Ricardo Zúñiga lleva cuatro días respondiendo a la misma pregunta con calma diplomática y sonrisa de póker. Dice y repite que es el Gobierno salvadoreño quien debe explicar por qué Nayib Bukele no quiso reunirse con él la semana pasada en San Salvador.
Es una respuesta de manual para no escalar el conflicto. Aunque el desplante fue una mancha evidente en el primer viaje a la región del enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, la administración Biden ha prometido frenar la migración trabajando con Centroamérica, y sería un fracaso que el diálogo con El Salvador se rompa antes de siquiera empezar la tarea. Especialmente cuando la cifra de niños migrantes en albergues estadounidenses supera los 20,000 y solo en marzo la patrulla fronteriza detectó la cifra récord de 172,000 personas tratando de cruzar ilegalmente su frontera.
En toda la región, Zúñiga va a tener una labor de equilibrista. En esta entrevista evita respuestas comprometedoras y matiza, a veces hasta la disolución, cada frase. Aun así, regala pistas sobre sus prioridades y su plan de acción. Reconoce que el fin último de su mandato es frenar la migración, pero asegura que a medio plazo consideraría un éxito “conseguir un giro notable en el rumbo de la dinámica política y de gobernanza en Centroamérica”.
Para ello, insiste en la necesidad de que la comunidad internacional apoye los esfuerzos locales de investigación y lucha contra la impunidad, y reclama en El Salvador más independencia para la Cicies, otro punto de fricción con Bukele, que ha rechazado reformas legales para fortalecerla. Zúñiga asegura que las listas de funcionarios centroamericanos corruptos que elabora el Departamento de Estado no excluirán nombres por razones políticas, y afirma que permitir la corrupción a cambio del apoyo a Estados Unidos en ciertos temas “a final de cuentas no es una buena fórmula para el éxito”.
Habrá que ver si puede ser coherente con los duros mensajes y la amenaza de sanciones que llegan desde Washington. Pese a las preocupaciones que el Departamento de Estado y el Congreso han expresado sobre el rumbo democrático del Gobierno de Bukele, Zúñiga insinúa que Estados Unidos apoyará casi con seguridad el acuerdo que El Salvador negocia con el Fondo Monetario Internacional. “Sabemos que la situación macroeconómica de El Salvador es crítica en este momento”, dice. “Para Estados Unidos es importante que se atienda ese problema, porque una crisis económica en El Salvador podría impulsar una nueva ola migratoria”. Es probable que sobre esa frase pese también el creciente acercamiento de Bukele y otros países de la región a China.
No es el único funcionario del Gobierno Biden que estos días tiene que hacer malabares con las palabras. Este 11 de abril, el responsable para el hemisferio en el Consejo Nacional de Seguridad, Juan S. González, que hace dos meses dijo que Estados Unidos no tendría como aliado a un líder que no luche contra la corrupción, abrió de nuevo la puerta a trabajar con Juan Orlando Hernández, que está señalado en Nueva York por narcotráfico: “Él es en este momento el presidente elegido de Honduras, vamos a trabajar con su Gobierno, vamos a buscar áreas de interés común”, dijo. También Zúñiga asegura que Estados Unidos tiene “una amplia relación con el Gobierno de Honduras a pesar de esta situación tan sensible”.
Que usted sea enviado especial para el Triángulo Norte y no para Centroamérica sugiere que su labor se centrará en la migración y no en el fortalecimiento de la democracia en la región, puesto que se deja fuera de su mandato a Nicaragua, el país con el mayor desafío democrático. ¿Es una lectura correcta?
No, pero puedo entender perfectamente por qué podría interpretarse de esa forma. Los problemas más serios desde el punto de vista de los Estados Unidos, incluido tanto el Congreso como el Ejecutivo, surgen en los tres países del Norte de Centroamérica, pero es imposible dejar fuera el cuarto, Nicaragua, donde también tenemos un problema grave. El marco que estamos utilizando como parte de mi mandato es la Carta Democrática, y para eso tenemos que tratar con los problemas más graves en todos los países.
Es verdad que la mayor importancia se ha puesto en los tres países del Norte específicamente por el impacto que están teniendo en nuestra frontera Sur, entendiendo que lo que está pasando aquí va a seguir pasando hasta que toquemos de una manera más profunda los problemas estructurales en Centroamérica, pero es imposible separar esos tres países de México o del resto del istmo. Hablamos de un ecosistema.
¿Eso quiere decir que trabajará de forma directa con Nicaragua?
Voy a enfocar mi trabajo en los tres países del norte de Centroamérica, pero trabajando con otros para incorporar una mirada regional integral. Porque también estamos hablando de flujos laborales dentro de Centroamérica, y es imposible hablar de los problemas que está enfrentando Estados Unidos sin hablar de Costa Rica, que es un socio importante y también ha sido un país de destino. Este es un problema compartido, y cuando hablo de problema me refiero, sí, al flujo irregular masivo de personas. También podríamos hablar de El Salvador, que este año no es una fuente importante de migrantes pero lo ha sido en el pasado, y conserva ese potencial.
Comenzó diciendo que no, pero en realidad confirma que la migración será el centro de su trabajo, no solo en el corto plazo sino como eje de su mandato.
Porque es el fenómeno más desestabilizador en la región. Pero es un síntoma. Así que, claro, vamos a tener que centrarnos en el fenómeno que más impacta en Estados Unidos, pero tratar el síntoma no quiere decir no tocar sus raíces, y mi labor va a estar más enfocada en esa faceta. Jamás en mi carrera he visto tanta atención puesta en Centroamérica, y claro que está impulsada por la situación, pero hay otro elemento: hemos entendido que es una dinámica, no algo puntual. Y tratar las causas de esa dinámica requiere un trabajo integral.
También es diferente el grado de trabajo con México. Hablamos con ellos bastante, y es precisamente porque el tema requiere una atención más amplia de la que hemos dedicado en el pasado.
¿Qué consideraría un éxito? Porque habla de cambios estructurales, que evidentemente no se pueden lograr en cuatro años, y menos aún en los dos años que tendrá la administración Biden antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Esta es una labor que tal vez llevará décadas. Los objetivos no se van a cumplir inmediatamente. Pero un avance importante sería conseguir un giro notable en el rumbo de la dinámica política y de gobernanza en Centroamérica. Así habría una razón para la esperanza.
En 2009, la administración Obama terminó forzada a legitimar el golpe de Estado en Honduras, y su política hacia Nicaragua los últimos años no parece efectiva. Con esos antecedentes, ¿qué impacto real cree que puede tener en la gobernanza en Centroamérica?
Bueno, durante este periodo también tuvimos victorias importantes en la MACCIH y la CICIG. Vimos que cuando Estados Unidos y la comunidad internacional trabajamos juntos tuvimos éxitos en la lucha contra la impunidad. Cuando se retiró el apoyo o hubo falta de atención a ese esfuerzo hubo retrocesos y desaparecieron esos organismos, pero vimos que ese modelo funciona: apoyo de la comunidad internacional a personas que trabajan dentro de sus sistemas nacionales, sistemas de justicia, sistemas de investigación, sistemas legislativos. Porque sí hay servidores públicos que quieren cumplir con sus deberes. Y el papel de la comunidad internacional no es sustituir a esos actores, es apoyarlos. Creo que ahí tenemos margen para trabajar.
Hace unos días el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado entregaron a la oficina de la congresista Norma Torres una lista de funcionarios del Triángulo Norte supuestamente implicados en corrupción. Y está en proceso de elaboración la famosa lista Engel. ¿Participará usted en la elaboración de ese tipo de listas?
Yo soy un consumidor de esas listas, que se elaboran con aportes de nuestras embajadas y de investigadores de otras áreas del Gobierno. Pero vamos a ser consecuentes. Para mí va a ser importante que mostremos que estamos dispuestos a actuar contra las personas involucradas en corrupción, no solo porque nuestro Congreso lo requiere, aunque efectivamente es una exigencia del Congreso, sino porque es una forma importante de apoyo a quienes están luchando en Centroamérica contra la impunidad.
La difusión de esas listas puede generar más tensiones de las que ya tienen con los presidentes de la región y complicar su trabajo. ¿El Departamento de Estado va a subordinar el contenido y publicación de listas a que usted y la vicepresidenta Harris puedan hacer su labor diplomática?
Pueden estar seguros de que no. Al elaborar estas listas lo importante son los criterios que se van a utilizar, y a partir de ahí las embajadas proponen nombres. Si estás vinculado a corrupción y estás en una posición de alto nivel, automáticamente puedes aparecer en esas listas. No es una cuestión política. Claro que me va a complicar si hay personas de alto nivel involucradas en actividades ilícitas, pero tenemos que cumplir el requerimiento del Congreso, nombrar a esas personas. Trabajar a la luz del día es para nosotros muchísimo mejor que encubrir los problemas. Ya se ha visto, en muchas partes del mundo, que permitir la corrupción porque recibimos un apoyo puntual en algún asunto, a final de cuentas no es una buena fórmula para el éxito.
Al hilo de esto que dice, en este momento la relación con Honduras es evidentemente complicada por la investigación abierta contra el presidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico. ¿Es ese el principal obstáculo para su trabajo en la región?
Tenemos una amplia relación con el Gobierno de Honduras a pesar de esta situación tan sensible. Me he reunido con el canciller Lisandro Rosales y un equipo de funcionarios de varias dependencias en Honduras. Y en nuestra embajada seguimos trabajando para responder a asuntos importantes no solo como la migración, sino como la recuperación después de los huracanes. Tenemos una agenda amplia en Centroamérica y siempre vamos a buscar las relaciones más constructivas que sea posible con los líderes, sus gobiernos. Navegaremos a través de problemas específicos en ciertos casos, pero siempre con la idea de llevar adelante una agenda amplia.
¿Eso significa que el evidente mensaje que le ha enviado el Gobierno de El Salvador, no solo al decidir el presidente Bukele no reunirse con usted, sino al decidir filtrar esa información para que todos supiéramos que no quiso reunirse con usted, no va a obstaculizar la relación bilateral? ¿Le toca ahora a usted poner la cara amable?
No va a ser un obstáculo. El trabajo que tenemos que hacer con El Salvador lo podemos llevar a cabo a través de nuestra embajada y de esfuerzos con otros funcionarios del Gobierno de El Salvador. Para dejarlo claro, nosotros pedimos una reunión, nunca fue confirmada, y le corresponde al Gobierno de El Salvador decir por qué no. Tuve una excelente reunión con la canciller, con la sociedad civil y con el sector privado. El presidente ha dejado muy claro, con declaraciones, su ira hacia varios actores en Estados Unidos. Lo más importante entre amigos es hablar claro, que no haya engaños en la relación, que cada uno deje claro qué considera importante. Eso es también lo que hemos hecho desde nuestra administración.
La administración Biden ha expresado preocupaciones sobre la independencia de poderes y otros temas en El Salvador. ¿Vuelve usted de El Salvador más preocupado o menos preocupado?
Lo que veo es que hay un amplio debate en El Salvador sobre lo que va a ser necesario para mantener la independencia de instituciones y fortalecer la cultura democrática, que es una obligación de todos los estados firmantes de la Carta Democrática Interamericana.
En una conferencia de prensa hace dos semanas, hablando de la lucha contra la corrupción y la necesidad de apoyar a las instituciones locales, como las fiscalías, usted textualmente dijo: “una CICIES independiente podría hacer ese papel”.
Así es.
¿Cree que la CICIES es suficientemente independiente?
En El Salvador estuve en la entrega de 2 millones de dólares a la CICIES para apoyar su labor, que pensamos que ha sido y sigue siendo indispensable para El Salvador. Como dije allí, saludamos y aplaudimos la decisión del presidente Bukele de iniciar el proceso con la OEA para establecer el mecanismo. Pero eso fue el primer paso. Creo que siempre fue contemplado que la CICIES iba a ser un organismo independiente, y lo que apoyamos es el cumplimiento de ese compromiso.
Cómo se hace les corresponde a las autoridades de El Salvador. Nosotros no intervenimos en las decisiones soberanas de El Salvador. Lo que sí pensamos, y lo mostramos con este apoyo financiero y político a la CICIES, es que fue una excelente idea, sigue siendo una excelente idea, y esperamos que sea un excelente producto al final. Así como aplaudimos las acciones e investigaciones que ya ha llevado a cabo.
Es decir, que según usted una CICIES independiente es una idea que todavía tiene que concretarse.
Creo que esa es no solamente nuestra impresión, sino la de la OEA. No quiero hablar solo de El Salvador: en Centroamérica, y probablemente en otras partes del mundo, el apoyo de la comunidad internacional puede ser importante, de ayuda para las personas que están cumpliendo su trabajo contra la corrupción, cuando hay presión política o amenazas de actores fuera del Estado. Y en este caso también es así.
Ese apoyo económico a la CICIES, que arrastraba una situación financiera muy frágil, es solo para 2021. Eso coincide con el periodo del actual fiscal general, Raúl Melara, que termina mandato a fin de año. ¿Su apoyo futuro a la CICIES está condicionado al grado de independencia del futuro fiscal general?
La CICIES o cualquier organismo de ese tipo, y los organismos primordiales, en ese caso el Fiscal General, funcionan en conjunto. Porque la CICIES no tiene autoridad para actuar en el campo jurídico y tiene que estar apoyando los esfuerzos de actores locales sí la tienen. Vamos a seguir apoyando a la CICIES porque pensamos que lo que han hecho hasta ahora ha sido útil; ha contribuido a los esfuerzos y compromisos no solo de la OEA sino de las autoridades de El Salvador para combatir la corrupción.
¿Tendrá usted voz en la postura que tome Estados Unidos, y su representación en el FMI, en la negociación que sostienen El Salvador y el Fondo Monetario para un acuerdo de financiamiento?
Sabemos que la situación macroeconómica de El Salvador es crítica en este momento. Para Estados Unidos es importante que se atienda ese problema, porque una crisis económica en El Salvador podría impulsar una nueva ola migratoria. Pero tampoco nos conviene tener inestabilidad en El Salvador por cualquier otra razón. El tercer mercado para los Estados Unidos en las Américas, después de México y Brasil, es CAFTA. Hay muchas razones por las cuales nos interesa esa estabilidad.
Ahora, Estados Unidos, como donante al Fondo y socio importante en el Fondo, siempre requiere condiciones para la implementación de un acuerdo. Y el Congreso estadounidense lo requiere también. En este caso hablamos de atributos de gobernanza de los fondos y un plan de largo plazo de cómo se utilizaría ese apoyo temporal para lograr establecer un ritmo sostenible de crecimiento económico. Nosotros buscaremos cómo colaborar en ese crecimiento económico y en la creación de oportunidades en El Salvador. Pero también se requiere en El Salvador un claro estado de derecho, y que las reglas del juego se conozcan para todos.
No me queda claro si esto es su opinión personal o si me lo dice como alguien que ayudará a definir la postura de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro es el que tiene ese papel. Yo, como representante del Departamento de Estado, no sería parte de la decisión. Pero nos interesa lo que ocurra, y claro que hablo con el Departamento del Tesoro, sobre sus impresiones acerca del acuerdo y el buen uso que se pueda hacer de estos fondos. Así que sí, soy parte de la conversación.
Pasando a Guatemala, uno de los temas de preocupación es la independencia del sistema de Justicia. El 10 de marzo, el presidente Giammattei nombró a Leyla Lemus, que era parte de su gabinete, como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Asumirá este miércoles 14. ¿En su conversación con Giammattei se habló de este tema? ¿Hubo algún compromiso?
Sí y sí. Tuvimos una amplia conversación acerca de todos los elementos de la relación. En todas las conversaciones que sostuvimos en Guatemala hablamos de la necesidad de apoyar la independencia de las instituciones, y especialmente de la preocupación en Estados Unidos por la percepción de que hay un esfuerzo para frenar el trabajo independiente de los jueces. Nos aseguraron que existe un compromiso por parte de Guatemala para resguardar esa independencia. Y tuvimos también reuniones, por ejemplo, con la magistrada Gloria Porras, que está sufriendo amenazas, y con otros jueces y con la FECI, para mostrar que apoyamos a quienes están en ese esfuerzo.
Todo esto en el marco del esfuerzo por crear condiciones habilitantes para el crecimiento económico de todos los países de Centroamérica. El presidente Giammattei ha hablado de crear un muro de prosperidad, y nosotros compartimos esa visión. Lo único que se puede hacer es crear oportunidades en Centroamérica, y como parte de eso establecer claras reglas de independencia de las instituciones para que pueda llegar inversión.
Habla de un muro de la prosperidad, pero en estos momentos parece que Guatemala está siendo premiada por Estados Unidos con un trato más cercano precisamente porque es un muro físico para la migración. Las fuerzas de seguridad de Guatemala están frenando las caravanas literalmente a golpes. ¿Es eso algo que Estados Unidos aplaude?
Todos los países tienen derecho a guardar sus fronteras dentro de las leyes vigentes. Es lo que hace Estados Unidos cuando decimos que la frontera está cerrada al tránsito no autorizado. Guatemala tiene ese derecho también. Lo que nos preocupa es el tránsito masivo irregular, que tiene muchas consecuencias, humanitarias, financieras, pero sobre todo crea la impresión de que la única forma de llegar a Estados Unidos es de forma irregular.
Por eso estamos dedicando tanto tiempo a crear las condiciones para que, por ejemplo, las personas que buscan refugio tengan oportunidades que no requieran llegar hasta la frontera de Estados Unidos, sino que existan sistemas de protección en Centroamérica y México. Hemos tenido buena cooperación al respecto. Fue parte de nuestra conversación en Guatemala. Y sí, apreciamos el apoyo de los países que frenan ese tránsito irregular. Ahora... las caravanas reciben mucha atención, pero el flujo más importante es el cotidiano, el de los miles de personas que llegan gota a gota, todos los días, a través de todo el circuito.
Una última pregunta, sobre Honduras: exfuncionarios estadounidenses, que no representan a la Casa Blanca pero parecen muy cercanos a la administración Biden, como Dan Restrepo, han dicho que en estos momentos Estados Unidos no podría trabajar con ninguno de los precandidatos a la Presidencia. ¿Comparte esa opinión?
Lo que han dejado muy claro el presidente, la vicepresidenta, el Secretario de Estado y Juan González desde el Consejo de Seguridad Nacional, es que el compromiso de líderes en la lucha contra la corrupción va a ser parte importante de nuestra relación con ellos. Porque pensamos que la impresión de apoyo a la impunidad o de tolerancia a la corrupción es uno de los factores que arruina la esperanza en Centroamérica.
Tenemos muchas razones. La migración es una, pero el éxito de Centroamérica ayuda a Estados Unidos y el fracaso de Centroamérica daña a Estados Unidos de muchas formas, no solamente por el flujo irregular. Vamos a trabajar con los que quieran trabajar con nosotros, y eso implica su compromiso en la lucha a favor de instituciones y de cultura democrática.
