El 28F pasará a la historia como un hito electoral: el día en que los salvadoreños entregaron un poder sin precedentes a una sola persona, el presidente Nayib Bukele. Su partido, Nuevas Ideas (NI), que hizo campaña como el partido de la N de Nayib y prometiendo fidelidad absoluta a su líder, obtuvo dos llaves parlamentarias que le permiten el control total del Órgano Legislativo. En su primera participación electoral, y con 56 diputados según el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral, NI obtuvo la correlación necesaria para tomar todas las decisiones en el pleno: las llaves de la mayoría simple (43 votos) y calificada (56). En la aritmética legislativa de 2021-2024 no habrá opositores relevantes que obliguen al ejecutivo a negociar. Votaciones que otrora han requerido de semanas o meses de discusión, como aprobar el presupuesto de la nación, ahora podrán tomarse en un santiamén y sin necesidad de conversar con nadie fuera de NI.
Con el 88.81 % de actas procesadas, los resultados electorales dibujan un pleno legislativo sin precedentes: NI tendrá 56 diputados y contará con cinco más de Gana, aliado incondicional. Bukele sumaría 61 votos. O, en otras palabras, le sobrarían cinco votos. Al mapa obvio de aliados podrían sumarse dos diputados del PCN y uno del PDC, partidos que tradicionalmente han acordado con las fuerzas mayoritarias en las votaciones legislativas. En este escenario, Bukele consigue una correlación de 63 votos, la mayoría absoluta que menciona la Constitución y que es necesaria para un tema particular: cambiar pactos internacionales de asuntos límitrofes. Sin embargo, si no pretende modificar la demarcación nacional, Bukele tiene todo lo que necesita sin necesidad de ayuda de otras siglas políticas.
La más valiosa de las llaves de la que dispondrá el presidente de 39 años es la de los 56 votos. Con esta, la Asamblea Legislativa ratifica la emisión de deuda y define la elección de funcionarios de segundo grado con gran peso en el resto de instituciones del Estado: Corte Suprema de Justicia, fiscal general, procurador general de derechos humanos y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.
Con la llave de los 43 votos, Bukele tendrá control de las decisiones ordinarias: aprobación y reformas de leyes, autorización de presupuestos y modificaciones al plan de gastos. Con esta correlación, también puede definir a los magistrados de la Corte de Cuentas.
Bukele, si sus diputados no le retiran la lealtad prometida, podría configurar un Estado dócil para gobernar sin contrapesos buena parte de los tres años que le quedan como presidente.
Las facultades constitucionales de los diputados son 153 y de todo tipo: con estas mayorías, la Asamblea puede establecer y regular el sistema monetario nacional y resolver sobre la admisión y circulación de la moneda extranjera; ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales; crear y suprimir plazas dentro de la estructura de Gobierno; concesionar bienes y servicios del Estados; destituir al fiscal general antes de que termine su periodo, retirar o no el fuero a diputados, ministros y viceministros en caso de que sean requeridos por la justicia, y otras.
A falta de una plataforma legislativa, la campaña de los candidatos de NI se basó en una sola consigna: apoyar desde la Asamblea Legislativa todas las iniciativas del presidente Bukele. Muchos de los candidatos de NI que serán miembros de la Asamblea han sido empleados de las administraciones municipales o ejecutiva de Bukele, contratistas o publicistas de su Gobierno, todos leales a él en sus mensajes de propaganda. A la fecha, no es público ningún plan del Gobierno que establezca el norte de cualquier tipo de propuesta: está vetado al escrutinio nacional el contenido del Plan de Control Territorial, el de Educación, el de Salud, el Plan Quinquenal y el plan económico post-crisis, prometido en junio y descrito por Bukele como un “plan que va a sorprender a la población y al mundo”.
El Salvador conocerá una nueva forma de administración pública. Durante toda la posguerra, el partido de Gobierno hizo alianza con un partido minoritario para aprobar leyes. Arena se valió de alianzas con el PCN y PDC para aprobar la privatización de distintos bienes y servicios estatales (en los noventa). El presidente Armando Calderón Sol (1994-1999), por ejemplo, usó esas llaves para la privatizaciones de las pensiones y de la empresa de telecomunicaciones Antel, además de aumentar del 10% al 13% la tasa del IVA. El presidente Francisco Flores (1999-2004) usó esa llave para, con ayuda del PCN, aprobar la dolarización sin una discusión amplia ni transparente.
Desde los tiempos de la aplanadora verde, el PDC de Napoleón Duarte en 1985, nunca una sola bandera había logrado tantos escaños como para no requerir de una alianza con otro. Desde que la guerra terminó en 1992, la mayor acumulación de diputados la obtuvo el partido Arena en 1994: 39 escaños, 17 menos de los que Bukele conquistó este domingo.
En la legislatura 2021-2024, NI puede aprobar la Ley de Aguas, cuya discusión siempre se ha estancado cuando se aborda la participación del sector privado en la administración de este recurso natural y se advierten riesgos de privatización. También está pendiente una reforma al sistema de pensiones, debido a que la del año 2017 quedó incompleta: quedó la puerta abierta para que en 2022 aumente la edad de jubilación, según un artículo de la reforma aprobada en 2017. El bloque cuenta con suficientes votos para nacionalizar el sistema de pensiones o para mantener el esquema privado con reformas paramétricas, el aumento de la tasa de cotización o incrementos en la edad de retiro.
La aplanadora bukelista tiene la llave para normar y establecer la relación del Gobierno con los privados para la administración de recursos naturales o activos del Estado. Son dos herramientas que tiene al alcance las concesiones y los asocios público-privados. NI solo necesita 43 votos para usarlas. Estas herramientas son importantes para un Gobierno que ha prometido construir un nuevo aeropuerto en Oriente, la concesión de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero; y la concesión del puerto de Cutuco.
Tres años de control absoluto de las finanzas públicas
La elección abrió un escenario inédito en la posguerra: el partido de Gobierno, durante tres años, podrá aprobar la Ley del Presupuesto, que requiere 43 votos, sin construir una alianza con los partidos minoritarios. De 1994 a 2009, Arena tuvo que construir alianzas con el PCN y con el PDC para aprobar el plan de gastos del Gobierno central. De 2009 a 2018, el FMLN tuvo que construir una alianza con el partido Gana, PCN y PDC.
Este mismo 2020, el Gobierno de Bukele urge de aprobar una reestructuración de los plazos de la deuda pública, y aprobar la colocación de bonos en el mercado internacional para financiar gastos del presupuesto. Esta llave es crucial, puesto que en 2020, durante la pandemia, el Gobierno agregó 3,000 millones de dólares a la deuda pública que ya supera el 90% del PIB. Otra alternativa para la que tienen la correlación necesaria, 43 votos, es una reforma a la Ley de Integración Monetaria, con la que podría revertirse la dolarización o aprobarse la emisión de una moneda nueva en caso de una crisis fiscal que imposibilite pagar salarios públicos y obligaciones con proveedores.
La nueva Asamblea Legislativa tiene pendiente la discusión impostergable de una reforma para poder hacer frente al déficit fiscal (la diferencia de ingresos y gastos que cada año se financia con nueva deuda), profundizado por las medidas para mitigar los efectos de la pandemia, que incrementó el gasto público del Órgano Ejecutivo en 1,439 millones de dólares en 2020, en comparación con el año anterior. En discusión, por recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, quedó la posibilidad de aumentar el IVA y otras tasas de impuestos, como el Impuesto sobre la Renta.
Son decisiones que deben basarse en documentos que deberían ser públicos, pero que no han sido divulgados. El Ejecutivo no cuenta con un marco fiscal de mediano y largo plazo que acompañe el Presupuesto 2021, una radiografía de la situación actual de los indicadores fiscales del país con metas a cumplir durante el quinquenio para garantizar la salud de las finanzas públicas, y garantizar que el Gobierno pueda cumplir con sus planes. Este documento puede dar luces sobre las prioridades que la nueva legislatura debe abordar para evitar una crisis fiscal que comprometa la capacidad del Estado a hacer frente a sus compromisos con acreedores.
La intrascendencia de Gana
Los resultados también despojan a Gana de una cualidad que sus dirigentes han enarbolado: su capacidad de pactar con el partido que esté en el Ejecutivo. Con los 56 votos conquistados por Nuevas Ideas, el partido 'de la N de Nayib' no tendrá necesidad de construir acuerdos con este partido bisagra, que renunció en 2018 al color naranja de su bandera para asumir el cyan y servir de vehículo a Bukele en las presidenciales de 2019. Al margen de las coaliciones, Gana ha pasado de tener diez diputados en esta legislatura a quedarse con cinco para la venidera
El Faro habló con seis candidatos de Gana este domingo 28 de febrero. Estaban derrotados. Numan Salgado, diputado por San Miguel que logró la reeleción, comentó a El Faro que su bandera perdió debido a que Nuevas Ideas y el Gobierno tomaron ventaja. 'Estuvieron inagurando obras las últimas semanas, nosotros teníamos estimado ganar 15 diputados', explicó. Sin embargo, la lógica que impera dentro del partido es seguir a la vera de NI. Lejos están de buscar conflicto con la fuerza política más poderosa del país. 'Nosotros somos el Gobierno', comentó el mismo Salgado, bajando el tono a sus declaraciones.
La bancada bukelista elegirá a los funcionarios de segundo grado sin recurrir a canjes. En 2023, van a designar a los magistrados de la Corte de Cuentas. En las legislaturas de 1994-2009, la alianza legislativa de Arena y partidos minoritarios permitió que el PCN controlara la Corte de Cuentas y que esta institución no cumpliera con su rol de fiscalización de fondos públicos en casos concretos. La legislatura 2009-2012 y 2012-2015 también significó que el FMLN replicara la práctica con magistrados de la Corte de Cuentas, designados en alianzas con el partido Gana, que derivaron en el nombramiento de funcionarios con vínculos con partidos políticos o que incumplieron sus deberes de contraloría.
Entre 2021 y 2024, también pueden cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Judicatura, que sirve como filtro para la designación de jueces, además de la elección de la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez participa en decisiones que afectan a la sección de Probidad, la oficina encargada de prevenir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios.
Desde el año pasado, una comisión presidida por el vicepresidente Félix Ulloa estudia posibles reformas a la Constitución, entre ellas la reelección presidencial, el papel del Ejército y de los cuerpos de seguridad en la política e incluso los límites de la concentración de tierras. El bloque bukelista puede aprobar estas iniciativas y dejar la puerta abierta para que la legislatura 2024-2027 ratifique estas reformas, que pueden transformar por completo el funcionamiento del Estado.
*Con reportes de Roxana Lazo
