Casa Presidencial reformó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública a través de un decreto presidencial para dar más poder al presidente del IAIP, en detrimento de las decisiones colegiadas en el pleno del instituto. Las reformas, además, fueron realizadas de manera coincidente con el nombramiento de un quinto comisionado para la institución. Los cambios, advierten los expertos, han eliminado la posibilidad de impugnar a los candidatos a comisionados de los cuales el presidente de la República escoge a un propietario y un suplente.
La nueva ofensiva contra el IAIP es coherente con una apuesta de Casa Presidencial para interferir en los asuntos del Instituto, que por ley es autónomo y es la máxima autoridad en materia de acceso a la información pública. La diferencia, ahora, estriba en lo que pareciera ser una primera batalla ganada por Bukele: al interior del ente colegiado, la reforma ha dividido a los comisionados propietarios.
Este 10 de septiembre, además, Bukele nombró como nuevo comisionado en representación del gremio de periodistas a Luis Javier Suárez, exgerente de operaciones de la Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones (Siget), una instancia del Ejecutivo. Suárez llegó propuesto por la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (Aspies), la organización que también participó, a inicios de año, de la elección irregular de Juan Carlos Rodríguez Turcios, un hombre de confianza del ministro de Gobernación Mario Durán. Turcios duró solo 48 horas en el cargo, luego de constantes recusaciones en su contra por falta de independencia. Suárez, al igual que Turcios, fue elegido como candidato a comisionado en una votación secreta e irregular que ha sido cuestionada porque no respetó los procedimientos de ley.
Este jueves 10, Suárez y Gerardo José Guerrero Larín se presentaon a su primer día de trabajo como comisionado propietario y suplente en el IAIP, respectivamente. Ambos comisionados fueron juramentado en el cargo por el presidente Bukele el día 9.
Guerrero no quiso dar declaraciones. Suárez, en cambio, fue cuestionado sobre el secretismo con el que desarrolló la asamblea general en la que fue electo, a lo que él respondió que la asamblea es información 'pública y se puede solicitar el video por acceso a la información”, según publicó la Revista Gato Encerrado. Respecto a las reformas, según el mismo medio, respondió que las desconocía y que tenía que estudiar en qué consisten. “Estos reglamentos no son pétreos, se pueden reformar”, dijo.
Las reformas al Relaip entraron en vigencia justo cuando el proceso de selección de Suárez y Guerrero estaba a mitad de camino. El 31 de agosto, cuando las reformas entraron en vigencia, faltaba un día para la celebración de la asamblea donde serían votados.
El Ejecutivo es un ente obligado a acatar la LAIP y las decisiones del IAIP en materia de acceso a la información pública, pero desde que llegó el nuevo Gobierno ha presionado al Instituto para obtener información privilegiada. En noviembre de 2019, René Cárcamo, entonces presidente del IAIP, renunció tras las denuncias de filtración de información confidencial del IAIP hacia Capres.
En ese episodio, como en la elección de Rodríguez Turcios de febrero, la mayoría de los comisionados en el pleno del IAIP actuaron en sintonía, cuestionando las intromisiones de Capres. Ahora, Bukele ha logrado una fisura. En la mañana del 10 de septiembre, las comisionadas Liduvina Escobar, Yanira Cortez y Andrés Grégori criticaron la medida en una conferencia en la que no participó el presidente del IAIP, Ricardo José Gómez, recién juramentado por Bukele y convertido en presidente del ente garante de la transparencia. Goméz es ahora, según dispone el reglamento, el funcionario con más poder en el IAIP.
Inmediatamente después de la conferencia de sus compañeros, Gómez dio su postura en solitario desde la misma sede del IAIP. Él no cuestionó la reforma. Solo dijo que “debía estudiarse a profundidad”.
Gómez fue uno de los candidatos elegidos de la terna presentada por la universidades. Fue propuesto por la Universidad Francisco Gavidia. Fue procurador adjunto en tiempos de Raquel Guevara, entre 2016-2019. Hace un par de semanas, fue cuestionado en redes sociales por una supuesta reunión en Casa Presidencial a la que habría sido convocado. Inmediatamente se defendió diciendo que ejercerá su cargo con independencia. En su conferencia de esta mañana, Gómez dijo que era demostrable que no había sostenido una reunión de ese tipo si se solicitaba su registro de ingresos y salidas del IAIP.
La reforma al reglamento y la división en el organismo colegiado ocurre una semana después de que Casa Presidencial adelantara un día la elección de los candidatos a comisionados representantes del gremio de periodistas. En secreto, Capres convocó a una votación secreta para que dos asociaciones de periodistas escogieran sus cartas, de las cuales Bukele nombraría al quinto miembro del IAIP y su suplente. Capres no permitió presencia de observadores ni respondió una impugnación del proceso enviada el 2 de septiembre por la APES, que ha cuestionado esa elección por ir en contra de la ley y reglamentos de LAIP.
Dos IAIP
El decreto 34 fue firmado el 26 de agosto de 2020 y entró en vigencia el 31, día en que fue publicado en el Diario Oficial. Otorga más funciones y poderes al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, debilitando al pleno del instituto y a la toma de decisiones colegiadas. Además, las reformas eliminan la posibilidad a la ciudadanía de impugnar a un candidato a comisionado cuando consideren que no cumplen con los requisitos de ley.
Los comisionados Liduvina Escobar, Yanira Cortez y Andrés Grégori comunicaron este jueves 10 la postura que, según dijeron, fue adoptada por el pleno el miércoles 9 en sesión extraordinaria, por mayoría. Cuestionan que las reformas representan menoscabo a la autonomía administrativa del IAIP y hay un riesgo de desprotección del derecho de acceso a la información pública.
Los comisionados insinuaron que no cumplirán con esas reformas. 'Nuestro espectro funcional se limita a lo dispuesto en la ley por lo que la creación y la asignación de nuevas funciones en instrumentos infralegales, así como la modificación de la sustancia y espíritu de aquellas consagradas en la Ley, resulta incompatible con el espíritu de dicho principio', dijo la comisionada Escobar.
'Los hechos de corrupción señalados por ustedes los medios pone en duda la legitimidad del Estado, y cuando eso pasa, el IAIP es garantía de transparencia y por eso es que precisamente estamos en este conflicto sobre el reglamento', señaló la comisionada Cortez, para mostrar su descontento con las reformas.
El primer artículo del decreto modifica el procedimiento a seguir cuando un ciudadano solicita información pública y le es denegada por estar clasificada como reservada. Antes de la reforma, el reglamento establecía que el IAIP podía conocer y resolver una controversia de este tipo. Con el cambio se le exige al ciudadano que si no está conforme con la reserva impuesta a cierta información, que apele frente a la institución respectiva y solo en ese caso, la controversia puede ser de conocimiento del IAIP. “Antes cuando la información era declarada reservada, te ibas directo al instituto. Hoy no, hoy resulta que tenés que agotar un recurso. Es ponerle más trabas a la ciudadanía, obstaculizar el ejercicio de su derecho”, explica la abogada constitucionalista Ruth Eleonora López.
'Con suma preocupación advertimos un riesgo para la eficaz protección de los derechos que por ley estamos mandados a proteger y garantizar', dijo la comisionada Escobar. El pronunciamiento de los comisionados dicen que que en este tema, la reforma puede significar una contradicción con la LAIP, pues el artículo 58 literal g le da potestad al pleno para 'resolver controversias en relación a la clasificación y desclasificación de información reservada'.
El segundo artículo se refiere a las facultades del presidente del IAIP. Por ley, el cargo de la persona que preside el IAIP es designado por la presidencia de la República y tiene una única función: representar legalmente al instituto. Ahora, tras lo decidido por Bukele, el presidente del Instituto pasa a tener 10 funciones, entre las que resalta “custodiar toda la información administrativa recibida o generada por el pleno y la dirigida o generada por su cargo” y “emitir y conducir la política institucional de comunicaciones del instituto”.
En este aspecto, la reforma marca un retroceso respecto del funcionamiento colegiado del IAIP. A raíz del escándalo por permitir que el IAIP filtrara información confidencial a Casa Presidencial en junio de 2019, el pleno de comisionados acordó restringir las potestades únicas del presidente del IAIP. La nueva reforma vigente otorga nuevas atribuciones al presidente.
Según los comisionados, la reforma al reglamento pone en riesgo la autonomía del pleno del IAIP, y hace que el instituto se vuelva presidencialista. 'La reforma puede suponer un menoscabo a la potestad normativa respecto del desarrollo de los aspectos internos de organización del IAIP, y por ende, a la autonomía administrativa', dijo Escobar. Su colega Cortez dijo que con base al principio jurídico de 'buena fe' los Estados no deben obstaculizar el cumplimiento de ninguna ley, y eso es lo que está ocurriendo con los cambios planteados por Bukele.
“El presidente de la República está tomando atribuciones que no le corresponden: está legislando y está tomando competencias que son de la Asamblea Legislativa”, sostiene Wilson Sandoval, de ALAC. La organización Acción Ciudadana y el Grupo Promotor de la LAIP ya han presentado sendos escritos a la Sala de lo Constitucional donde solicitan que se deje sin efecto las reformas al reglamento. 'Las reformas representan un grave retroceso para el derecho de acceso a la información pública', dijo el Grupo Promotor, en un comunicado este jueves 10.
El presidente del IAIP, el comisionado Gómez dijo que aún estaba estudiando el calado de las reformas y que no podía emitir una opinión definitiva, pero que en todo caso, este análisis debía hacerse 'de forma mesurada'. El Faro le preguntó si no era un retroceso que se eliminara la posibilidad de impugnación de las candidaturas, y que respecto de la reserva de información se le añadiera un paso al ciudadano para apelara cuando se le negara información aduciendo reserva. 'No he dicho que las valoro de manera positiva o que si son un retroceso. He insistido en que hay que hacer una evaluación. La mejor forma de abordar este análisis es con mesura', dijo Gómez.
El presidente Gómez insistió en que si alguien no se siente conforme con la reforma puede recurrir a instancias como la Sala de lo Constitucional. Explicó que la reforma que anula las posibilidades de impugnación de candidaturas, de todas maneras, no afecta ningún proceso en marcha y que eso brinda tiempo por si alguien quiere impugnar el reglamento. Acerca de la reforma sobre la reserva de información dijo lo mismo, que por el momento el IAIP no tenía ninguna controversia de ese tipo en marcha.
Gómez dijo que estaba claro de que un reglamento no podía estar por encima de una ley secundaria. Explicó que si en su análisis de las reformas encuentra que el reglamento está reformando la LAIP no lo aplicará. 'Descarto por completo que vaya a afectarse el IAIP', dijo. 'Nos mantendremos trabajando bajo los mismos principios generales y frente a la corrupción tenemos que tener la misma dinámica de trabajo como institución', agregó.
El Grupo Promotor de la LAIP, que también cuestionó la eleccción de los nuevos comisionados, presentó el mismo jueves 10 una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al reglamento RELAIP ante la Sala de lo Contitucional. Advierten que el reglamento es un obstáculo para el acceso a la información de la ciudanía y debilita al Instituto.
Compras públicas más opacas
Uno de los principales mandatos del IAIP es velar por la entrega de información pública al ciudadano, sobre todo de aquella relativa al manejo de fondos públicos en el Estado. A tono con la ofensiva en el IAIP, el gobierno de Bukele también ha reformado el reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap). Con la reforma, aseguran los expertos, los procesos de compras de bienes e insumos se ven más opacos y abren la puerta a irregularidades.
Entre otras cosas, el Ejecutivo permitió que las instituciones del Estado reciban ofertas de contratistas a través de correo electrónico, sin necesidad de que el registro quede documentado en el sistema Comprasal. “Las reformas tienen toda la intención de quitar herramientas, permitir menos información a la ciudadanía, principalmente al periodismo de investigación, para no ser objeto de escrutinio y de fiscalización”, considera Xenia Hernández, abogada experta en transparencia del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
Comprasal es un sitio en línea, administrado por Hacienda, que permite llevar controles sobre las etapas de los procesos de compra: convocatoria, retiro de bases, adendas o enmiendas, recepción de ofertas, evaluación de ofertas, publicación del resultado, recurso de revisión y contratación del proveedor. Al ser electrónico, las acciones de las oficinas de gobierno y de los proveedores, en cada etapa, quedan documentadas de manera cronológica en el sistema y el resultado del proceso puede ser consultado por el público a través de un buscador en línea.
El 17 de agosto, Presidencia publicó en el Diario Oficial un decreto que ordena que para las compras por libre gestión y por contratación directa ya no será necesario documentar la recepción de ofertas en el sistema, porque las instituciones podrán recibir estos documentos de los proveedores a través de correos electrónico o en físico. Así quedó establecido en el “Decreto 30, Reformas al Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales”.
Las compras por libre gestión ocurren cuando el gobierno invita a un grupo de proveedores a presentar ofertas y selecciona la mejor en base a criterios de evaluación. La contratación directa se utiliza en situaciones de calamidad pública, desastre, urgencia o porque la licitación fue declarada desierta en dos ocasiones.
El 1 de septiembre, la Fundación para el Desarrollo (Funde) denunció que la reforma es ilegal, porque contraviene la Lacap. “La utilización de correo electrónico compromete la transparencia en materia de adquisiciones y contrataciones en la modalidad de libre gestión y contratación directa. No establecen las garantías de autenticidad, integridad y conservación de la información”, dice el comunicado.
La reforma establece que “el correo electrónico está habilitado para la presentación de ofertas o cotizaciones” y la “institución contratante podrá exigir la oferta o cotización en original y documentación en físico a los participantes durante la evaluación y reservándose el derecho la institución contratante de exigir la oferta o cotización en original y documentación en físico a los participantes durante la evaluación”.
Funde dijo que la reforma abre la puerta a la corrupción. “Facilita la manipulación, alteración o destrucción de la información así como evita la obligación de su publicidad”, expresó.
Xenia Hernández insiste en que la reforma abre nuevos espacios de opacidad al gobierno y reduce la contraloría. “La reforma puede impedir que tengamos acceso a información íntegra y veraz, porque queda a merced del gobierno de turno que entreguen aquella información que les resulte conveniente. Puede permitir al gobierno seguir realizando arbitrariedades, irregularidades, abuso de fondos públicos sin que la población conozca qué está pasando”, dijo.
El Gobierno de las “otras cositas”
“Todos los días sacan otra cosita, como la gotita, para que la gente vaya pensando ‘ah, estos han de ser iguales’. Por supuesto no vamos a ser tan idiotas de ser iguales que ellos”, dijo el presidente Nayib Bukele el 27 de agosto en conferencia de prensa. Se expresó así para demarcarse de las comparaciones de su gobierno con las administraciones anteriores de Arena y el FMLN. Ese día, el mandatario se encontraba acompañado del embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, cuando un periodista le cuestionó sobre unos ventiladores respiratorios que fueron donados por el país norteamericano y robados en Florida. Bukele aprovechó la pregunta para descalificar las irregularidades en el manejo del erario público.
En los últimos cuatro meses, investigaciones periodísticas han revelado la existencia de contrataciones irregulares en el Ejecutivo que han favorecido a funcionarios, familiares de funcionarios o políticos afines al gobierno Bukele. “¿Es realmente un compromiso por la transparencia y por la institucionalidad y por proteger los fondos públicos? No. Están en campaña electoral”, dijo.
Bukele no habló de ello en esa conferencia, pero esa misma semana Casa Presidencial ya había confeccionado en secreto las reformas al reglamento de la LACAP.
Durante la pandemia, (y mientras se encontraba vigente la Ley de estado de emergencia que le permitía al Gobierno saltarse la Lacap), el Gobierno realizó contratos por cientos de miles de dólares para adquirir insumos médicos con empresas ligadas a funcionarios. En julio se conoció que el ministro de Salud, Francisco Alabí, autorizó el pago de $225 mil a una empresa de sus familiares en concepto de botas de hule para el personal médico. Entonces, las voces críticas no dudaron en indicar que dicha compra constituyó una falta a Ley de Ética Gubernamental, que inhibe a los funcionarios de ofertar como contratistas para el Estado.
La Ley de Ética tampoco fue respetada cuando el Ministerio de Salud hizo negocios con la empresa de reciclaje de plástico de Jorge Aguilar, quien entonces era el presidente del Fondo Ambiental de El Salvador. El funcionario vendió al ministerio de Salud protectores faciales valorados en 250 mil dólares. Cuando la noticia se divulgó, Bukele “separó del cargo” a Aguilar, pero no hizo ningún reajuste dentro del ministerio que firmó el contrato. Salud, además, pagó 344 mil dólares por un lote de mascarillas quirúrgicas a una empresa fundada por el diputado René Gustavo Escalante.
El 22 % de las 800,000 mascarillas que la empresa de familia Escalante vendió eran defectuosas. El lote de 179,489 mascarillas, con un costo de $77,180.27, requería cambio porque el insumo recibido no cumplía “con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas tales como: inexistencia de plisado (pliegues que facilitan el acomodo en el rostro), medidas en su cuerpo menor a lo estipulado, sin costuras de cierres en los bordes del producto y material elástico de orejillas débil y delgado del producto”, documentó El Faro.
Además de las compras irregulares que se han realizado en el ministerio de Salud, también ha trascendido información sobre las prioridades de gasto de esta cartera durante la pandemia. El medio Salud con Lupa reportó que el ministro de Salud emprendió en mayo un proyecto de remodelación de su oficina, con un costo de más de 54 mil dólares. Dentro de los gastos resaltaba la compra de un mueble que sirve como “estación de café”, con un precio de $1,300. “Es increíble que los que pasan todo el día poniendo el grito en el cielo por una cafetera, guardan un silencio cínico y cómplice, ante los más grandes actos de corrupción”, tuiteó Nayib Bukele en un intento de zanjar la conversación.
Las irregularidades de este gobierno también han sido identificadas en el círculo cercano de la Presidencia. A pesar de que durante un año el gobierno publicitó que el secretario jurídico de la presidencia trabajaba de manera “ad honorem”, El Faro reveló que el funcionario recibe un salario de $8 mil, casi tres mil dólares más de salario asignado por Ley al presidente de la República. Existen pruebas de cómo este gobierno está tratando con privilegios estatales a sus aliados. Este periódico también expuso cómo el Banco de Desarrollo de El Salvador, benefició a dos hermanos de la comisionada presidencial, pese a las advertencias internas de un conflicto de interés. Hasta la fecha, no se ha iniciado una investigación al respecto.
Lejos de condenar las irregularidades, Bukele ha dado respaldo a funcionarios con negocios cuestionables. El 25 de abril, Salud otorgó un contrato para adquirir protectores faciales con un sobreprecio de hasta el 121%. La empresa a la que el ministerio le compró tenía por representantes legales a empleados del entonces viceministro de Ingresos, José Alejandro Zelaya. De acuerdo con fuentes fiscales, hay una investigación en curso por este contrato. A pesar de que Zelaya se encuentra siendo investigado, Nayib Bukele lo nombró ministro de Hacienda el 28 de julio pasado.
“Lástima, porque este gobierno era el abanderado en el tema de la transparencia y en contra de la corrupción. Ahora, los principales pasos que están dando es en contra de esa propaganda o discurso que tenían”, reflexiona Xenia Hernández.
El plan Cuscaltán, guía del gobierno de Bukele, hace hincapié en la transparencia como una de sus promesas. Según el plan, Bukele buscaría la modernización del Estado “con énfasis en la probidad, eficiencia, eficacia, transparencia y profesionalismo de los servidores públicos”. Sin embargo, esta declaración de intenciones no ha prosperado. Por ejemplo, el ministerio de Agricultura, liderado por Pablo Anliker, se ha resistido a ser auditado por la Corte de Cuentas en relación a los gastos de dicha cartera durante la pandemia.
El 23 de julio, el Ejecutivo entregó una memoria de labores a la Asamblea Legislativa en la que mencionan que Agricultura llevó a cabo 207 procesos de compra, según la “Tabla 21, Procesos de Adquisiciones y Compras MAG”. Son compras de víveres, granos básicos y otros productos por 273 millones de dólares no publicadas en el sitio de compras públicas, Comprasal. Es la cartera que más recursos usó del Fondo de Protección Civil y Prevención y Mitigación de Desastre (Fopromid) durante la emergencia. El presupuesto 2020 de Agricultura era de 63 millones de dólares y solo tenía contemplado en el rubro 54 bienes y servicios 24 millones para hacer compras. Recientemente, se conoció que el ministerio de Agricultura también compró $1.6 millones en alimentos a empresa de Koky Aguilar, cuando este aún era presidente del FONAES. Desde finales de mayo, personal de la Corte de Cuentas ha intentado, sin éxito, ingresar al MAG a realizar las auditorías correspondientes. Pablo Anliker ha logrado prorrogar el inicio de dicho examen aduciendo problemas de logística y de salud de los empleados.
*Con reportes de Roxana Lazo
