Néster Vásquez Pimentel, un abogado de 65 años, tomó posesión como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, la tarde del martes 8. Solo unas horas antes, cerca del mediodía, la Fiscalía había levantado cargos contra él y contra ocho magistrados más del Organismo Judicial porque, según las investigaciones, manipularon el proceso de designación de jueces en el año 2020, como parte de un pacto con un exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, que está en prisión acusado de ese y otros cuatro casos de corrupción.
La petición de antejuicio de la Fiscalía no impidió la juramentación de Vásquez. Tampoco lo impidió el llamado de unas 40 organizaciones que, en marzo, exigieron que Vásquez fuera despojado del fuero de magistrado tras aparecer en documentos incautados por la Fiscalía. Tampoco el hecho de que la comisión antimafias de Naciones Unidas, la CICIG, lo tuvo en la mira desde 2019, cuando descubrió que él también se había visto beneficiado de los amaños en las comisiones de postulación en el proceso que lo llevó a la CSJ en 2014.
A esa Guatemala llegó esta semana la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris quien, en su primera gira como segunda al mando de la administración Biden, anunció programas de cooperación con los que Estados Unidos quiere que se reduzcan los niveles de migración irregular de centroamericanos hacia su frontera sur. Harris anunció —en línea con la agenda anticorrupción promovida desde enero por voceros del Gobierno de EEUU — la creación de una fuerza de tarea anticorrupción regional, un esfuerzo “sin precedentes”, según dijo, en el que estarán involucrados el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, y el Departamento de Justicia que “seguirá las pistas del dinero de corruptos”, que hará sus propias investigaciones desde Washington, pero que también apoyará indagaciones locales. “Combatiremos la corrupción porque a ninguna democracia le conviene tenerla”, dijo Harris.
Pese a este y a algunos anuncios en materia económica, es muy probable que la visita de la vicepresidenta sea más recordada por las palabras que ocupó para tocar el tema migratorio, en momentos en que la oposición en Estados Unidos reclama a Biden haber provocado una nueva crisis humanitaria en la frontera con México: “Quiero ser clara, a la gente de esta región que está pensando en hacer ese peligroso recorrido hasta la frontera de Estados Unidos-México: no vengan… no vengan”, dijo Harris, desde el corazón de un país donde cuatro de cada diez personas quieren emigrar, la mayoría, a Estados Unidos.
La administración estadounidense enfrenta una crisis en su frontera sur, producto del incremento en las detenciones de migrantes centroamericanos. Un pico similar había ocurrido en mayo de 2019 , pero la oposición en Estados Unidos señala que esta vez el crecimiento se debe a la narrativa usada por el partido Demócrata al rechazar las duras políticas antiinmigrantes, legadas por Donald Trump (2017-2021). En los primeros cinco meses del año, Estados Unidos y México repatriaron a 14,700 guatemaltecos que intentaban entrar de manera irregular en Estados Unidos. Nueve de cada diez fueron devueltos a Guatemala desde México, según datos oficiales de Guatemala.
Harris, que aterrizó en Guatemala el domingo 6 de junio por la noche a bordo del Air Force 2, estuvo en el país solo 26 horas. De la base aérea, fue al hotel, y el lunes, visitó el Palacio Nacional de Cultura para una jornada llena de reuniones. El Palacio es uno de los edificios más emblemáticos del país y está construido sobre el kilómetro 0, donde se originan las carreteras del país. “Quisimos recibirla aquí porque tenemos muchos kilómetros que recorrer para la prosperidad de nuestra gente y para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, dijo el presidente Alejandro Giammattei.
Por la tarde, Harris visitó la Universidad Del Valle, donde se reunió con líderes de organizaciones sociales y mujeres emprendedoras quienes expusieron en breves intervenciones sus aspiraciones, a lo que Harris respondía con breves comentarios.
La Casa Blanca publicó una hoja resumen de los proyectos que serán impulsados como parte del plan hacia Guatemala. El plan incluye una construcción de viviendas, un programa de emprendedores para mujeres jóvenes, un fondo para micros, pequeños y medianos empresarios, y un apoyo para agronegocios, entre otros.
Harris se comprometió a buscar inversionistas para llevarlos a Guatemala, y aseguró que por eso es que le interesa combatir la corrupción. “Queremos que el dinero de los inversionistas vaya a los que lo necesitan, en lugar de llegar a manos corruptas”, dijo. “Nuestro objetivo es cortar de raíz la corrupción, porque sabemos que existe (…) Un componente esencial de nuestras prioridades debe ser la lucha contra la corrupción porque erosiona la confianza de la gente en su gobierno y en sus dirigentes. Y eso pone en peligro la capacidad de cualquier país de aprovechar al máximo sus recursos naturales para apoyar a sus ciudadanos”, agregó Harris, durante una declaración conjunta de media hora, brindada junto al presidente Giammattei.
Guatemala en retroceso
La visita de Harris responde a un intento de Estados Unidos por recuperar territorio en una Guatemala que, desde la salida de la CICIG, ha cedido espacio para el reagrupamiento de viejas estructuras político-criminales que habían perdido poder. El Enviado Especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga , visitó Guatemala en abril, pero el gesto resultó irrelevante ante las expresiones aún más fuertes de las mafias locales.
A diferencia de la toma de posesión del cuestionado magistrado Vásquez, por ejemplo, otros jueces han sufrido una escalada de hostigamiento por sus sentencias que han castigado a funcionarios corruptos. A Gloria Porras no se le permitió tomar juramento como magistrada de la Corte de Constitucionalidad el 13 de abril. Porras había sido electa para un tercer período en la CC, pero a minutos de su acto de protesta, alguien presentó una impugnación contra su candidatura y el presidente del Congreso la inhabilitó. Ella no pudo defenderse, se quedó sin trabajo esa medianoche y, debido a la pérdida del fuero, Porras prefirió salir del país . Porras cuenta con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es reconocida por sus sentencias favorables a la lucha contra la impunidad, por ejemplo, cuando retiró el antejuicio contra el líder del Partido Popular, el expresidente Otto Pérez Molina, o cuando votó en contra de anular el juicio contra el dictador guatemalteco acusado de genocidio, Efraín Ríos Montt.
Lo de Porras no es una excepción. En las últimas semanas, el Congreso ha promovido la elección de magistrados de justicia sin obedecer los lineamientos de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que ordenó elegir perfiles idóneos e ignorar a los que aparecieran mencionados en las investigaciones de la Fiscalía en el caso Comisiones Paralelas, que es donde aparece mencionado Vásquez. El Congreso está dominado por una alianza de partidos conservadores, liderada por Vamos , el partido del presidente Giammattei. Son 15 partidos que representan un total de 107 votos, de 160 posibles. Es una aplanadora que ya multiplicó la deuda pública del Estado sin mayor discusión, aprobó con poca transparencia onerosos paquetes de asistencia para la atención de familias durante la pandemia del Covid-19, así como una ley que da la posibilidad al Ejecutivo de controlar los fondos de cooperación recibidos por organizaciones no gubernamentales e incluso impedirles su funcionamiento.
Harris parece consciente de este intrincado panorama y por eso hizo hincapié en la creación de la fuerza de tarea anticorrupción. “Este esfuerzo brindará apoyo y acompañamiento a los fiscales guatemaltecos, incluyendo a la FECI”, dijo Harris, en alusión a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, creada en el año 2010 para trabajar de la mano con la CICIG. En la reunión con líderes de organizaciones, por la tarde, Harris volvió a tocar ese punto y la sola mención de la FECI significó, para algunos de los asistentes, un respaldo tácito a las fuerzas que en Guatemala resisten el desmantelamiento de la lucha anticorrupción.
Juan Francisco Sandoval, fiscal en jefe de la FECI, se convirtió en un referente de la lucha anticorrupción tras la expulsión de la CICIG. Ha sido blanco de una escalada de ataques en redes sociales, por ejemplo, de la cuenta de Twitter @LordVaderTG , que ha proferido amenazas contra él y su equipo. Hay más de 40 denuncias penales contra él, de las cuales una tercera parte provienen de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización que demostró un abierto rechazo a la Cicig. La fiscal general Consuelo Porras se resiste a cerrar esos casos, aduciendo que hay que seguir el debido proceso.
El futuro de la FECI está en veremos. Hay una demanda en la CC que pide la anulación del convenio que le dio vida en 2010. La llegada de Néster Vásquez a ese tribunal parece coincidente con ese esfuerzo de eliminar la fiscalía de Sandoval.
Los antecedentes del magistrado Vásquez podrían generar alguna inquietud: en 2018, tres jueces se quejaron con él por haber nombrado como jefe de seguridad del organismo a una persona del entorno de confianza del presidente Jimmy Morales, un experto en seguridad que había sido el segundo al mando en la unidad de inteligencia de la Presidencia. El nombramiento de ese jefatura, en momentos en que muchos jueces procesaban a militares y funcionarios del entorno de Morales, fue visto como un acto de intimidación. En 2019, Vásquez también denunció penalmente a dos defensores de derechos humanos por compartir información que habían encontrado en redes sociales.
A pesar del retroceso en materia de combate a la corrupción, es probable que los primeros frutos del reposicionamiento de Estados Unidos en el país ya hayan comenzado a brotar. Si bien la petición de antejuicio contra Vásquez y el resto de magistrados llegó tarde, es un gesto que podría explicarse por una reunión secreta ocurrida un día antes de la visita de la vicepresidenta y su comitiva.
El domingo 6 de junio, la fiscal general Porras sostuvo un encuentro con una delegación de funcionarios del Gobierno de Biden, en el hotel donde estaban hospedados. Fue una reunión sin cámaras ni presencia de medios y que no trascendió a la opinión pública. “Se abordaron temas relacionados con el combate a la corrupción e impunidad, combate al narcotráfico, el tema de la migración y los importantes resultados que el Ministerio Público ha logrado en ese sentido”, dijo el vocero de la institución, Juan Luis Pantaleón.
El Faro preguntó si existía una relación entre la petición de antejuicios contra Vásquez y los demás magistrados y la reunión con los funcionarios estadounidenses, pero Pantaleón lo negó. “El MP siempre actúa de manera objetiva e imparcial, su labor es velar por el estricto cumplimiento de la ley y en ese sentido, esta acción responde a que debe velar porque el sistema de elección de jueces debe ser regido exclusivamente por valoraciones técnicas”, respondió, a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.
Antes de la reunión con los funcionarios, Porras había retenido el expediente de los antejuicios por más de diez días en su despacho, según consignaron medios guatemaltecos, como La Hora. En ese ínterin, el 3 de junio, Vásquez se presentó al Congreso y, en cuestión de minutos, renunció a su cargo de presidente de la Corte Suprema y fue juramentado como nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad, en una maniobra que pareció diseñada para que nunca perdiera la protección del fuero. Fue hasta entonces que Porras levantó los cargos contra ellos.
En 2019, Porras también fue señalada de retardar la orden de captura contra Sandra Torres, entonces aspirante presidencial por el partido UNE. Porras autorizó la orden un día después de que quedara inscrita como candidata, lo que le otorgó fuero.
Porras comenzó su gestión sembrando dudas sobre su compromiso con la agenda anticorrupción. Contrario a sus predecesoras al frente de la Fiscalía, Porras no se posicionó a favor de la continuidad de la Cicig, y por el contrario, mostró complacencia con la decisión del presidente Jimmy Morales de expulsar la Cicig en 2019. En diciembre pasado, 90 organizaciones de la sociedad civil pidieron la renuncia de Porras debido a la contratación de una fiscal para investigar al jefe de la FECI y otras acciones, como permitir la desobediencia del Congreso a las sentencias de la CC, o haberle quitado investigaciones a la FECI donde están implicados personajes vinculados al presidente Giammattei.
En la reunión del domingo participaron también Nancy Eileen McEldowney, asesora de seguridad nacional de la vicepresidenta Harris; Juan González, asistente especial del presidente Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental; Ricardo Zuñiga, enviado especial de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Triángulo Norte; el embajador estadounidense, William Popp; el embajador de Guatemala en Washington, Alfonso Quiñónez; y el canciller, Pedro Brolo.
¿Es Giammattei un socio confiable?
Guatemala se ha convertido en el único país del Triángulo Norte de Centroamérica con capacidad de interlocución fluida con Estados Unidos. El Salvador y Honduras, por diversas razones, se han alejado de Washington. En el caso de El Salvador, el presidente Nayib Bukele, ha perdido cercanía desde la derrota de Trump . Biden también ha condicionado el paquete de $4,000 millones de dólares de cooperación para la región a que cada uno de los países tenga una efectiva rendición de cuentas y respete la institucionalidad del Estado de Derecho, algo que Bukele desafía con acciones como la del 1 ce mayo, cuando la Asamblea Legislativa controlada desde Casa Presidencial destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, sin seguir lo ordenado por la Constitución, y nombró a personas afines al bukelismo.
En el caso de Honduras, el puente podría construirse, pero Washington debe actuar con cautela. Honduras tiene de presidente al hermano de un convicto por tráfico de drogas , y sentarse con él sería complicado para una administración que propugna el combate contra la corrupción y el narcotráfico.
El norte de Centroamérica se ha vuelto un territorio en el que de pronto Estados Unidos solo tiene un pie. “Súbitamente, el mal alumno de la clase se vuelve el alumno bien portado”, dice Helena Olea, directora asociada de programas de Alianza Américas, una organización que aglutina en Estados Unidos a diversas asociaciones involucradas en la defensa de derechos humanos. Giammattei se ha convertido en el interlocutor por descarte para Estados Unidos.
Y pese a esa oportunidad, la visita de Harris parece haber puesto a Giammattei en una situación complicada, según opinan algunos expertos. “Ahora Giammattei tiene claro que lo estarán vigilando muy de cerca, Estados Unidos le puso las cartas sobre la mesa. Le dijeron, prácticamente, que seguirán la pista del dinero”, opina Helen Mack, una activista en temas de justicia y presidenta de la Fundación Myrna Mack. “Habrá que ver qué es lo que se termina llevando a la práctica en cuanto a lucha contra la corrupción y habrá que ver cuándo le empiezan a apretar a él con investigaciones y a los sectores que lo están apoyando”, dice Olea, de Alianza Américas.
Olea agregó que Estados Unidos puede presionar aún más a Guatemala con las listas de funcionarios que están pendientes de revelarse, como la Lista Engel o la de la Ley Magnitsky. La Lista Engel fue anunciada en diciembre por el Congreso de Estados Unidos y pretende exponer a funcionarios del Triángulo Norte que estén implicados en actos de corrupción o en actos de bloqueo al trabajo de las instituciones democráticas. La Ley Magnitsky es similar, pero contempla sanciones a personas específicas.
También hay analistas que piensan que Giammattei terminó con un saldo positivo después de la visita de Harris, precisamente, porque Estados Unidos no podía mostrar un tono agresivo con su único aliado en el Triángulo Norte ni mucho menos blandir en público las listas de nombres de funcionarios guatemaltecos señalados. “El tono de la visita no fue el tono de alguien que golpea la mesa, al menos lo que vimos públicamente, sino que fue un tono en el que Estados Unidos dice que van trabajar juntos contra la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico”, opina Enrique Godoy, economista y exfuncionario que renunció durante la administración de Jimmy Morales cuando este ordenó la expulsión de la CICIG en 2017.
Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala del gobierno derechista de Óscar Berger (2004-2008), coincide en este punto con Godoy: “El tono fue respetuoso, la vicepresidenta no vino a imponer o a fiscalizar, sino que vino a tratar de construir tareas conjuntas con socios confiables, de los que no hay”.
Para Stein, la visita de Harris, pero sobre todo la reunión con organizaciones de la sociedad civil y emprendedoras indígenas, refleja que las intenciones de Estados Unidos no son cosméticas. “Hay una oportunidad por primera vez en muchos años, y también hay señales claras no solo de parte de la vicepresidenta sino también en el staff, donde hay personas que comprenden de una manera profunda las dificultades que enfrentamos y que conoce la infección que tenemos por la corrupción”, aseguró.
Durante la declaración conjunta que brindaron Harris y Giammattei, a media mañana del lunes, hubo espacio para preguntas de la prensa. Una periodista de AP preguntó a Harris si le parecía que Giammattei era un socio confiable para el combate de la corrupción, y al propio Giammattei le preguntó su reacción a las voces críticas que lo ubican a él como parte del problema. Harris se mantuvo cauta y respondió con mucha diplomacia: “No tenemos tiempo para hablar con rodeos. Tuvimos una conversación muy franca [con Giammattei] sobre la importancia de contar con un poder judicial independiente, sobre la importancia de una sociedad civil fuerte”, dijo la vicepresidenta, quien volvió a mencionar la importancia de la independencia judicial y la iniciativa de la fuerza de tarea anticorrupción.
Giammattei no respondió a la pregunta hasta que el corresponsal de la cadena CBS le hizo la misma pregunta en español. Entonces Giammattei contestó: “Las redes sociales más que información llevan desinformación. Yo quisiera devolverle la pregunta a usted. ¿En cuántos casos de corrupción he sido señalado? Y le puedo dar la respuesta: cero. Estamos en una franca lucha contra la corrupción”, dijo, y en seguida enumeró una serie de acciones de su Gobierno. Dijo que por primera vez se subían a internet los ingresos y gastos del presupuesto, que también había portales especiales para fiscalizar las obras de construcción, que había una Comisión Presidencial que “les costaba las costillas” y que prefería no opinar sobre la Fiscalía o las cortes, “porque en Guatemala existe a la independencia judicial”.
Minutos después de aquellas declaraciones, a los pies de la tarima donde habían brindado la conferencia, un expresidente de la poderosa cámara de empresarios CACIF, el textilero y agroexportador Antonio Malouf tampoco se atrevía a emitir posicionarse pese a los reiterados llamados a favor de la independencia judicial hechas por Harris y por organizaciones civiles.
Malouf fue nombrado Ministro de Economía por Giammattei al comienzo de su mandato, en enero de 2020. Su nombramiento despertó algunas suspicacias en organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la agenda anticorrupción debido al papel que las élites económicas y militares habían jugado en el Gobierno de Morales. Giammattei parecía heredar los aliados de su predecesor. Cuando Morales expulsó a la comisión, Malouf acuñó una frase por la que es recordado hoy en día: “Cuando toca, toca”.
—A mí me podés pedir cuentas del Ministerio de Economía. ¿Depende del Ministerio a quién van a nombrar de juez en una corte? No. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Depende de mí si va a llover o no va a llover? Tampoco— decía Malouf ante la pregunta de si podía asumir una postura sobre el combate a la corrupción, a tono con las exhortaciones de Harris.
—La migración, la economía dependen en parte de si hay corrupción, o si hay independencia judicial —se le repreguntó.
—Ya lo dijo el presidente, de eso no puedo hablar. Llevamos año y medio en el Gobierno y una pandemia, ¿qué se puede esperar? ¿Qué necesitan? La corrupción está enraizada en muchos lugares y ahí la vamos a ir quitando.
