Desde su creación, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha sido bastión en la lucha contra la corrupción y guardián en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Si bien ha tenido altos y bajos en algunos casos, la mayoría de la jurisprudencia generada por los plenos de comisionados anteriores al actual, tuvo como pilar la independencia, valentía y compromiso de las y los comisionados con la transparencia, permitiéndoles en ese momento contribuir a la democracia y al fortalecimiento de la institucionalidad en la lucha contra la corrupción.
Esa independencia los convirtió en blanco de ataques por parte de funcionarios de diversos gobiernos que necesitan esconder el abuso de su poder, el mal uso de fondos públicos y su mala gestión pública, y para ello su estrategia ha sido desacreditar y debilitar aquellas instituciones que exponen su corrupción.
Como ejemplo recordemos que el gobierno de expresidente Mauricio Funes intentó debilitar reiteradas veces el IAIP y no tuvo éxito. Ahora lo replica el Gobierno Bukele, que cambió a los oficiales de información en al menos 13 instituciones que responden al Órgano Ejecutivo como una de sus primeras acciones al asumir la Presidencia. Además, casi todas las instituciones de este órgano del Estado mantienen desactualizada la información en los portales de transparencia, hay abusos en la declaración de reservas de información para no rendir cuentas de los fondos públicos asignados para enfrentar la pandemia. Sin bastarle esto al gobierno actual, sus acciones trascendieron a realizar elecciones irregulares, con serios señalamientos de incumplimiento de la ley, con el fin de nombrar personas leales a sus intereses, una de ellas vinculada a su partido.
Este tipo de acciones, tristemente, son recurrentes en nuestro país. Quienes llegan al poder con un fuerte discurso de transparencia son quienes no amagan con este tipo de acciones. No debería ser normal que cada nuevo gobierno ignore despreciablemente los compromisos que el país ha asumido, por medio de instrumentos internacionales, con la transparencia, libertad de expresión y la lucha contra la corrupción. Al hacerlo se generan graves retrocesos en participación ciudadana, rendición de cuentas y acceso a la información pública.
Por otro lado, también es preocupante, al igual que la decadencia de la clase política, que existan profesionales que se presten a este tipo de artimañas de los gobiernos para entorpecer la transparencia, prefiriendo que su legado sea generar retrocesos, debilitar y destruir la poca confianza de la ciudadanía en las instituciones, tal como lo están haciendo con el IAIP. Pareciera que la meta de los nuevos comisionados es ser los verdugos del derecho de acceso a la información y de un bastión importante, en los últimos años, para la lucha contra la corrupción.
Lamentablemente, la época de gloria del IAIP parece que está condenada a quedar atrás debido a la llegada de los comisionados y comisionadas recién electos y transitará de la gloria a la vergüenza gracias a sus nuevos inquilinos.
No es necesario mencionar los avances que se tuvo en materia de transparencia y acceso a información, puesto que de todos han sido conocidos; sin embargo, sí es necesario evidenciar otras acciones que están generando el deterioro de este derecho, así como de la institución que es garante del mismo. Recientemente, tres de los nuevos comisionados emitieron revocatoria de oficio contra la resolución que declaraba que las adendas de las auditorías de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios son públicas. Aplicaron erróneamente el artículo 121 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que dice que “la potestad de revocatoria de la Administración Pública no está exenta de límites, siendo la principal restricción la regla que cuando los actos administrativos son favorables para el administrado, la autoridad no puede revocarlos de oficio”. Prefirieron omitir lo dicho por la misma Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia –en 2015–, cuando los magistrados admitieron que esta es información pública. Gracias a ese acceso a la información se iniciaron investigaciones por enriquecimiento ilícito en contra de ex funcionarios, incluyendo expresidentes de gobiernos anteriores. Este avancele valió a El Salvador el reconocimiento a nivel latinoamericano como uno de los primeros países en hacer públicas las declaraciones patrimoniales y sus auditorías.
Ha habido hasta ahora otras tres acciones administrativas irregulares que ha sido de conocimiento público. La primera fue una reunión de la Presidencia con oficiales de Información a puerta cerrada, sin consenso del Pleno de comisionados y comisionadas, en donde se solicita a esos tres nuevos comisionados, entre otras cosas, que analicen la suspensión las investigaciones de procesos sancionatorios que ese Instituto lleva en contra de varios oficiales de información, como resultado de los procesos de evaluación que el IAIP realiza a los entes obligados.
La segunda fue la negativa por parte del comisionado presidente de convocar al Pleno de comisionados para la semana del 3 al 6 de noviembre de 2020, bajo la excusa de aplicar la nuevas reformas del Reglamento de la LAIP que Presidencia le ha otorgado -consideradas inconstitucionales-, las cuales afecta en gran manera el funcionamiento del Instituto, puesto que deja a discrecionalidad del comisionado presidente sesionar cuando lo considere pertinente o su agenda lo permita. La tercer y última es la toma de decisiones individuales por parte del comisionado presidente, saltándose nuevamente el consenso del Pleno de comisionados, para reunirse y abordar el tema de presupuesto del Instituto. Además presentó un proyecto de presupuesto sin la aprobación del Pleno, algo que va contra el reglamento interno.
Este es el estado actual de la transparencia en el ente garante del derecho de acceso a la información pública. Estamos presenciando cómo una institución que gozó de robustez y fortaleza para garantizar este derecho, está pasando a ser otra institución más que puede convertirse en ineficiente e inútil para la lucha contra la corrupción.
Como ciudadanía no debemos permitir retrocesos en esta institución, porque el derecho de acceso a la información nos permite exigir otros derechos ante cualquier institución del Estado. Si alguna persona en el pasado no exigió cuentas a sus gobernantes y se siente defraudado, debería aprender de esa experiencia para no seguir cometiendo el mismo error. Dejar a sus anchas a los gobernantes, aplaudir o cerrar los ojos para que roben –bajo la excusa que hacen algo que otros no hicieron–, es ser cómplices. Debemos crecer como ciudadanía, exigir cuentas a quienes gobiernan, sean del partido que sean. No exigir transparencia e instituciones fuertes en esta materia nos condena a seguir en el subdesarrollo, careciendo de servicios básicos dignos, obligando a la población a la migración legal o ilegal por falta de verdaderas oportunidades para el crecimiento personal y profesional de cada persona, de cada familia y como país.
