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Familiares de funcionarios oficialistas se salvan del masivo recorte en la Asamblea Legislativa
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Familiares de funcionarios oficialistas se salvan del masivo recorte en la Asamblea Legislativa

Tres familiares de dos magistrados impuestos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la esposa del director de la Policía Nacional Civil (PNC) y la hija de uno de los principales financistas del partido Gana se salvan de la última purga de personal de la Asamblea Legislativa. La Junta Directiva de ese órgano de Estado, controlada por Ernesto Castro, ha despedido al 73 % de los empleados en cinco meses y no han aclarado si los sustituirán por otros de su confianza. 



 
 

La Asamblea Legislativa controlada por el presidente Nayib Bukele despidió a 1,700 empleados desde el 1 de mayo que asumieron funciones los actuales diputados. Sin embargo, cinco empleados que tienen parentesco con piezas claves del bukelismo se salvaron de la purga que afectó al 73% de la planilla legislativa, según información proveniente de la oficina de Recursos Humanos y del sindicato de trabajadores.

Los familiares del presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, son Yolanda Castro de López y Jouser López. Ella es su esposa y es la jefa de la Dirección de Planificación; él es su hermano y es colaborador en Gana. El hijo de Elsy Dueñas, otra magistrada impuesta, es Óscar Avilés Dueñas, técnico de comisiones. La esposa de Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía, es Claudia Figueroa de Arriaza, y también se salvó de la purga legislativa. Los despidos tampoco afectaron a la hija de Herbert Saca. Él no es funcionario público, pero es alguien que desde la fundación del partido ha tenido poder en Gana, aliado del bukelismo en la Asamblea y el partido con el que Bukele llegó a la Presidencia en 2019. La hija de Herbert Saca, Cindy Saca Aragón, trabaja en la sede departamental legislativa de La Libertad, según la información de Recursos Humanos de la institución. Los salarios de estas personas van desde los 1,300 dólares hasta 3,500 dólares.

Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, juramenta a Óscar López Jerez (derecha) como presidente de la CSJ el 1 de mayo de 2021. López Jerez preside la Sala de lo Constitucional que avaló la reelección presidencial. Foto: Cortesía/Asamblea Legislativa
 
Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, juramenta a Óscar López Jerez (derecha) como presidente de la CSJ el 1 de mayo de 2021. López Jerez preside la Sala de lo Constitucional que avaló la reelección presidencial. Foto: Cortesía/Asamblea Legislativa

El Faro confirmó la parentela con los cuatro funcionarios y Saca a través de documentación oficial del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y del Centro Nacional de Registros (CNR). Este periódico habló con tres exempleados y dos que aún conservan sus plazas, los cinco decidieron hablar en condición de anonimato por temor a represalias. Dos líderes sindicalistas también hablaron con este periódico para explicar la coyuntura actual tras los masivos despidos.  

La representante legal del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sital), Ingryd Escobar, y el secretario general, Luis Ortega, denunciaron el seis de mayo el comienzo de esta purga en la Asamblea. Los empleados han bloqueado las entradas al edificio legislativo para hacerse escuchar. “No les permiten tener sus documentos, no les entregan su carta de despido, no les permiten sacar su información de Recursos Humanos, es una violación más”, dijo Escobar a El Faro.

Ernesto Castro anunció los despidos dos semanas después de haber asumido la presidencia de la Asamblea. “Vamos a remover a quienes fueron favorecidos con plazas fantasmas y que no cumplían con su jornada laboral como el resto de trabajadores”, dijo el 14 de mayo tras finalizar la sesión plenaria. 

Cuatro de los cinco familiares de los funcionarios oficialistas que han permanecido tras los despidos llegan a las oficinas de la Asamblea en horario regular, según el Sitral y siete empleados de la Asamblea. Un quinto familiar, el hermano de López Jerez, es la excepción, según todas estas fuentes. 

Dos dirigentes del sindicato y dos empleados de Gana aseguraron, bajo condición de anonimato, que Jouser Joaquín López Jerez no se presenta a trabajar con regularidad. Él aparece en la lista de empleados desde mayo de 2018, como colaborador administrativo de la fracción de Gana, con un salario de 1,300 dólares mensuales. 

El Faro solicitó en noviembre de 2019 a la oficina de información de la Asamblea la hoja de vida de Jouser López, pero a través de una carta se negó la entrega del documento. El mismo Jouser firmó un escrito para impedir la divulgación de su currículum porque, según justificó, “contenía información confidencial”: “no deseo que tal información sea entregada al solicitante”, respondió el empleado legislativo en noviembre de 2019.

Jouser no es el único pariente de López Jerez en planilla. Yolanda Dalila Castro de López es la esposa del presidente de facto de la CSJ y trabaja como jefa en la Dirección de Planificación, desde enero de 2017, con un salario de 3,500 dólares mensuales. Es licenciada en Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica, según su hoja de vida publicada en el portal legislativo. De López trabajó como capacitadora para el manejo de las tarjetas y posts en el BAC Credomatic. También fue empleada de Avon: era la responsable de la “planificación y seguimiento del plan anual de trabajo”, dice su currículum.  

Yolanda de López llegó a la Asamblea para actualizar el manual de organización y el organigrama. Sin embargo, en el organigrama del portal de transparencia (2015) no existe la Dirección de Planificación. La nueva Oficina de Acceso a la Información publicó una nota aclaratoria en su portal el 25 de agosto de este año donde explica que la “Dirección de Planificación se encuentra en proceso de revisión, actualización y aprobación de la nueva estructura de la Asamblea”. 

Óscar Armando Avilés Dueñas, hijo de la magistrada Elsy Dueñas, labora en la Unidad de Asesoría Técnica Jurídica como técnico de apoyo, con un salario de 3,000 dólares mensuales desde agosto de 2019, según la oficina de Recursos Humanos. Fue asistente en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión Especial para la Investigación de Acoso Contra Periodistas en la legislatura anterior. Actualmente, Óscar Dueñas atiende a la Comisión Ad Hoc para el estudio del proyecto de Ley General de Recursos Hídricos.  

Claudia Lorena Figueroa de Arriaza, esposa del jefe policial, aparece en la planilla de empleados de la Asamblea desde octubre de 2018, como colaboradora jurídica en la Gerencia de Comunicaciones, con un salario de 2,000 dólares. Según su contrato, del 22 de octubre de 2018, fue empleada para la Unidad de Género, con un salario de 1,700. Voceros del sindicato aseguran que actualmente se encuentra en la Gerencia de Recursos Humanos como colaboradora jurídica. 

El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas (en medio, de uniforme), durante una reunión con el gabinete de Seguridad, en 2019. Actualmente, su esposa trabaja en la Asamblea Legislativa y se salvó de una purga de más del 70 m% de los empleados de ese órgano. Foto: Víctor Peña.
 
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas (en medio, de uniforme), durante una reunión con el gabinete de Seguridad, en 2019. Actualmente, su esposa trabaja en la Asamblea Legislativa y se salvó de una purga de más del 70 m% de los empleados de ese órgano. Foto: Víctor Peña.

Arriaza Chicas es un oficial que llegó a la Policía proveniente de la Fuerza Armada en 1993, como parte de un grupo de militares que no se habían dado de baja del Ejército. En noviembre del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió un proceso de antejuicio por “incumplimiento de deberes”. Un mes después, Arriaza Chicas fue el primer funcionario del Gobierno de Bukele que enfrentó un proceso penal frente a la justicia y fue absuelto porque la Asamblea Legislativa cometió errores de procedimiento al exigirle llevar con apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, orden que él incumplió.

Cindy Yamileth Saca Aragón, la hija de Herbert Saca, está en la oficina departamental de la Asamblea en La Libertad desde junio de 2017, como colaboradora administrativa y con una paga mensual de 2,500 dólares. Ella, al igual que Jouser López, fue otra de las empleadas que firmó un escrito para negar la divulgación de su currículum.

Herbert Saca no es funcionario de este Gobierno, sin embargo hay suficientes indicios para considerar que está alineado con la actual administración. Es fundador de Gana, según reveló el exdiputado de ese partido, Miguel Ahues, en 2012 a El Faro, pero también hay evidencia de que tiene acceso al círculo de confianza de Bukele. El 31 de agosto fue fotografiado en una reunión privada en casa de la familia Orozco, financistas de Gana.

El Faro intentó obtener una reacción de Yolanda de López, Claudia de Arriaza, Óscar Dueñas y Cindy Saca, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Este periódico también buscó obtener una explicación de la Junta Directiva, pero tampoco hubo respuesta. Cuando este periódico preguntó en las oficinas de Gana por Jouser López, la recepcionista respondió: “¿Quién? Creo que se ha equivocado de oficina, acá no hay ningún Jouser”. 

Herbert Ernesto Saca Vides, un operador político vinculado a la creación de Gana, partido con el que Bukele llegó a la Presidencia en 2019, y que ahora mismo acompaña todas sus decisiones desde su fracción legislativa. Su hija trabaja en la sede departamental de La Libertad de la Asamblea Legislativa.  
 
Herbert Ernesto Saca Vides, un operador político vinculado a la creación de Gana, partido con el que Bukele llegó a la Presidencia en 2019, y que ahora mismo acompaña todas sus decisiones desde su fracción legislativa. Su hija trabaja en la sede departamental de La Libertad de la Asamblea Legislativa.  

Asamblea mantiene el mismo presupuesto para el próximo año

Ernesto Castro prometió que habrá una reducción en el presupuesto de 2022. “Hemos reducido en $7 millones al año”, aseguró en la segunda plenaria como presidente de la Asamblea. Sin embargo, el presupuesto de este año es de 58.3 millones, y para el próximo 2022 será de 57.6 millones. Es decir que solo habrá una reducción de 700,000 dólares.

Aunque esta administración legislativa ha despedido al 73 % de los empleados, no ha explicado si esos despidos implican la supresión de la plaza o una sustitución por personas de la confianza de los nuevos diputados. 

Esta nueva Asamblea ha intentado lapidar la transparencia. El 12 de julio se conoció una propuesta de 11 reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), estas reformas buscaban clasificar como secreta la información sobre declaraciones de patrimonio, viajes oficiales o datos de contratos públicos. Otro intento fue el del 25 de agosto. El Legislativo actualizó el índice de información reservada del portal de transparencia, que incluían 20 nuevas reservas que según la Ley de Acceso a la Información son públicas. Ambos intentos fueron detenidos por la presión mediática y de algunos sectores de la sociedad civil. 

El Faro solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Asamblea la lista de empleados despedidos y las nuevas contrataciones que se han hecho a partir del 1 de mayo de este año. La oficina se excusó de entregar la información. “La nueva administración se encuentra en proceso de reordenamiento y reestructuración” respondieron. Agregaron que “la información relacionada al personal es variable”. 

En enero de 2018, Néstor Castaneda, presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), entregó al expresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, 22 reformas a la Ley de Ética Gubernamental (Leg). Una de las propuestas era sancionar el nepotismo cruzado. De aprobarse, sería prohibido contratar a un familiar de un alto funcionario de otro órgano de estado. Sin embargo, los parientes de los funcionarios bukelistas, al ya estar en la Asambea, estarían blindados. 

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, asegura que la legislación salvadoreña debe sancionar el nepotismo cruzado. “El nepotismo cruzado es una forma que lleva a la construcción de redes que financian o sostienen políticamente a los partidos”, explicó el experto.


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