Desde enero de 2016, la jueza Érika Aifán ha colocado más de 100 denuncias contra empleados de su juzgado en Ciudad Guatemala por espionaje, filtración de documentos, abandono de funciones y otra variedad de conductas. Las denuncias las ha interpuesto ante el régimen disciplinario del Organismo Judicial y ante la Fiscalía del Ministerio Público, pero en todos estos años, no ha tenido respuesta. Muchas de sus denuncias han sido rechazadas y apenas en un caso el Ministerio Público ha retomado el expediente para iniciar diligencias. La notificación de ese caso le llegó a principios de junio. El denunciado en ese expediente es un exnotificador y Aifán descubrió que filtraba las resoluciones por WhatsApp, antes de comunicarlas oficialmente. A ese mismo empleado, Aifán lo había denunciado siete veces más hasta que fue trasladado a otro juzgado. A otros empleados, Aifán los ha tenido que denunciar hasta 20 o 30 veces, pero el resultado es usualmente el mismo: nada.
Cosa distinta ocurre con denuncias interpuestas contra la jueza Aifán, que desde 2016 dirige el juzgado de mayor riesgo D de la capital. A ella la han denunciado una veintena de veces y ha habido ocasiones en las que la denuncia ha prosperado hasta sancionarla con multa y con la apertura de un expediente penal. En el último caso, la denuncia fue interpuesta por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones porque Aifán, supuestamente, habló con periodistas para dañar la imagen de la Sala. La denuncia es inverosímil, pues en el artículo de prensa, Aifán no aparece citada ni una vez. El artículo en cuestión va sobre un litigio de la jueza contra la Sala Tercera, en el que la Corte de Constitucionalidad le ha dado la razón a ella. Por esa nota periodística, en una especie de revancha, la Sala provocó que le abrieran una investigación que podría terminar por meterla a la cárcel. Hasta marzo de 2021, Aifán acumulaba 22 denuncias en su contra, colocadas por empleados del tribunal, abogados particulares e incluso jueces.
Lo que ocurre con Aifán y su juzgado describe lo que Guatemala libra estos días: otra batalla por el control de sus cortes y su sistema de justicia. Los tribunales son el campo donde las demandas se entrecruzan como piezas de ajedrez en un tablero donde los jugadores no siempre están claros. Abogados contra jueces, jueces contra abogados, abogados contra abogados, fiscales contra jueces…
La jueza Aifán y otros operadores de justicia como el Procurador de Derechos Humanos (PDH) sostienen que se trata de una etapa de hostigamiento contra quienes han demostrado independencia y responsabilidad en el ejercicio del cargo. Con casi 20 años de trayectoria, Aifán ha sido amenazada de muerte en numerosas ocasiones. En los últimos cuatro años, en los que ha estado al frente de un juzgado de mayor riesgo, ha tenido que juzgar casos de alto impacto, muchos de ellos, presentados por la CICIG. Tramitó, por ejemplo, el caso Odebrecht, y otro caso de sobornos donde empresarios reconocieron que pagaron a funcionarios del Ministerio de Comunicaciones; y el caso denominado “Comisiones Paralelas”, donde se demostró que había jueces y magistrados traficando influencias para nombrar jueces y magistrados en las cortes. A Aifán, aparte de las amenazas, le han infiltrado el juzgado, le han dado seguimiento a ella y a su familia, le han montado campañas de desprestigio en redes sociales, le han tomado fotografías en el extranjero.
Tal es el peligro que corre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Guatemala que le garantice su seguridad y le otorgó medidas de protección a ella y otros juzgadores, desde octubre de 2019. “La CIDH concluye que se encuentra suficientemente establecida la existencia de una situación de grave riesgo, en relación con los derechos a vida e integridad personal de la señora Aifán”, dijo la Comisión cuando le otorgó las medidas.
No solo hay acoso contra los jueces sino también contra quienes investigaron y desmembraron complejas y poderosas redes criminales enquistadas en el Estado. Entre ellos, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); el exsuperintendente de impuestos, Juan Solórzano Foppa; exanalistas criminales que investigaron importantes casos de corrupción, sobre todo, a partir de 2015, que podría considerarse la etapa de esplendor que tuvo la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la comisión antimafias respaldada por Naciones Unidas, que funcionó entre 2007 y 2019.
Aifán dice que el hostigamiento contra ella recrudeció desde 2018. Las acciones en su contra, asegura, comenzaron a tener una apariencia más estructurada. Un solo abogado, Rodrigo De la Peña, la ha denunciado ante el régimen disciplinario, y también ha interpuesto amparos y exhibiciones personales por decisiones que ella ha tomado, sin ser parte en ningún proceso que lleva Aifán. Y así como ella, hay más magistraturas bajo ataque: la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró en 2020 “actos de intimidación y represalias en contra de 4 juezas y jueces con competencia en casos de alto riesgo, 6 magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, 3 magistradas de la Corte Suprema de Justicia y 3 integrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)”, dice un informe de febrero de 2021.
En marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos entregó a Aifán el premio “Mujer de coraje”. Estados Unidos tiene la mirada puesta sobre Guatemala y ha anunciado la creación de una fuerza de tarea anticorrupción que comenzará a trabajar de la mano con fiscales guatemaltecos. Es una apuesta con la que pretenden suplir el vacío que dejó la CICIG al ser expulsada por el expresidente Jimmy Morales, en septiembre de 2019. Es parte del viraje que tuvo la administración Biden respecto de la era de Donald Trump y su enfoque hacia el Triángulo Norte de Centroamérica.
El contexto es complejo. “Las estructuras del crimen organizado quieren retomar el control de las cortes”, explica Oswaldo Samayoa, abogado, catedrático, y defensor de derechos humanos. El verbo que ocupa para describir la acción de las mafias es el de “retomar”, y lo hace por una razón: porque cuando la CICIG comenzó a funcionar, en 2007, comenzó a limpiar el sistema de justicia, y 12 años después, tras su salida, el sistema está volviendo a inclinarse hacia la opacidad y la falta de transparencia.
En sus primeros tres años, la CICIG levantó cargos contra dos fiscales generales, dos directores generales de la Policía, cinco magistrados de la Corte Suprema, y una veintena de magistrados de las cortes de apelaciones. Y a todos ellos logró destituirlos. Solo entonces, el sistema de justicia fue capaz de procesar casos que, desde el fin de la guerra civil, en 1996, habían sido casos perdidos. Por ejemplo, procesó por primera vez a un expresidente de la República, Alfonso Portillo, por cargos de corrupción, y presentó otros seis casos de alto impacto que confirmaban lo que, hasta entonces, solo podía considerarse un secreto a voces: que Guatemala estaba cooptada por el crimen organizado. Hasta 2019, la CICIG procesó a tres presidentes (dos de ellos en ejercicio de sus funciones), interpuso 100 solicitudes de antejuicio para funcionarios corruptos, desmanteló cerca de 70 estructuras criminales que estaban enquistadas en el Estado, y judicializó 120 casos de alto impacto, donde logró condenas contra ministros, diputados, alcaldes y empresarios. Si bien ningún presidente ha sido encontrado culpable aun, la CICIG elevó el rasero del concepto que se tenía de justicia hasta ese momento.
Pero “la primavera chapina”, como se le llamó a esa etapa de esplendor de la lucha anticorrupción —en alusión a los movimientos de protesta surgidos a partir de 2010 en una docena de países árabes— comenzó a languidecer con la llegada del presidente Jimmy Morales, en 2016. Muy pronto, Morales se hizo acompañar de asesores militares que, tras la guerra, habían montado estructuras que pusieron al servicio de redes criminales o de partidos políticos para beneficiarse de los negocios del Estado. Para enero de 2017, el hermano y el hijo del presidente fueron procesados por la CICIG por haber obtenido contratos irregulares con el Estado. “Ese fue el momento en el que comenzó a querer expulsar a la CICIG”, explica Samayoa. Morales, que había prometido en campaña respaldar a la CICIG y promover su permanencia en Guatemala, se convirtió en su principal acosador. “Sus diputados en el Congreso y sus asesores, seguramente, aprovecharon el momento para convencerlo de expulsar a la CICIG”, agrega Samayoa. El 3 de septiembre de 2019 fue el último día de trabajo de la Comisión en Guatemala.
Desde entonces, una especie de venganza se cierne sobre los que alguna vez participaron de esa primavera. Como Solórzano Foppa lo explicaba el jueves 10 de junio, durante un receso de una audiencia judicial en la que se le procesaba por delitos electorales: “Hoy, el péndulo está del otro lado”.
Solórzano Foppa, de 37 años, y Aníbal Argüello, un exanalista de la CICIG, de 31, fueron detenidos el 19 de mayo por supuestamente haber violado la ley electoral cuando intentaban formar un partido político en 2020. El 10 de junio, un juez determinó que dos de los tres delitos por los que se les capturó —los más graves: asociación ilícita y confabulación— quedaban anulados por falta de mérito. El juez los dejó ligados al proceso por un solo delito, el de falsedad documental, porque deben esclarecerse algunas irregularidades detectadas en la escritura pública que ocuparon para intentar inscribir el partido político. Entre las irregularidades a clarificar está el hecho de que una persona fallecida aparece entre los firmantes que dieron su aval para la constitución del partido, y que otros firmantes aseguran que nunca estuvieron presentes en ninguna reunión para crear el partido.
Foppa asegura que está dispuesto a que se investiguen las anomalías del acta que él presentó ante el tribunal electoral, pero considera que es desproporcionado que se les haya detenido e intentado procesar por asociación ilícita cuando intentaban armar un partido. “Es una persecución penal selectiva y desproporcionada, el Ministerio Público está siendo instrumentalizado por el crimen organizado para vengarse por mi labor en la lucha contra la corrupción”, dijo Argüello, en su declaración ante un juez, el 3 de junio.
Otros partidos políticos que presentaron actas con el mismo tipo de irregularidades no están siendo investigados. La Fiscalía de Delitos Electorales únicamente ha presentado cargos penales contra Foppa, Argüello y compañía y, por el contrario, ha sido blanda con casos más graves: por ejemplo, pidió criterio de oportunidad (es decir, eliminar el castigo a cambio de colaboración) para cinco grandes empresarios acusados de financiamiento electoral ilícito con el expresidente Jimmy Morales, a quien entregaron un millón de dólares de manera subrepticia, en 2015. Otro caso grave es el del partido Valor, de la hija y heredera política del dictador Efraín Ríos Montt: ella y su partido presentaron un acta con 12,000 firmas falsas, según reveló en febrero de 2015, el TSE, pero el jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche, nunca judicializó el caso.
Foppa y Argüello fueron artífices de las investigaciones que causaron un terremoto político en el país, sobre todo a partir de 2015, cuando lograron acusar formalmente al entonces presidente Otto Pérez, la vicepresidenta Roxana Baldetti, varios ministros y empresarios, por su papel en una estructura de desfalco en aduanas conocida como “La Línea”. Foppa y Argüello trabajaban para el MP. El primero, como director de Análisis Criminal, y el segundo, como analista criminal. Poco tiempo después, Argüello fue ascendido a coordinador del equipo que trabajaba de la mano con la CICIG. En agosto de 2015, lo llamaron para formar parte de ese cuerpo internacional. Ahí, con Foppa a la cabeza, investigaron más estructuras criminales justo cuando estaba vigente aquella construcción: la primavera chapina.
En 2016, Foppa fue nombrado director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y fue removido, abruptamente, tras dos años de funciones, en enero de 2018, bajo la gestión del presidente Morales. El razonamiento para destituirlo fue, como poco, débil: en 2017, la SAT se quedó a 0.3 % de cumplir su meta de recaudación anual, aunque marcó un récord histórico. En 2016, la SAT no solo había cumplido, por primera vez en su historia de 18 años, la meta de recaudación de impuestos, sino que la había superado. Foppa cobró para el Estado viejas y millonarias deudas al establishment, grandes corporaciones que se habían resistido a pagar sus tributos por años, entre ellos, Aceros de Guatemala, mega empresa a la que no le quedó otra que pagar una multa por 100 millones de dólares.
Entre 2017 y 2019, Jimmy Morales y el Estado de Guatemala maniobraron para ahogar a la CICIG. Con Iván Velásquez, el comisionado de la CICIG, la jugada fue muy tosca: en septiembre de 2018 Morales lo declaró “non grato” y Velásquez aprovechó un viaje de trabajo en Estados Unidos para salir y esperar que las aguas se enfriaran, pero ya no pudo regresar a Guatemala porque el Gobierno prohibió su ingreso. Un mes después, en octubre de 2018, otros 11 investigadores de la CICIG habían sido bloqueados para entrar.
La Comisión cerró en septiembre de 2019 y la preocupación de defensores de derechos humanos en esos días era que el MP podía comenzar a levantar cargos contra quienes hubieran trabajado los casos de la CICIG y los aliados en la sociedad civil. La detención de Foppa y Argüello es la primera captura importante en ese sentido.
La detención de Foppa, aunque legal, tiene elementos irregulares, según dijo el juez que lo dejó en libertad provisional, el 10 de junio. “El procedimiento policial previo, es decir, el momento de la retención, cuando un vehículo se paró enfrente y lo orilló, en lo que llegaba la patrulla, denota cierta irregularidad (…) Lógicamente pueden inferirse algunas irregularidades”, dijo el juez. Sobre ello, otro juez que conoció el caso en una etapa previa ordenó a la Fiscalía investigar quiénes eran esas personas no identificadas en un vehículo que tampoco estaba identificado. Tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia que conocieron un recurso de hábeas corpus interpuesto por Foppa a raíz de su detención también mencionaron que la Fiscalía, al menos, debía investigar por qué las autoridades utilizaron vehículos sin matrícula.
“Ocurrieron cosas que solo veías en los años 80, hemos retrocedido décadas, como si no hubieran ocurrido las reformas institucionales que dejaron los Acuerdos de Paz de 1996”, dice Samayoa.
El 19 de mayo, mientras Foppa manejaba en la capital guatemalteca, le cerró el paso un carro negro, polarizado, sin placas y con luces resplandecientes de color azul y rojo. Quienes bajaron del carro ordenaron a Foppa que detuviera la marcha y se orillara. Foppa obedeció, pero en el acto comenzó a grabar video con su celular. En el video se ve el vehículo sin placas estacionado frente al de Foppa, obstaculizándole cualquier movimiento. Se ven cuatro policías, que llegaron a la escena a bordo de una patrulla. Se observa también que uno de los uniformados pide los documentos de identificación a Foppa y se comunica con la central para pedir sus antecedentes. Pasan varios minutos y en el video se ve que Foppa sube a su carro e intenta marcharse. “Le dije a los Policías que si no eran capaces de referirme los motivos de mi detención que entonces yo iba a proseguir con mi camino”, dijo Foppa en la audiencia de primera declaración, el 27 de mayo, una semana después de su captura. En el video se ve que el carro sin placas retrocedió para seguir bloquéandole la salida. Foppa se bajó de su vehículo y caminó hacia el carro polarizado que se mantenía con el motor encendido, con sus tripulantes dentro, quienes ocultaron sus rostros. Tampoco se bajaron del carro ni bajaron la ventanilla, pese a que Foppa golpeteó el vidrio con insistencia. Minutos después, a Foppa lo detuvieron.
La detención la coordinó la Fiscalía, quien había obtenido la venia de un juez, pero eso no explica la participación del misterioso vehículo. Este vehículo le había dado seguimiento a Foppa desde antes de las 7 de la mañana, y uno de sus tripulantes había llamado al celular de un agente policial para informarle que Foppa se conducía a bordo de un Nissan rojo, tipo Qashqai y que pasaría por determinadas calles. Esa llamada ocurrió a las 7:15 a.m, según un informe de la Policía remitido a la Corte Suprema de Justicia. El 27 de mayo, durante la audiencia de primera declaración, Foppa señaló esta irregularidad: “Me detuvo un vehículo sin placas con personas que hasta el día de hoy no tengo idea de quiénes son. ¿Qué es lo próximo? ¿Fiscales con pasamontañas? ¿Jueces sin rostro? ¿Abogados defensores que no sabemos quiénes son? ¿Estamos en los años 80, señor juez, cuando existía la famosa [camioneta tipo] panel blanca, sin placas, que se llevaba a las personas y nunca más volvían a aparecer?”.
El informe escrito, rendido por el agente policial Inmer Fuentes a la Corte Suprema, días después de la captura, dice que los tripulantes del carro polarizado eran miembros de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), una unidad del Ministerio de Gobernación. Quien llamó al agente Fuentes minutos antes de la captura fue una persona llamada Cristofer Estrada. Gobernación explicó días después que la Digici había colaborado con la Policía y la Fiscalía y que eso era un procedimiento habitual.
“Son otros tiempos en el MP”: fiscal Sandoval
Parte del legado de la CICIG lo tiene ahora la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), creada hace más de una década para trabajar de la mano con la comisión internacional. Su jefe, el fiscal Juan Francisco Sandoval, se ha convertido en un referente de la lucha contra la corrupción, es un “campeón anticorrupción”, según dijo el 23 de febrero pasado, el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) del Departamento de Estado. Sandoval aún trata de ganar la batalla a los corruptos en Guatemala en los tribunales, donde hay cerca de 100 expedientes que investigó la CICIG. Pero sin la CICIG, Sandoval dice que el trabajo es más complicado. “La CICIG nos daba un gran respaldo, desde logístico hasta político. Si acusábamos a políticos con poder, alguien nos tenía que dar una especie de cobijo y eso lo hacía la CICIG. Ahora, ya no contamos con eso”.
La FECI no desapareció tras la expulsión de la CICIG debido a que la fiscal general Consuelo Porras firmó el acuerdo 59-2019 mediante el cual esa unidad se transformó en una fiscalía de sección. “Eso fue en parte por la presión de la comunidad internacional, sobre todo, de Estados Unidos”, dice el abogado Samayoa.
Sandoval, al igual que otros operadores de justicia, es víctima de acoso judicial. Tiene 55 demandas en su contra, un tercio de ellas, interpuesta por la fundación de un militar retirado, Fundación Contra el Terrorismo, que solía criticar a la CICIG por supuestamente “seleccionar con pinzas” los casos a investigar. La última de las demandas llegó la semana pasada y fue por algo tan nimio como haberse reunido con el cuerpo diplomático. Le reprochan a Sandoval que eso, supuestamente, no está dentro de sus funciones. “Son demandas que bien podrían desestimarse por falta de mérito, pero por el contrario, siguen abiertas en el MP, yo siempre digo que están violando el principio de legalidad”, dice Sandoval.
Con sutileza, Sandoval reconoce que el MP y la FECI están en problemas. “Son momentos difíciles, son otros momentos en el MP, no está la CICIG, pero el MP ha hecho muchos esfuerzos para tratar de equiparar ese esfuerzo logístico”, dice.
Al salir la CICIG de Guatemala, en 2019, cerca de 60 investigadores guatemaltecos quedaron desempleados. La fiscal general Consuelo Porras había insinuado que absorbería al personal de la CICIG para fortalecer el MP, pero eso no ha ocurrido, aunque la FECI reclutó a personal de otro tipo. Al frente de la DAC, la unidad que una vez dirigió Foppa, Porras colocó a un pariente suyo (al esposo de su sobrina) aunque en agosto de 2019 ella defendió el nombramiento diciendo que cumplía con el perfil del cargo.
El 2 de junio, días antes de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei dijo en una entrevista a Reuters que le parecía que el trabajo de la FECI era parcial, sesgado y motivado por ideología política. Giammattei emitió luego un comunicado diciendo que sus palabras habían sido sacadas de contexto, pero Sandoval toma eso con prudencia. “Si bien la Presidencia ha colaborado cuando hemos requerido información para investigar casos, hubo un día de estos un pronunciamiento del presidente de la República, muy respetable, pero que en el fondo refleja cuál es el sentimiento que tiene respecto del trabajo de la Fiscalía. No lo voy a sobredimensionar. Si la intención es que yo me pronuncie para provocar un enfrentamiento que luego me obligue a mí a expulsarme de algún tema, no lo va a conseguir, porque mi trabajo no va dirigido contra una persona en particular”, dijo.
En ese contexto, Sandoval asegura que el hecho que Kamala Harris haya mencionado explícitamente su respaldo a la FECI durante su visita a Guatemala fue algo importante. “Eso fue un espaldarazo”, dice Sandoval.
Mientras tanto, el Congreso guatemalteco creó en enero de 2020 una comisión para investigar supuestas anomalías cometidas por la CICIG y el MP, y hay diputados que siempre aprovechan sus intervenciones públicas para atacar a la FECI. Cuando se le pide a Sandoval que ponga nombre y apellido a esos personajes oscuros que están propiciando impunidad, el fiscal responde, otra vez, con diplomacia.
—¿Quiénes son los personajes que están propiciando la persecución contra ustedes? —le pregunté, el 11 de junio, en su despacho del MP.
—Si nuestro trabajo es la desarticulación de cuerpos ilegales, de estructuras de poder enquistadas en el Estado con capacidad de generar impunidad, hay que ver quién ha tenido el poder o quien ha podido generarse impunidad a través de acciones judiciales, reformas legales.
—¿Hay un poder paralelo?
—Solo vea el nombre de los casos de investigación. “Comisiones paralelas”, quiere decir que hay una comisión formal y algo paralelo. Así es en todo. Siempre hay estructuras de impunidad paralelas en los casos que investigamos que trata de empujar para que no se hagan de conocimiento público.
—En una entrevista previa, usted nos decía que si se iba la CICIG Guatemala volvería a lo de antes . ¿Se cumplió ese vaticinio?
—Más que lo diga yo, lo que publican los medios puede ser un termómetro de lo que está ocurriendo en las sociedades.
Sandoval dice que no es momento de tirar la toalla, en parte porque no ha notado un incremento en las amenazas y el hostigamiento en su contra, sino que este se ha mantenido en el mismo nivel desde hace unos años. Eso le hace pensar permanentemente en la posibilidad de echar a andar un plan B, aunque dice que procura no darle demasiado pensamiento. “Por ahora, tenemos que seguir hasta donde se nos permita”, dice. Cree que, en un futuro cercano, intentarán sacarlo del camino. “Mi eliminación no será a través de la eliminación física, sino a través de varias vías. Sacarme del camino, detenido, eso pienso que podría ser, o a través del descrédito público”.
Para el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, Guatemala vive una etapa de retrocesos. “Yo pensé que habíamos tocado fondo con Jimmy Morales, pero no, Guatemala parece un parqueo subterráneo donde siempre hay un sótano más abajo. No terminamos de tocar fondo”, dice.
Para describir el retroceso, Rodas explica que el Órgano Judicial ha nombrado entre sus magistrados a funcionarios acusado de tráfico de influencias en la selección de jueces, que el Tribunal Supremo Electoral ha nombrado como presidente a alguien con un título académico irregular, que la fiscal general Porras no ha mostrado un verdadero respaldo al trabajo de la FECI, y que el Congreso ha desobedecido desde octubre de 2019 una orden constitucional para designar nuevos magistrados de altas cortes conforme a criterios de probidad y transparencia.
Para Rodas, es indudable la necesidad de otra CICIG. “La presencia de la CICIG fortalecía lo frágil del sistema de justicia. Muchos nos envalentonamos. Hoy, entre todo lo malo, la esperanza está en la comunidad internacional. Estados Unidos ya se dio cuenta de que no hay posibilidades de cooperación si hay corrupción; y, si hay corrupción, habrá más migración”.
Rodas ha sido un férreo defensor de la CICIG y de otros operadores de justicia como la jueza Erika Aifán. Rodas, por ejemplo, fue quien logró que el mandato de la CICIG no terminara de manera abrupta a principios de 2019. También colocó un recurso el 31 de agosto de 2019, cuando la Corte Suprema intentó quitarle el vehículo blindado a la jueza Aifán. Rodas también interpuso una demanda penal contra el Congres, en mayo pasado, por peculado (malversación de fondos), porque un reportaje periodístico reveló que en esa institución se había montado un troll-center para atacarlo a él y a algunos diputados.
Rodas señala que el presidente Giammattei está dejando mucho que desear: “No he encontrado en él un buen interlocutor. Lamentablemente, no tiene perspectiva de Derechos Humanos y eso se nota en las políticas públicas. Institucionalmente, no hay una actitud de respeto a los derechos humanos”, dice.
El 21 de noviembre de 2020, ante la aprobación del presupuesto del Estado en el Congreso, cientos de personas salieron a manifestarse, porque consideraban que la distribución de los fondos públicos no era la mejor. Entre los recortes estaba el presupuesto de la PDH, de la universidad pública, del Organismo Judicial, y de los programas de atención a la desnutrición. Las protestas terminaron con decenas de heridos y un Congreso incendiado. El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, sugirió a Giammattei renunciar, y aunque el presupuesto finalmente no se aprobó, la represión policial provocó que dos personas perdieran un ojo y que se judicializara a civiles de manera arbitraria. Rodas recomendó la destitución del ministro de Gobernación, responsable de la Policía Nacional Civil, pero no fue escuchado.
A Rodas se le cumplirá el mandato el próximo año. No piensa buscar la reelección: “Es evidente que no contaré con el respaldo en el Congreso. Un número importante de diputados preferiría un procurador light, y que no incomode. Un perejil”.
