Cuando tres migrantes salvadoreños dejaron sus casas a mediados del pasado enero para salir al encuentro de la caravana hondureña que cruzaría Guatemala, no imaginaron que terminarían encarcelados en su propio país. Desde que semanas atrás planeaban su viaje hacia el Norte, la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y Delitos Conexos de la Policía y la Fiscalía General de la República los vigilaban y los había perfilado como coautores de promover el tráfico de personas a través de caravanas de migrantes. La portada manila de su grueso expediente judicial señala que, bajo la teoría fiscal, su víctima es “la humanidad”.
El operativo culminó en acusaciones contra esos tres salvadoreños por promocionar el tráfico humano vía WhatsApp: Fátima Pérez, dueña de una pequeña pupusería casera en Sonsonate; Juan Rufino Ramírez, vigilante en San Salvador; y José Eusebio Asegurado, agricultor en Usulután. La principal prueba en su expediente, tramitado en el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador, es el testimonio de ‘Anonymus’, un policía encubierto infiltrado en ambos grupos.
Para construir su caso, los fiscales recurrieron al Artículo 367 del Código Penal, modalidad promoción, que define al traficante de personas como “la persona que por sí o por medio de otra, intentare introducir o introduzca extranjeros al territorio nacional, los albergue, transporte, guíe o realice actos de promoción con el propósito de evadir controles migratorios del país y otros países”. La pena por este delito ronda entre los seis y diez años de cárcel. Esa modalidad surgió de una reforma legislativa de finales de 2017, cuando las caravanas migrantes empezaban a ser el dolor de cabeza de la administración estadounidense de Donald Trump.
El Faro consultó a cuatro fuentes judiciales sobre la interpretación del tráfico de personas modalidad promoción y coinciden en que la Fiscalía no necesita probar si alguna de esas tres personas se lucró de los intentos de viajes colectivos o pertenecen a alguna organización. Basta que tenga pruebas de que los acusados, por ejemplo, escribieron un post en redes sociales promocionando la caravana migrante. “Si la Fiscalía tiene elementos que recibieron dinero va a reforzar la acusación, pero no es necesario. Basta que alguien lo diga o escriba e incite a la gente que lo haga y haya prueba de ello”, dijo una de las fuentes. Así, esta agresiva modalidad de persecución del delito ha terminado con una pupusera, un vigilante privado y un campesino en prisión a la espera de un juicio. Bajo esta lógica, un migrante que solo busque migrar en grupo puede ser tratado como un delincuente.
Antes de la elección de Joe Biden en noviembre de 2020, apareció una página en Facebook llamada“Caravana de Inmigrantes 2020”, según capturas de pantalla en el expediente judicial. Ese grupo, a la fecha, tiene 6,000 miembros. En noviembre, según la acusación fiscal, Pérez, Ramírez y Asegurado se sumaron a la página, donde principalmente se hablaba de planear un viaje colectivo al encuentro de los hondureños en Guatemala, el 15 de enero de 2021. De momento, el expediente no contiene ninguna prueba de que esas tres personas crearon la página.
En la causa judicial no se menciona que desde al menos la primera semana de octubre, otros integrantes de dicha página publicaban enlaces a distintos grupos de WhatsApp sobre una ‘caravana de El Salvador’ que saldría el 15 de enero, el 30 de octubre, en noviembre o el 10 de diciembre. Aun así, la Fiscalía insiste, sin más pruebas que la declaración de Anonymous y capturas de conversaciones poco concluyentes, que los tres imputados fueron los principales promotores de una caravana, como si hubieran logrado canalizar a una sola fecha los diversos planes que circulaban en grupos de migrantes de redes sociales.
El Faro buscó a la Fiscalía para pedir comentarios sobre los hallazgos de esta investigación, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.
Fátima Pérez iba a salir de El Salvador por primera vez el 15 de enero. Nunca lo había hecho, asegura su familia, y nunca lo logró. Su versión es respaldada por una ficha migratoria anexada a la causa judicial que no muestra entradas ni salidas del país. Su tía, a quien llamaremos Karla, habló con El Faro y aseguró que su sobrina le contó del viaje unos pocos días antes de salir. Según Karla, una amiga animó a su sobrina para que se fueran juntas. “El entusiasmo fue tan grande. No sé qué le pusieron en la cabeza para motivarle tan rápido, porque fue así, que ‘yo me voy, yo me voy’”, dijo Karla.
Pérez, originaria de Nahuizalco, tiene 24 años y es madre soltera. Antes de la pandemia, trabajaba de auxiliar de chef en el restaurante de “un coronel” cerca del Estadio Cuscatlán, pero con el cierre de establecimientos por la covid-19 perdió su trabajo y se mudó de Nahuizalco a la casa de sus abuelos en la periferia del pueblo pequeño de Santa Catarina Masahuat, a 13 kilómetros del centro de Sonsonate. Ahí emprendió un negocio de pupusas y sopas en la casa de lámina y ladrillo, sin puertas y con pisos de tierra. Adentro tiene espacio para varias refrigeradoras y preparación de comida en una sala grande con sillas plásticas, donde es posible refugiarse del calor aplastante y seco del mediodía.
Cuatro familiares de Pérez que hablaron con El Faro coincidieron en que se fue para buscar un mejor futuro para su hijo de cuatro años. Su hermana recuerda la despedida. Pérez llegó por la mañana a la casa humilde, donde no hay energía porque cuesta mucho dinero pagar la instalación. “Ojalá que, al pasar (a Estados Unidos), te pueda pagar la luz”, recuerda que le dijo Pérez antes de salir rumbo al encuentro de la caravana. Su hermana rechaza la versión de la Fiscalía de que su hermana traficaba personas. “¿Cómo le iban a llamar coyote si un coyote maneja dinero?”, pregunta. “Es difícil, porque uno es pobre y anda buscando cómo pagar al abogado.”
Su tía no sólo niega que Pérez haya sido traficante de personas; descarta la idea de que su sobrina siquiera haya tenido el efectivo para comprar y revender boletos de bus a los demás en su grupo, actuando como organizadora de la romería. “Realmente no, porque incluso cuando llegó a mi casa y comentó que iba a viajar, ella comentó a mi esposo y a mí que ella iba a comprar el boleto. Por lo tanto, ¿cómo ella iba a venderle a los demás si ella no tenía?”, argumentó.
El Faro contactó a los familiares de Ramírez, el vigilante, pero no quisieron hacer comentarios. Sin embargo, en el expediente judicial aparece que Ramírez tiene 32 años y vivía en la colonia Nueva Apopa, en San Salvador. Tenía poco tiempo de trabajar como vigilante privado y no tenía antecedentes penales. Intentó migrar una vez antes, según el abogado al que contrataron en enero, Moisés Guzmán. Cuando decidió salir del país, llevaba meses esperando cita en el hospital, para una pierna fracturada que nunca se sanó del todo. “Mi hermano lo único que hizo fue crear un grupo de WhatsApp”, recuerda Guzmán que le dijeron cuando lo contrataron.
Por otro lado, se sabe relativamente poco de la vida del tercer imputado, José Eusebio Asegurado, más allá de lo que dice su expediente: es agricultor soltero de Usulután, de 31 años. Su archivo en la Dirección General de Migración y Extranjería dice que nunca ha salido del país. Este periódico rastreó a su abogado público para conocer su versión del caso, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.
De WhatsApp a El Penalito
El 24 de diciembre de 2020, la Fiscalía se enteró por la página de Facebook ‘Caravana de Inmigrantes 2020' de que un grupo de salvadoreños pretendía unirse a la caravana de Honduras rumbo a Estados Unidos. La Fiscalía ordenó a la Policía rastrear a los supuestos organizadores. Fue así como un jefe policial de la Unidad Especializada contra la Tráfico de Personas entregó un celular nuevo a un agente, para que ingresara a redes sociales y se hiciera pasar por alguien que quería unirse a la caravana de enero.
En la causa judicial aparece anexado el testimonio del policía encubierto, “Anonymus” (sic). El martes 12 de enero, el agente creó un usuario en WhatsApp, con el nombre José y tres íconos de la bandera de El Salvador, y se unió a dos grupos de Whatsapp que encontró en la página de Facebook que la Fiscalía había proporcionado. “Fui designado para hacer mi tarea de agente encubierto. No sólo para infiltrarme a WhatsApp y Facebook, sino que hiciera infiltración de los lugares de reunión”, se lee en el expediente.
La Fiscalía argumenta que las conversaciones de los imputados por WhatsApp y Facebook demuestran “una intervención directa en actos de tráfico ilegal de personas en fase inicial y preparatoria” en la que los imputados indicaron a los demás “paso por paso qué trámite tiene que realizar en determinada fecha para lograr su objetivo.” Las capturas de pantalla de los mismos chats en los que se metió el agente encubierto, así como se ven en el expediente, no demuestran este punto.
El expediente solo incluye captura de pantalla de una publicación en Facebook que compartía enlace a un grupo de WhatsApp. La publicación fue hecha por una mujer que no figura en el caso penal. Cuando este periódico examinó la página de Facebook, halló que el comportamiento en línea de Pérez, la pupusera, contrasta mucho con la imagen vendida por los fiscales de una traficante de personas.
El 8 diciembre, Pérez escribió en la página de Facebook: “Voy para el 15 de enero. Agregenme al grupo de WhatsApp” (sic). De vez en cuando, ella contestaba preguntas de otros migrantes sobre la fecha de salida de su grupo. Una vez, invitó a dos personas a un grupo de WhatsApp: “Es para el 15 de enero”, respondió en diciembre, seguido por: “pase los numeros para pasarle el link.” en otras ocasiones solo dejaba una palabra alentadora: “Dios los bendiga y gui en sus caminos” (sic). Nada anómalo en un grupo donde cientos de personas discutían sus necesidades y planes de migrar.
Las capturas de WhatsApp muestran que el número del vigilante Ramírez fundó un chat de WhatsApp llamado “caravana 503 el salvador”, que llegó a tener 55 potenciales migrantes. Anonymus identificó que Pérez y Ramírez administraban el grupo en WhatsApp, “caravana 503 el salvador”. A partir de ello, las autoridades comenzaron a perfilarlos como coyotes. Incluso a buscarlos en sus casas.
Días antes de la captura de Pérez, por ejemplo, unos policías fueron preguntando por el pueblo de Santa Catarina Masahuat hasta encontrarla en la vivienda de su hermana, según el expediente. El día del arresto volvieron, pensando que ahí residía, e incautaron uniformes de Policía y tres permisos vencidos para portar arma. El cuñado de Pérez, que sí vive en esa casa, es vigilante y expolicía, según la familia, pero el expediente no menciona el detalle.
El primer caso que las autoridades trabajaron es de Pérez y Ramírez. En el expediente están anexadas capturas de conversaciones donde quedó constancia de que el punto de encuentro sería la Terminal de Occidente, en San Salvador. De ahí, el grupo saldría caminando a la colonia San Benito para comprar boletos de $60, que incluían viaje en bus y pruebas de Covid-19, de la empresa Transportes del Sol. Luego de la compra de boletos, regresarían a la Plaza Salvador del Mundo, donde dormirían, para tomar por la mañana el bus que los llevaría hacia Guatemala.
Lo siguiente es una reconstrucción textual de partes relevantes de la conversación en WhatsApp, basada en capturas de pantalla tomadas por el agente encubierto e incluidas en el expediente judicial, empezando por la noche del 12 de enero de 2021, y donde Ramírez conversa con otros tres migrantes del grupo.
—Ramírez: Voy eliminando gente que ya confirmo que no viajara solo fueron boka grande nomas mejor les doy para abajo
—Migrante 1: En qué lado de la terminal estaras...en el lado donde se toma la 8A o donde entran los buses...para dentro
—Migrante 2: Donde entran los buses
—Migrante 1: Vaya
—Migrante 2: Hay k esperar la 34k va para la San Benito
—Migrante 1: … Y esa cuanto cuesta?
—Migrante 2: Esa vale cora y nos bajamos cabalito donde caminaremos
[...]
—Migrante 3: Aya nos vemos amigos
—Migrante 1: Vaya manden fotos de rostro y como iran vestidos para ubicarlos
—Migrante 3: Aya nos vemos amigos feliz noche no se vayan a dormir espero ni yo jajaja
—Migrante 1: Yo me ire temprano
El día del viaje para comprar los boletos de bus en San Benito, Pérez había quedado de llegar desde Sonsonate con un grupo de migrantes, mientras que su amiga del pueblo, ‘Migrante 1’, y Ramírez planearon estar más temprano para que nadie se perdiera al llegar. Llegó menos gente de lo esperado, por lo que hubo una discusión acalorada. La conversación de ese momento deja claro el liderazgo de Ramírez en el grupo, pero en ningún momento reafirma que él estuviera obteniendo algún beneficio por ello. El siguiente fragmento de la conversación empieza poco después de las 6 de la mañana y también está presentado de forma literal.
—Pérez: Ya vamos en bus
—Ramírez: Los de Sonsonate me confirman cuando ya vengan en bus cuantos vienen
—Pérez: Vamos 6. Y ahorita va a salir el bus
—Ramírez: Neta solo 6 vienen
—Pérez: Asi vamos @Kiky y yo
—Ramírez: Y los demas se awebaron ya lo sabia ni modo con los que vengan le entraremos contodo sin tanta kazaka
—Pérez: Si los demas no respondieron
—Ramírez: alo mejor ustedes vienen contodo y los demas valieron verga hoy hare una limpia del grupo
—Pérez: Chivo aya nos vemos
—Ramírez: Yea asi es para emigrar uno tiene que cer plan y ladera y no pecho frio
—Migrante 1: En el bus voy ya. Eso es muy cierto por algo decidimos ir todos a la terminal...porque no todos conocemos...por eso se hablo y decidimos esperar a Juan y a todos
A las 8:25, Ramírez volvió a escribir al grupo.
—Nadie se vaya a mover de la terminal. No agarren pajas. Ademas a las 9am es la hora fijada
—Pérez: Aquí estamos en la entrada de la terminal
Alrededor de las 9:30 de la mañana, Pérez salió del grupo. Para las 10, Ramírez había expulsado a todos los miembros del chat. Menos de una hora después, la Policía arrestó a ambos mientras se les hacía la prueba PCR, que compraron junto con sus boletos. Documentos de la aduana guatemalteca incluidas en el expediente confirman que el resto de personas sí llegó a Guatemala.
En paralelo, la Policía estaba vigilando otro chat de WhatsApp, también obtenido de la página de Facebook, y que era administrado por un número mexicano desconocido. En ese grupo estaba Asegurado, el campesino. El agente encubierto asegura que el 12 de enero entró, y ahí fue que se enteró de una reunión el 14 entre los que pensaban salir el día siguiente. Cuando llegó al punto de encuentro, solo acudieron seis personas. Le indicaron que una persona de apodo “Chevo”, que la Fiscalía perfiló como José Eusebio Asegurado, era el organizador del viaje.
Según Anonymus, Chevo le dijo que no tenía prueba Covid-19 para cruzar a Guatemala, pero que se había puesto de acuerdo con “algunos amigos de Usulután” para “tirarse por puntos ciegos” si no se lograba generar una aglomeración de migrantes suficientemente grande como para intentar cruzar la aduana en caravana.
Cuatro horas después de los arrestos de Pérez y Ramírez, las autoridades se centraron en Asegurado. Según relata la Fiscalía, Asegurado escribió en el chat que la plaza Salvador del Mundo sería el punto de reunión para irse en caravana a Estados Unidos. Sin embargo, las capturas de pantalla anexadas al expediente no lo comprueban. Lo siguiente es una reconstrucción textual de parte del chat que anexó la Fiscalía, empezando por la tarde del 14 de enero. Asegurado escribió tan solo una palabra: “Ok”.
—Migrante A: Yo tipo 6 pienso andar por ahí aunke los camaradas ke vienen de departamentos mas lejos creo ke estaran mas temprano
—Migrante B: Llo estaría ay como a eso de las 5 delatarde
—Asegurado: Ok
—Migrante C: Quiero unirme a la caravana. Cual es el punto de encuentro
—Migrante D: Yo estoy. El la frontera. De las achaques esto está perro aki
—Migrante B: Está fregado el paso
—Migrante E: Dónde está usted
—Migrante B: Ay biq alguien. Dijo eso por eso le pregunté llo
—Migrante E: En qué frontera está perdon
—Migrante D: En la Hachadura
—Migrante E: Y qué está pasando
—Migrante D: Está serrado. Todo
—Migrante E: No los dejan pasar? Hay fuerza armada?
—Migrante D: Si
—Migrante E: Gracias por la información
—Migrante B: Esd buscar alternativas compa por otro lado. Noamprobado por la borrade Santiago por elmamglar ay locrusan auno en lancha palotro lado y sale bien arriba uno compita. Es otra forma de cruzar
—Migrante F: Solo eso piden bean la imagen y lean
—Migrante B: Ay vamos
—Migrante G: Nos fuimos
—Migrante B: Asies
—Migrante H: Compañeros el que quiera hacerse la prueba de Covid-19 las cabinas móviles estarán en Apopa
El día de la salida, a las 2:00 de la tarde, Anonymus llegó al punto de encuentro, la Plaza Salvador del Mundo, y se presentó como migrante que quería “ir mojado” a Estados Unidos, según su declaración. Minutos después, un oficial de la Patrulla Fronteriza salvadoreña apareció para exigir documentos migratorios. Una vez ahí, el oficial vio que no había mucha gente, pero detuvo a Asegurado y le pidió sus papeles. Tras una llamada al Sistema Integrado de Gestión Migratoria, “su jefe le informó que esta persona está perfilada como organizador de las caravanas”, declaró el mismo oficial en tercera persona. Minutos después, la Policía lo arrestó.
Entre los primeros dos arrestos y el tercero, hubo un margen de cuatro horas, la Fiscalía ya había empezado a lanzar acusaciones por Twitter. “[Se] ordenó la captura de dos personas acusadas de Tráfico Ilegal de Personas de forma masiva”, escribió desde su cuenta oficial. “Según las investigaciones, son responsables de promocionar y organizar caravanas de migrantes, con destino final los Estados Unidos de América.”
La Embajada no tardó en sumarse al esfuerzo mediático: “Aplaudo a las autoridades salvadoreñas que están tomando acción contra quienes quieren engañar a los ciudadanos con caravanas y promesas falsas. Solo promueven #UnViajeEnVano”, escribió el entonces embajador Ronald Johnson, cinco días antes de su anticipada renuncia el día de la inauguración de Biden.
La Policía trasladó a los tres acusados a las bartolinas de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Policía, ubicadas en la calle Concepción, en Ilopango, conocidas como 'El Penalito', donde a la fecha permanecen. El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador fue el primero en negar libertad condicional. La primera razón es porque una restricción migratoria no sería efectiva, ya que “el delito se considera como causante de alarma social e internacional”, se lee en la resolución. “Especialmente en este caso, donde ponen en peligro no a uno sino a cientos de personas que, incitadas por los imputados, emprenderán un viaje peligroso e ilegal hacia Estados Unidos.”
Una nueva ley contra ‘coyotes’ whatsapperos
Los casos de estos tres migrantes arrojan luz sobre la nueva estrategia de la Fiscalía, acuerpada por la Embajada de Estados Unidos, para criminalizar la organización de la migración colectiva bajo el argumento de combatir el tráfico humano. Hace cuatro semanas, la Asamblea Legislativa aprobó la nueva ley contra el tráfico de personas, impulsada por la Fiscalía, que busca criminalizar a las personas que ‘promuevan’ la migración desde redes sociales en un artículo a parte y no mencionado solo como una modalidad más de tráfico. Bukele dijo que la vetaría; sin embargo, tres fuentes cercanas al caso confirmaron a este periódico que hasta este momento, no ha sido eliminada. Si esto no ocurre, en menos de 60 días la Fiscalía ya podrá procesar a personas por este delito.
“Es importante que podamos tener una herramienta legal y moderna que nos permita investigar y procesar de manera efectiva” a traficantes de personas, argumentó el Fiscal General, Raúl Melara, cuatro días después de los arrestos, ante la Asamblea. “Pero además debemos crear un sistema que proteja al migrante, lo cual hoy por hoy no lo tenemos y es con lo que esperamos contar con la aprobación de este anteproyecto de ley'. Por lo pronto, solo puede hacer uso del artículo 367-A del Código Penal.
Actualmente, el Juzgado Octavo de Instrucción conoce la acusación en contra de la pupusera, el vigilante y el agricultor. El abogado defensor de Ramírez solicitó al juez que concediera medidas alternas a la detención para su cliente. La defensa presentó una serie de documentos que van desde recibos de luz y propiedades de casa que, en términos judiciales, son arraigos que pueden servir como prueba de que el acusado no huirá de la justicia.
Para el juez, esa documentación no es suficiente porque “no generaron la confianza que al encontrarse en libertad [el imputado] respondiera a las acciones de la justicia”. El juzgador agregó que ninguna de las pruebas logró establecer que Ramírez tiene “un proyecto de vida que permita demostrar intereses productivos para la sociedad” y enfatizó que al estar bajo libertad condicional “hay riesgo en la humanidad de que, desde su casa, pueda ingresar a redes sociales y pueda seguir promocionando caravanas”.
Hace ocho días, la Fiscalía solicitó al juez de instrucción que aprobara a un perito de la Unidad de Informática de la FGR para que realice una serie de diligencias con el propósito de fortalecer su acusación. La primera petición que aparece en el escrito se trata que el juez de su aval para que el experto realice extracción de información en los celulares de los acusados y el de Anonymous, así como en la computadora que fue incautada en casa de la hermana de Fátima Pérez. Este procedimiento es para que el analista establezca la existencia de los grupos que quedaron guardados en los aparatos electrónicos de su principal testigo y en el de los imputados.
La Fiscalía pretende que el perito analice el contenido de los celulares de los imputados, confiscados por la Policía el día de los arrestos, para concluir, con la ayuda de datos como la dirección IP, nombres de cuenta y dispositivos, si hubo comunicación digital entre los acusados y con qué otros números telefónicos se comunicaron entre 1 y 15 de enero de 2021. También buscará averiguar en qué lugar fue creada la página de Facebook y quién lo hizo. Luego de este procedimiento el experto deberá colocar en un informe las capturas de publicaciones creadas a partir de noviembre de 2020 que hablen sobre la convocatoria para la caravana con destino a Estados Unidos en enero 2021.
Todo apunta a que esta autorización judicial puede servir para que identifiquen a otros supuestos organizadores de grupos de migrantes, ya que la Fiscalía ha pedido que su perito solicite a Facebook toda la información de los usuarios que están en dicho grupo y que incluya correos electrónicos, celulares e información de geolocalización. El juez, hasta el cierre de la nota, no ha resuelto la petición de la institución fiscal.
El 26 de mayo finaliza el plazo de instrucción. Luego de ello, el juez fijará fecha de audiencia preliminar. El abogado Marvin Cerén, defensor de Fátima Pérez, busca negociar con la Fiscalía un procedimiento abreviado. Es decir, que su cliente confiese que ella promovió en redes sociales la caravana a cambio de una negociación y reducción de la pena. “Lo malo de que, si se acepta el abreviado, ella tendrá un antecedente”, dijo el abogado a El Faro. “Es eso o arriesgarnos a que sea condenada, porque así como veo las cosas es probable que ocurra”, concluyó.
