Rodolfo Delgado Montes empezó su carrera en el servicio público como fiscal en San Vicente. Su carrera, sobre todo su ascenso, no puede entenderse sin Gustavo Villatoro, uno de los abogados más experimentados en la persecución de criminales en El Salvador y ministro de Seguridad en el Gobierno de Nayib Bukele, luego de que sin dar mayores explicaciones el exministro Rogelio Rivas fuera destituido el 26 de marzo pasado. El Gobierno promueve la imagen de Delgado desde finales del año pasado, cuando fue parte del equipo de defensa del director de la Policía, por una acusación de incumplimiento de deberes en su contra.
Delgado fue nombrado fiscal general de la Nación el pasado fin de semana, luego de que la Asamblea Legislativa controlada por la bancada oficialista de Nuevas Ideas (NI) destituyera al exfiscal Raúl Melara e inmediatamente nombrara a Delgado sin respetar el proceso de ley ni permitir el análisis de otros perfiles. Delgado tuvo un rápido ascenso en su carrera. Uno de los logros más destacados fue cuando ocupó la Unidad de Crimen Organizado en sustitución de su amigo y mentor, Gustavo Villatoro, quien pasó a la dirección de Aduanas durante el Gobierno del expresidente Antonio Saca, ahora en prisión por actos de corrupción durante su mandato.
Informes de inteligencia consultados por El Faro ubican a Villatoro como un personaje importante para el régimen de entonces (2004-2009), cuando fungió como operador de Herbert Saca, primo del expresidente Saca y operador político fundamental en la creación del partido Gana, con el que Bukele ganó las elecciones presidenciales en 2019.
'Rodolfo Delgado, el fiscal general elegido ilegalmente por la Asamblea Controlada por el partido de Nayib Bukele es de terror', dice Leonor Arteaga, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Señala que Delgado no es idóneo para el cargo. Arteaga conoció sobre el trabajo de Rodolfo Delgado entre 2004 y 2010, cuando formó parte de un equipo de investigadores en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La PDDH documentó dos casos en los que Delgado, en distintos cargos en la Fiscalía, dice Arteaga. 'Dirigía prácticas no encaminadas a conocer la verdad sobre los hechos ni a identificar responsables de los crímenes, sino a encubrir a personas poderosas, a acusar inocentes, o encubrir responsables en casos que nunca salía la verdad a la luz pública', agrega la directora de DPLF.
La PDDH estableció, en un informe del año 2003, que Delgado violó el deber de garantizar los derechos de un imputado detenido en un operativo antisecuestros, en el año 2001. El informe fue publicado durante la gestión de la procuradora Beatrice de Carrillo.
La Policía detuvo a Mauricio Enrique Murgas Barrientos el 16 de octubre de 2001. Agentes del desaparecido Grupo de Reacción Policial (GRP) lo detuvieron en una casa de San Juan Opico (La Libertad), donde también hallaron a Elizabeth Bahaia de Said, quien había sido secuestrada. Delgado estuvo presente en la captura, según el acta de detención. Murgas no opuso resistencia y lo sometieron. Murgas dijo a la PDDH que los policías lo golpearon, lo tiraron al suelo cuando ya estaba esposado y “le dieron con la boquilla de los fusiles en la parte baja de su estómago, en la cara y en diferentes partes del cuerpo”, hasta que perdió el conocimiento.
Cuando reaccionó, Murgas había sido llevado a un beneficio de café en Santa Ana, donde lo interrogaron. “Se le preguntaba sobre el paradero de otros miembros de la banda y al no dar respuesta era golpeado nuevamente; uno de los agentes cubierto del rostro con un gorro pasamontaña le hizo una herida en la oreja izquierda con un cuchillo”, dice el informe de la PDDH.
El informe médico de la PDDH constató que Murgas tenía una “fractura alineada del piso de la órbita” y presentaba “edema bipalpebral con hemorragia subconjuntival y manteniendo agudeza visual”. O sea, le rompieron la órbita del ojo. Además, presentaba “sutura de herida de más de cinco centímetros en párpado inferior y pómulo izquierdo”. También tuvo lesiones en labio superior, escoriaciones en ambas muñecas y en diferentes partes del cuerpo.
La PDDH concluyó que, al haber participado en la captura, Delgado validó los actos de violencia contra Murgas Barrientos, “en virtud de no haber ejercido el control de la legalidad conferida por facultad constitucional a la institución que representa”, y porque luego no promovió la acción penal contra los policías responsables.
No fue la única vez que se vio involucrado en señalamientos de ese tipo. En 2005, la PDDH elaboró un informe sobre la actuación de policías y fiscales en la investigación del asesinato del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto. Delgado fue uno de ellos, como publicó Revista Factum en 2019. La PDDH recomendó al entonces fiscal general, Belisario Artiga, que promoviera una investigación para “establecer las responsabilidades penales y administrativas en que hubieran incurrido tres fiscales por su probable participación en los actos de tortura y otras afectaciones a la integridad personal de los detenidos” y “por su omisión de promover investigación ante los abusos policiales”.
Estos hechos matizan los resultados que Delgado ha producido en su carrera. Una fuente judicial que conoció al tándem de Delgado y Villatoro durante su trabajo en la Fiscalía los describe como eficaces. “Tienen suficiente capacidad y eficacia para estructurar un equipo que combata la corrupción y dé resultados”, dice sobre ellos. “Otra cosa es que lo hagan. Si ya tenían esa función como roles intermedios, imagínese ahora”, agregó. La fuente pidió que se reserve su nombre por temor a represalias.
El ejemplo más claro es el combate a las bandas de secuestradores a finales de los noventa y principio del milenio. Delgado era el encargado de coordinar y dirigir desde la etapa policial la investigación de los delitos complejos, en coordinación con la Subdirección de Investigaciones y la División Élite Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil.
'Ya que fue electo en un proceso ilegal, incovencional, que no cumple ni con el derecho nacional ni internacional, más sus antecedentes de violaciones de derechos humanos, no creo que sea una persona idónea', dice Arteaga.
En todas las fiscalías desde 2000, menos en la última
Delgado trabajó en las fiscalías a lo largo de las últimas dos décadas. En 2014, el entonces fiscal general Luis Martínez, ahora, condenado en 2018 por uso ilegal de escuchas telefónicas y procesado por otros actos de corrupción, ascendió a Delgado a la dirección de Defensa de Intereses del Estado.
En 2016, el siguiente fiscal general, Douglas Meléndez, nombró a Delgado como su asesor.
Meléndez fue el fiscal que procesó a su antecesor, Luis Martínez, por la trama de corrupción, y fue muy crítico de esa administración. Meléndez llegó incluso a quejarse del poco trabajo contra el crimen organizado y el narcotráfico en la gestión Martínez, durante una conferencia de prensa en el año 2016. Delgado estaba a la par de Meléndez en esa comparecencia y defendió a su asesor cuando un reportero de El Faro le señaló la inconsistencia de señalar a esa unidad cuando el jefe era uno de sus asesores. Delgado renunció a la Fiscalía al año siguiente.
Desde 2017, Delgado se desempeñó como abogado en el libre ejercicio. Por ejemplo, en 2020 fue defensor de Byron Larrazabal, socio de Sigfrido Reyes, el efemelenista expresidente de la Asamblea Legislativa. Larrazabal estaba acusado de lavado de dinero.
El aparato de comunicación del Gobierno Bukele empezó a promover la imagen de Delgado en diciembre de 2020, cuando el ahora fiscal general del bukelismo defendió al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, en su proceso de antejuicio. El nuevo magistrado de la Sala de lo Constitucional, Nahum Martínez, también impuesto inconstitucionalmente por la Asamblea bukelista este fin de semana, era parte de ese equipo de seis defensores. El 23 de diciembre de 2020, Delgado y Martínez dieron una entrevista juntos en un canal de televisión nacional.
La bancada bukelista propuso la destitución de Raúl Melara, quien acababa su periodo como fiscal en enero de 2022, a las 10:20 de la noche del pasado sábado 1 de mayo. Una hora más tarde, ya lo habían destituido.
Los procesos normales para elegir fiscales en los últimos 20 años incluían un periodo de presentación de candidaturas, una entrevista y el proceso de deliberación de una subcomisión legislativa creada para ese fin. Delgado no pasó por nada de eso. El proceso de destitución de Melara demoró apenas una hora.
Delgado, según su versión, se sorprendió tanto como el resto del país con su elección. “Lo que le puedo mencionar es que a mí me avisan cuando ya la pieza de correspondencia en la cual me proponían para el cargo estaba ingresando en la plenaria”, dijo Delgado en la mañana del 3 de mayo, en la entrevista televisiva Frente a Frente.
A las 12: 19 de la mañana del 2 de mayo, Delgado fue juramentado como fiscal general. Todo el proceso, entre la destitución de Melara y el nombramiento de Delgado, duró unas dos horas.
Delgado ya anunció que revisará el convenio entre la Fiscalía y la Cicíes, que fue vendida como la gran apuesta de Bukele para combatir la corrupción. Sin embargo, la relación del Gobierno con la Cicíes ha sido distante, al menos en público, desde que en noviembre la Fiscalía de Raúl Melara allanó el Ministerio de Salud. Esa investigación, sobre los contratos de la pandemia, emanó de la Cicíes, según reveló el exfiscal Melara. “El convenio con la Cicíes da sus primeros frutos”, dijo Melara, el 10 de noviembre de 2020. “Los allanamientos y la investigación que la Fiscalía está realizando se enmarca en los indicios que se han presentado en el marco de esta cooperación', añadió.
Pero Delgado dice que tiene dudas sobre esos convenios. “Sería de revisar esos convenios para ver sus alcances. La Cicíes puede continuar con su trabajo, pero la Fiscalía tiene una posición constitucional dentro de nuestro estado”, dijo el fiscal electo.
