Dos meses y medio después de que los diputados decidieron desacreditar al Ministerio de Cultura por señalar que Inversiones Fénix había destruido el bien cultural ubicado en Tacuscalco, la derecha legislativa concluyó que la empresa no usurpó el terreno del sitio arqueológico. Para respaldar esta conclusión tomaron un informe emitido por el Centro Nacional de Registros en el que la institución asegura que “no es posible establecer con certeza si las tres parcelas controladas catastralmente como propiedad de Inmobiliaria Fénix S.A. de C.V., conforman dicho perímetro”.
Los diputados de la comisión acordaron no superar el veto, aunque insisten en que el decreto no excede sus competencias como legisladores ni es inconstitucional, que eran parte de los argumentos que contenía el documento. A pesar de eso, dijo Serafín Orantes, del PCN: “No es superando el veto presidencial que le vamos a dar a la empresa lo que por ahora ha bloqueado el Ejecutivo”.
Inversiones Fénix tuvo que detener la construcción de una residencial en Tacuscalco por orden de un juzgado ambiental de Santa Ana, que determinó que esta empresa no tenía el permiso ambiental adecuado para continuar. Sin embargo, la obra llevaba un 80 % de avance y la mayor parte de los vestigios culturales —que contenían una historia milenaria— ya habían sido destruidos.
A los diputados se les explicó, por horas y en diferentes sesiones, que los límites actuales de la declaratoria emitida en 1997 no coinciden con los actuales, ya que estos se van ampliando en la medida que se realizan excavaciones arqueológicas. Esos detalles, más otros argumentos legales, los escucharon los diputados que integraron la comisión especial dedicada al caso de Tacuscalco. Ellos, sin embargo, decidieron hacer caso omiso de los argumentos de los expertos, incluso de los que contrató Fénix.
La conclusión de los diputados llegó luego de que el veto presidencial frustró un decreto de interpretación auténtica de la ley del patrimonio que desprotegía los bienes culturales en territorio salvadoreño. Esta interpretación pretendía que la obligatoriedad para solicitar permisos de construcción, establecida en el artículo 8 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural (LEPPCES), se limitara solo a aquellos que habían sido declarados como eso, como patrimonio del país. Tal como está escrita, alegan los legisladores, permite que el Ministerio de Cultura sobrepase sus atribuciones administrativas.
“Lo cierto es que esta incerteza interpretativa de la norma que comento afecta no solo a la empresa Fénix, sino a todos los ciudadanos que sean propietarios de un inmueble dentro de la República de El Salvador, pues conforme a los alcances interpretativos que el Ministerio de Cultura pretende otorgar al Art. 8 inciso 2° LEPPCES, su competencia se extiende sobre todos y cada uno de los kilómetros cuadrados que comprenden el territorio nacional; y por ende, los actuales y futuros propietarios de inmuebles deberán solicitar la autorización del Ministerio, muy a pesar de que dicho Ministerio no tiene la capacidad para desarrollar tal actividad, y que se establecería un nuevo trámite burocrático virtualmente insuperable para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto”, reza el informe.
Proteger la seguridad jurídica de las empresas constructoras fue la bandera que ondeó, desde el inicio, esta comisión. Este argumento calzaba con el de Fénix, que aseguraba que las autoridades habían cometido actos arbitrarios al ordenar paro en un obra para la que tenían todos los permisos. Lo anterior supone una verdad a medias, ya que, tal como lo ha reconocido la misma empresa, nunca tramitaron el permiso ante el ahora Ministerio de Cultura. Las versiones mutaron en el proceso y Fénix pasó de decir que no sabían que tenían que tramitarlo, a que no tenían por qué solicitarlo.
La LEPPCES ya establece en el artículo 8 que “Los planes de desarrollo urbanos y rurales [...] que de un modo u otro se relacionen con un bien cultural inmueble serán sometidos por la entidad responsable de la obra a la autorización previa del Ministerio a través de sus respectivas dependencias”.
Además, la empresa se contradice a sí misma cuando asegura que no sabía que tenía que solicitar la autorización, ya que según registros del departamento de arqueología, entre 2014 y 2017, tanto Fénix como Salazar Romero, empresa que está dentro del mismo grupo empresarial que Fénix, han solicitado autorización para distintos proyectos habitacionales en la zona occidental, en La Libertad y en San Salvador.
Como parte de las actividades previas a emitir su informe, los diputados visitaron Tacuscalco el pasado 31 de julio. En esa ocasión, los arqueólogos explicaron lo encontrado en cada pozo excavado. Las autoridades cultura han detallado que Tacuscalco registra 3,000 años de historia. Pero para los diputados, la visita fue relevante solo para comprobar la tesis de la empresa constructora: “no se determinó fehacientemente la existencia de vestigios culturales significativos en la propiedad de Inmobiliaria Fénix”, reza la conclusión final del informe.
Sobre lo observado en la visita, los diputados ampliaron en la última sesión de la comisión y dijeron no estar impresionados por lo que ahí vieron. Así lo expresó el diputado Jorge Mazariego, del partido de la democracia cristiana: “Si existieran vestigios, se tiene que parar una obra. Pero lo poco que ahí se pudo ver... Yo esperaba ver estructuras más grandes o las cabezas de jaguar que aquí nos explicaron”. El concepto de sitio arqueológico, tal como explicaron los arqueólogos, no se supedita a los monumentos piramidales, sino que lo constituye todo aquel espacio donde se pueda identificar la habitabilidad del ser humano.
El informe se aprobó con 45 votos, uno en contra y una abstención. El FMLN y Gana no dieron sus votos. Leonardo Bonilla, diputado independiente, fue quien votó en contra y durante la sesión pidió que su voto razonado se adjuntara al informe. Bonilla, en su intervención, explicó que no estaba de acuerdo con lo planteado porque para él, a partir de la información recopilada y la visita al sitio, “aunque no se ha demostrado que los inmuebles en los que se desarrolló el proyecto habitacional haya sido designado como un bien cultural inmueble, no hay duda que siendo éstos colindantes a un bien cultural inmueble denominado Tacuscalco, de acuerdo al art. 8 LPP, la sociedad Fénix debió, antes de iniciar las obras, solicitar al Ministerio de Cultura la autorización respectiva a fin de determinar si existían o no posibles bienes culturales que debían ser protegidos”.
En esa misma línea explicó su voto disidente el diputado Javier Valdez, del FMLN, quien explicó que la empresa ha violado lo establecido en el artículo 8, 24, 30 y 42 de la LEPPCES por no contar con los permisos correspondientes al no contar con los permisos de las entidades correspondientes antes de la ejecución del proyecto habitacional. Contrario a lo que expresa el informe, añadió que existe un “daño irreparable y no cuantificable realizado al centro ceremonial de Tacushcalco”, luego de haber incumplido los procedimientos institucionales.
La sorpresa en esta votación la dio la diputada por Arena, Marcela Villatoro, quien se abstuvo de votar a favor del informe junto al resto de su fracción. Consultada por El Faro, la funcionaria explicó que “para mí puede ser un proyecto que pueda tener un impacto negativo en el medio ambiente”. Esto contraviene lo establecido en el informe, en donde se justifica que, como aún no hay personas viviendo en la Acrópoli Sonsonate, no se puede hablar de contaminación en el río Ceniza.
La legisladora dijo estar de acuerdo en que este proyecto también puede ser lesivo para la protección del patrimonio, pero que se abstuvo, en lugar de votar en contra, porque, luego de consultarlo con su jefe de fracción, en el momento eso le pareció “que era lo correcto”.
El informe aprobado este día por la Asamblea, si bien incluye recomendaciones, como que se le extiendan los permisos pertinentes a la empresa y se levante el paro de obra, no es vinculante con los procesos sobre el caso que están activos en los juzgados.
El expediente de lo investigado en esta comisión especial pasará a la comisión de Cultura y Educación, a la que le quedará la tarea pendiente de revisar la LEPPCES para considerar si hace falta una reforma que subsane los vacíos que identificó la comisión especial de Tacuscalco.
