El presidente Nayib Bukele aseguró en Twitter que vetará la ley de tráfico ilegal de personas aprobada por la Asamblea Legislativa el jueves 25 de marzo, que ampliaría hasta a 12 años de cárcel a aquellos que sean condenados por tráfico ilícito de personas y estipularía un nuevo delito por “promover” la migración irregular a través de redes sociales. “El que directamente o por cualquier medio que involucre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, promueve el tráfico ilegal de personas nacionales o extranjeras, con el propósito de evadir o violentar de manera individual o colectiva controles migratorios del país u otros países”, se lee en la artículo 10 de la nueva ley que ha causado discrepancias entre Ejecutivo y Legislativo en el marco de todo un debate en Washington sobre el aumento de la migración irregular centroamericana en la frontera estadounidense.
Hace dos meses, la Fiscalía salvadoreña ordenó la captura de tres personas acusadas de organizar una caravana migrante a través de Whatsapp, ya que pretendían salir de El Salvador para incorporarse el 16 de enero a la caravana de unos 9,000 hondureños que buscaban pasar a México, en ruta a Estados Unidos. Los acusados continúan detenidos esperando una audiencia preliminar por el delito de tráfico de personas en los tribunales de San Salvador.
La ley recién aprobada por la Asamblea permitiría perseguir no solo a los coyotes, que cobran por sus servicios, sino a toda persona que promueva desde cualquier red social o servicio de mensajería digital la migración indocumentada.
Al parecer, Bukele se refería a ese punto cuando señaló que la propuesta no pasaría de su escritorio. “Soy la última persona que quiere que nuestra gente se vaya. Pero no podemos seguir criminalizando la migración. Alguien que secuestra y trafica a su víctima es muy diferente de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar una frontera. Esta ley será vetada”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter este viernes 26 de marzo.
La respuesta de Bukele ante la aprobación de este proyecto de ley, que tiene el respaldo público de la Fiscalía y de la Embajada de Estados Unidos, es otro evento del tono cada vez más frío del diálogo público entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos desde que Trump dejó la Casa Blanca en enero. Por el momento, y a juzgar por declaraciones públicas de funcionarios de ambos países, la Fiscalía ha marcado una relación más cercana con la Embajada de Estados Unidos y agencias federales que el propio Gobierno de Bukele. Desde hace varios meses, el fiscal general, Raúl Melara, ha recibido muestras públicas de congresistas y funcionarios estadounidenses. Desde la llegada de Biden, e incluso en las últimas semanas de Trump, el Gobierno ha vivido lo contrario, con diferentes cartas abiertas cuestionando a esta administración por su falta de transparencia, ataques a la prensa o negociaciones con la MS-13.
“Este día concretamos un objetivo histórico en el país,” escribió Melara en Twitter el jueves 25 mayo por la noche. “Esta Ley nos dará herramientas para castigar severamente a quienes arriesgan la vida de miles de víctimas ofreciéndoles un viaje ilegal e inútil.”
Después de más de tres meses de estudio, el pleno de la Asamblea aprobó la propuesta presentada por Melara. Desde que el fiscal propuso la reforma, el 7 de diciembre, ha argumentado que la ley vigente contra la trata de personas “es insuficiente para afrontar las estructuras del crimen organizado”, ya que el único delito que la engloba está contemplado en el artículo 367-A del Código Penal. Su iniciativa ha recibido el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El actual delito de tráfico de personas establece que “la persona que por sí o por medio de otra u otras, en contravención a la ley, intentare introducir o introduzca extranjeros al territorio nacional, los albergue, transporte o guíe, con el propósito de evadir los controles migratorios del país u otros países será sancionado con prisión de cuatro a ocho años”.
De acuerdo al anteproyecto de ley, al que El Faro tuvo acceso, los cambios comienzan con el incremento de la pena de cárcel que es de 12 años de prisión y la cantidad puede aumentar hasta cuatro años más cuando “el objeto de tráfico ilegal sea niña, niño o adolescente, adulto mayor, persona con discapacidad física o que adolezca de alguna enfermedad mental.” En la actual propuesta de ley, quien promueva la migración en redes sociales, por ejemplo, podría ser condenado a entre cuatro y ocho años de prisión. Si Bukele no veta la ley, esta entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Diario Oficial.
Tras la aprobación del proyecto por la Asamblea, la Embajada celebró el logro de Melara en redes sociales. “Hay júbilo cuando un país reconoce que sus ciudadanos no pueden ser usados como mercancía de tráfico. El paso que ha dado El Salvador protege a las personas vulnerables al tráfico ilegal de personas y castiga duramente a los traficantes que les ofrecen #UnViajeEnVano,” escribió la mañana de este viernes 26 el encargado de negocios de la Embajada, Brendan O’Brien, el más alto funcionario estadounidense en el país mientras no se nombre embajador. O'Brien publicó eso y anexó bajo su mensaje el tuit del fiscal Melara.
El Faro consultó a la Embajada sobre este tema y remitieron a una conferencia de prensa sobre Centroamérica que ocurrió este mismo viernes y que protagonizaron Juan González, asistente especial del Presidente estadounidense y director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental; y Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte. Sin embargo, en el evento no hablaron sobre la ley recién aprobada por la Asamblea salvadoreña, aunque se refirieron al tema migratorio: “Entendí también el interés del Presidente de El Salvador en que tratemos a los países (del triángulo norte) de una manera diferenciada. Les puedo asegurar que será así. Ya ha sido así y será así en el futuro”, dijo Zúñiga. Por diferencia, la mayor cantidad de migrantes centroamericanos detenidos en la frontera estadounidense actualmente son hondureños
El Faro buscó una reacción de la Fiscalía, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
El diputado Mauricio Vargas, actual diputado de Arena, dijo a este periódico que, desde antes de las elecciones legislativas y municipales de febrero, los diputados comenzaron a estudiar la propuesta de ley presentada por la Fiscalía. Vargas cree que el interés de la Embajada de los Estados Unidos viene desde cuando Trump estaba en el poder. “Esto fue mucho antes de la toma de Biden. Presumo que Estados Unidos le dan apoyo a la Fiscalía y presumo que tiene un grado de interés. La inmigración irregular (hacia El Salvador) es insignificante. Por tanto, es de responsabilidad de nosotros hacer una ley especial que regule el delito del tráfico de personas', dijo el diputado.
Javier Valdez, miembro de la comisión de seguridad por parte del FMLN, apuntó solo hacia la Fiscalía como promotora de esta ley: dijo que su compromiso es 'contra el tráfico ilegal de personas y dotar de herramientas a la Fiscalía para realizar su trabajo”, y aseguró que el Ejecutivo “decidirá qué es lo mejor para su administración'.
De Trump a Biden, una relación bilateral más turbulenta
las administraciones de Bukele y Trump mantuvieron una relación cercana, en la que el Departamento de Estado norteamericano exigía cooperación, sobre todo en el tema migratorio, como con la firma del acuerdo de ‘tercer país seguro’ en El Salvador o recibir vuelos de deportación con gente posiblemente contagiada de Covid-19 en plena pandemia. A cambio, el Gobierno de Trump respaldó los temas prioritarios en la agenda de Bukele, como su plan de seguridad. Ocurrieron también gestos de cercanía que fueron desde fotografías en redes sociales donde el exembajador estadounidense, Ronald Johnson, y Bukele, junto a sus familias, compartían paseos, o declaraciones de alineación con el Gobierno de Trump pronunciadas por el presidente salvadoreño.
Hechos como las negociaciones clandestinas del Gobierno salvadoreño con la ranfla de la MS-13 o la toma militar de la Asamblea pusieron a prueba la capacidad del entonces embajador Johnson, de brindar apoyo a Bukele en momentos críticos para su gestión. Johnson siempre defendió a la administración salvadoreña actual y elogió a Bukele una y otra vez como ‘socio confiable’ de Estados Unidos, principalmente por su colaboración en temas migratorios.
Si bien frenar la migración es prioritario en la agenda de Biden, su Gobierno ha hecho énfasis en que afirmaría las relaciones bilaterales con los gobiernos centroamericanos sobre la base de criterios más amplios, incluyendo la lucha anticorrupción, respeto a principios democráticos, como la separación de poderes y libertad de prensa.
Por su trayectoria como vicepresidente y en el comité de relaciones exteriores del Senado, Biden conoce la región, y fue uno de los arquitectos de la Alianza para la Prosperidad en Centroamérica bajo el mandato de Obama. Ahora encargó a la vicepresidenta, Kamala Harris, encabezar los esfuerzos de su Gobierno por frenar la migración desde Centroamérica a Estados Unidos, atacando también las causas que la provocan.
Tanto el Departamento del Estado como la Casa Blanca optaron por no recibir a Bukele cuando este viajó a Washington para moderar las crecientes sospechas entre Demócratas sobre su acciones hacia la institucionalidad, libertad de expresión, y transparencia en el gasto gubernamental.
Este último pronunciamiento del presidente salvadoreño, sobre su intención de vetar la propuesta de ley de Melara, constituye la primera vez que traza una raya entre su política y la de la Embajada de Estados Unidos, al menos de forma pública, y ocurre justo cuando la relación entre gobiernos es más frágil.
Con reportes de Roxana Lazo*
