Terry Karl, una de las principales expertas internacionales en las violaciones de Derechos Humanos durante la guerra en El Salvador, identificó y describió los roles de los oficiales responsables del operativo militar que masacró a unas mil personas desarmadas en diciembre de 1981. En su testimonio, realizado en tres días de audiencia, la experta estadounidense nombró y señaló al menos a 13 oficiales del Ejército. Abarcó desde la cúpula del Ministerio de Defensa —a quien Karl describió como “el poder real” en El Salvador de inicio de los 80— hasta los líderes de las compañías del Batallón Atlacatl y otras unidades militares que mataron campesinos, mujeres y niños en su mayoría, en cuatro caseríos, dos cantones y una cueva en Morazán. La que en la historia salvadoreña ya es conocida como La masacre de El Mozote.
Durante su paso por esta audiencia, Karl identificó como responsables a José Guillermo García, exministro de Defensa; Francisco Adolfo Castillo, exviceministro de Defensa; Rafael Flores Lima; exjefe del Estado Mayor Conjunto; Juan Rafael Bustillo, quien fue comandante de la Fuerza Aérea; el entonces comandante de la Tercera Brigada, Jaime Flores Grijalva; que era comandante del Batallón Atlacatl, Domingo Monterrosa Barrios; el entonces oficial ejecutivo del Atlacatl, Natividad Cáceres Cabrera y los seis comandantes de compañías del Atlacatl en aquel momento. En orden: de la primera, Juan Ernesto Méndez Rodríguez; Mauricio Isaac Duque (o Duke) Lozano, segunda; Roberto Alfonzo Mendoza Portillo, tercera; Juan Horacio Martínez Martínez (probablemente líder de la sección y José Antonio Rodríguez Molina), cuarta; José Alfredo Jiménez Moreno (posiblemente), quinta; y Walter Oswaldo Salazar Martínez, sexta.
Pero Karl no se detuvo ahí. Aunque esclarecer el organigrama es valioso, porque el Ejército ha obstruido la investigación, para una condena en el sistema penal salvadoreño no basta con identificar los cargos nominales. Se necesita entrar en los particulares, en la responsabilidad individual. Y hacia allá llevó Karla el peritaje.
Sobre Salazar Martínez, el peritaje dice que “los asesinos reales procedían en su mayoría de la sexta compañía”, es decir, de los hombres bajo su mando.
“El oficial en el terreno era el comandante Cáceres Cabrera quien, a pesar de su título en un puesto aparentemente administrativo, participó plenamente y estaba a cargo de las operaciones”, dice el peritaje y Karl señaló a Cáceres como quien “de hecho, inició los asesinatos”. En marzo de 2021, se publicó en los periódicos una esquela del fallecimiento de Cáceres, aunque esto no se ha ventilado en audiencias.
La barbarie descrita ocurrió en La Tejera (Arambala), Morazán, el 9 de diciembre de 1981. El peritaje señala que Salazar estuvo en contacto con Cáceres Cabrera, durante los primeros asesinatos de la masacre. Cáceres llevó una lista de 25 nombres. Tanto él como Salazar dijeron que el grupo de hombres detenidos eran guerrilleros. Ahí, el coronel Monterrosa leyó la lista y dijo que debían matarlos para “sanear” el lugar. Lo hicieron.
El papel de Mauricio Duque Lozano es contradictorio: según los documentos del juicio, Duque estuvo en dos lugares al mismo tiempo en diciembre de 1981. Karl dijo que Duque organizó a los hombres de la segunda compañía. Un soldado del Atlacatl, declaró esto en noviembre de 2019. “Mi capitán Mauricio Isaac Duke Lozano nos reunió. Él era un hombre peche (delgado), alto, blanco y colocho”, dijo el testigo clave Juan. “Nos dijeron que nos montáramos a los camiones. Yo me monté la mochila al lomo y me monté a uno de los ocho camiones”, que viajaron desde Opico en La Libertad hacia San Francisco Gotera”, añadió.
Sin embargo, la defensa de Duque Lozano presentó en agosto de 2019 a un testigo para hablar en favor de su cliente. El testigo, el coronel Rolando Brizuela, dijo que para diciembre de 1981, Duque estaba incapacitado porque había sufrido una lesión en la pierna, cinco meses antes.
Solo una de esas versiones puede ser cierta. O Duque organizó a los hombres de la segunda compañía o estaba incapacitado. Si Brizuela o el testigo Juan mintieron, podrían ser responsables del delito de falso testimonio. En abril de 2021, el presidente Nayib Bukele nombró a Brizuela como Superintendente del Sistema Financiero.
Más claro es el papel de oficiales de mayor rango. “En medio de la matanza, al menos un helicóptero aterrizó en la plaza inmediatamente frente a la iglesia, con el coronel Jaime Ernesto Flores Grijalva (“conocido como Gordo Flores”), comandante de la Tercera Brigada, el teniente coronel Monterrosa y quizá otros”, según el peritaje. En ese helicóptero viajaba un asesor militar de los Estados Unidos, tal cómo se reveló durante el primer día de audiencias. Ahí los recibió Cáceres. Se retiraron a una casa y luego a una colina a conversar, donde no está claro si recibieron órdenes. Luego el helicóptero se marchó.
“El Mozote no fue un accidente”
Durante tres días de audiencia, que finalizaron el miércoles 8 de abril con una larguísima sesión de preguntas de acusadores y defensores, Karl dio una cátedra de historia salvadoreña e insistió en la idea de que una operación como la llevada a cabo en El Mozote no sucedió por casualidad, o como un momento de locura de algunos soldados y oficiales.
“Hay un patrón de masacres durante el periodo de García (como ministro de Defensa)”, explicó Karl. La perita señaló que García y el bando de los “duros” o extremistas del Ejército obtuvieron una victoria clave, cuando García liberó a algunos de ellos que habían sido detenidos por cargos de conspiración en mayo de 1980, en la finca San Luis. En ese evento estuvo el mayor Roberto D’Aubuisson y fue entonces cuando se le incautó una agenda con detalles del plan para asesinar a monseñor Romero.
Desde ese momento, la idea de “guerra total” que promovía D’Aubuisson tomó auge. Karl explica así la guerra total: “significa que cualquiera se puede matar, desde el arzobispo hasta un campesino”. Otras formas de decir lo mismo eran “tierra arrasada, plan Argentina, plan Jakarta, drenar el mar”. Era un concepto estratégico de planeación de la guerra.
“Hubo un incremento de muertos en masacres -definidas como eventos con más de diez víctimas- a partir del inicio de dominio de los duros. Hubo masacres en 12 de los 14 departamentos. Los mismos soldados participaron en muchos de los eventos. En ninguna de ellas hubo combate y luego se produjo la negación de cada una”, dijo Karl.
“El Mozote no fue un accidente”, argumentó la perito. “El Mozote fue la cúspide del patrón y disminuye desde ahí, lo cual muestra que hay un control de este tipo de abusos. La idea es que no hay tanta necesidad de terror después, si se mata mucha gente. Y esto ocurría en 12 de los 14 departamentos”, explicó.
La lección de historia de Karl atacó directamente una línea de la defensa: que los militares estaban subordinados a la Junta Cívico-Militar que presidía el Gobierno de El Salvador en ese momento. “ Nadie creía que existía un control civil sobre las Fuerzas Armadas.
El poder real recayó en el Ministerio de Defensa, explicó Karl:'García, como Defensa, era el número uno en el poder”.
Cuando la defensa de los imputados le preguntó quien era comandante general de la Fuerza Armada en ese momento, Karl recordó una distinción que hizo a lo largo de su exposición: de jure, lo que está normado en la ley, y de facto, lo que opera en la realidad. “La junta debía haber tenido poder pero no lo tuvieron. El poder bajó. El comandante general de facto era el ministro”, dijo.
Karl ofreció varios documentos para soportar su tesis de un hecho que, por otro lado, es ampliamente aceptado en El Salvador. Uno es de la CIA, que en 1980 señaló que “el Ministerio de Defensa conserva control total sobre asuntos militares y tiene poder de veto significativo sobre política por el vicepresidente de la junta, Abdul Gutiérrez”.
Otros documentos, como los desclasificados por Argentina, muestran la relación entre altos oficiales salvadoreños y argentinos, sin ninguna intervención de diplomáticos. 'No eran necesarios', dijo Karl. Esto ocurrió también con el Ejército de Honduras, país con el que se coordinó el cierre de fronteras como parte de la operación en El Mozote. “No hay ninguna forma posibilidad de que no haya involucrados oficiales más arriba de Monterrosa”, dijo Karl. “Cuando se involucra un Ejército de otro país, está involucrado el Alto Mando”, añadió Karl, quien citó declaraciones del embajador estadounidense en Honduras, John Negroponte.
Karl culminó su declaración con una frase que ya pertenece a la historia: “no hay ningún honor militar en matar niños”. El 28 de abril, el juez Jorge Guzmán cerró la audiencia, dirigiéndose a Karl, con una frase a tono: “gracias por colaborar con la justicia”.
Bombas de napalm, niños secuestrados
La masacre de El Mozote es una siniestra caja de sorpresas de la que, 40 años más tarde, siguen brotando formas de crueldad que no habían sido mencionadas en el juicio. “El punto mayor de las muertes fue en El Mozote, (fue) el momento más horrible de la guerra”, dijo Karl. La experta reveló que cuatro bombas de napalm se utilizaron en la masacre, que fueron proporcionadas por Israel, y que una de ellas no explotó. Además, el efecto de ellas fue documentado por médicos que entrevistaron y examinaron a salvadoreños refugiados de la guerra en campos de concentración de Honduras.
“Las armas incendiarias se consideran entre las armas más crueles utilizadas en los conflictos armados” dice Karl y se usaron en conflictos “donde las personas son de una raza, religión o etnia diferente y pueden definirse más fácilmente como “menos que humanos” (por ejemplo, Vietnam, Irak, Siria, Yemen, Turquía)”. Por eso, “es revelador que los oficiales superiores salvadoreños los utilizaron en su propio pueblo”, según el peritaje.
Fue el propio Juan Rafael Bustillo, entonces comandante de las Fuerzas Aéreas, quien admitió el uso de napalm. “Antes de que Estados Unidos comenzara a ayudarnos, teníamos que usar napalm, porque no teníamos ningún otro equipo. Lo compramos a Israel hace varios años, y lo usamos hasta 1981”, dijo Bustillo, citado en una investigación que el Congreso de Estados Unidos hizo en marzo de 1983.
Un año más tarde, la organización Medical Aid for El Salvador dijo al New York Times que habían entrevistado a unos 40 refugiados de diferentes áreas rurales. “Casi todos ellos dieron descripciones convincentes de haber sido atacados por armas incendiarias (descritas como explosiones solo de fuego, sin dejar cráteres significativos al impactar y sin metralla)” dijeron en el reporte periodístico.
Este es un ejemplo de esos testimonios, que Karl incluye en una ampliación de su peritaje, fechado en mayo de 2020, al que El Faro tuvo acceso. “La peor bomba es la que dispara fuego y no se puede apagar”, dice un hombre que recientemente huyó de la ciudad de Guadalupe” (San Vicente). La cita es de un reportaje publicado en el Christian Science Monitor, en abril de 1984. “Esta bomba tiene un olor fuerte y amargo, y cuando pedazos del líquido en llamas aterrizan sobre ti, comen profundamente en tu carne y viajan a lo largo de tu cuerpo”, dijo.
A preguntas de la Fiscalía, Karl opinó sobre los motivos de la matanza de niños. Dijo de hecho que nunca hubo una orden explícita del tipo “mátenlos a todos”, sino más bien la de “no dejar testigos”. En ese sentido, la lógica es que los niños podían ser testigos después.
Para ilustrarlo, Karl usó la historia de “Beto”, un niño de seis años que fue salvado por un miembro del Atlacatl, de nombre Manuel Ortega. La historia fue publicada en Los Angeles Times, en junio de 2000, y Karl lo entrevistó. Ortega informó “teníamos órdenes difíciles, órdenes muy estrictas. Cuando llegó esa orden severa, miré a ese niño inocente y no pude hacerlo”, dijo Ortega, quien para entonces ya vivía en los Estados Unidos. “Él salvó a un niño de seis años y él se acuerda de todo”, dijo Karl.
La experta luego habló del trauma que supone una experiencia como esta. “He visto a tantos soldados del Ejército tan destruidos por su actuación que no pueden vivir con lo que han hecho. Muchos de ellos son muy religiosos ahora y no pueden vivir consigo mismos”, dijo.
