El rol de cualquier representante de El Salvador en los Estados Unidos tiene un peso particular dado el alto número de personas salvadoreñas viviendo en este país –especialmente quien se nombre para la Embajada en Washington D.C., porque se encarga de las relaciones con el Congreso, la Casa Blanca e instituciones de la cooperación internacional, entre otros. Por eso, la comunidad de inmigrantes salvadoreños y sus familias prestaron especial atención cuando el pasado 24 de septiembre, el presidente Bukele designó a la diputada Milena Mayorga, exmiembro del partido Arena, en ese trascendental cargo.
Poco después de su nombramiento, la embajadora designada declaró en sus redes sociales que “el corazón de la nueva agenda con Washington es explicar a nuestros compatriotas que nuestro presidente está generando las condiciones para su retorno”, afirmación que lógicamente pone en duda si Mayorga será una aliada en la lucha de los inmigrantes salvadoreños a buscar una solución permanente para quedarse en los EE.UU. o si, más bien, está dispuesta a apoyar a las políticas restrictivas sobre inmigración de la administración de Trump. Esto aparte de la cuestión de cómo exactamente el Estado salvadoreño podrá alistarse para recibir cientos de miles de retornos.
Tal como expresó una organización de la comunidad de inmigrantes salvadoreños en una carta dirigida a Mayorga, su pronunciamiento ha “generado consternación y confusión”, porque la expectativa de la diáspora es que el gobierno salvadoreño “nos acompañe, sin titubear, en nuestro esfuerzo de quedarnos en Estados Unidos”.
Frente a este panorama, resulta útil revisar lo que está en juego para las y los inmigrantes salvadoreños. Dos de los programas más importantes del gobierno estadounidense que han beneficiado a esta población, el TPS y el DACA, han estado en peligro bajo la administración Trump, que ha buscado eliminarlos. Estos programas son distintos, aunque en uno de sus primeros mensajes la Embajadora parecía no tenerlo claro.
El TPS (Estatus de Protección Temporal) ha impedido la deportación de casi 200 000 salvadoreños que viven en los Estados Unidos desde el 2001, cuando El Salvador sufrió dos terremotos catastróficos. Si bien existen programas de TPS para nacionales de otros países, como Nepal y Honduras, los salvadoreños representan la inmensa mayoría. El gobierno estadounidense había extendido dicha protección muchas veces de manera regular bajo el argumento de que El Salvador seguía siendo inestable para el retorno seguro de este grupo grande de personas. Sin embargo, Trump ha intentado cancelar el TPS, una acción dentro del marco de su política de restringir severamente la inmigración y programas que benefician a migrantes.
La sociedad civil ha litigado vigorosamente el tema en los últimos años, pero en septiembre una corte de apelaciones falló en favor de Trump, permitiendo que se avance hacia el cierre del programa TPS. Aunque esta sentencia se está apelando y podría llegar a la Corte Suprema de los EE.UU., por el momento existe la posibilidad de que los tepesianos y tepesianas pierdan su estatus en noviembre de 2021, fecha que representa una extensión lograda por una negociación entre las administraciones de Bukele y Trump.
Por su parte, el DACA (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) fue promulgado en el 2012 por la administración del presidente Obama y el vicepresidente Biden para proteger de la deportación a aquellas personas indocumentadas que llegaron a los EE.UU. siendo menores de 16 años de edad, entre otros criterios. Casi 25 000 salvadoreños y salvadoreñas se inscribieron en DACA, siendo la mayor cantidad de población después de México. En septiembre de 2017, la administración de Trump anunció su interés de eliminar el programa, pero, al igual que con el TPS, esto también se ha peleado ante los tribunales. En el caso del DACA, el litigio llegó hasta la Corte Suprema, la cual en junio de este año permitió que el programa siga existiendo, por el momento, para quienes ya son beneficiarios. Es muy probable que otros litigios sobre el tema continúen en el futuro próximo.
Cabe mencionar que el candidato del partido Demócrata, Joe Biden, ha indicado que, si asume la presidencia en el 2021, revertiría las acciones de Trump en contra el TPS y el DACA, y que en particular lucharía para que los beneficiarios del DACA obtengan la ciudadanía estadounidense. La naturaleza de ambos programas es temporal, no otorgan una solución permanente a los inmigrantes, y esto solo ocurriría si el Congreso aprobara un proyecto de ley en ese sentido. Mientras tanto, los programas se ven sujetos a la opinión de los tribunales (incluyendo una Corte Suprema que podrá llegar a ser aún más conservadora, si Trump logra instalar su nominada) y los caprichos de quien sea el presidente.
Ante este escenario de incertidumbre, es clave que los inmigrantes salvadoreños cuenten con una embajadora en los Estados Unidos que sea clara y firme en su postura en pro de sus derechos. Por un lado, tenemos la negociación bilateral que logró extender (de manera temporal) el TPS para los salvadoreños y las promesas de Bukele, la canciller Alexandra Hill, y en los últimos días, la aún embajadora designada, de buscar una solución permanente para su diáspora. Por otro lado, vemos los primeros mensajes preocupantes de Mayorga en su calidad de nueva diplomática, que implica una política que no da prioridad a los intereses de la diáspora. También hay que considerar la tendencia de Bukele de someterse a los deseos de Trump en materia de inmigración. Lo más evidente de esta tendencia es el acuerdo de “tercer país seguro” que obligaría a El Salvador a recibir migrantes de otros países que son expulsados de los EE.UU. Como mínimo, es razonable preguntarse y preocuparse sobre cuáles son las metas reales que Mayorga busca alcanzar para sus compatriotas en el país norteamericano.
La embajadora llegará a los Estados Unidos en un momento políticamente complicado, en un contexto en el que este país está más dividido y estancado que nunca en el debate sobre inmigración, y con mucha inseguridad sobre el futuro del DACA y el TPS ante la Corte Suprema. Por eso, la diáspora salvadoreña merece que Mayorga no emita mensajes ambiguos, y que más bien comprenda y apoye la agenda en estos temas que tienen un impacto central en sus vidas. También es crucial que la nueva embajadora se comprometa a trabajar hombro con hombro con esta población, que está bien organizada y ha venido luchando desde largo tiempo por obtener un estatus legal para sus familias. “Me verán con una actividad sin precedentes ante el Congreso y el Senado” dijo Milena Mayorga en su primer mensaje como Embajadora designada. Esperamos que esta “actividad” sea dirigida a respaldar los esfuerzos de los beneficiarios del DACA y el TPS y de toda la comunidad salvadoreña, y que no los deje en el abandono por seguir únicamente los intereses del gobierno que la ha nombrado.
