Dos de los generales de mayor rango acusados por la masacre de El Mozote dijeron que el operativo que en diciembre de 1981 devino en el asesinato de 986 campesinos fue consultado por la Junta de Gobierno encabezada por José Napoleón Duarte. En su primera intervención ante el juez, desde que el juicio se reabrió en 2016, los militares dedicaron un par de minutos para revelar una estrategia con la que buscan enfrentar el proceso judicial. Dos ideas quedaron claras: primero, no creen que hayan cometido algún crimen; segundo, de cualquier forma, se dicen parte de una estructura jerárquica en la que ellos no ocupaban el primer lugar y que estaba subordinada a Duarte.
Los oficiales que hablaron son José Guillermo García, ministro de Defensa entre octubre de 1979 y abril de 1983, y Rafael Flores Lima, quien para 1981 era jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada. Su intervención sugirió que el operativo desarrollado en El Mozote contó con la aprobación del más alto nivel. En diciembre de 1981, El Salvador era gobernado, al menos en el papel, por un Junta Revolucionaria de Gobierno que presidía José Napoleón Duarte, líder del Partido Democráta Cristiano y a la postre presidente de El Salvador (1984-1989). Esa Junta era la tercera conformación de una administración posterior al golpe de Estado de 1979 provocado por una alianza cívico-militar. Para 1981, el coronel Jaime Abdul Gutiérrez era el único militar en la planilla, en la que también estaban el dirigente pedecista Antonio Morales Erlich y el civil José Ramón Ávalos Navarrete.
García y Flores Lima mencionaron directamente a Duarte como su superior. También habló Rafael Bustillo, jefe de la Fuerza Aérea entre 1979 y 1989, pero este no señaló a Duarte. Bustillo se quejó de que miembros del FMLN no estén siendo procesados por sus propios crímenes y vínculo a los testigos y víctimas de la masacre con la guerrilla.
“Desde que se inició esto, solo nos han señalado del alto mando a García, a mí y a Castillo (Francisco, ex viceministro de Defensa)”, dijo Flores Lima al juez Jorge Guzmán. “Usted nunca ha mencionado a (Napoleón) Duarte o a Jaime Gutiérrez como miembros de la junta de gobierno. Quedamos en el vacío porque hicimos consultas con ellos. Yo quisiera que se agregaran”, pidió Flores Lima. Tanto Duarte como Gutiérrez ya están fallecidos.
La Junta hacía las veces del poder Ejecutivo y controlaba, en el papel, las acciones que tomaba el Ejército en el inicio de la guerra civil. Sin embargo, numerosas investigaciones y la misma Comisión de la Verdad revelaron que el Alto Mando que dirigió los primeros años de la guerra (1980-1983) tuvo plena autonomía y autoridad para ejecutar las más graves violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado. Los generales ahora acusados, sin embargo, quieren desligarse de responsabilidades señalando a Duarte y Gutiérrez.
“Ellos (Duarte y Gutiérrez) participaron de las decisiones y consultas que se hacían. Duarte tuvo un excelente trabajo con la Fuerza Armada. Ellos fueron parte de nuestras preguntas”, continuó Flores Lima. Antes de que continuara agregando detalles, el abogado Lisandro Quintanilla pidió hábilmente un tiempo fuera, para que el resto de defensores aconsejara a sus clientes sobre lo que iban a decir. Pero cuando la audiencia se reanudó, el general García retomó en el mismo punto.
“Señoría, agradezco la oportunidad de que nosotros como acusados digamos algo de lo que opinamos. Apoyando lo que dijo el general Flores Lima, nosotros éramos un alto mando constituido por la ley”, dijo García. El exministro dijo al juez que se sentía triste de escuchar el señalamiento en su contra en el proceso que lleva el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. 'En vez de estar en polémicas como esta, tenemos que reconciliarnos porque el país lo necesita para tener un mejor final', dijo.
Luego se excusó. “La Fuerza Armada cumplía una misión constitucional, la cual tratamos de hacer de la mejor forma posible. Éramos un alto mando liderado por Duarte, de prestigio conocido. Estábamos subordinados a él, con permanente contacto”, señaló García ante el juez.
Hasta ahora, el involucramiento de la Junta en el operativo militar que devino en la masacre de El Mozote se sabe que fue posterior a la masacre y buscó el encubrimiento de la misma. A inicios de 1982, cuando periodistas de The New York Times y del Washington Post preguntaron por el operativo militar, el embajador de El Salvador en Washington D.C., Ernesto Rivas Gallont, negó la masacre. 33 años después, en octubre de 2014, Rivas Gallont pidió disculpas públicas por haber ocultado la masacre y reveló que lo hizo siguiendo instrucciones de la Junta.
La mención de Duarte no es casual. Celestino Hernández Carballo, abogado de García, confirmó a El Faro que una de las estrategias que busca es descargar responsabilidad de lo ocurrido en el comandante general de la Fuerza Armada. Según la lógica de Hernández, si Duarte dio la orden de encubrir lo que había pasado es porque tenía pleno conocimiento de las acciones del Ejército. “Ellos eran subalternos también. Lo que no se dijo ante el juez es que ellos dieron cuenta de lo que estaba pasando al presidente Duarte. En su momento le dijeron lo que había pasado en El Mozote. Él les dijo que no hicieran nada para no desanimar a la tropa, eso después de los incidentes que pasaron”, dijo el abogado Hernández.
La estrategia de defensa sobre la teoría de la cadena de mando –alegar que alguien no es responsable de sus acciones porque estaba siguiendo órdenes superiores– es común en los casos de guerra. De hecho, es lo mismo que está haciendo el coronel Inocente Montano, acusado de la masacre de los sacerdotes jesuitas, en su juicio en España. En el caso de El Mozote, García, Flores Lima y Bustillo son los más altos funcionarios que siguen vivos ligados a la masacre de El Mozote. Todo el resto de la alta jerarquía ya murió.
El coronel Francisco Adolfo Castillo, ex viceministro de Defensa, falleció en octubre de 2018 mientras era imputado. Antes de que se realizaran acusaciones por el juicio, ya habían muerto el expresidente José Napoleón Duarte, en febrero de 1990; y Jaime Abdul Gutiérrez, miembro de la junta, fallecido en agosto de 2012. Mucho antes de que empezara el juicio y de que terminara la guerra, el coronel Domingo Monterrosa, comandante del batallón que masacró en El Mozote, murió en octubre de 1984.
El cuento de los generales subordinados
La afirmación de García y Flores Lima de que estaban subordinados a la junta de gobierno liderada por Duarte, aunque conveniente para sus intereses, minimiza el poder que los generales tenían en El Salvador de la década de los 80.
Miembros del departamento de Estado de Estados Unidos no creían en el liderazgo de Duarte. “El gobierno de El Salvador no es de Duarte pero es efectivamente controlado por un consejo de altos oficiales militares (Gutiérrez, García, Carlos Vides Casanova, Nicolás Carranza, Francisco Morán)”, según un memorando interno de miembros del buró de derechos humanos del Departamento de Estado enviado al secretario de Estado Alexander Haig, en marzo de 1981. El memorando fue obtenido por Raymond Bonner, uno de los periodistas que reveló la masacre de El Mozote y publicado en el libro Weakness and Deceit (OR Books, 2016).
En su libro, Bonner expone otras opiniones que ponen en duda esa versión. “Si García es ministro de Defensa y Gutiérrez comandante en jefe, entonces el señor Duarte es un adorno. Los militares están a cargo de los militares y ese es el problema del país”, dijo un diplomático mexicano a Bonner en diciembre de 1980 en El Salvador.
Una de las peticiones de la guerrilla, en la negociación de los Acuerdos de Paz, fue precisamente que el poder militar se supeditara al Órgano Ejecutivo.
David Morales, querellante del caso de El Mozote y exprocurador de derechos humanos, tampoco comparte la tesis de que Duarte fuera el líder del ejército. “Las investigaciones históricas y algunos de los peritajes revelan que la comandancia general de la junta no era efectiva, y que el comandante general de facto era Guillermo García y su círculo cercano, quienes tenían el pleno control de las fuerzas armadas”, dijo Morales.
De hecho, un juez de inmigración estadounidense ya sentenció que García “participó o de alguna forma asistió” en la perpetración del crimen de El Mozote, cuando ordenó su deportación en 2014.
Para Morales, la existencia de una orden superior no exime de responsabilidad a los generales. “Ningún miembro de la junta podía sustituir el rol de Rafael Flores Lima, que instruye que se diseñe y realice la operación Rescate”, dijo Morales.
Para el querellante, esto no significa que en el proceso no se deba dilucidar la responsabilidad que tuvieron Duarte, Gutiérrez u otros miembros de la Junta en la ejecución o encubrimiento del crimen.
¿Por qué hablan ahora los generales?
La audiencia del jueves 18 de julio en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera fue la culminación de un proceso que busca cerrar el cerco sobre los acusados. Se trataba de una diligencia para notificarles de tres nuevos cargos en su contra: tortura, desplazamiento forzado y desaparición forzada. El juez Jorge Guzmán había decidido agregar los crímenes en abril, pero realizó la intimación hasta julio porque los defensores de los militares hicieron apelaciones que una cámara denegó.
La suma de nuevos cargos vino acompañada también de la decisión del juez de imponer medidas sustitutivas a la detención a los 17 militares imputados. Antes de ese fallo, los militares enfrentaban el proceso en libertad, sin ninguna medida. De hecho, solo habían estado en una audiencia, cuando se les informó de la acusación en septiembre de 2016. Ahora tienen que presentarse a firmar una vez al mes a un juzgado, además no pueden salir del país sin autorización del juez, ni comunicarse con víctimas o testigos del proceso.
En la mayoría de audiencias anteriores, se llevaron a cabo interrogatorios de testigos, todos presentados por la acusación particular o por la Fiscalía. Con excepción del general Bustillo, ningún militar escuchó esos testimonios, solo sus abogados. Ninguno de los militares ha rendido su declaración indagatoria, un derecho que tienen, y tampoco habían intervenido. “Ellos no han declarado porque ninguno de los testigos puntualiza los delitos de ellos, qué hicieron, cómo participaron, para que ellos se defendieran”, explicó el abogado Hernández.
Ahora con medidas sustitutivas y, un mes después de que el presidente Nayib Bukele ordenara borrar el nombre del coronel Domingo Monterrosa del cuártel militar de San Miguel, los generales decidieron hablar de las acusaciones en su contra. El panorama político ha cambiado. Cuando se presentaron en el juzgado por primera vez, un operativo militar custodió a los generales, que acudieron juntos en un microbús. El gobierno de Sánchez Cerén los apoyó; el de Bukele no. No hubo operativo, ni soldados alrededor del juzgado y los militares llegaron solos, cada quien por sus medios. No lo hubo pese a que el general Bustillo lo pidió.
En un escrito del 15 de julio, el abogado defensor de Bustillo, el procurador público Juan Perdomo, expuso que el general 'al venir a la audiencia de intimación teme por su vida'. Según el escrito, Bustillo temía a dos grupos de personas: las víctimas y los periodistas. 'Ese día habrá mucha presencia de familiares que son víctimas del proceso (...) además habrá mucha presencia de medios de información que de alguna manera acosan a su representado al estar presente el juzgado', dice el escrito. 'En un momento dado, cualquiera de las personas presentes pueden arremeter contra la vida de su patrocinado', aseguró Perdomo. Por ello pidió la asistencia de seguridad pública con el apoyo de la Fuerza Armada. El juez le contestó que siempre se solicita apoyo de la Policía y libró un oficio al jefe de la PNC de San Francisco Gotera, no así a los militares.
“Hablar es una forma de defenderse. Ellos lo ven como una defensa y como un cansancio de que los estén involucrando”, dijo además el abogado de García. En la intervención del general Bustillo se evidenció enojo, quizá cansancio, pero no el miedo que adujo su defensor. “Quiero decir que solo a nosotros se nos culpa. No al FMLN. Aquí no se ha mencionado lo que hizo el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las cinco facciones de la guerrilla), lo que hizo Joaquín Villalobos (comandante guerrillero), lo que hacían los Samuelitos (niños reclutados por la guerrilla)”, dijo Bustillo. “Muchos de los que nos acusan saben de las groserías que hizo la guerrilla. Estos que nos están acusando, los que están aquí, de eso no dicen nada”, dijo señalando a las víctimas que estaban sentados a un par de metros de él.
Bustillo se exaltó hablando de niños que atentaron contra soldados, hechos que no son juzgados en este caso. “¡Y de eso no dicen nada estos, estos que están aquí acusándonos!”, dijo, con su mirada y su dedo apuntando a las víctimas. El juez lo previno para que guardara respeto pero el general no hizo caso. “He dicho la verdad, no le estoy faltando el respeto a nadie. ¿Por qué se nos acusa a nosotros de los crímenes? Me están ofendiendo también”, dijo.
El general luego excusó sus gritos por un impedimento físico: “soy un poco sordo”, y en verdad, cada vez que el juez habla, el hijo de Bustillo, sentado a su lado, le repite lo que el juez ha dicho desde su estrado. El abogado Perdomo también pidió perdón en nombre de su cliente: “él todavía conserva su voz de mando”, justificó.
Contrario a los temores de Bustillo, ninguna de las víctimas siquiera se le acercó. Afuera del juzgado, diez personas sostuvieron tres pancartas con mensajes contra la impunidad en una tímida manifestación. Tampoco hubo 'acoso' de parte de los periodistas que cubrieron la audiencia. Solo una víctima se dirigió a Bustillo, pero fue dentro del juzgado, y ante la vigilancia del juez.
Imputan al diseñador de la operación Rescate
Aunque va casi un año sin que declaren testigos, el caso no ha estado inactivo. La Fiscalía cuenta con una lista de 600 soldados que pertenecieron al batallón Atlacatl a principios de los 80. El juez Guzmán les ha encargado encontrarlos, entrevistarlos y decidir si los agregan al caso como imputados o como testigos. El juez además ha juramentado peritos, algunos de los cuales ya empezaron a entregar sus informes. Por ejemplo, el coronel Clever Alberto Pino Benamú entregó su dictamen técnico militar en el que describe cómo funcionaban las operaciones militares en ese momento.
Entender cómo funcionaba la Fuerza Armada es clave para la gran tara de este juicio: individualizar responsabilidades. Para condenar a alguien se necesita saber qué hizo exactamente para contribuir a un crimen. Además del peritaje, el juzgado ya tiene listados de quienes componían el Estado Mayor de la Fuerza Armada en ese momento. Esos listados fueron proporcionados a través de Casa Presidencial. Determinar el cargo específico de cada imputado también es clave para clarificar su contribución en el operativo, y obtener esta información constituye un avance en el juicio.
La querella pidió la imputación de los jefes de Inteligencia y de Operaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada, basados en un peritaje que describe sus funciones en la operación que terminó en masacre. No se ha determinado quién era el jefe de Inteligencia en ese momento: los documentos entregados por Presidencia presentan contradicciones. El jefe de operaciones sí está determinado: era el coronel Jesús Gabriel Contreras Alfaro, quien el 18 de julio fue notificado de la acusación.
De acuerdo con el peritaje, el jefe de Inteligencia sobredimensionó “las actividades subversivas que ocurrían en la localidad de El Mozote y las aldeas Los Toriles, La Joya, La Ranchería y Jocote Amarillo”. Como resultado de eso, “ocasionó una apreciación equivocada y distorsionada de la fuerza subversiva e influyó decisivamente en que el Comando de la Fuerza Armada implementara la 'Operación Rescate'”.
En cuanto a la función de Contreras, el peritaje señala que “recomendó una operación militar con excesivo empleo de medios, inclusive el uso de parte de la Reserva Estratégica (BIRI ATLACATL, Artillería y elementos aéreos)”. De acuerdo con el experto, ese “desproporcionado empleo de medios” permitió que los militares ejecutaran la estrategia de “Tierra Arrasada” en contra de los pobladores civiles. El peritaje también señala que Contreras “no supervisó ni controló de acuerdo con la doctrina militar” el cumplimiento de la misión ni alertó sobre el exceso de tropas.
En la audiencia, Contreras dijo que se le acusaba por elaborar el plan que generó “el problema de El Mozote”. El coronel argumentó que el conflicto salvadoreño fue “una guerra irregular” y, por tanto, la conducción de la guerra es distinta a cómo se menciona en el peritaje.
De los 17 acusados, 12 se presentaron al juzgado. Además de los tres generales mencionados y el coronel Contreras, acudieron los generales Carlos Cáceres Flores, Walter Oswaldo Salazar Martínez, y Mauricio Isaac Duke; los coroneles Rafael Santiago del Cid, Juan Ernesto Méndez, José Mario Godínez; el capitán Óscar Cordóva Hernández y el mayor César Augusto Milla.
Dos imputados presentaron excusas por motivos de salud: los coroneles José Antonio Rodríguez Molina y Natividad Cáceres Cabrera. Otros dos están fuera del país: Luis Landaverde Barrera en Francia y Roberto Garay Saravia en Estados Unidos.
Llevar a cabo un juicio de hechos ocurridos hace 38 años es una implacable carrera contrarreloj. El juez Guzmán informó que otro imputado, Jorge Alfaro Bautista, falleció, aunque su acta de deceso no está aún incorporada al expediente. La querella también informó que un testigo del caso, Genaro Sánchez, sobreviviente de La Joya, falleció este 12 de julio.
El desquite de Rosario
El 19 de octubre de 2017, Rosario López Sánchez ratificó ante el juez Guzmán un testimonio que ya había rendido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rosario es referente de la masacre en La Joya, uno de los siete lugares incluidos en la masacre de El Mozote. Ese día, entre la audiencia, estaba el general Bustillo. Rosario estaba atada por las estrictas reglas del interrogatorio: solo podía contestar a lo que le preguntaban. Aquel jueves, Rosario se aguantó las palabras que tenía atravesadas contra los militares que 36 años antes masacraron a 24 miembros de su familia, personificados en el general Bustillo.
Dos años más tarde, tras escuchar a 12 de los acusados presentes, Rosario pidió la palabra. Terminó una espera de 38 años. Rosario tuvo, en este juicio, al menos unos minutos de desquite. El turno de la ofendida.
“Si ellos sufrieron masacres por parte del FMLN nosotros no tenemos ninguna culpa”, empezó. “Los niños que murieron eran inocentes. Solo de mi familia fueron 24 asesinados ahí en La Joya. Mi hermana Priscila fue violada y también ahí los que murieron fueron 37 personas, la mayoría niños. Ellos no sabían lo que era guerrilla. Y siempre ellos acusándonos a nosotros. Como una mujer humilde se los digo que se pongan la mano en el corazón”. Rosario se emocionó: se giró hacia Bustillo y los militares. El juez la reconvino y le pidió que mirara hacia el estrado. Ella atendió antes de seguir.
“No tenemos dinero para nombrar defensores como lo tienen ellos. Que agradezcan que andan libres. No están presos. Hay personas que por una hamaca que se roben están detenidos y ellos no”, siguió Rosario, que se aguantaba las lágrimas. “Nosotros no pedimos dinero, como escuche una palabra, que dinero era lo que queríamos. Nosotros lo que pedimos es justicia”, dijo.
Pero es humilde Rosario y antes de terminar su discurso, pidió perdón. “Disculpen lo que he dicho porque siento un dolor en el corazón que hace 38 años y esas heridas no se pueden curar. Y que se abstengan de acusarnos porque nosotros, lo que hizo la guerrilla, no tenemos nada que ver. Muchas gracias”.
Durante su intervención, varios abogados y militares rieron y murmuraron. Cuando Rosario terminó, el mayor Milla dijo, entre risas, “no tenemos nada que ver. ¡Terengaza!”. El término es un peyorativo para referirse a la guerrilla. Rosario no lo escuchó. Estaba satisfecha. Ella tuvo la última palabra en la audiencia y cuando salió a la calle explicó por qué estaba satisfecha: “me saqué ese dolor que andaba”, dijo, mientras se daba golpecitos en el pecho.
