban la noticia de Cristiani, presentándose ante reporteros como “fuentes cercanas a la investigación” y les decían que los Cerna habían fallado seis pruebas poligráficas.
A la tarde siguiente, los Cerna fueron dejados libres. William Sessions, el funcionario de la administración de Bush padre que dirigía el FBI en aquel entonces, falleció el mes pasado en Estados Unidos.
Los testigos oculares
Alternativamente, el matrimonio Cerna declaró el miércoles pasado que, a invitación del sacerdote Ignacio Martín Baró, el 15 de noviembre de 1989 se trasladaron desde Soyapango hacia unas casas aledañas a la UCA, para resguardarse y pernoctar. Ella era una trabajadora de limpieza de la Universidad y Soyapango estaba bajo fuego intenso del Ejército, por la fuerte presencia guerrillera en esa área populosa de San Salvador.
“El padre Nachito nos dijo que nos iba a ayudar”, dijo Lucía Cerna en su intervención en el juicio, vía teleconferencia. Martín Baró, dijo, les habilitó una habitación de la antigua casa de habitación de los jesuitas, sobre la calle El Cantábrico, en Antiguo Cuscatlán.
Pasada la medianoche, los Cerna despertaron con el tropel del Atlacatl cuando ingresó a la UCA. Ella testificó que aquella noche creyó que eran soldados borrachos. Desde su ventana, vio a los soldados bajo la luz de la luna llena. No había luz eléctrica, y a los pocos minutos el Atlacatl asesinaría a los sacerdotes con tiros en la cabeza.
Cuando cesó el ruido, los Cerna fueron a ver qué había pasado. Vieron bultos en el jardin de la casa de habitación de los jesuitas. Ya amanecía.
Temiendo por su vida, los Cerna se refugiaron en la casa de la madre de Lucía. Estuvieron ahí unas noches hasta que ella decidió volver a la UCA. María Julia Hernández, directora del socorro jurídico del Arzobispado, habló con ella. “Le conté todo, todo, todo, y no dejé de llorar”, confesó. Temiendo por su seguridad, la Compañía de Jesús les resguardó en la embajada de España, donde Lucía rindió una declaración judicial sobre lo que había atestiguado. Posteriormente fueron trasladados a la embajada de Francia, quienes organizaron su traslado al aeropuerto. Al aterrizar en Miami, los esposos Cerna fueron llevados a un hotel. Allí iniciaron los interrogatorios del FBI.
