El Faro consultó a nueve especialistas salvadoreños en economía y seguridad informática sobre la posibilidad de que El Salvador emita su propia criptomoneda. Se trata de seis economistas, una periodista especializada en economía y dos expertos en tecnología y sistemas informáticos. Las preguntas se orientaban en tres temas: evaluar la medida considerando el alto nivel de endeudamiento del país, la disminución de riesgo que puede representar una moneda estable respecto al bitcoin y las oportunidades para el país si se implementa un amplio plan de digitalización del gobierno, tal como lo planteó Ibrajim Bukele, hermano y asesor del presidente, en una de las conversaciones con inversionistas extranjeros.
Los especialistas vienen de distintas ideologías: la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y una ex viceministra de Economía en la administración de Sánchez Cerén (2014-2019), por ejemplo.
'La introducción de una moneda digital podría ser beneficiosa para acelerar el crecimiento económico', dice la ex viceministra de Economía, Merlin Barrera, pero matiza que con el alto endeudamiento del país podría provocar 'inflación y una corrida bancaria'. De inflación también habla la periodista económica Mariana Belloso: 'debe haber una política monetaria por detrás para evitar que pase lo que sucede cuando se imprime papel moneda sin control: una escalada de inflación'. Es más extrema, por ejemplo, la postura de la economista Julia Martínez, quien asegura que la Ley Bitcoin, aprobada el 9 de junio, es 'una especie de transición monetaria' con el fin último de desdolarizar la economía.
Las consultas fueron realizadas antes de que el gobierno difundiera, este 18 de agosto, los borradores de normativas para aplicación de Ley Bitcoin y Funcionamiento de plataformas para billeteras digitales.
La discusión sobre las criptomonedas está abierta y en desarrollo en todo el mundo. El 19 de julio de este año, la Secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, encabezó una reunión para discutir las monedas estables. “Discutieron el rápido crecimiento de las stablecoins, usos potenciales como método de pago y riesgos potenciales para consumidores finales, el sistema financiero y la seguridad nacional”, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Tesoro. La posición estadounidense es especialmente relevante para El Salvador porque el plan de los hermanos Bukele es utilizar los dólares estadounidenses como respaldo de su criptomoneda. El grupo de trabajo del presidente Joe Biden emitirá recomendaciones en los próximos meses.
Es igualmente importante la postura de otro organismo: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y los adelantos parecen contrarios al plan salvadoreño. En una publicación de este 26 de julio, dos altos funcionarios del FMI desaconsejaron el uso de criptoactivos como moneda nacional. Tobias Adrian, Director de Asuntos Monetarios y Mercados Financieros del FMI, y Rhoda Weeks- Brown, Directora del Departamento Jurídico, escribieron una entrada de blog titulada “¿Criptoactivos como moneda nacional? Un paso muy lejos”. La publicación dice que “algunos países podrían verse tentados a tomar un atajo: adoptar criptoactivos como moneda nacional. Muchos de ellos son en efecto seguros, de fácil acceso y de transacción barata. Sin embargo, creemos que en la mayoría de los casos, los riesgos y los costos superan los posibles beneficios”.
Aunque la publicación del FMI no nombra a ningún país, El Salvador es el único país del mundo que ha tomado el paso de convertir una moneda virtual en una de obligatorio uso. Los ejecutivos aseguran que se corre el riesgo de que los precios domésticos se vuelvan inestables y también problemas para el gobierno mismo pues 'los ingresos fiscales se verían expuestos al riesgo de tipo de cambio si los impuestos se indicaran por adelantado en criptoactivos, mientras que los gastos siguieran estando en su mayoría en moneda nacional'. La posición es relevante porque el país anunció en marzo de 2021 que negocia un acuerdo de servicio ampliado con el FMI, que le permitiría zanjar las brechas presupuestarias de los próximos tres años, y facilitar, a largo plazo, que el gobierno pueda pagar sus deudas.
Julia Evelyn Martínez, economista, profesora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Fue directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), entre 2009 y 2010, en la administración de Mauricio Funes.
En mi opinión, el objetivo estratégico de la administración Bukele es la recuperación de la política monetaria del país mediante un proceso de desdolarización de la economía y de sustitución del dólar de los Estados Unidos por una moneda digital, el Colón- Dólar. El primer paso ya lo han dado con la aprobación de la Ley Bitcoin que podríamos considerar una especie de transición monetaria que culminaría con la adopción de una moneda digital. El objetivo de la Ley Bitcoin es facilitar que los dólares de Estados Unidos puedan ser convertidos en 'fichas' o tokens de aceptación obligatoria en establecimientos privados y públicos del país a través de una billetera digital (Chivo wallet) que inicialmente tendrá la opción de convertibilidad a dólares de Estados Unidos. Pero, en el transcurso de muy poco tiempo dejará de ser convertible debido a la escasez de dólares de Estados Unidos que comenzará a presentarse en la economía. La principal causa de esa escasez será la transformación de las remesas en dólares de los Estados Unidos en 'chivo tokens' y los incentivos que el gobierno dará a las personas para que realicen transacciones en 'chivo tokens'. Una proporción de los dólares que ingresen al país bajo el concepto de remesas y de exportaciones quedará bajo el control directo del gobierno, lo que permitirá que el Ministerio de Hacienda y el BCR cuenten con la liquidez necesaria para pagar a los acreedores privados que exigen estos pagos en dólares de Estados Unidos, así como para financiar las importaciones. Mientras tanto, el gobierno se prepara para dar el siguiente paso: la creación de una moneda digital respaldada por el BCR para uso interno, manteniendo siempre los pagos internacionales en dólares de Estados Unidos.
Estoy convencida que sí esta opción hubiese sido propuesta por un gobierno del FMLN como alternativa para recuperar en parte la política monetaria que el país perdió en 2001 con la ley de integración monetaria, muchos economistas 'de izquierda' la hubieran apoyado mientras otros 'de derecha' la hubieran rechazado. Lo cierto es que la desdolarización de la economía salvadoreña es tan solo una cuestión de tiempo, y ésta se puede hacer por la vía argentina del corralito financiero de 2003, con altísimos costos sociales o se puede hacer de una manera planificada tratando de minimizar los costos negativos sobre las mayorías populares. Desafortunadamente, la falta de experiencia, la ausencia de transparencia y la irresponsabilidad del clan Bukele en este tema genera incertidumbre y desconfianza en este proceso de desdolarización. Se están comportando como 'aprendices de brujos' que no podrán controlar las fuerzas económicas que están invocando.
Mariana Belloso, periodista especializada en economía. Editora de la revista Derecho y Negocios, en su boletín 'La semana con Mariana'.
La investigación de El Faro muestra que el Gobierno quiere crear su propia moneda estable. El problema es que últimamente las empresas que emiten estas monedas estables están siendo investigadas, ya que para poder valer lo mismo que el dólar, deben tener una reserva igual al monto de las monedas que han sido emitidas electrónicamente. Ninguna ha podido comprobarlo. Tether, la más usada, solo contaba con respaldo de $0.75 por cada $1 en Tether emitido. Y peor aún, solo tenía en “líquido” o efectivo $0.03 por cada $1 en Tether. Esto es un problema porque la empresa debería poder dar $1 en efectivo por cada Tether si quienes usan estas monedas estables quisieran cambiarlas, pero la evidencia ha demostrado que no pueden. ¿Cómo garantizar que esta moneda electrónica se genere con suficiente respaldo para no ser una máquina de dinero virtual que distorsione la economía? Al igual que el dinero normal, o fiat, debe haber una política monetaria por detrás para evitar que pase lo que sucede cuando se imprime papel moneda sin control: una escalada de inflación.
Merlin Barrera, economista, con postgrados en Macroeconomía aplicada, Administración de empresas públicas estratégicas y maestría en Comercio Internacional. Fue viceministra de Economía en el periodo de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y fue la encargada del plan de gobierno para la candidatura presidencial de Antonio Saca, en 2014.
La introducción de una nueva moneda digital podría ser beneficiosa para acelerar el proceso de digitalización y desarrollo tecnológico en nuestro país, modernizarlo, acelerar el crecimiento económico y crear nuevas apuestas económicas. Pero esto no se logra de un día para otro. La creación de condiciones para introducir una medida de política económica tan importante y tan transcendental como la introducción de la stablecoin requiere de un esquema de preparación y construcción de condiciones. Es importante determinar cuales son las características de la moneda digital que se pretende emitir y el contexto actual de finanzas públicas nacionales. Actualmente las presiones fiscales son muy grandes. Las últimas aprobaciones de préstamos indican que los niveles de endeudamiento rondan el 94% del PIB anual. Parece que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa están decididos a llevar al límite los niveles de deuda. Asimismo, las cada vez más remotas posibilidades de firmar un acuerdo de apoyo financiero con el FMI, la urgente necesidad de obtener recursos para pagar la deuda interna de corto plazo, el deterioro de la calificación de riesgo del país por parte de instituciones financieras internacionales que se traduce en incrementos de las tasas de interés para la colocación de bonos soberanos y la caída en los ingresos corrientes en el Presupuesto General de la Nación durante los últimos meses están obligando al gobierno salvadoreño a encontrar nuevas formas de financiar su insostenible déficit fiscal, así como su política excesiva de gasto corriente (nuevas contrataciones en el sector gubernamental, gastos en publicidad, plazas para nuevos miembros de la Fuerza Armada, importaciones de alimentos, incremento del subsidio al gas, pagos de incremento al salario mínimo, entre otros).
En ese contexto la emisión de una moneda digital con convertibilidad uno a uno con el dólar estadounidense, obligaría al Ejecutivo a acumular una enorme cantidad de dólares estadounidenses para financiar una emisión considerable de monedas digitales que le permita hacer frente a sus gastos corrientes y el financiamiento de sus proyectos de inversión. Si el Gobierno no puede respaldar las emisiones de moneda digital con dólares estadounidenses, porque no tiene suficientes dólares, el sistema pierde credibilidad y es imposible mantener la paridad uno a uno. En ese momento, la gente perderá interés de tener monedas digitales en sus manos y buscará cambiar rápidamente sus monedas digitales por dólares estadounidenses, lo que provoca una continua reducción de las reservas internacionales (US$) (corrida bancaria), que a su vez hace que la moneda digital se deprecie y se genere un proceso sostenido de incremento de precios (inflación) en la moneda digital de uso local. En las actuales condiciones, emitir una moneda digital provocaría una corrida bancaria y la generación de procesos inflacionarios.
Tatiana Marroquín, licenciada en economía, con estudios de posgrado en finanzas. Posee experiencia profesional en supervisión del sistema financiero. Fue analista técnica en temas fiscales para la Asamblea Legislativa, con la fracción del FMLN en la legislatura 2018-2021.
Las stablecoin no “desaparecen” la volatilidad, sino que de alguna manera intentan “absorberla” o minimizarla, con delicados y poco regulados mecanismos de emisión de otro tipo de criptomoneda; estas pueden estar respaldadas con dólares, etc. o pueden no tener respaldo y solo estar ligada a algoritmos. Si cerramos el tema de la volatilidad, se abren otra gran cantidad de dudas no solo financieras sino legales. ¿Qué tipo de criptomoneda estable emitirá el gobierno? ¿Quién auditará si tiene o no respaldo? ¿De dónde saldrán los fondos públicos para respaldarla? La Ley Bitcoin no habilita ni regula este mecanismo de emisión y/o endeudamiento público. Es urgente llamar a la población a exigir transparencia en la implementación de la billetera digital gubernamental. Todas las personas tendríamos que poder auditar la tecnología y mecanismos financieros de esta billetera. Las políticas públicas, pero esta en general, no pueden ni deben ser de reserva del gobierno, mucho menos deben ser tomadas por personas ajenas al gobierno, como lo son los hermanos del presidente. Están tomando decisiones sobre la vida de toda la población salvadoreña, deben de hacerse con mayor responsabilidad, transparencia y desde equipos gubernamentales. Parece que los hermanos del presidente tienen la ventaja del poder, pero no la auditoría y responsabilidad que conlleva.
José Luis Magaña, economista por la Universidad Centroamericana (UCA), con especialización en Estado, Gobierno y Democracia por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Coordinador de investigación en Panorama Económico.
En situaciones de problemas fiscales, algunos países han intentado utilizar la emisión monetaria para cubrir brechas fiscales. Esto, si bien temporalmente le permite a los gobiernos hacerle frente a sus obligaciones financieras locales, termina afectando en la capacidad adquisitiva de la moneda local. En este caso, al no haber moneda local, sino la posibilidad de una especie de moneda digital, lo que está en juego es la confianza monetaria que pueda generar el gobierno a la ciudadanía, a organismos internacionales y mercados financieros. Además, la forma en la que se está planteando, requiere mantener reservas en dólares que permita una posible paridad 1 a 1 como se está prometiendo, pero que, de no lograrse significaría, de facto, una devaluación de la nueva moneda emitida, que se podría traducir en aumentos generalizados de precios.
El origen de las stablecoins está más relacionado con la búsqueda de saltarse regulaciones institucionales que con la estabilidad con respecto al bitcoin. Utilizar ese mecanismo como política pública, virtualmente estaría planteando una política monetaria bastante parecida a la de una caja de convertibilidad, donde la stablecoin emitida por el gobierno debe contar con una institución pública que la respalde con reservas equivalentes a la totalidad de la cantidad de dólares que circulen en el sistema. Todavía hay mucha opacidad sobre el mecanismo de funcionamiento, pero parecería que el fideicomiso de BANDESAL busca ser el respaldo de una posible stablecoin emitida por el gobierno. Esto plantea varias inquietudes. De entrada, convertiría a BANDESAL en una especie de Banco Central paralelo, con la capacidad de emitir su propia stablecoin y que, bajo las presiones fiscales en las que se encuentra el Estado y la opacidad en el manejo de las finanzas públicas, hay dudas razonables de que tenga la capacidad de sostener el cambio uno a uno a través de sus propias reservas.
Laura Nathalie Hernández, es abogada e investigadora en leyes, tecnologías, propiedad intelectual y políticas públicas. Tiene una maestría en Propiedad intelectual y derecho de las altas tecnologías de la Universidad Santa Clara.
Los planes de adopción de tecnologías por parte de los gobiernos deben basarse en la consulta, participación, discusión multisectorial, y en la identificación y análisis de los beneficios y desafíos que representa la implementación de las tecnologías. Los efectos, positivos o negativos, del uso de la tecnología blockchain pueden ser diversos, y por lo tanto requieren de la mayor participación de actores que logren identificarlos y resolverlos de manera que la tecnología produzca los beneficios que promete. El cifrado de las transacciones, la protección de datos personales, el impacto medioambiental, la investigación y persecución de ilícitos son algunos de los desafíos que aún deben superarse para que el uso de la tecnología sea más confiable. Estamos frente a una tecnología aún “joven”, y debido a ello los gobiernos a nivel mundial aún discuten la mejor manera de adoptarla, regularla y usarla para que sea una tecnología confiable. Si bien contamos con leyes y reglamentos que podrían fomentar el uso de la firma electrónica, los documentos electrónicos, no hay una verdadera estrategia nacional para la adopción de tecnologías complejas como blockchain, que incluya la protección de los datos, la seguridad informática, la alfabetización digital, etc. Estamos construyendo un edificio desde el techo, y no desde sus cimientos. Sin el marco fundamental que nos garantice que la tecnología será confiable y para beneficio de todos, la adopción de blockchain podría ser fútil, o en el peor de los casos, podría complicar la gestión gubernamental. La tecnología es neutra, y, por tanto, sus beneficios o riesgos dependen de cómo son desplegadas y usadas.
Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Es abogada y tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Oxford.
El mérito del artículo de El Faro es que ha logrado distinguir que en realidad lo que pasó en el país es una decisión de política monetaria, con implicaciones macroeconómicas que no dependen de las virtudes tecnológicas de una criptomoneda, sino de la decisión de introducir un activo, que no necesariamente cumple todas las las funciones de una moneda. Creo que los impactos económicos de la adopción de la Ley Bitcoin ya están en la economía. Primero, hay un costo de oportunidad. Cuando tú estás comprometiendo 150 millones para respaldar esta moneda significa que tú ya no puedes usar esos 150 millones para invertirlos en otras cosas que puedan dinamizar la economía. Segundo, con solo la aprobación de la ley y cómo se aprobó entorpeciste la puerta a otras fuentes de financiamiento y generaste mucha desconfianza en la economía del país y, sobre todo, en tu capacidad de pago. Muchas empresas que trabajan con líneas de crédito extranjeras han visto reducidas estas líneas de crédito, no porque ellos no tengan un buen récord crediticio, sino simplemente porque el riesgo país subió. El riesgo más importante es el riesgo del aislamiento de El Salvador de la economía mundial porque bitcoin introduce riesgo. Desde la transnacional, la casa matriz le va a decir a la sucursal salvadoreña ‘A mí no me podés reportar utilidades y dividendos en bitcoin. Así que ve qué haces allá en El Salvador, te deshaces de eso’. Luego hay riesgos mayores. ¿Qué pasa si nos descapitalizamos de dólares y las exportaciones ya no tienen cómo pagar sus compromisos? Todo esto tal vez les suene bastante lejano o como un problema de las empresas, pero al final se va a traducir en en un mayor costo de la vida, un mayor costo de tus préstamos, mayor costo de los productos que tú compras para tu familia.
Ronald González, ingeniero en Sistemas computacionales de la Universidad Evangélica, con maestría en Seguridad y gestión de riesgos informáticos de la Universidad Don Bosco. Fue analista y forense en Delitos Informáticos de la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional Civil e instructor de hacking para la Fiscalía General.
El problema no solo es lo volátil que puede ser una criptomoneda, sino que nuestro país no está preparado por la infraestructura informática y de telecomunicaciones requerida. El porcentaje es tan bajo de personas que tienen acceso a internet en el país (23.3% de los hogares tienen acceso a internet según las cifras de la Encuesta de Hogares 2019). Diferente hubiera sido que, gradualmente, se implementase como pruebas libres, pero sin regular por Ley, ya que el bitcoin y el blockchain nacieron libres. En términos de seguridad, el problema no sólo está en los ataques de ingeniería social que los criminales puedan utilizar para estafar, sino en ¿Quién puede asegurar que los Smart Contracts estarán bien programados sin vulnerabilidades para ser explotados por código fuente? A grandes rasgos, no se conoce el nivel de seguridad que posee la billetera Chivo. Lo primero que se necesitan son especialistas en seguridad informática y hackers (ojo, no hay que satanizar este término, ya que un hacker no es lo mismo que un cibercriminal), que hagan una verdadera política pública de seguridad de la información, debidamente consultada con todos los sectores. Esta sería la base para una digitalización o transformación digital adecuada.
Luis Vargas Claros, economista por la Universidad Centroamericana (UCA), con maestría en Economía, Recursos Naturales y desarrollo sustentable de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue director general de economía agropecuaria del Ministerio de Agricultura, entre 2017 y 2019, en la administración de Salvador Sánchez Cerén.
Por definición una stablecoin es 'estable' porque está respaldada por una moneda fuerte, generalmente. En este caso, serían dólares estadounidenses, por lo que se revela en la nota. ¿Pero de dónde saldrían esos dólares que respaldarían los 'colones-dólares'? ¿Disminuyendo la reserva de liquidez? ¿Cuentas individuales de pensiones? En principio, es delicado que se siga viendo estos fondos -de todas las personas y no necesariamente líquidos- como una opción para resolver problemas de corto plazo. Del fondo general es improbable, si precisamente es por la situación fiscal que parece gestarse esta idea. Pretendiendo aplacar la situación de volatilidad podrían estarse creando otros problemas, sin que haya certeza que se estén resolviendo los que podrían estar motivando estas decisiones. No se está tapando un hoyo destapando otro; se están abriendo dos hoyos, que es peor.
