El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate inició el pasado lunes 20 de septiembre la vista pública –proceso en el que las partes (defensa y fiscales) presentan sus últimos argumentos previo a que se emita sentencia– contra Inversiones e Inmobiliaria Fénix, empresa procesada por la destrucción del sitio arqueológico Tacuscalco, el lugar al que Pedro de Alvarado llegó herido después de la batalla de Acajutla en 1524. En este lugar hoy existe una residencial de clase media conocida como Acrópolis. Fue este audiencia en la que Fénix presentó nueva documentación con la que busca librarse de responsabilidad penal debido a que ya pagó una multa impuesta por el Ministerio de Cultura.
Luego de conocer esta información, el tribunal de sentencia de Sonsonate decidió suspender durante 10 días hábiles esta parte del juicio para documentarse y tener constancia de lo presentado y leído por los abogados defensores de la Inmobiliaria Fénix. Los documentos, según defensa, eximen a la empresa de los cuatro delitos por los que ha sido acusada: desobediencia de particulares, daños agravados, construcciones no autorizadas e infracción a las medidas de registro, control, circulación y protección de bienes culturales. Tras la reanudación, el Tribunal de Sentencia compuesto por tres jueces definirá si libra de cargos a la empresa.
Los documentos leídos por la defensa, según la resolución, evidencian que el Ministerio de Cultura eliminó las restricciones que había emitido para frenar la obra, a partir de la cual se originó la denuncia penal. La resolución tiene fecha 31 de julio 2020.
En 2018, tras la primera denuncia, la Fiscalía ya había solicitado a los arqueólogos del Ministerio de Cultura que hicieran un valúo de las pérdidas según las inspecciones realizadas hasta febrero de 2018, cuando todavía no se habían construído las viviendas. Los expertos estimaron que el total ascendía a $4 millones.
Hugo Díaz, exjefe de Arqueología del Ministerio, lideró las excavaciones que determinaron los daños en Tacuscalco. “Los sitios arqueológicos son invaluables desde una perspectiva económica debido a sus valores culturales intrínsecos por la cantidad de información que aporta cada uno de los elementos que lo conforman, desde su ubicación hasta las construcciones, material arqueológico y patrimonio inmaterial que albergan por ser un lugar sagrado para los pueblos indígenas”, explica. Es por eso que la cifra que calcularon estaba basada en el costo de adquirir el terreno donde estaba el centro cívico ceremonial y un monto que permitiera administrar y cuidar el sitio arqueológico.
Díaz está citado en el proceso como testigo. En la instalación de la vista pública, la defensa pidió que se le excluyera por ya no ser parte de la institución. La entonces ministra Suecy Callejas lo despidió a inicios de 2020, luego de un incidente con una empresa cañera, que también destruyó Tacuscalco, por “falta de confianza personal y política”.
La imposición de multas está estipulada en la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural en el artículo 46 a manera de amonestación para quienes hayan violado las medidas de protección de bienes culturales.
Tacuscalco fue declarado bien cultural en 1997. Fénix obvió esa declaratoria y destruyó el sitio arqueológico a pesar del paro de obra impuesto por los arqueólogos del Ministerio de Cultura en febrero de 2018 y de la suspensión de obra ordenada por una jueza ambiental en abril del mismo año.
Fénix tiene tres años de intentar sortear la justicia por la destrucción de este sitio arqueológico. En el camino interpuso una demanda ante una cámara de lo contencioso administrativo acusando a las autoridades de Cultura habían sobrepasado sus atribuciones al ordenar el paro de obra. En 2019, sin embargo, la cámara falló a favor del Ministerio.
Tacuscalco, considerado por arqueólogos y los pueblos indígenas un sitio sagrado es ahora una residencial clasemediera detrás de cuyos muros resaltan antenas de televisión por cable que anunciaba su residencial modelo en San Salvador. Si bien la Ley es clara en especificar que las multas impuestas son “sin perjuicio” de la responsabilidad penal, el Ministerio deja claro en un escrito fechado 31 de julio 2020, que “se levanta la medida cautelar de paro de obra y sus efectos [...] dejando sin efecto cualquier restricción emanada por esta cartera de Estado”.
Una vez más, el Ministerio de Cultura falla en proteger uno de los sitios arqueológicos más importantes del país, el cual registra 3000 años de historia. Este es el lugar al que Pedro de Alvarado llegó herido después de la batalla de Acajutla. Desde una de las estructuras del lugar, Alvarado observó la batalla de sus hombres contra los pipiles de Tacuscalco. Lo describe en sus cartas de relación. Lo describen también los códices de tlaxcaltecas que acompañaron a los españoles en la conquista.
Si bien la administración pasada respaldó a los arqueólogos en dos ocasiones, este apoyo se dio únicamente después de que un grupo de arqueólogos salvadoreños publicara una misiva en la que solicitaban al presidente Salvador Sánchez Cerén que detuviera la obra. No hubo desde el Ejecutivo, sin embargo, ninguna acción que garantizara el cumplimiento de las medidas de protección.
Para cuando se firmaron esos oficios, Suecy Callejas, actual vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, era aún la cabeza del ministerio. Pese a que dejó sin efecto la ley que está obligado a hacer cumplir, la medida, no obstante, era esperable. En febrero 2019, en una entrevista con El Faro, Callejas dejó claro que para ella la salida más viable era que la empresa constructora pagara una indemnización. “Tacuscalco, desde mi punto de vista jurídico personal, que quede claro, está en un punto de no retorno y de negociación, [...] que se paguen las indemnizaciones a las instituciones. Que paguen y que se invierta esa plata en otra cosa. Porque ya no vas a sacar a esa gente, no vas a reconstruir todo lo que ya se robaron y quebraron”.
En la entrevista, la funcionaria aseguraba que la indemnización era la salida por la afectación de la “seguridad jurídica”. Este argumento fue el mismo que esgrimió la Comisión Especial que conformó la Asamblea Legislativa (2018-2021), un intento por dar la razón a Fénix respecto a que no habían violado la Ley. En su misión por eliminar la responsabilidad de la empresa, los legisladores intentaron reformar la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural elaborando una interpretación auténtica del artículo 8, el cual establece que la competencia del Ministerio de Cultura de autorizar “los planes de desarrollo urbano y rurales, los de las obras públicas en general y los de construcciones o restauraciones privadas que, de un modo u otro, se relacionen con un bien cultural inmueble”.
El desinterés de la autoridades por la protección al patrimonio, y en específico de Tacuscalco, ha supuesto impunidad para que el sitio se siga destruyendo. A mediados de enero 2020, una empresa azucarera devastó una de las áreas allende del terreno de Fénix. El Ministerio, además de reaccionar tardíamente, tampoco condenó la destrucción del patrimonio cultural.
El pasado 20 de septiembre, el bloqueo del Ministerio para que haya justicia en este caso se trasladó hasta el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate. Ante la intención de los abogados defensores de Fénix de sacudirse la responsabilidad penal luego de haber pagado la multa al Ministerio de Cultura, la representación fiscal pidió al tribunal que se hiciera un revalúo de los daños causados por la constructora. En ese momento, los abogados que estaban en representación del Ministerio de Cultura pidieron la palabra para manifestar que estaban en desacuerdo con la Fiscalía. Así lo narra Román Cartagena, representante del Movimiento por la defensa de Tacushcalco, quien estuvo presente en la vista pública como oyente.
