Los magistrados de la Sala de lo Constitucional impuestos por Nayib Bukele avalaron el pasado viernes 3 de septiembre la reelección presidencial inmediata para el próximo periodo, que debe iniciar en 2024.
En su resolución, los magistrados consideraron que solo compete “al pueblo” decidir si el presidente debe continuar o, por el contrario, decantarse por otra opción. Lo único que deberá hacer Bukele para competir por su reelección será renunciar a su cargo cinco meses antes de que se abran las urnas.
La sentencia de la Sala argumenta que el texto constitucional que prohíbe la reelección responde a necesidades de “hace 20, 30, 40 años”. A la luz de los nuevos tiempos, concluyen los magistrados, eso representa una “excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica y el actuar de representantes que se resisten al cambio del soberano, que se resisten a escuchar la voluntad del pueblo”.
Los magistrados que emitieron este histórico dictamen fueron los mismos que la mayoría oficialista del partido Nuevas Ideas impuso el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, cuando destituyó a los magistrados legítimos y nombró a sus sustitutos sin cumplir con el proceso de selección previsto en la ley. El presidente Bukele se hizo responsable de esa decisión durante una reunión posterior con el cuerpo diplomático, que su administración transmitió en cadena nacional.
La resolución de 27 páginas fue dada a conocer la noche del pasado viernes 3 de septiembre a través de las redes sociales por la propia Sala. Aún no se han hecho públicos los razonamientos de cada magistrado para un dictamen que marca un antes y un después en El Salvador. Este es el primer dictamen importante que toman los nuevos servidores públicos de alto nivel en el Poder Judicial y fue, justamente, para facilitar la continuidad del bukelismo.
El sábado 4, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que acatará la nueva disposición emitida por el máximo tribunal del país. En un escueto comunicado de tres párrafos resaltaron el hecho de que, si así lo desea el actual presidente, podrá postularse de nuevo.
Pocos minutos después de su publicación, el magistrado del TSE, Julio Olivo, se dijo “sorprendido” por el comunicado: “el organismo colegiado no sesionó para discutirlo. Es un acuerdo exprés surgido de un nuevo chat de la magistrada presidenta”, escribió en su cuenta de Twitter.
Bukele, un asiduo comunicador a través de sus redes sociales, se había mantenido callado hasta el cierre de esta nota. También el vicepresidente Félix Ulloa, quien ha tenido a su cargo la elaboración de propuestas de reformas constitucionales que presentará al presidente el 15 de septiembre, en el marco del bicentenario de la independencia de El Salvador. Ulloa ha insistido en que no se puede modificar los artículos pétreos de la Constitución que prohíben la reelección consecutiva, y ha recordado que la misma Constitución obliga a la insurrección si se viola esta cláusula.
Dura condena de Estados Unidos
La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, fue la primera representante diplomática en reaccionar públicamente a la sentencia. El sábado por la noche, 24 horas después de que se conociera la resolución de la sala, dijo en conferencia de prensa que su Gobierno “condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala de lo Constitucional salvadoreña de la Corte Suprema”.
“Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña, que establece que la reelección inmediata no está permitida”, argumentó Manes, que ya fue embajadora en El Salvador entre 2016 y 2019 y ahora encabeza la representación estadounidense en el país de forma interina.
La diplomática vinculó además esta resolución con la serie de acciones tomadas por el Gobierno de Bukele en los últimos meses para tomar control de los tres poderes del Estado. Dijo que el fallo era “resultado directo de la decisión del primer día de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña, de remover inconstitucionalmente a los magistrados en funciones de la Sala de lo Constitucional e instalar reemplazos leales al Órgano Ejecutivo”, y añadió que estos movimientos responden a “una estrategia clara” del Ejecutivo “para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico”.
Estas duras declaraciones son una escalada sin precedentes en el tono usado por la administración Biden con el Gobierno de Bukele. Pese a haber condenado en su momento la toma del Congreso con militares el 9 de febrero de 2020 y haber exigido, sin suerte, la restitución en su puesto de los magistrados depuestos ilegalmente el 1 de mayo, la Casa Blanca había tratado en los últimos meses de tender puentes con Bukele en un esfuerzo por ganar influencia en su forma de gobernar.
El nombramiento de Manes como virtual embajadora interina el pasado 26 de mayo, después de que la agencia de cooperación estadounidense (USAID) anunciara el 4 de mayo la retirada de ayuda para la Fiscalía, la Policía y la Corte Suprema de El Salvador, fue un paso en esa dirección. Durante su primera etapa en El Salvador, Manes tuvo una relación cercana con Bukele, cuando él fue alcalde capitalino, y fuentes en Washington celebraban hasta hace una semana que Manes había logrado en poco tiempo establecer una comunicación directa y constante con el presidente de El Salvador.
Este sábado, Manes comparó a Bukele con el expresidente venezolano Hugo Chávez y afirmó que la salvadoreña es una “democracia en declive”.
“Hemos visto en la región cuando otros países han seguido ese camino, como es el caso de Venezuela, donde Chávez fue elegido democráticamente, pero paso a paso trató de conseguir más poder y limitar la independencia”, dijo. “Creo que muchos venezolanos creyeron que estaban viviendo en una democracia, porque había razones para elegirlo, pero cuando está poco a poco sacando la independencia de las instituciones de un país, sabemos dónde sale este camino”, continuó.
La encargada de negocios, que el pasado día 27 presidió una donación estadounidense de ocho helicópteros y equipo logístico a la Fuerza Armada de El Salvador, no respondió cuando se le preguntó si la Casa Blanca impondrá sanciones a El Salvador, pero habló de posibles consecuencias para la inversión: “Este nivel de incertidumbre es exactamente lo que no quieres si quieres atraer buena inversión a este país. Las empresas que estamos tratando de traer están pensando en ir a otro país. (…) Se necesita un sistema judicial que esté funcionando, y claramente no está funcionando en este momento”.
Manes rechazó también la reforma a la ley de la carrera judicial, aprobada el 31 de agosto por los diputados oficialistas, que supone la destitución de todos los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio, y se mostró escéptica ante el argumento oficialista de que la medida busca combatir la corrupción en el sistema de justicia. “Si quieren combatir la corrupción, estamos con ellos, pero eso no es lo que está pasando aquí”, dijo. “Eso tiene que ver con sacar a las personas y poner a las personas leales que (Bukele) quiere, y eso es claro”.
Un incendio para apagar fuegos
La resolución de la Sala que abre la puerta a la reelección de Bukele fue anunciada en una de las coyunturasinternacionales más desfavorables para el presidente desde que inició su mandato, y cuando ha perdido unos puntos en la aprobación popular salvadoreña, que sigue siendo muy alta.
La resolución se hizo pública cuatro días antes de que entre en vigor la llamada Ley Bitcoin, lo que ocurrirá el próximo martes 7 de septiembre. Esa ley da a la criptomoneda curso legal y la vuelve de aceptación obligatoria en el país. A pesar del discurso oficial sobre los beneficios del Bitcoin, una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) reveló la semana pasada que siete de cada diez salvadoreños rechazan el Bitcoin, y más del 90 % está en desacuerdo con la ley.
Las negociaciones del Gobierno con las tres pandillas, que este periódico dio a conocer el 23 de agosto, y las reformas a la carrera judicial aprobadas inconstitucionalmente por su bancada en la Asamblea han generado condenas internacionales. A ello se une la detención policial, el pasado miércoles, de Mario Gómez, un especialista en informática y crítico público del Bitcoin. La Policía lo detuvo sin orden judicial ni acusación de por medio. Gómez fue liberado horas después, tras una intensa denuncia ciudadana a través de redes sociales, pero la Policía le decomisó sus teléfonos.
Como pocas veces en su Presidencia, Bukele no impuso la narrativa nacional durante más de dos semanas.
Los fallos de los magistrados bukelistas han concentrado toda la atención desde el viernes, relegando los anteriores escándalos a un segundo plano.
Jueces reaccionan a la sentencia
Varias organizaciones no gubernamentales, juristas y jueces reaccionaron durante el fin de semana a la sentencia de la Sala. Todos ellos, ajenos al bukelismo, rechazaron la sentencia. Algunos jueces consultados por este periódico se negaron a que se publicaran sus nombres, por temor a represalias.
Entre quienes aceptaron hacer públicas sus opiniones está el juez Tercero de Sentencia de San Salvador, Antonio Durán, que dijo que la resolución de la Sala es jurídicamente inexistente ya que es contraria a lo que establece la Constitución. “La letra y el espíritu de la Constitución prohíben la reelección presidencial”, dijo, y citó el artículo 88 de la Constitución, que reza: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”.
Godofredo Salazar, juez especializado de Sentencia de San Salvador, que resuelve casos de crimen organizado, sostuvo que los magistrados de facto realizaron una “interpretación muy conveniente” que va encaminada a defender los intereses del Ejecutivo.
José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, advirtió que la resolución de los magistrados ratifica el carácter autocrático de Bukele y confirma el proyecto oficialista de concentración y permanencia en el poder.
“La resolución fue emitida por cinco usurpadores. Esta es la conducta de un matón. Los riesgos que advertimos son al menos dos: el primero es que se trata del prólogo de un proyecto de consolidación de un régimen autocrático. Ahora, seguramente, esto se trasladará a la Constitución y ya quedará consagrada”. El segundo riesgo -agregó- es que abren un horizonte indefinido respecto a la duración de este régimen. “Está clarísimo que esto es una captura completa de las reglas electorales y con eso podríamos descartar que las elecciones de 2024 van a ser limpias”.
Sonia Rubio Padilla, politóloga de la Fundación para el Debido Proceso, considera que las decisiones que adopten los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional no pueden ser legítimas, debido a la ilegalidad del proceso con que fueron nombrados el pasado 1 de mayo. Además, dijo, “esta decisión es contraria a la letra de la Constitución salvadoreña (artículo 154), que inhabilita expresamente la extensión del mandato constitucional, ni un día más (de los cinco años). De modo que esta supuesta interpretación, al rebasar los límites del propio texto, en realidad encubre una modificación de la Constitución.”
En la ilegitimidad de origen, debido a la imposición de los magistrados, coincide Abraham Ábrego, de la organización CRISTOSAL, una de las más activas en la denuncia de los atropellos a la institucionalidad democrática del Gobierno de Bukele. Pero agregó que, tras analizar la sentencia, ha concluido que “no se justifica la interpretación que hace la Sala. Los anteriores magistrados, los legítimos, establecieron que el presidente tenía que esperar dos períodos presidenciales”.
Bukelistas arrancan la campaña
En contraste con el silencio de Bukele, varios miembros de su gabinete, diputados de su bancada y aliados celebraron públicamente la decisión de la Sala y extraoficialmente lanzaron ya la campaña por la reelección del presidente.
Uno de los más elocuentes fue Ricardo Cucalón, el director de Migración, que ha protagonizado algunos de los respaldos más sonoros al presidente así como dedicado insultos para sus oponentes. En su cuenta de Twitter, llamó a Bukele “Capitán El Salvador” y lo rubricó con un fotomontaje del presidente enfundado en la indumentaria del Capitán América, sobre un letrero que identificaba los años 2024-2029, que comprende el próximo periodo presidencial, y la palabra “reelección”.
El presidente del partido Nuevas Ideas y primo de Bukele, Xavier Zablah, también expresó su júbilo en Twitter y escribió: “Presidente @nayibbukele, si te decides, aquí está todo tu partido para seguir luchando por la transformación de nuestro amado país…”
Otros funcionarios, como el ministro de Salud, Francisco Alabí, y la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, celebraron con un poco más de cautela. Ambos han sido señalados en investigaciones periodísticas por corrupción relacionada con las compras y fondos especiales de la pandemia, y Recinos se encuentra entre los salvadoreños sancionados por Estados Unidos tras su inclusión en la llamada Lista Engel.
De la oposición, muy pocos emitieron opiniones. El diputado del partido Arena, René Portillo Cuadra, llamó a la resolución “una cortina de humo” para desviar la atención por la entrada en vigencia del Bitcoin. “Cuando digo una cortina de humo, no me refiero a restarle importancia al fallo de la Sala, sino al momento que ocupan para sacarla”, declaró.
Anabel Belloso, quien ocupa una de las cuatro curules del FMLN, cree que esta resolución sólo comprueba que el objetivo de Bukele es consolidar su régimen. “A estas alturas es ya una dictadura”, sostuvo la diputada.
Cuestionada por el apoyo de su partido al régimen del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, que se consolidó mediante golpes similares a los perpetrados por Bukele, Belloso apeló por el “respeto a los procesos internos de cada país, garantizando también los derechos humanos. Ahora nos corresponde a nosotros los salvadoreños y salvadoreñas enfrentar a la dictadura y a sus aliados y restaurar la democracia”.
El concejal de la Alcaldía de San Salvador y representante del partido Nuestro Tiempo, Héctor Silva Hernández, consideró que la sentencia “es una culminación triste y dolorosa” del retroceso democrático que ha vivido el país. La situación se ha agravado, dijo, porque la oposición política sigue estando “sumamente dispersa”.
*Julia Gavarrete, Roxana Lazo, Valeria Guzmán, Gabriela Cáceres, Daniel Lizárraga, Carlos Martínez, Carlos Dada y Óscar Martínez
