El 20 de agosto, Arena, FMLN y PDC eligieron a Roberto Antonio Anzora, un abogado con 28 años de trayectoria en el ente contralor, como nuevo presidente de la institución llamada a concluir con las 11 auditorías especiales a los gastos de la pandemia del Gobierno Bukele. Anzora, que actualmente funge como segundo magistrado de la institución, pasará a ocupar la primera magistratura luego de una negociación en la Comisión Política que fue liderada por el partido Arena.
El acuerdo incluyó la reelección de la abogada María del Carmen Martínez, como primera magistrada. Postuló por segunda vez con el respaldo del FMLN. Su currículum incluye 19 años de experiencia, de 1998 a 2017, en distintas unidades de la Fiscalía: la unidad de delitos contra la vida y el patrimonio y la unidad antipandillas y delitos de homicidio.
El abogado Julio Guillermo Bendeck será el segundo magistrado, quien de septiembre de 2009 hasta octubre de 2019 era socio de la firma legal Bendecklaw, especializada en “derecho administrativo, propiedad intelectual, derecho mercantil y derecho sucesorio”. Desde el 5 de noviembre de 2019, Bendeck es procurador adjunto en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Rodolfo Parker del PDC propuso a Bendeck, como segundo magistrado. El acuerdo incluyó postergar hasta el lunes las discusiones para nombrar a los dos magistrados suplentes.
El 20 de agosto, el diputado Norman Quijano compartió en su cuenta de Twitter una lista de 11 candidatos finalistas en el proceso de selección de magistrados. A punto de terminar la sesión plenaria, a las 7:10 de la noche, Julio Fabián, subjefe de fracción de Arena, convocó a la Comisión Política para comunicar el acuerdo para nombrar a los titulares de la institución llamada por la Constitución a fiscalizar la hacienda pública.
Los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas asumirán sus cargos en una coyuntura en la que el Ejecutivo se resiste a rendir cuentas a la población sobre el manejo del presupuesto ordinario y de empréstitos. El gobierno y las municipalidades disponen de 2,000 millones de un “Fondo de Emergencia” construido con préstamos. El Ejecutivo recibió un segundo paquete de endeudamiento que incluye 600 millones para un fideicomiso destinado a otorgar préstamos y subsidios a empresas afectadas por la pandemia, y 400 millones para cubrir el déficit fiscal.
Hasta junio, el gobierno ya usó 625 millones de dólares del Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres (Fopromyd) para mitigar los efectos de la pandemia por Covid-19 e investigaciones periodísticas han revelado un manejo irregular de esos fondos. Desde contrataciones a empresas cuyo giro principal no estaba relacionado con el abastecimiento de insumos médicos; en otros, ha contratado empresas directamente relacionadas a funcionarios, o a empresas de familiares de funcionarios o vinculadas a socios de funcionarios del Gabinete.
La institución contralora tiene en marcha 11 exámenes especiales relacionados al manejo de fondos públicos durante la emergencia ocasionada por la pandemia. Las auditorías incluyen la construcción del Hospital El Salvador en la instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco); la Mesa de Crisis (Turismo); la adquisición de equipo e insumos médicos con 25 millones que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social prestó al Ministerio de Salud y la compra de insumos médicos con el presupuesto de Salud; la remodelación de la Red de Hospitales; la entrega del bono de $150 al personal del Ministerio de Salud; las donaciones nacionales e internacionales; la entrega del bono de $300 dólares a hogares vulnerables en marzo pasado. El informe preliminar, de inicios de mayo, no encontró explicación a cómo el gobierno seleccionó a 100 mil beneficiarios de dicho bono, una observación de 30 millones de dólares.
La CCR está llamada, además, a una revisión de las contrataciones realizadas por el Ejecutivo, entre las que se cuentan contratos por más de 225 mil dólares a favor de familiares del ministro Francisco Alabí y contrataciones a empresas vinculadas a funcionarios del Ejecutivo.
Sobre los exámenes especiales, la presidenta saliente de la Corte de Cuentas informó a la Asamblea Legislativa en dos ocasiones que estos han avanzado poco debido a problemas logísticcos derivados de la pandemia, pero también por la negativa de las instituciones del Ejecutivo a brindar información. El caso más emblemático es el del Ministerio de Agricultura. Desde marzo, la Corte de Cuentas ha intentado sin éxito hacer tres exámenes especiales a esta institución: el primero a la entrega de insumos agrícolas; el segundo a la entrega de canastas alimenticias; una tercera auditoría al uso de 23 millones de dólares que Agricultura reorientó sin el aval de la Asamblea Legislativa para comprar granos básicos. Según la Memoria de Labores, entregada por el gobierno a la Asamblea, Agricultura ha hecho 207 procesos de compras por 273 millones de dólares. Es la única institución que no ha entregado una lista de proveedores contratados a la Asamblea Legislativa ni a la Corte de Cuentas.
Una elección cuestionada
El 11 de agosto, Acción Ciudadana, la Fundación Nacional para el Desarrollo, Transparencia Internacional y el Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas señalaron que la Asamblea Legislativa no utilizó un baremo para evaluar la idoneidad y la competencia de los candidatos. Cuestionaron que los diputados están incumpliendo la sentencia de inconstitucionalidad del 27 de julio que ordenó a la Comisión Política documentar el expediente con dos estándares: “el informativo que implica describir si tienen los méritos para el cargo; y el argumentativo, que consiste en la identificación y valoración de los aspectos, que ubiquen un candidato en un mejor posición electiva frente al resto a partir de un conjunto de criterios o cálculos establecidos para la evaluación', dice el posicionamiento de las cuatro organizaciones.
El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, defendió el trabajo de la Comisión Política. “Consideramos que hemos cumplido en revisar los atestado, tanto por la comisión, como por los técnicos. Ya veremos si algún ciudadano quiere poner un recurso de inconstitucionalidad, serán estos nuevos magistrados que tendrán que resolver. Acá no hay ningún vínculo partidario', dijo Reyes.
El 13 de julio de 2020, la Asamblea Legislativa respondió a una solicitud de información de un ciudadano que no contaba con la documentación de respaldo sobre atestados del Tribunal Supremo Electoral, de la Procuraduría General de República, de la Fiscalía, del Tribunal de Ética y de la Corte de Cuentas sobre los candidatos a magistrados. 'La Gerencia de Operaciones Legislativa, unidad administrativa responsable del resguardo y procesamiento de la información solicitada comunicó electrónicamente que los atestados de los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas la Comisión Política de esta Asamblea los está solicitando a las diferentes instituciones motivo de fuerza mayor que imposibilita que la información requerida pueda ser entregada, por no haber sido generada aún'.
Dos semanas después, el 27 de julio, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la elección de los titulares de la Corte de Cuentas, de los magistrados propietarios, Carmen Elena Rivas Landaverde, María del Carmen Martínez Barahona y Roberto Antonio Anzora, y de los magistrados suplentes, Nolberto Osmín Cunza y Patricia Lissete Bardales.
En el caso de la presidente, Rivas Landaverde, y la primera magistrada, Carmen Martínez, la Sala dijo que los diputados fallaron en documentar que no tuvieran vínculos con partidos políticos. “La Asamblea Legislativa omitió documentar la no afiliación partidaria de las abogadas Carmen Elena Rivas Landaverde y María del Carmen Martínez Barahona, como presidenta y primera magistrada de la Corte de Cuentas de la República”. En general, la elección de los titulares propietarios y suplentes fue declarada inconstitucional porque la Asamblea no documentó la competencia notoria de los candidatos. “La Asamblea Legislativa omitió argumentar por qué las personas electas poseen competencia notoria según el perfil requerido”.
La inconstitucionalidad no prohibió que los actuales titulares de la Corte de Cuentas postulen a la reelección ni los removió del cargo, pero sí estableció que el procedimiento mediante el cual fueron elegidos tuvo “vicios de inconstitucionalidad”. En la resolución, la Sala de lo Constitucional exigió a la Asamblea corregir esos “vicios de inconstitucionalidad” detectados en el procedimiento de selección de los magistrados. “La Asamblea Legislativa deberá realizar el proceso de elección de los nuevos profesionales que ocuparán tales cargos a la mayor brevedad, observando el contenido de esta sentencia”.
Arena, dividida, se sale con la suya
En una elección al borde del cierre de una plenaria, Arena optó por cerrar la negociación con el FMLN para escoger a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas. La apuesta del partido de derecha era:'lograr meter a dos magistrados y dejarle uno al Frente', coinciden dos diputados tricolor que optaron hablar bajo anónimato. El reparto de cuotas para elecciones no es nada nuevo entre Arena y el FMLN. En diciembre 2018, la Asamblea colocó al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) a un exasesor de Calos Calleja, candidato de Arena que compitó en las presidenciales de 2019. Diez meses después, el FMLN cobró los votos que cedió y Arena bloqueó a uno de sus diputados poniendo un suplente para darle la PDDH.
Dos diputados y un asesor de Arena coinciden que de haber esperado una semana más, el acuerdo se caía y la elección de magistrados hubiera ganado con votos del FMLN, Gana, CD y PCN. 'Diez diputados queriamos esperar porque habían más opciones', reconoce una fuente. A las otras opciones se referían a Karen Yamilet Cruz Pineda, que se encontraba en la lista final de los 11 candidatos; y a Josué Jonathan Mata Aldana, que quedó descartado desde el inicio por todos los partidos, excepto Arena.
Los 59 votos que los partidos lograron reunir fue por la suma de 13 diputados suplentes. Siete de Arena y seis del FMLN. En una resolución de inconstitucioalidad de la Sala de lo Constitucional obligó a los partidos políticos a justificar debidamente los llamamientos. Según la Sala, 'el llamamiento de los diputados suplentes debe ser excepcional y, por ello, la causa justificante debe comprobarse y documentarse debidamente y de manera oportuna'.
