“Los crímenes políticos provocados por quienes engendran
odio e intolerancia desgarran la débil democracia de El Salvador
y arrebatan la vida y la paz de nuestra gente.
Solo puedo expresar mi indignación y solidaridad ante el dolor de las familias
y las víctimas sobrevivientes del ataque armado del 31 de enero de 2021”.
#ProhibidoOlvidarSV
Desde su creación con los Acuerdos de Paz de 1992, la Policía Nacional Civil (PNC) ha sufrido fuertes embates para desnaturalizar el espíritu democrático de su doctrina, el mandato y el carácter civil de sus autoridades. Este propósito minó desde su origen a la PNC, cuya conformación fue cuestionada por la Misión de Observadores de Naciones Unidas (ONUSAL) al ser integrada por militares, exintegrantes de los cuerpos de seguridad y por personal administrativo proveniente de la Policía Nacional. Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, han denunciado a la institución por graves violaciones de derechos humanos y prácticas represivas en el ámbito de la seguridad pública.
Con la asunción de Nayib Bukele a la Presidencia de la República en junio de 2019, esta pretensión de convertir a la PNC en una institución dedicada al control social y resguardo de los intereses del Gobierno –como en otrora fueron los cuerpos de seguridad eliminados con los Acuerdos de Paz– se ha ido materializado progresivamente, por lo que el nombramiento del director general Mauricio Arriaza Chicas y los subdirectores Douglas García Funes y Pedro González parece responder a este propósito. Los tres jefes policiales fueron formados como militares en la Escuela de las Américas (cerrada en el año 2000 por haber entrenado a los principales violadores de derechos humanos de América Latina), han ocupado antes la Subdirección General y las subdirecciones de Investigaciones y Áreas Especializadas Operativas de la PNC, son impulsores y ejecutores del denominado “manodurismo” e investigados en el pasado por implantación de pruebas, fraude procesal, vínculos con el crimen organizado y cuestionados por su trayectoria de violaciones a derechos humanos. El director Arriaza Chicas fue procesado por Fraude Procesal en 1998, por manipulación de las investigaciones en el caso de “Nelson Martínez Comandari”; también fue señalado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de haber manipulado las investigaciones del asesinato de la locutora de radio Lorena Saravia. Los subdirectores García Funes y González, fueron investigados por atribuírseles vínculos con el crimen organizado y supuestamente recibir dinero del conocido narcotraficante “Chepe” Luna. Pero el sistema de justicia de entonces los favoreció cerrando los casos.
Bajo el actual directorio, la PNC ha protagonizado graves irrupciones a la institucionalidad democrática, incumpliendo órdenes judiciales, desobedeciendo requerimientos de la Asamblea Legislativa y obstaculizando el trabajo de la Fiscalía, lo que hace evidente que responde a los intereses del Gobierno en detrimento del mandato que la Constitución otorga a esta institución.
En este contexto, ya no sorprende la respuesta institucional de la Policía frente al ataque armado contra miembros y simpatizantes del partido FMLN en el que fueron asesinadas dos personas y otras dos resultaron lesionadas el pasado 31 de enero, porque se trata de actuaciones eminentemente políticas, no técnicas.
En un claro incumplimiento a sus atribuciones constitucionales, la PNC acuerpó las afirmaciones del presidente Bukele, quien momentos después de ocurrido el ataque sugirió que se trataba de un autoatentado y, posteriormente, aseguró que había sido un enfrentamiento. Esta vez la Policía ha ido más allá, a pocas horas de las primeras capturas y de que se conociera que los detenidos estaban vinculados al Ministerio de Salud, capturó a dos adultos mayores que se encontraban en el Hospital Rosales que, según la cuenta de Twitter del presidente, eran “sospechosos de haber participado en el intercambio de disparos”. El 3 de febrero, la Fiscalía los puso en libertad, afirmando que no se encontraron elementos que los vincularan con el hecho investigado. De tal forma que la primera conjetura a la que puede llegarse a partir de estas capturas es que se les quiso inculpar para sostener que se trató de un enfrentamiento.
Bukele, sobrepasando todavía más sus atribuciones, informó luego de la existencia de un video que probaba su tesis del enfrentamiento, el cual fue publicado en las cuentas oficiales de la PNC en redes sociales, con títulos e indicaciones que evidentemente han pretendido generar un impacto en la opinión pública y, quizás, distraer la atención sobre los cuestionamientos dirigidos al presidente por sus primeras declaraciones ante este hecho, y por su retórica de odio y desacreditación de quienes no atienden sus designios.
La Policía no solo publicó un video editado, sino que además acusó a la Fiscalía de mostrar solo una parte de los videos obtenidos de la escena del delito. En uno de los mensajes publicados en Twitter, sostuvo que “Al ocultar los demás videos y solamente mostrar uno de ellos, parecería que la @FGR_SV busca desinformar a la población y ocultar que hubo disparos que provenían de ambos lados”. El Gobierno ha montado una campaña publicitaria con enfoque electoral sobre el tema, en la cual se acusa a opositores políticos de querer perjudicar al presidente.
A Diego Francisco Alvarado Peña, Héctor de Jesús Castaneda y Carlos Coto de Paz, los empleados del Minsal, la jueza del 10º de Paz de San Salvador les decretó instrucción formal y detención provisional el pasado 5 de febrero. El resultado judicial es coherente con la teoría del caso formulada por la FGR y da valor probatorio a los elementos de prueba obtenidos por la misma Policía en las diligencias urgentes de investigación. Para lo único que han servido las acciones adoptadas por las jefaturas policiales para desvirtuar las investigaciones de la Fiscalía y de los mismos investigadores en este es para quebrantar, todavía más, el mandato que la Constitución de la República atribuye a dicha institución: “ser un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista”.
Cuando la Policía se enfrenta públicamente a la Fiscalía y cuestiona su facultad de dirigir la investigación del delito, contraviene la norma constitucional que determina que su papel es de auxiliar en la investigación y que esta colaboración debe hacerse por medio de personal especializado y capacitado para tal fin. Es la FGR la responsable de construir la estrategia del litigio y determinar los elementos probatorios que son útiles para establecer la participación delincuencial de los imputados, no la PNC.
Las consecuencias de transgredir la institucionalidad democrática ponen en entredicho el resultado del mismo personal de investigaciones de la Policía frente a las y los juzgadores, y desacreditan su labor en futuros casos. Es importante advertir que no estamos frente a simples desavenencias o desacuerdos entre la Fiscalía y la Policía; la sujeción de la PNC al poder Ejecutivo sin límites pone en grave riesgo a la sociedad salvadoreña, al endeble sistema de justicia y mancilla deliberadamente los Acuerdos de Paz.
Las víctimas de este grave crimen merecen justicia. Los responsables deben ser procesados y sancionados como ejemplo del rechazo social e institucional a la violencia política; nuestra tarea como sociedad es asumir el reto de defender la naturaleza civil y democrática de la Policía demandando su profesionalismo y su carácter no partidario, para que siempre esté al servicio de la justicia, la protección de la población y sus derechos.
