En su primer día como presidente de la Corte de Cuentas de la República, Marcos Gregorio Sánchez Trejo prometió que sería independiente de la influencia de los partidos que lo eligieron. “Vamos a tener actitudes apolíticas, vamos a tener actitudes meramente técnicas”, dijo en una entrevista con La Prensa Gráfica, en junio de 2011. Nueve años después, seis testigos clave de la Fiscalía, en dos diferentes investigaciones por lavado de dinero, aseguran que Sánchez Trejo incumplió su promesa, heredó los mismos vicios de las administraciones que lo antecedieron y se hizo de la vista gorda al detectar que un expresidente de la República y un expresidente de la Asamblea Legislativa sustrajeron fondos públicos.
Según la Fiscalía, Sánchez Trejo formó parte de una trama que permitió que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) pagara $108 millones a la empresa italiana Astaldi S.a.P por obras no realizadas en la presa El Chaparral, y por la que se acusa al expresidente Mauricio Funes y a sus principales colaboradores; y “limpió” una auditoría que cuestionaba la gestión del entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, en la que se habían detectado la sutracción de miles de dólares a través de la autorización de viáticos que el mismo Reyes ordenaba a su favor.
La Corte de Cuentas es la principal institución encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos. El primer filtro del Estado para combatir la corrupción. Cada vez que se judicializa un caso de corrupción, una de las preguntas comunes es por qué las instituciones contraloras no detectaron los delitos. Durante 29 años, 1982-2011, la Corte de Cuentas estuvo controlada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), período en que diversas organizaciones de la sociedad civil cuestionaron su eficiencia. El último pecenista a cargo de la Corte de Cuentas fue Hernán Contreras (17 años como presidente), actualmente procesado por favorecer al expresidente Antonio Saca.
Trejo, que prometió que actuaría diferente a la CCR pecenista, ahora es cuestionado por permitir la continuidad de las fallas del sistema: la falta de independencia y la maleabilidad de los funcionarios a quienes los diputados ponen a cargo de fiscalizarlos.
El PCN perdió su feudo en junio de 2011. Ese mes, la Asamblea Legislativa eligió a Sánchez Trejo como nuevo presidente de la Corte de Cuentas, un hombre que contaba con el apoyo del PDC y el FMLN, principalmente. La Sala de lo Constitucional declaró los nombramientos inconstitucionales porque no cumplían con “la moralidad notoria y falta de independencia partidaria” (los otros magistrados eran Silva Aguilar y Andrés Rovira, de GANA, y Tránsito Bernal, del FMLN). Los diputados estaban muy cómodos con el nombramiento de Sánchez Trejo, tanto que en un período de tres años, insistieron tres veces en elegirlo como presidente de esa institución. 'Era un tema que quedé en medio de esos dos órganos de estado, no era un tema así de porque Sánchez Trejo nos da más confianza', dijo el exfuncionario. Tras su salida de la Corte de Cuentas, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén lo nombró embajador en Colombia.
Ya sin el PCN a cargo del ente contralor, los testigos describen una institución sin independencia y complaciente con el poder político que permitió el despilfarro de millones de dólares del erario. Según los testigos, no por negligencia sino por complicidad, la institución encargada de combatir la corrupción la facilitó.
Una opinión 'viciada' para una operación de lavado
El 18 de septiembre de 2008, CEL contrató a la empresa italiana Astaldi S.a.P para la construcción de una presa en el río Torola, San Miguel. El contrato decía que el Estado pagaría 219.9 millones de dólares para, en un plazo de cuatro años, contar con una nueva central hidroeléctrica con capacidad para producir energía para 200 mil hogares. El contrato decía que era “llave en mano”, es decir, que cualquier aumento en el costo de construcción lo pagaría el constructor.
Para el 30 de junio de 2010, la construcción de la presa debía tener un avance del 41.9 por ciento, pero en aquella calurosa sucesión de cerros apenas había un avance del 23.6 por ciento. Ahí comenzaron los problemas. Astaldi S.a.P alegó que la tormenta tropical Agatha dejó al descubierto que CEL no había hecho los estudios geológicos suficientes en el cauce del río y la margen derecha del cerro que sostendría el dique. La montaña se movía. Los supervisores de CEL negaban esas fallas y reprochaban que la tormenta Agatha dañó la construcción por el trabajo desordenado de Astaldi S.a.P.
Según el contrato, la empresa debía pagar cualquier aumento en el costo de la construcción porque era un contrato llave en mano. CEL podía demandar a Astaldi S.a.P, pero la administración Funes no hizo lo que establecía el contrato. Lejos de presentar una demanda contra Astaldi S.a.P, el gobierno decidió negociar.
Y ante esa negociación, el gobierno se aseguró de tener el visto bueno de la Corte de Cuentas. Los mismos testigos que han declarado en un caso de lavado de dinero contra el expresidente Funes, y dos funcionarios de ese gobierno, Miguel Menéndez, Mecafé, y Leopoldo Samour, cuentan que el titular de la Corte de Cuentas jugó un papel clave en el acuerdo que permitió a Astaldi S.a.P recibir $108 millones por obras que no construyó. Dos fuentes con acceso a la investigación del caso El Chaparral confirmaron que hay un expediente abierto contra Sánchez Trejo y su esposa.
Los hechos de esa investigación se pueden resumir así. Maritza Estela González Ábrego trabajaba en la Corte de Cuentas, pero en junio de 2011, cuando su esposo fue electo presidente del ente, renunció a esa institución, alegando transparencia y para evitar posibles conflictos de interés a futuro. Lo que nadie dijo, y que los testigos detallan, es que ella se fue a trabajar con el gobierno de Funes. El 19 de marzo de 2012 fue contratada en el departamento de auditoría interna de CEL, la institución a cargo de la presa El Chaparral. Ella era una empleada más, pero los testigos dicen que en realidad era la jefa de la unidad. Alguien que mandaba sin tener un nombramiento oficial.
Los testigos agregan que la esposa de Sánchez Trejo era una de las personas de confianza de Samour, el entonces presidente de CEL. Samour, ahora mismo, es un prófugo de la justicia. Al igual que el expresidente Funes y Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, tienen un proceso judicial abierto por recibir un soborno de 3.5 millones de dólares. Según la Fiscalá, Astaldi S.a.P les pagó esa cantidad de dinero a cambio de no promover una demanda por el incumplimiento del contrato de construcción de la presa El Chaparral. Un testigo protegido que ayudó a los funcionarios a lavar el dinero, también cuenta que Samour se reunió con Sánchez Trejo en su despacho para obtener el aval al acuerdo directo rentre CEL y Astaldi.
Literalmente, esto dice la Fiscalía en la acusación del caso contra Funes, Mecafé y Samour. “El arreglo directo lo hicieron respaldar con opiniones viciadas de la Corte de Cuentas y de la jefatura de auditoría interna de CEL, ambas parcializadas y orientadas a favorecer los propósitos delictuales de los señores Mauricio Funes, Miguel Menéndez y del expresidente de CEL”. Además del testigo protegido que habla de la reunión entre Samour y Sánchez Trejo, otros tres testigos que en aquel momento trabajaban en el departamento de auditoría interna de CEL cuentan que el documento que llegó hasta la Corte de Cuentas fue elaborado por la esposa de Sánchez Trejo, en ese momento jefa de auditoría interna de CEL.
Eso significa que el gobierno tuvo dos documentos que avalaron el arreglo directo con Astaldi S.a.P: el primero era un dictamen de auditoría interna de CEL, instancia que controlaba la esposa de Sánchez Trejo; y el segundo, una opinión favorable de la Corte de Cuentas, que dirigía Sánchez Trejo.
El expresidente de la Corte de Cuentas no niega que su esposa trabajaba para CEL, pero matiza el cuestionamiento. “Tengo mis reservas si hubo realmente un aval (al arreglo CEL-Astaldi S.a.P). La política institucional es que al final se deja como responsables definitivos a quienes administran la institución. En segundo lugar, si yo tenía el conocimiento es porque yo he respetado su independencia profesional (de su esposa)”.
—¿Su esposa trabaja en CEL?
—Sí, trabajaba en CEL.
—¿Y su esposa elaboró el acuerdo de arreglo directo entre CEL y Astaldi?
—Que yo sepa no. En mi caso particular… categóricamente yo me separé del tema y no di mi respuesta a la petición que se dio… dando plena libertad a que se… a nivel institucional (…) Entiendo que ella no participó en la elaboración de dicho documento ni tampoco estuvo involucrada en el tema. Ella estaba ausente cuando se tomó la decisión al respecto por motivos de fuerza mayor.
—¿O sea que usted sabe que ella no elaboró ese acuerdo porque se lo preguntó?
—No. Es por las funciones. Si ella hubiera sido la responsable del tema, no le hubieran permitido.
Sánchez Trejo, en parte, tiene razón. Su esposa no firmó ningún documento. Los testigos dicen que ella elaboró el acuerdo entre CEL y Astaldi S.a.P, pero el día que se firmó, ella no se presentó a trabajar. El documento que elaboró la esposa de Sánchez Trejo fue firmado por una empleada llamada Matilde Pacheco. Es decir, la señora Pacheco firmó un documento que no había elaborado, un documento del cual no conocía sus detalles. La Fiscalía asegura que la señora Pacheco firmó un documento sin siquiera leerlo.
Los testigos que laboraron en el departamento de auditoría interna de CEL agregan que, en enero de 2013, cuando esa instancia elaboró el plan anual de auditorías, la esposa de Sánchez Trejo les dijo que “no debía incluirse en la planificación el proyecto El Chaparral”. Efectivamente, el caso de la presa El Chaparral no fue revisado por CEL.
Sánchez Trejo también tiene razón cuando dice que no firmó ningún documento sobre el acuerdo entre CEL y Astaldi S.a.P. La opinión favorable para el arreglo directo fue firmada por Alfonso Bonilla, el coordinador general de auditorías de al Corte de Cuentas, el mismo hombre que confesó que elaboró auditorías falsas por órdenes de Hernán Contreras para beneficiar al expresidente Elías Antonio Saca, condenado a diez años cárcel por el mal uso de la partida secreta.
Además, la administración Contreras también emitió una opinión favorable para que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) modificara un contrato llave en mano con la constructora guatemalteca Copreca, la que incumplió con la construcción del Boulevar Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero. El titular del MOP de esa época, Jorge Nieto, fue condenado a 12 años de cárcel. Por el momento, Contreras solo enfrenta un proceso judicial por favorecer al expresidente Saca.
Durante la entrevista con El Faro, Sánchez Trejo repitió un argumento que esgrimió en 2012. La opinión de la Corte de Cuentas no era vinculante. “CEL podía atenderlas o no atenderlas”. A la luz de la corrupción que ha encontrado la Fiscalía en ese proyecto, este periódico le preguntó a Sánchez Trejo si volvería a emitir la misma opinión: “No puedo darle una valoración al respecto porque es un tema judicializado y no puedo interferir. Cualquier expresión mía suma o resta a la defensa o a la Fiscalía. Lo que puedo decir es que no participé en la consulta institucional. Gracias a la información que ustedes manejan he podido tener más claridad sobre esta situación a partir de mi salida de la institución”, dijo.
Amenazas para quienes auditaron la Asamblea de Sigfrido Reyes
La Corte de Cuentas estaba cumpliendo su labor en 2011, cuando siete integrantes de la Dirección de Auditoría Uno detectaron seis irregularidades en un examen especial a la ejecución presupuestaria de la Asamblea Legislativa en 2011. Entonces, según dos de los auditores, los ahora testigos protegidos 'Angie' y 'Halcón', Sánchez Trejo intervino para amenazar a los funcionarios.
Sánchez Trejo, dicen los testigos, los citó a su despacho y los amenazó para que no siguieran con las pesquisas. Luego, sin aparente explicación, los hallazgos iniciales de la auditoría se desvanecieron. Sánchez Trejo aseguró a El Faro que no recuerda esa reunión ni haber dado esas instrucciones, 'porque ya han pasado muchos años'.
El informe final de la auditoría establecía que 'no se identificaron aspectos que ameriten ser comunicados en este informe', aunque en el proceso habían detectado siete hallazgos, entre ellos pagos de “$217,794.50 en viáticos que no debían cancelarse”, contrataciones de personal, incrementos salariales y sobresueldos sin acuerdo de Junta Directiva, descuentos a empleados en concepto de cuotas partidarias. Nueve años antes de que la Fiscalía persiguiera al entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, por apropiarse de fondos públicos a través de la asignación injustificada de viáticos, la Corte de Cuentas ya lo había detectado, pero no hizo nada.
Un día después de que empezaron a notificar las deficiencias encontradas, Sánchez Trejo los convocó. Era el 24 de abril de 2012. Él les dijo que “antes que cayera la cabeza de él iba caer la cabeza de ellos”. Según el testimonio, Sánchez Trejo les dijo que “a él la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa le había llamado la atención”. Según los testimonios, Sánchez Trejo trasladó dos mensajes a sus subordinados. Uno, que “la señora Peña (la exdiputada del FMLN Lorena Peña) les mandó decir “…que si no habían conocido el poder, que hoy lo iban a conocer…”. Dos: que los diputados les mandaban a decir “…que la línea política pertenecía a su trabajo”.
“Mire, yo realmente… estamos hablando de hace seis, siete años, el afirmar o desvirtuar esa reunión a esta altura me resulta en este momento difícil, pues yo tenía a nivel institucional cientos de reuniones, verdad. Y todas eran complejas y delicadas, de tal manera que no tengo información específica de esa reunión”, dijo Sánchez Trejo. Él agregó que respetaba la declaración de los testigos de la Fiscalía, pero que no compartía el contenido de las mismas. Según él, hay mecanismos legales para que los funcionarios auditados se comuniquen con el presidente de la Corte de Cuentas cuando creen que los resultados de las auditorías no son justas.
Los auditores, los testigos de la Fiscalía, dicen que no se les permitió hacer su trabajo por presiones políticas, pero Sánchez Trejo dijo que no recuerda nada al respecto. “Yo no recuerdo que haya habido alguna petición especial para realizarla (auditoría) ni quién la impulsó o quién la solicitó”. Sobre la mención de la entonces diputada Lorena Peña, el expresidente de la Corte de Cuentas no confirma, pero tampoco niega nada. “Mire, la diputada Lorena Peña no acostumbraba relaciones de comunicación conmigo en forma puntual, en forma directa. He tenido reuniones grupales con la junta directiva por excepción por temas de modificación de ley. En este momento no ubico una afirmación tan puntual como está señalada”, dijo.
El Faro pidió a Peña su reacción y ella respondió con unas declaraciones que dio en el programa de televisión Debate con Nacho. 'Un testigo dice que el otro le dijo que yo le dije. Es poco serio (...) Yo salgo a bailar en una cosa falsa que filtran a los medios para que se convierta en una acusación', dijo Peña, y agregó que solicitó que la Fiscalía le informe si la han acusado por este caso.
El mismo día de la amenaza, Sánchez Trejo decidió retirar a los auditores de esa investigación. El informe final fue firmado por Noemí Rodríguez de Carrillo, entonces subdirectora de auditoría Uno, a quien la Fiscalía acusó por falsedad documental e incumplimiento de deberes. Los testimonios que comprometen a Sánchez Trejo son parte del requerimiento fiscal contra Sigfrido Reyes y otras 13 personas acusadas de lavar unos seis millones de dólares. El juez 11° de Paz de San Salvador decidió el 14 de enero procesar en libertad a 10 de los acusados, y girará órdenes de captura para Reyes, su hermano Earle, su socio Byron Larrazábal y su asistente Karla Beatriz Recinos. El juez Omar Hernández dijo en su resolución que había indicios de que Reyes se aprovechó de su cargo para enriquecerse a través de mecanismos como la asignación excesiva de viáticos, tanto en la Asamblea Legislativa como en PROESA.
En el caso de corrupción de Sigfrido Reyes, la Fiscalía lo señala de la siguiente manera. “El Presidente de la Corte de Cuentas, licenciado Sánchez Trejo, junto con la Directora de Auditoría uno, vulneraron y violentaron el principio de independencia dado que no solo los reunieron para llamar, reprochar y reprimir el trabajo del equipo de Auditoría Uno que realizaba en la Asamblea, sino que los amenazaron con que iban a volar cabezas por estar desarrollando el programa de auditoría según lo planificado”.
Tras la reunión, la testigo Angie redactó un acta en la que se estableció que “las observaciones producto del examen de auditoría deberán ser evaluadas para ver el efecto que ocasionaría en la toma de decisiones administrativas”. Además, el equipo debía entregar los papeles de trabajo a su jefa, Noemí Rodríguez de Carrillo, entonces subdirectora de la Dirección de Auditoría Uno. Finalmente, el acta dice que “el proceso fue de interés del Presidente de la Corte de Cuentas el Doctor Sánchez Trejo” quien dijo “que tendrá un mayor acercamiento al proceso de Ejecución de la Auditoría, para tratar de conocer más acerca de los resultados que se establezcan”.
Las pruebas hasta ahora le han bastado a la Fiscalía para acusar a Rodríguez de Carrillo por los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad documental. Sin embargo, la acusación todavía no incluye a Sánchez Trejo. El Faro preguntó a la Fiscalía por qué no lo han acusado. “No puedo pronunciarme porque el caso está en vías de investigación”, contestó el fiscal Raúl Melara, en una conferencia de prensa este 15 de enero. Una fuente fiscal confirmó a este periódico que hay una línea de investigación abierta sobre Sánchez Trejo.
El juez Omar Hernández concedió libertad a Rodríguez de Carrillo mientras el caso pasa al Quinto de Instrucción de San Salvador, siempre que firme en el juzgado cada 15 días y no salga del país. Sobre este caso, el juez dijo que la Fiscalía debía “entrevistar a otras personas al respecto y presentar a otros testigos ofrecidos”. Tanto Rodríguez de Carillo como su abogado rechazaron hablar con El Faro sobre la responsabilidad que Sánchez Trejo pueda tener en el resultado de la auditoría.
*con reportes de Jimmy Alvarado.
