En 2015, el año en que Nayib Bukele se coronó como alcalde de la capital de la mano del FMLN, Julio Alejandro Murra Saca, el dueño del inmueble en el que funciona el Mercado Cuscatlán tasó la propiedad en 828,142 dólares, según el Registro de Propiedades. Bukele y su administración sondearon el terreno y decidieron que ahí levantarían el que, dijeron, sería el mercado más moderno de Centroamérica. Para lograrlo, pactaron una promesa de venta pagadera en cuotas mensuales de arrendamiento durante 25 años por un monto total de 28.8 millones de dólares, es decir, 3,479 % por encima del valor real del inmueble.
Según un pliego de reparos confirmado por la Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Bukele y su comuna, gobernada por el izquierdista FMLN, acordaron en diciembre de 2015 que se pagarían 10 mil dólares iniciales por el inmueble y pactaron también que durante 25 años realizarían pagos mensuales de 96,050 dólares. Durante los primeros siete meses, a pesar de los pagos, el inmueble fue un cascarón vacío porque la municipalidad no había aprobado los trabajos de remodelación para el nuevo giro del edificio. Durante los siguientes cuatro meses, el mercado siguió vacío, hasta que se inauguró un año después de la firma del contrato, en diciembre de 2016. Para entonces, Bukele y el que fuera su partido aún sostenían una relación pragmática en la comuna, cuya administración estaba repartida entre el equipo de trabajo de Bukele (cuyos principales rostros devinieron en funcionarios de Gobierno) y mandos operativos que respondían al partido de izquierdas, entre estos la síndica Xochitl Marchelli, cuadro del partido y una de las principales señaladas en el caso del Mercado Cuscatlán por la Corte de Cuentas.
Bukele, quien desde su divorcio del FMLN (mediados de 2017) se perfiló como un político alejado de las prácticas corruptas de los gobiernos del pasado, incluidos los del que fuera su partido, ahora es atado por un pliego de 10 reparos a una profunda complicidad entre su equipo y los mandos del partido en la comuna capitalina que gestionó el proyecto del mercado.
Junto a Bukele y Marchelli, otros 15 exfuncionarios de la alcaldía de San Salvador ha recibido la orden de restituir al Estado 3,096,225 dólares, luego de que la Cámara validara los hallazgos de los auditores, quienes detectaron no solo una negociación en contra de los intereses de la comuna (y del uso de fondos públicos de los capitalinos), sino irregularidades en las que también se encuentran pago de obras por más de 600,000 dólares que nunca fueron entregadas.
La Cámara sostiene que la mala administración del mercado causó un perjuicio económico al municipio. Entre los 10 reparos también se señalan sobreprecios en el valúo del inmueble, deficiencias en la asignación de los locales y puestos del mercado, falta de ejecución de obras, venta de bebidas alcohólicas sin autorización, entre otras. La Cámara ha dado 15 días a los señalados para presentar pruebas de descargo y con eso comienza el juicio de cuentas respectivo. Esta etapa estará a cargo de una funcionaria que ha sido vinculada al partido oficial, Gana, y al entorno del diputado Guillermo Gallegos.
Con el Mercado Cuscatlán Bukele dijo que iba a reordenar las ventas informales del centro capitalino. Pero el proyecto, en realidad, le sirvió de moneda de cambio en negociaciones con las pandillas más importantes del país, según lo reveló este periódico en junio de 2018, en un intento porque estas no bloquearan un proyecto de revitalización del centro histórico de San Salvador. En 250 cuadras del centro capitalino gobernadas por las pandillas, cualquier proyecto necesita de diálogos con estos grupos, según han aceptado autoridades policiales y exfuncionarios de la comuna.
Uno de los que exfuncionarios de la comuna que ha salido observado por la Cámara es Mario Durán, actual Ministro de Gobernación y candidato para la alcaldía de San Salvador del partido impulsado por Bukele, Nuevas Ideas. Durán fue protagonista en las negociaciones con las pandillas y en la comuna ocupó dos cargos: segundo regidor suplente pero también fue Director de Desarrollo Municipal. Por su mal desempeño en el manejo del mercado, es junto a Bukele uno de los exfuncionarios con más reparos (cinco) administrativos y patrimoniales, según la auditoría. Durán ha sido condenado a pagar 15,961 dólares más lo que se desprenda de cuatro multas por los reparos administrativos.
Entre los señalados por la CCR también hay otros cuatro actuales funcionarios del gabinete presidencial: el Ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga; el directivo suplente del Cifco Rolando Castro Hernández; el Director Ejecutivo del Fovial, Álvaro O’byrne; y el presidente de Etesal, Edwin Núñez, quien busca una diputación en los comicios 2021 con Nuevas Ideas. Núñez fue concejal por el partido PDC pero lejos de convertirse en oposición dentro del consejo, ayudó a Bukele a gobernar.
Bukele, según el pliego de observaciones, debe pagar 232,167 dólares por dos reparos patrimoniales: por su responsabilidad en el pago de 1 millón 320 mil 955 dólares, en exceso, entre enero de 2016 y enero de 2018, por el arrendamiento del inmueble a la compañía Desarrollo Universal S.A. de C.V. La auditoría también sostiene que el inmueble fue valuado por un profesional designado por el propietario y que este incluyó en su estudio áreas comunes, parqueos y áreas de circulación que inflaron en un 43 % el precio del alquiler a la alcaldía. El segundo reparo patrimonial contra Bukele señala su responsabilidad por haber pagado el alquiler durante 11 meses mientras el inmueble estaba vacío sin que hubiera un solo usuario alquilando algún local.
El actual director suplente del Cifco Rolando Castro Hernandez también tiene cinco reparos y ha sido condenado a pagar 69, 238 dólares. El actual Ministro de Medio Ambiente Fernando López fue Gerente de Catastro y ha sido condenado a pagar 30,192 dólares junto con dos subalternos, debido al mal manejo de las cuentas vinculadas al inmueble.
El inmueble donde se erigió el Mercado Cuscatlán es propiedad de la sociedad Desarrollo Universal S.A. de C.V., del médico Julio Alejandro Murra Saca. La empresa no estaba solvente con sus impuestos municipales y adeudaba 23,629 dólares a la comuna cuando se firmó el contrato, en noviembre de 2015, según la CCR. Cuando el contrato entró en vigencia, un par de meses después, el 15 de enero de 2016, la deuda había aumentado a 30,192.07 dólares.
El contrato entre la alcaldía y Saca fue suscrito ante los oficios del notario Conan Castro, actual Secretario Jurídico de la Presidencia, y quien era en aquel momento Gerente Legal de la municipalidad. Según el artículo 39 de la Ley de notariado, Castro -como notario- tenía la obligación de advertir a Murra Saca que debía estar solvente con los impuestos. “En este caso lo que podría configurarse es un ejercicio negligente de la función pública del notariado. El notario no advirtió la serie de formalidades que establece la Ley de Notariado, como lo de estar solvente del pago de impuestos, y el resto de leyes para el otorgamiento de ciertos actos”, opina Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana.
Pero como Gerente Legal de la comuna, Castro también tenía la obligación de advertir una anomalía y emitir una recomendación jurídica al Consejo capitalino y al propio alcalde, quien era el encargado de firmar ese contrato que ahora ha sido catalogado como lesivo para la alcaldía. El poder de Castro era el de autorizar o dejar sin efecto procesos o actos en los que algún funcionario de la alcaldía debía estampar su firma. Según el Manual de Organización y Funciones Institucional de la gestión 2015-2018, Castro tenía entre sus funciones “brindar asesoría legal a todas las áreas de la municipalidad que lo soliciten” y “emitir opiniones legales según se requieran por las autoridades y dependencias de la municipalidad”.
Castro -dice el manual- tenía comunicación “permanente” con el alcalde y con las unidades de la alcaldía de asesoría legal, legalización de firmas y documentos, elaboración de contratos, convenios u otros documentos y procesos judiciales. La Corte de Cuentas, sin embargo, no señala a Castro EN la auditoría, y cuando él ha comparecido ha sido solo como apoderado de Bukele y de algunos exconcejales.
El propietario del inmueble no quiso conceder una entrevista a este medio pero a través de una asistente dijo, vía telefónica: “Pido que me respeten el nombre, y que no me involucren en nada, porque todo lo que hice lo hice por trabajo, no por cuestiones políticas”.
El Faro también buscó una reacción del Presidente de la República a través del Secretario de Prensa Ernesto Sanabria, pero al cierre de la nota no hubo respuesta. También se buscó al Ministro de Gobernación, al Ministro de Medio Ambiente, al Director Ejecutivo del Fovial y al directivo suplente del Cifco Rolando Castro Hernández pero al cierre de esta nota ninguno respondió. Edwin Núñez, presidente de ETESAL, quien fue décimo regidor de la comuna, atendió la llamada pero cuando escuchó la pregunta de este medio colgó y no respondió los mensajes de Whatsapp.
Un proyecto anómalo que el FMLN avaló
La comuna de Nayib Bukele, ganada por el FMLN, funcionó hasta media gestión (2015-2018) como un cuerpo colegiado que actuaba de manera pragmática en sintonía con el alcalde más popular del país. El proyecto del Mercado Cuscatlán, así como el del rescate del centro histórico, fue impulsado, avalado y aplaudido por el partido de izquierdas. En la investigación de la Corte de Cuentas, se confirma la sintonía con la que colaboraban Bukele y su expartido en las actuaciones de una figura clave de la comuna: la síndico municipal Xochitl Marchelli, quien a la postre acusó a Bukele de expresiones de violencia contra la mujer en un proceso que aceleraría el camino para el divorcio entre Bukele y el FMLN.
Según la Corte de Cuentas, Marchelli debió asesorar mejor al alcalde Bukele y por eso es la exfuncionaria con más reparos en el proceso: cuatro de índole administrativo que acarrean multa, y tres patrimoniales, es decir, que establecen montos de dinero a reintegrar a la comuna. De ser sancionada, deberá pagar 567,898 dólares.
Según el reparo número 6 de la Cámara, Marchelli no asesoró al alcalde sobre las gestiones para la adquisición del inmueble con fines de arrendarlo o adquirirlo bajo promesa de venta, en cumplimiento al Código Municipal y a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la comuna. La auditoría dice que Marchelli tuvo que haber asesorado al alcalde Bukele para evitar que se pactara un canon de arrendamiento sin fundamento técnico y que a la postre terminó siendo 2.03% de lo pactado, según un valúo propuesto por el dueño del inmueble. El valúo de Murra Saca decía que el inmueble debía arrendarse a 94,141 dólares pero terminó aprobándose uno de 96,050 mensuales, con IVA incluido.
Este valúo también tenía otras inconsistencias. Tomó en cuenta como áreas útiles áreas comunes, parqueos y áreas de circulación, lo que incrementó el costo del metro cuadrado y a la postre incrementó en un 43% del precio verificado y aprobado por la OPAMSS. Eso provocó que la alcaldía pagara un exceso de 1,032,955 dólares entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2018.
Al igual que Marchelli, hubo otros concejales del FMLN y de otros partidos (PSP y FMLN) que aprobaron el arrendamiento del inmueble. Entre ellos destaca Fabio Castillo, quien fue el primer regidor de la comuna de Bukele y quien ahora forma parte del equipo de abogados que impulsan un estudio reformista de la Constitución liderado por el vicepresidente Félix Ulloa. El Faro intentó obtener una reacción de Marchelli y Castillo pero no hubo respuesta.
Los concejales de Arena se libraron de los señalamientos de la CCR porque se abstuvieron a la hora de votar por el arrendamiento del inmueble. Razonaron su decisión, según consta en el acuerdo 4.1 del acta de sesión extraordinaria que se celebró 11 de noviembre de 2015 (el acta se firmó el día 18). “Los regidores razonan sus abstenciones, por considerar que a pesar es un gran proyecto no tuvieron el tiempo necesario para revisar la documentación del mismo; no se conversó con los vendedores sobre cómo será el sistema de la reubicación; asimismo, por considerar que el plazo es muy largo, además no cuentan con documentos que detallen la situación financiera de la alcaldía”, dice el acta, según una intervención del concejal Gerardo José Calderón. Se abstuvieron junto con él Edwin Zamora, German Muñoz, Mélida Fonseca y Ana María Redaeli.
Pese a la oposición de los areneros, el arrendamiento se aprobó con nueve votos. Una semana después, el concejal Calderón insistió en el punto y pidió que se pidiera al Ministerio de Hacienda que valuara el inmueble. En ese momento, todos los concejales votaron de manera unánime. Sin embargo, el alcalde Bukele ignoró ese lineamiento ordenado por el concejo y no pidió el valúo a Hacienda. Eso es parte de lo que ahora repara la Corte de Cuentas.
Contra los concejales del FMLN, PDC y PSP, los reparos son precisamente por haber aprobado el 11 de noviembre de 2015 el arrendamiento y el pago de un canon y el plazo sin fundamento técnico comprobable. Los reparos son por haber delegado al alcalde la firma del contrato sin estudios técnicos previos sobre el estado del inmueble, sin contar con el plan de adecuación del inmueble al nuevo giro, ni tampoco una planificación para la rehabilitación del edificio. Los concejales también autorizaron las mejoras en la infraestructura del edificio siete meses (agosto de 2016) después de que comenzara la vigencia del contrato (enero de 2016).
La Ley de la Corte de Cuentas establece responsabilidades patrimoniales cuando se ha determinado que ciertas acciones causaron perjuicio al patrimonio de una institución. En cambio, la responsabilidad administrativa es una multa proporcional al salario que devenga el funcionario o empleado público, por tomar decisiones sin remitirse a las disposiciones legales.
La Cámara sostiene que Bukele y los otros 16 funcionarios violaron diversas ordenanzas municipales, acuerdos del Consejo capitalino, manuales y leyes municipales y por eso, además de los reparos patrimoniales, deben pagar multas por todos los reparos de índole administrativa. Entre este tipo de reparos, la Cámara detectó que no había normativas para el funcionamiento del mercado, así como tampoco una política de gestión de cobros, tomando en cuenta que buena parte de los 215 locales no había pagado ni una sola cuota del arrendamiento que correspondía.
La multa por reparo administrativo no puede ser inferior al 10 % del salario mensual devengado por la persona sancionada, ni tampoco mayor a 10 veces al sueldo, según el artículo 107 de la Ley de la Corte de Cuentas. “El monto de la multa se determinará, atendiendo la gravedad de la falta, la jerarquía del servidor, la repercusión social o las consecuencias negativas y demás factores que serán ponderadas”, dice la ley.
La Cámara había emitido este pliego de reparos hace ocho meses, el 13 de febrero de 2020 como preámbulo al juicio de cuentas. La notificación del pliego fue hasta el pasado lunes 19 de octubre, con lo cual comienza oficialmente el juicio de cuentas, que tiene un plazo máximo de dos años para efectuarse. Ahora la Cámara ha emplazado a los exfuncionarios por 15 días para que presenten pruebas de descargo para enfrentar los los hallazgos de la auditoría iniciada en 2018 por la Dirección de Auditoría Siete.
La Ley de la Corte de Cuentas establece que los dos jueces de la Cámara Sexta tienen un plazo límite de dos años para emitir una sentencia desde que reciben el informe de auditoría.
Pagos injustificados
La auditoría detectó que el Mercado Cuscatlán, anunciado con bombo y platillo por la administración Bukele no tenía un reglamento interno para el funcionamiento ni tampoco contaba con manual de procedimientos para la gestión de cobros.
Otro hallazgo fue que la mora de los inquilinos superaba el porcentaje de ingresos por alquiler de locales, en el período comprendido entre enero de 2017 y enero de 2018. La Corte encontró que 61 inquilinos (de un universo de 215 arrendatarios) no habían pagado ni una sola cuota del alquiler correspondiente.
El análisis de la CCR también encontró deficiencias en la asignación de locales, puestos y kioscos porque, sencillamente, “no exigieron a los interesados la entrega de una declaración jurada donde manifieste reunir los requisitos establecidos en la ordenanza y además, se comprometa a darle estricto cumplimiento a las regulaciones contenidas en la misma”.
Los auditores también encontraron que un bar instalado en la terraza del mercado, La Taberna Cuscatlán, cambió el piso, hizo instalaciones hidráulicas, de aguas lluvias y de agua potable pero los costos de todo ello los sufragó la alcaldía de Bukele. El restaurante de comida rápida Burker King, instalado en la primera planta, había acordado arrendar su local pagando el 40% en efectivo y el 60% en especie, lo cual no estaba contemplado en la ordenanza del mercado, según la auditoría. “Desde el 1 de octubre de 2017 hasta enero de 2018, la alcaldía ha perdido 28,441.20 dólares”, dice el pliego de reparos.
La CCR también ha detectado que en el mercado se vendían bebidas alcohólicas sin que ningún negocio tuviera licencia alguna para su venta, en violación de una ordenaza, el Código Municipal y el manual de organización y funcionamiento de la alcaldía. Mario Durán recibió un reparo administrativo por esto en calidad de Director de Desarrollo Municipal, otro cargo que desempeñó paralelo al de ser concejal.
La municipalidad también pagó 649,104.64 dólares, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de enero de 2018, para hacer remodelaciones al inmueble, a pesar de que no contaba con los permisos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), dice la CCR. Tampoco fueron ejecutadas obras por 198,183.78 dólares contenidas en la carpeta técnica, pero ese gasto si fue liquidado en los informes.
El último reparo es por la “erogación de fondos para la ejecución de obra proyectada que no fue ejecutada”. La Corte detectó que la administración obtuvo 650,000 dólares a través de deuda, gestionada a través de una titularización de ingresos municipales. El hallazgo de los auditores consistió en que al menos siete partidas de obras proyectadas no cuentan con el suficiente respaldo documental sobre por qué no se llevaron a cabo. “Dichas erogaciones (que suman $198,183.78) no fueron justificadas en obra o materiales adquiridos, ni aclarado su destino; sin embargo, fueron incluidas en el informe final de liquidación realizado por ia Gerencia de Desarrollo Urbano y la Unidad de Soporte Administrativo y Financiero de la Municipalidad el 21 de marzo de 2018”.
Además, dijeron los auditores, la alcaldía ocupó 21,683.03 dólares para obras que no estaban consideradas en el presupuesto original y eso afectó partidas que estaban en la carpeta técnica, pero que no fueron ejecutadas.
Los exfuncionarios de la comuna señalados por la Corte de Cuentas tienen 15 días para presentar pruebas de descargo en un proceso que, según la ley, puede durar hasta dos años para definir responsabilidades y la restitución de los 3 millones de dólares reclamados por el Estado. Si el plazo de dos años vence, y no hay sentencia, los fondos ya no podrán ser recuperados. La Corte de Cuentas no ha detallado cuándo arrancó ni cuándo vence este periodo.
La Fiscalía ha sido notificada para que verifique que todos los involucrados envíen respuestas dentro del plazo, so pena de ser declarados en rebeldía por la misma FGR, según el artículo 68 de la Ley de la CCR.
Por ahora, el caso está en manos de los jueces que integran la cámara Sexta de Primera Instancia: Alex Antonio Ágreda Lino y Julia Elizabeth Alvarenga Salazar. Lino ocupa el cargo de manera interina y es hijo del ex diputado por Ahuachapán del partido Arena, Félix Agreda Chachagüa. Alvarenga Salazar destaca porque fundó la fundación Fusafur, una oenegé fantasma que en 2016 y 2017 fue beneficiada por la Asamblea Legislativa para recibir 600 mil dólares vía Presupuesto General de la Nación. En 2017, El Faro reveló que el local de Fusafur resultó ser la oficina de Ana Dolly Valiente, abogada, asesora y amiga del diputado Guillermo Gallegos, quien respaldó con su voto esa asignación de fondos. Valiente es además presidenta de la oenegé Apdemes, fundada por la esposa y amigos del diputado Gallegos, y que también recibió hasta 550 mil en total a través de los presupuestos de 2015 y 2016. A finales de 2014, Alvarenga Salazar apareció en una fotografía junto a Gallegos y Valiente en un evento partidario en una sede de Gana, el partido que llevó a Bukele al poder Ejecutivo.
Ni el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, ni los jueces Alvarenga Salazar y Ágreda respondieron a las preguntas de El Faro sobre en qué fecha se cumple el último día, dentro del plazo de dos años, que tienen para emitir una sentencia en Cámara de Primera Instancia. La Corte de Cuentas 2020-2023, que en sus manos tiene la tarea de auditar la mayor parte del periodo presidencial de Bukele, fue nombrada en agosto en una alianza entre el FMLN, Arena y PDC.
*Con reportes de Roxana Lazo
Imagen de portada: Nayib Bukele posa junto a un grupo de graffiteros que hicieron obras en las paredes del Mercado Cuscatlán. Foto de mayo de 2017 y tomada del perfil público en Facebook de Nayib Bukele.
