Una camioneta polarizada color gris se estaciona frente a las instalaciones del Ministerio de Salud en la calle Arce, San Salvador, a las 6:00 de la tarde de este martes 10 de noviembre. Del vehículo se baja el director de la Unidad contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía, Germán Arriaza. El jefe fiscal camina rápido hacia el portón de entrada de la sede, que desde hace una hora es custodiada por dos agentes de la Policía. Uno de ellos se aparta de la entrada. El otro amaga con obstaculizar el ingreso de Arriaza, pero este se lo impide, ocupando la fuerza de su cuerpo para entrar a empujones. Arriaza sube unos escalones, y unos pasos adelante se encuentra con otro bloqueo: otros cuatro agentes -incluidos de la Unidad y Mantenimiento de Orden Público (UMO)- lo detienen. Le preguntan quién es, que muestre su identificación y lo registran. 28 años después de la firma de la Paz, la Policía Nacional Civil se arroga el derecho de obstaculizar el trabajo de la Fiscalía en una investigación de corrupción.
Este martes 10 de noviembre, y frente a las cámaras de medios de comunicación, la Policía Nacional Civil del Gobierno de Nayib Bukele, y dirigida por Mauricio Arriaza Chicas, actuó como lo harían unos vigilantes, para proteger los archivos del ministerio, una de 20 instituciones investigada por millonarios e irregulares contratos de la pandemia por coronavirus.
El jefe fiscal Arriaza no fue el único sometido a este espectáculo en el que unos policías bloquearon el trabajo de la entidad facultada por la Constitución para dirigir la investigación del delito. La Policía está para colaborar y acatar los llamados de la Fiscalía, no para entorpecer su trabajo. Durante el día, más de 60 fiscales han tenido que pasar por este nuevo protocolo de seguridad impuesto por agentes que recibieron órdenes superiores, a pesar que no tienen facultad para hacerlo. Y ya no solo porque la Constitución es clara en las facultades de cada institución, sino además porque la Fiscalía contaba con una orden judicial otorgada por el Juzgado Décimotercero de Paz de San Salvador. Lo orden les permite estar por más 72 horas en dicha dependencia para incautar documentación.
Lo más curioso del caso es que la Policía del Gobierno Bukele amagó con bloquear una investigación de corrupción emanada desde la Comisión Internacional contra la Corrupción (Cicíes), impulsada por este mismo Gobierno. Pero el exabrupto de la Policía de hoy es, en definitiva, un retroceso más en dos vías: en el desconocimiento de la Policía a la Fiscalía, y en un nuevo desconocimiento del Gobierno Bukele hacia una orden judicial, como ya lo hizo el Ministerio de la Defensa al bloquear en reiteradas ocasiones el acceso a sus archivos militares pese a la orden del Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, el juez de que investiga la masacre de El Mozote.
El Ejército, como la Policía, tienen como máxima autoridad en línea directa al presidente Bukele. La Policía, como el Ejército, han demostrado desde el 9 de febrero, cuando acompañaron la toma militar de la Asamblea Legislativa, que están actuando bajo directrices con tintes políticos del presidente Bukele. Y tras el bloqueo a la Fiscalía de este martes 10, queda claro que la Policía también ha desoído los fallos de la Sala de lo Constitucional, que le ha advertido que actué con apego a las leyes.
Desde la 1:30 de la tarde, el trabajo de los fiscales fue afectado cuando la seguridad del Ministerio les prohibió el reingreso. Los fiscales habían salido a almorzar cuando se toparon con la sorpresa. Según fuentes cercanas a la investigación, la jefatura de la institución dio la orden de bloquearles la entrada. Una hora después, a la 2:30, Salud escribió un hilo de denuncias en su cuenta de Twitter que fiscales armados estaban registrando las instalaciones sin ninguna autorización judicial, y denunciaron, con un tono falaz, que “sustrajeron equipo informático de nuestras oficinas vital para el manejo hospitalario de la pandemia por #COVID19 y ante la emergencia por lluvias; por lo tanto, los hacemos responsables de cualquier impacto directo a nuestros pacientes'. En un allanamiento autorizado por un juez, la Fiscalía está autorizada para incautar bienes relacionados con la investigación.
Según el Ministerio, los fiscales al hacer su trabajo ante las sospechas de corrupción “entorpecen todo el esfuerzo que tenemos por salvar vidas”. El bloqueo contra la investigación fiscal subió de tono a las 5:00 de la tarde, cuando apareció un grupo de policías -incluyendo agentes de la UMO- a hacer preguntas que, según expertos, no le corresponden. A prohibir el ingreso de fiscales y a pedir, incluso, la autorización judicial que demuestra que estos tienen la facultad para realizar el allanamiento. En un video que publicó canal 10 se puede observar que un fiscal muestra la orden de registro emitida por el juez a un agente de la PNC que está rodeado de empleados del Ministerio. Uno de ellos gritó: “Hasta esta hora lo están presentando”. En ese mismo video aparecen fotógrafos y otras personas a quienes los policías no le pidieron ningún tipo de identificación, según fuentes cercanas a la investigación. De hecho, la Fiscalía tuvo que pedir permiso para que su fotógrafo pudiera ingresar. Otra gerente de dicha institución habló únicamente con el Noticiero El Salvador donde dijo que la “FGR en 36 horas no había presentado el documento de allanamiento”.
El lunes 9 de noviembre, la Fiscalía inició los registros en los ministerios de Salud, Hacienda, Agricultura, Medio Ambiente y las carteras de Anda y Fonaes, así como empresas proveedoras del Estado. Raúl Melara, fiscal general, se había mantenido cauto. Incluso esta noche de martes, cuando la Policía obstaculizó el trabajo de sus compañeros, únicamente escribió en su cuenta de Twitter que: “A pesar de cualquier obstáculo, la @FGR_SV continuará cumpliendo con lo que nos manda la Constitución de la República: defender los Intereses de la sociedad, los derechos de los ciudadanos y dirigir la investigación del delito”.
Un día después del evento, durante la entrevista Frente a Frente, el tono del fiscal general cambió. “No puedo permitir como fiscal general que la Policía desobedezca las órdenes legales. ¿Quiere decir que si yo le mando una detención administrativa de un violador o de quién sea, me va a decir que no lo puede hacer?”, dijo el funcionario.
En esa misma entrevista, Melara dijo que la investigación es producto de un trabajo en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (Cicíes), una entidad creada por el Gobierno de Bukele, con apoyo de la Organizacón de Estados Americanos, para investigar corrupción y combatir la impunidad. Hasta ahora, la imagen que proyectaba la Cicíes era la de una entidad dependiente del Ejecutivo con pocos márgenes de maniobra (aunque puede solicitar información a instancias del Ejecutivo fue creada en documentos oficiales como una entidad que solo podría dar apoyo técnico a la Fiscalía en casos de corrupción, o remitir casos previamente abordados y con sospechas de irregularidades, ya que la ley salvadoreña solo permite que la FGR sea la única que investigue y acuse ante los tribunales). La confesión de Melara supone, ahora, la aparición de una Cicíes hasta ahora desconocida e independiente del Ejecutivo, que ha negado que en esta administración existan casos de corrupción y ha catalogado a los señalamientos hacia los contratos de la pandemia como maniobras de la oposición política. Una defensa que se cae ahora con la aparición de la Cicíes en el discurso de la Fiscalía.
“El convenio con la Cicíes y que da sus primeros frutos. Los allanamientos y la investigación que la Fiscalía está realizando se enmarca en los indicios que se han presentado en el marco de esta cooperación', dijo Melara. El Faro ha confirmado que la Cicíes realizó investigaciones propias en Salud y presentó sus hallazgos a la Fiscalía, que ha arrancado la investigación contra Salud y otras instancias cuatro meses después de que se conociera el primer contrato irregular de la pandemia que terminó favoreciendo con un cuarto de millón de dólares a un funcionario del Gobierno Bukele.
Un día después del bloqueo y de la solicitud de antejuicio en contra del director Arriaza Chicas, el presidente Nayib Bukele acusó al fiscal general de actuar con intereses político partidistas. 'Por qué todos los allanamientos, ataques, solicitudes de antejuicio y desafuero (no relacionados), fueron hechos el mismo día? El fiscal arenero ya está en campaña. Como le dije al Fiscal una vez, y justamente por esa misma razón: 'Recuerde que uno cosecha lo que siembra'.
Raúl Melara fue elegido en diciembre de 2018 en una votación negociada entre Arena y el Fmln, los principales partidos de oposición, pese a que había fungido como asesor de Carlos Calleja, cuando este compitió por la candidatura presidencial de Arena. En un video de esas internas incluso se le vio cantando el himno del partido. El cuestionamiento contra su nombramiento respondía a sus vínculos con Arena y cómo estos le restaban a la independencia que exige el cargo. Melara asumió en enero de 2019, en pleno cierre de la campaña electoral que enfrentó a Bukele con Calleja, pero el ahora presidente en ese contexto nunca se pronunció al respecto, pese a que en su campaña si condenó las prácticas de Arena y Fmln para rapartirse instituciones públicas. En aquel momento fue como que el nombramiento no hubiese existido. El tema lo saca Bukele ahora, cuando Melara arranca la investigación contra su Gobierno.
La queja de Bukele rápido ha comenzado a replicarse en otros mandos de su Gobierno. El secretario Privado de la Presidencia, Conan Castro, dijo en una conferencia de prensa que la institución fiscal únicamente pretende atacar al Gobierno y ellos 'no tienen nada que ocultar'.
Desaparecer la Policía Nacional Civil
Uno de los puntos más trascendentales de los Acuerdos de paz que firmaron la exguerrilla y el Gobierno en 1992 fue la desaparición de los cuerpos de seguridad del Estado, dirigidos desde el Ministerio de la Defensa y responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En su lugar se creó la Policía Nacional Civil, una institución alejada de las fuerzas armadas, apolítica, y diseñada como cuerpo de seguridad pública bajo la dirección de civiles (depende del Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad).
Desde su creación en 1994, la Policía nació con vicios, al incluir entre sus filas a una veintena de militares que entraron al cuerpo sin haber sido dados de baja como mandaba la negociación de los Acuerdos de paz. Uno de estos fue el hoy director Arrianza Chicas. En los últimos 26 años, además, la institución ha sido cuestionada por actuaciones en los que agentes, mandos medios o incluso comisionados se han visto envueltos en tramas ligadas al crimen organizado, narcotráfico y corrupción. Sin embargo, la Policía nunca había sido tan rebelde como ahora.
Si el acompañamiento que dio la Policía en la toma militar del 9 de febrero de 2020 fue un punto de quiebre, la desviación de la institución no paró ahí. En la cuarentena por coronavirus, agentes capturaron a civiles durante el estado de excepción sin amparos legales, incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dijo que cometió 'tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra los detenidos en la cuarentena.
Desde mayo, policías y fuentes fiscales aseguraron a El Faro que la Policía ha dejado de colaborar con la Fiscalía en diferentes investigaciones por directrices políticas del nuevo Gobierno.“Con la entrada de los decretos para reducir los contagios de la COVID-19, los investigadores dejaron de colaborar como acostumbraban porque realizaban otras labores y es entendible hasta cierto punto, pero después que eso acabó no volvieron a retomar sus labores de investigación de inmediato”, dijo una de las fuentes. Otras fuentes fiscales hablan sobre la poca confianza que existe en la actual Policía.
Una de las fuentes dijo que han dejado de solicitar apoyo a la Policía en investigaciones donde “hay información delicada” porque esta información es trasladada hacia el Gobierno de Bukele y no quieren que los datos se manipulen. Un claro ejemplo es esta nueva investigación por los contratos de la pandemia. Fuentes fiscales aseguran que no hay ningún elemento de la institución policial colaborando por falta de confianza. Lo ocurrido este martes es solo la puesta en escena de una relación que ya está rota y de una crisis de institucionalidad. Ante las negativas de la Policía para colaborar con la FGR, como manda la Constitución, la Fiscalía ahora se las arregla sola, para que “no haya fuga de información”.
Más reciente, Arriaza Chicas recibió instrucciones de la Asamblea Legislativa para llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que rindiera cuentas sobre el manejo de los fondos para atender la pandemia. Pero Arriaza Chicas decidió no hacerlo y la Fiscalía le abrió una investigación. En respuesta, el presidente Bukele lo blindó con el fuero que otorga el cargo de viceministro de Seguriddad.
De hecho, el bloqueo a los fiscales anticorrupción ocurre el mismo día que la Fiscalía presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud de antejuicio por haber incumplido los deberes que le ordena la Ley, en perjuicio de la Administración Pública. Ahora los diputados van a tener que decidir si le retiran el fuero para que sea juzgado como una persona común en los tribunales de San Salvador. El ministro de Defensa, Rogelio Rivas, dijo en conferencia que el posible antejuicio en contra de Chicas es simplemente un boicot contra el plan Control Territorial'.
En la cadena de mando del bloqueo de este martes, es indudable que la responsabilidad última corresponde al director de la Policía, pero fuentes fiscales y policiales aseguran que el comisionado Douglas Omar García Funes, subdirector de Áreas Especializadas Operativas de la PNC, fue quien dirigió el operativo de seguridad, que terminó bloquendo a los fiscales, en las instalaciones de Salud.
García Funes le pidió a tres fiscales que tenían armas que salieran de las instalaciones de Salud, para que pusieran su equipo en una mesa pequeña y entregarán los permisos de armamento, según fuentes fiscales. Uno de los policías que hizo la inspección justificó su labor “como parte del control que lleva la división en cuanto a las armas, únicamente, solo para verificar la documentación de armas”. Este periódico escribió al WhatsApp de la unidad de comunicaciones de la Policía para conocer su versión pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
García Funes es un comisionado que fue cuestionado en diciembre de 2009 por la ex inspectora de la Policía Nacional Civil, Zaira Navas, quien llevó a cabo una serie de investigaciones sobre los vínculos de altos mandos policiales con narcotraficantes. En ese momento, la inspectora señaló que García Funes no capturó a un presunto narcotraficante conocido como José Natividad Luna Pereira (Chepe Luna) .
Marcela Galeas, abogada penalista, dijo a este periódico que a su juicio la Policía ha cometido fraude procesal, actos arbitrario y delito de desobediencia. “Es sumamente grave. Nunca habíamos observado este hecho”, agregó la abogada a El Faro.
Pero este martes, nadie en la Policía parece estar pensando en las consecuencias de sus actos. Hora y media después de que el jefe fiscal Arriaza se abriera paso a empujones, este comparece ante la prensa y declara que “La Policía Nacional Civil se hizo presente por petición de las autoridades del Ministerio de Salud. Les hemos hecho saber que ellos no pueden ni deben de entorpecer ningún tipo de actividad legal que estemos realizando. Como Fiscalía continuamos desarrollando este procedimiento”. El fiscal no se atrevió a decir que el papel de la Policía es incorrecto. No quiso hablar de su experiencia. Tampoco se pronunció si van a procesar a los agentes que obstaculizaron el paso de los fiscales. Únicamente se limitó a decir que van “a estudiar la situación”. El fiscal Arriaza volvió a ingresar al Ministerio, resguardado por dos policías. Ellos se niegan a revelar su identidad y la identidad del mando que les dio la orden de hacer la inspección. “Estamos cumpliendo con nuestro trabajo”, dicen. Un trabajo que no está en sintonía con la ley.
