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IAIP denunció a Munguía Payés y Manlio Argueta por destruir archivos de la guerra

En su rol como Director Nacional de Biblioteca y Archivos, el escritor Manlio Argueta autorizó un proceso de eliminación (expurgo) de archivos militares en 2015. El Instituto de Acceso a la Información (IAIP) incluyó el acta de ese expurgo en una denuncia que hizo a la Fiscalía por los delitos de fraude procesal, encubrimiento e infidelidad en la custodia de documentos públicos. David Munguía Payés, ministro de Defensa durante los gobiernos del FMLN, es el funcionario de mayor rango al que el IAIP responsabiliza. Argueta dijo que no estaba al tanto de la denuncia y que no tenía autorización para hablar sobre el caso.

Nelson Rauda

 
 

El escritor Manlio Argueta está denunciado en la Fiscalía por la destrucción de archivos militares relacionados a dos masacres cometidas por el Ejército salvadoreño durante la guerra civil: la masacre de Tenango y Guadalupe, de 1981, y la masacre de San Francisco Ángulo, de 1983. Argueta es parte de un grupo de 16 funcionarios, incluido el exministro de Defensa David Munguía Payés, al que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) denunció el 4 de abril de 2017 por tres delitos: fraude procesal, encubrimiento e infidelidad en la custodia de documentos públicos. 

Argueta es director de la Biblioteca Nacional desde el año 2000 y ha mantenido su puesto en dos administraciones del derechista Arena, dos del FMLN y ahora con la del presidente Nayib Bukele. La razón por la que terminó denunciado en la Fiscalía es su actuación durante un expurgo documental (proceso de eliminación) de archivos del Destacamento Militar Número Cinco (DM-5), de Cojutepeque, Cuscatlán, en el año 2015. El general Munguía Payés fue uno de los pocos altos funcionarios que logró mantener su puesto en los dos gobiernos del FMLN, en los que actuó como ministro de Defensa (2009-2011 y 2013-2019) y como ministro de Seguridad (2011-2013). Actualmente está procesado por otros dos casos: uno por la tregua entre pandillas de 2012 y otro por tráfico de armas.

El Faro tiene copia de la resolución en la que el IAIP decidió avisar a la Fiscalía por la presunta comisión de delitos, del aviso presentado, así como de las actas de expurgo por las que los 16 funcionarios fueron denunciados. Una resolución de la Sala de lo Contencioso, donde Defensa trató de anular la actuación del IAIP, es pública

Aunque fue el Ministerio de Defensa quien ordenó y ejecutó la eliminación de archivos, la ley del Archivo General de la Nación (AGN) requiere que este revise la información que se pretende destruir y dé el visto bueno, "con el objeto de que no se destruyan documentos que tengan algún valor histórico". Es por esta segunda responsabilidad que el IAIP denunció a Argueta y otros cuatro empleados del AGN.

El Faro preguntó a la Fiscalía el 12 de enero si tiene una investigación abierta por el caso, pero no hubo respuesta. El 14 de enero, El Faro contactó a Manlio Argueta vía telefónica. Argueta dijo que no estaba al tanto de la denuncia. Este periódico le envió por correo electrónico los documentos que la respaldan y Argueta pidió que se le esperara hasta el 16 de enero para responder. El 15 de enero, Argueta contestó que no estaba autorizado para hablar. “No puedo apoyar para que se publique o no se publique algo en cualquier medio. Puedo hablar sobre mi obra u obra de escritores, o de cultura artística en general”, escribió en un mensaje de Whatsapp.  

 

“Aunque formalmente se haya seguido el proceso de expurgo ante el Archivo General de la Nación (AGN) no se justifica la eliminación de documentos, no solo con reconocido valor histórico, sino también con posible valor probatorio para procesos judiciales, especialmente considerando que se trata de graves violaciones a derechos humanos”, dice el aviso que el IAIP presentó a la Fiscalía. 

El caso en el que el Instituto asegura que se cometieron delitos empezó en 2013.

El 28 de octubre de 2013, un grupo de ciudadanos — entre ellos familiares de víctimas de la guerra— pidió al Ministerio de Defensa información sobre operativos militares que terminaron en dos masacres. Una es la masacre de Tenango y Guadalupe, dos cantones de Suchitoto (Cuscatlán) en los que el Batallón Atlacatl, una unidad élite con entrenamiento y apoyo de Estados Unidos, mató al menos a 200 personas, en febrero de 1983. La otra es la masacre de Tecoluca (San Vicente), cometida por el Ejército en el cantón San Francisco Angulo, el 25 de julio de 1981. Las víctimas fueron 45 personas civiles: mujeres y niños.

La petición a Defensa fue de los “documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nóminas de las tropas ejecutoras, nómina de los oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejército como insurgentes y civiles de dicho operativos”. Además, pidieron cualquier otra información “que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en esos períodos”.

Defensa declaró esa información como inexistente y dio paso a un proceso de apelación, que concluyó el 25 de febrero de 2014, cuando el IAIP ordenó a Defensa que realizara una nueva búsqueda encaminada a reconstruir la información solicitada.  Antes de cumplir con la orden, el Ministerio de Defensa llevó, en junio de 2014, su caso a la Sala de lo Contencioso Administrativo, alegando que el IAIP había cometido errores e ilegalidades en su proceso de decisión. 

Ese caso es un precedente que ha servido de excusa a la Fuerza Armada para negar acceso a sus archivos. En enero de 2014, el IAIP dictaminó un “reconocimiento judicial” en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, pero el entonces ministro Munguía Payés negó el acceso. Esa negación ha sido la regla desde entonces: en marzo de 2020, el Ejército volvió a negarse a cumplir una resolución del IAIP que buscaba información solicitada por la Universidad de El Salvador. En justificación, el actual ministro, Francis Merino Monroy, también citó un caso abierto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. La negación ha llegado al punto de que el Ejército, subordinado constitucionalmente al poder civil desde los Acuerdos de Paz de 1992, se negó a cumplir una orden judicial, al negar acceso a cinco guarniciones militares donde el juez que tramita el proceso de la masacre de El Mozote había ordenado la realización de inspecciones, entre septiembre y octubre de 2020. 

En junio de 2014, la Sala Contencioso decretó una medida cautelar en la que congelaba todas las acciones de la búsqueda de información mientras resolvía. Ese proceso demoró dos años y medio. En enero de 2017, los magistrados confirmaron a Defensa la orden de reconstruir la información. En ese periodo en el que el caso estuvo detenido, Defensa ordenó dos procesos de eliminación de archivos relativos a la solicitud: uno en abril de 2015 y otro en noviembre de 2016. 

Argueta participó en el de 2015, que abarcaba información militar de 1983, año en que ocurrió la masacre de Tenango y Guadalupe. 

El 9 de abril de 2015, el Ministerio de Defensa ordenó destruir 700 documentos, producidos entre 1983 y 1985, que incluían “directivas, reglamentos, instructivos, solicitudes de empleo y certificaciones de historial militar, bajas y desapariciones en combate y de tiempo de servicio”. 

En el acta de expurgo documental se establece que por “ser copias que carecen de valor histórico tienen el visto bueno para su eliminación”, aunque se debía conservar “obligatoria y permanentemente un ejemplar de estas copias y el original de cada uno”. Esa acta está calzada con la firma de Argueta como Director Nacional de Biblioteca y Archivos. También firmaron otros dos empleados del Archivo General, incluido el entonces subdirector Carlos Ernesto Aguiluz, y cuatro funcionarios de la Fuerza Armada. Los siete firmantes están incluidos en la denuncia a la Fiscalía.

La eliminación de esos archivos se autorizó en acta el 25 de mayo de 2015. Además, el Instituto identificó órdenes para otras dos destrucciones de archivos, en la 5ª Brigada de Infantería de San Vicente: una el 22 de noviembre de 2016  y una más el 20 de septiembre de 2013, esta última antes de que se iniciara la solicitud de información. Es decir, Defensa destruyó archivos relacionados en dos ocasiones después de recibir la orden de reconstruir la información que las víctimas pidieron y con una medida cautelar vigente. Por esa razón, en su aviso a la Fiscalía, el Instituto señaló: “es razonable afirmar que (Defensa) contaba con la información y el conocimiento necesario para determinar con certeza la obligación de resguardo que obraba sobre la información destruida”. 

El 22 de marzo de 2017, el Ministerio de Defensa informó al IAIP que había realizado la búsqueda de nuevo y declaró inexistente, otra vez, la información, excepto por las planillas de miembros de unidades militares involucradas. Pero no hay certeza de esa afirmación: esas planillas también habían sido declaradas como inexistentes en la solicitud de 2013. Ese tipo de inconsistencias resalta la legitimidad de los intentos de llevar a cabo inspecciones judiciales independientes. Tanto esas diligencias como el acceso a los archivos continúa siendo negado a los familiares de las víctimas.

“No resulta razonable que el AGN no encuentre valor histórico en documentos como libros de actividades diarias, certificaciones de bajas militares, directivas, reglamentos, e instructivos”, señaló el IAIP en la resolución en la que decidió notificar a la Fiscalía. “Peor aún, (que) se autorice su eliminación cuando dicha información está siendo requerida en procesos jurídicos como el presente e investigaciones de la Fiscalía”, agregó. 

Los delitos que el IAIP incluyó en su aviso tienen un máximo de 17 años de cárcel: hasta 10 en el caso de fraude procesal, hasta tres por encubrimiento y hasta cuatro por infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos. El aviso no especifica las responsabilidades individuales de cada uno de los denunciados, aunque el Instituto sí remitió copia a la Fiscalía de los documentos en los que consta la realización de los expurgos.

Manlio Argueta, durante una inundación en el sótano de la Biblioteca Nacional, en mayo de 2019. Argueta ha sido el director de la Biblioteca desde el año 2000. Foto de El Faro: Carlos Barrera.
 
Manlio Argueta, durante una inundación en el sótano de la Biblioteca Nacional, en mayo de 2019. Argueta ha sido el director de la Biblioteca desde el año 2000. Foto de El Faro: Carlos Barrera.

Un ícono de la generación comprometida

Argueta alcanzó fama internacional por su novela “Un día en la vida” (1980), en la que describe los asesinatos, torturas y abusos que cometían los cuerpos de seguridad de los regímenes militares que gobernaron El Salvador durante casi todo el siglo XX. Nacido en San Miguel, en 1935, Argueta fue parte de la llamada Generación Comprometida, un grupo de escritores formado en 1950 al que también pertenecieron Ítalo López Vallecillos, Álvaro Menéndez Leal, Waldo Chávez Velasco, Roberto Armijo, Mercedes Durand, Irma Lanzas y, el más reconocido, Roque Dalton. 

“Eran un grupo de jóvenes, primero, y después intelectuales que se opusieron al militarismo de la época”, explica Manuel Velasco, escritor y docente universitario, que coincidió con Argueta en la Secretaría de Cultura, entre 2011 y 2014. “La generación comprometida viene desde Europa con Jean Paul Sartre. ¿Con quién es el compromiso? Con el pueblo, con el que está siendo reprimido en ese momento”, explica Velasco. 

Sin embargo, Velasco advierte que es necesario separar las dos fases de Argueta. “Creo que el Manlio escritor es uno y no se discute su talento literario. Pero el Manlio funcionario público me parece que es otro. Es muy diferente y hay que separarlos, inevitablemente”, dice Velasco.

Argueta estuvo exiliado en Costa Rica desde 1972 hasta 1993, debido a la represión política en El Salvador. En su cuenta de Twitter ha expresado posiciones de apoyo al presidente Nayib Bukele y críticas de algunos de sus adversarios usuales como la Sala de lo Constitucional, o incluso contra el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, a quien se refirió por su primer nombre, tal como estila de manera burlesca el presidente Bukele


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