En teoría, el Organismo Judicial (OJ) concentra recursos en los juzgados de Mayor Riesgo para procesar casos de alto impacto. En la práctica, los jueces que los dirigen son hostigados. Sólo entre 2015 y 2018, estos jueces sumaron 57 denuncias administrativas, 33 denuncias penales, y 22 solicitudes de antejuicio (la jueza Erika Aifán concentra el mayor número), según un informe de Impunity Watch. En junio pasado, cuatro de estos jueces (Aifán, Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez, y Yassmin Barrios) dijeron que muchas de las denuncias no tienen fundamento y pidieron al Ministerio Público (MP) que las revise y desestime. Estos procesos consumen horas de la agenda ya recargada de los jueces y las juezas, y les exponen a amenazas inverosímiles. Además los obligan a emplear más recursos de los que disponen para defenderse.
El informe de Impunity Watch, de febrero de 2019, revela que “los jueces de Mayor Riesgo tienen el mismo salario y beneficios laborales de los jueces ordinarios”. Sin embargo, trabajan bajo mayor presión y riesgos a su seguridad y la de sus familias, y son blanco de un alto escrutinio público que suele acabar en criminalización.
En esta entrevista, ocurrida el 5 de octubre pasado, y en la que Aifán se despojó de su habitual discreción y conversó durante casi dos horas, ella calificó a todo este proceso como “una criminalización bajo aparente legalidad”.
Para comprender el delicado momento en que están los jueces como Aifán es necesario traer a cuenta varios sucesos que han marcado el deterioro de la justicia en Guatemala.
Las denuncias contra Aifán comenzaron en junio de 2018. Su juzgado llevaba complejos procesos que iniciaron la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuando ya estaban bajo acoso.
Uno de esos casos es Comisiones Paralelas 2020: en abril de 2018, Aifán ligó a proceso al abogado Roberto López Villatoro, y a dos personas más, después de que la CICIG demostró que el abogado intentó influir en el nombramiento de “las más altas autoridades del poder judicial en el país” por medio de una estructura paralela a las Comisiones de Postulación (de jueces y magistrados). Eran candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones.
Para mayo de 2018, en otro caso de la CICIG, Construcción y Corrupción, Aifán había condenado a nueve prominentes empresarios que sobornaron a un exfuncionario de la administración anterior. La sentencia incluía una disculpa pública y un resarcimiento del daño por medio de la construcción de obras públicas, por Q35 millones (US$4.6 millones), que incluyeran en un lugar visible este anuncio: que la construcción de la obra era parte del cumplimiento de la condena en el caso Construcción y Corrupción. Ese mismo mes, Consuelo Porras asumió la fiscalía general.
El 31 de agosto de 2018, el entonces presidente Jimmy Morales anunció que no solicitaría la extensión del mandato de la CICIG (vigente por un año más). Ese mismo día, tres meses después de que comenzaron las denuncias en su contra, Aifán reveló que dos vehículos no identificados la siguieron desde la Torre de Tribunales hasta su casa. No obstante, en diciembre, Aifán envió a los procesados a juicio en el caso Comisiones Paralelas. En enero de 2019, cuando el jefe de la Comisión, Iván Velásquez, y varios investigadores extranjeros volvían a Guatemala después de un viaje corto, el Gobierno prohibió su ingreso al país.
La presión contra Aifán siguió escalando. Provenía del MP, en forma de denuncias de fiscales cuestionando sus actuaciones como jueza, y de algunos procesados. También salía de su propia oficina, en filtraciones de documentos en procesos con un denominador común: Gustavo Alejos, exsecretario Privado de la Presidencia (2008-2012). La FECI también señaló a Alejos de intentar influir en la composición de las cortes. El exfuncionario, que es procesado en otros cinco casos de corrupción, es una de las fuentes detrás de las denuncias contra Aifán.
En junio de 2021, la FECI pidió el retiro de la inmunidad a diez magistrados de la CSJ, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad (CC), en el caso Comisiones Paralelas. Un mes después, la fiscal general despidió al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien también tenía una docena de denuncias en su contra en el MP. En agosto, la CSJ rechazó el pedido de la FECI, y los magistrados mantuvieron su inmunidad. En septiembre, el MP pedía la captura de Sandoval (aunque estaba fuera del país desde julio).
Para entonces, los jueces de Mayor Riesgo estaban en una isla rodeada de operadores de justicia cuestionados. Unos meses antes, cuando acudieron a la sede central del MP para pedir que cesara la persecución en su contra, la respuesta de la fiscalía general fue el silencio absoluto.
Aifán navega en este contexto con un equipo de trabajo del cual desconfía, salvo por su secretaria. La han grabado sin autorización discutiendo información confidencial, y han extraído piezas de expedientes del juzgado. También le han ocultado certificaciones que requieren sus resoluciones en un plazo definido, para que lo incumpla y sea sancionada.
“Es evidente que hay una estrategia estructurada para afectar la funcionalidad del juzgado”, dice la jueza. “Hay una estructura criminal en todo esto, subyacente, por la forma en que se van moviendo, la comisión de los hechos y la protección hacia los autores materiales”.
El tiempo que emplea en esquivar los ataques extiende algunas de sus jornadas hasta la media noche, pero no prosperan las denuncias contra los empleados que según ella boicotearon el juzgado. Al contrario, afirma que el OJ los protege.
En septiembre pasado, la nueva CC (juramentada en abril) revocó un amparo que frenaba un antejuicio contra Aifán. El proceso surgió por las medidas que la jueza ordenó contra candidatos a magistrados, con base en su vinculación con el caso Comisiones Paralelas, y Gustavo Alejos, según la FECI. Sin embargo, la CSJ rechazó la petición de retirarle la inmunidad este mes. Es la segunda vez este año en que la Corte decide que Aifán retenga su inmunidad.
Actualmente, poco ilustra la situación de Aifán como las condiciones en que se desplaza hacia el juzgado que dirige, desde una oficina en el otro extremo del vestíbulo en el nivel 14 de la Torre de Tribunales. Apenas son unos 50 metros, pero la rodean cuatro guardias de seguridad vestidos de particular, que empuñan fusiles de asalto, y al menos una guardia uniformada del OJ. Una vez entra al juzgado, el equipo de seguridad permanece en la puerta, a un lado de la ventanilla de recepción, en alerta.
Su oficina no mide más de tres metros cuadrados, con mesas y libreras donde hay expedientes y documentos en cualquier espacio disponible. El ruido del tráfico se cuela por la ventana, también el estruendo de los aviones que despegan del aeropuerto La Aurora y sobrevuelan el edificio. Aifán ha cerrado la puerta de su oficina. La precede la fama de ser escueta para hablar, pero esta entrevista dura una hora y 47 minutos. Este día, la jueza de Mayor Riesgo tiene mucho que decir.
—Usted ha dicho que su judicatura ha sido objeto de espionaje desde hace dos años. ¿Cuál fue el detonante?
—En junio de 2018, tuvimos una solicitud de informe de amparo en el que textualmente la persona copiaba parte de una resolución que no había sido notificada. Entonces, con mi secretaria reforzamos la vigilancia para evitar más filtraciones. Cuando son cosas muy confidenciales, allanamientos, autorizaciones, órdenes de aprehensión, solo lo trabajo con mi secretaria. Registramos cuántas órdenes de aprehensión no se ejecutaban por operativo. Eran una o dos, un margen normal, cuando no encontraban a las personas. De pronto hubo un expediente con el 25% de ineficacia, una diferencia sustancial que comenzó con el cambio de fiscal general. En el segundo operativo fue un 50%. El tercer y último operativo, del 5 de agosto de 2019, fue 100%. No se capturó a nadie. Ese fue otro punto de filtración, pero no de mi secretaria. Nos llamó la atención que los dos primeros operativos fueron de la (auxiliar) fiscal, Cinthia Monterroso (de la FECI). Ella nos culpó. Dijo que seguramente en el juzgado se había filtrado la información.
Un reporte de prensa divulgó que la lista de personas a capturar circuló en redes sociales un día antes del tercer operativo. Entre ellas estaba Gustavo Alejos. Aifán dice que la fiscal general inició una investigación de oficio por “fuga de información”. La jueza también pidió investigar a Monterroso por la filtración en varios casos. Aifán confiaba en su secretaria. Habían manejado casos más delicados con cero filtraciones. Entonces, para ubicar la fuga, comenzaron a observar patrones de comportamiento en el resto del personal.
—Con la puerta abierta (de la oficina), escucho que una de las oficiales le grita al notificador, “¡Pedro Luis! ¡Te llaman! Es el licenciado fulano de tal. Te está devolviendo la llamada”. Él sale corriendo a contestar el teléfono, y la oficial le dice, “dice que tú lo llamaste, o le pusiste un mensaje, algo así”—relata Aifán.
Se trataba del notificador Pedro Luis Hernández Debroy. Después de preguntarle al respecto, el notificador le dijo que le había dado su número de celular al abogado defensor y se escribían por WhatsApp. Aifán le explicó que toda comunicación debía ser por la vía oficial, con la línea fija del juzgado, para dejar un registro en el caso de que fuera necesario comprobar cuándo se hizo una llamada. El notificador insistió en que no había hecho nada malo, y le mostró a Aifán los mensajes de texto en su celular. La jueza observó que el notificador informaba de antemano al abogado respecto a la programación de las audiencias, por ejemplo. También informaba resoluciones selectivamente a una de las partes, en otros casos, antes de notificar oficialmente a todas.
—Ahí vimos el match con el problema del amparo—dice Aifán. —Ese fue el detonante: ponerlos a ellos en evidencia y en conocimiento de que yo ya sabía que estaban actuando mal.
—¿Qué casos involucra esto? —se le preguntó
—Mesoamérica, un caso de migrantes que una estructura transnacional trae desde Nepal, Bangladesh, (y Eritrea). Pasan por toda Sudamérica, Centroamérica, Guatemala, México, hasta Estados Unidos. Se han hecho dos operativos de captura. Lo curioso es que, en este caso, (el notificador) tenía las comunicaciones con la fiscal (contra la Trata de Personas, a cargo del caso). El otro caso fue Caja de Pandora, una posible defraudación a la Municipalidad de Guatemala. El otro caso es el 359, que los netcenteros llaman la multicausa, porque abarca los casos Construcción y Corrupción 1 y 2; Red, Lavado y Política; Casa Antigua (que es el de los Q122 millones), Odebrecht, Financiamiento Electoral Ilícito, y Comisiones Paralelas.
—¿Hubo filtraciones en estos últimos casos?
—Estas filtraciones con Pedro Luis (el notificador) se dieron en 2018, 2019, y no abarcan las últimas fases (del 359), porque estábamos todavía en Construcción 1 y 2. Pusimos controles. Para evitar (que filtrara) una resolución anticipadamente, vigilamos que se le entregara hoy y hoy se notificara. No le dábamos tiempo para filtrar. Esto comenzó a generar algún malestar (se quejó de que alguien revisaba su archivo, por ejemplo). Entonces, le dije: “levantemos acta y vemos qué tiene, qué le revisaron, y qué le sacaron del archivo”. Por supuesto, no había nada forzado (en el archivo)—dijo Aifán.
El notificador esparció el contenido de sus archivos, carpetas y documentos sobre el escritorio. Le entregó uno por uno a la jueza y ella identificaba el documento en voz alta. Era el 3 de octubre de 2019.
—Como estaba un poco alterado, no se dio cuenta de algo —relata la jueza—. Me entrega un documento, y cuando lo veo, era una fotocopia de una denuncia en mi contra. Como recibo cantidad de denuncias en mi contra, ni pasó por mi mente que era una denuncia nueva. Y él, como estaba molesto, sólo me pasó el siguiente documento.
Aifán se ríe porque lo que siguió era de película.
—Mi reacción fue, “Ay, esto es mío. ¿Qué hace esto aquí?”. Lo quité y en automático le recibí el siguiente documento, y él me lo dio en automático. Pero en eso, él reaccionó, así como… “Hiiiij”— Aifán hace las veces de quien contiene la respiración por un susto. — “¡Es la denunciaaaa!”—la jueza imita la reacción en cámara lenta del notificador. Ríe brevemente, pero recobra la seriedad de súbito y continúa —. Fue una fracción de segundo, y no sé cómo pasó, porque después que dije “Esto es mío, ¿qué hace aquí?”, lo puse a un lado. Pasó mi secretaria y le dije “guárdeme esto”. Y ella lo tomó y se fue. En esa fracción de segundo, él reaccionó, y se me fue encima. Giró la silla, y se paró, y empezó a decirme, “¡Devuélvamelo! ¡Eso es mío!” y empecé a retroceder, hasta que topé la espalda con un archivo, y grité “¡Llamen a seguridad!”. El documento que (yo) tenía era el siguiente; entonces lo agarré así (levantándolo, para que él lo viera), y le dije “¡Cálmese! ¡Cálmese!”.
El notificador siguió exaltado, dice Aifán, hasta que vio llegar a la seguridad. Entonces, se contuvo y se sentó. En los siguientes meses, la jueza comprobó que el notificador y la oficial Tatiana Guzmán Figueroa habían sustraído del juzgado información de varios expedientes.
Así, mientras Aifán llevaba algunos de los casos más importantes del país, también debió convertirse en detective en su propio despacho, solicitando la revisión de computadoras, teléfonos celulares y archivos. Sólo así comprobó que la grababan, sacaban expedientes —en físico y electrónico —de la oficina, y ocultaban notificaciones de diligencias que ella debía resolver. El jefe de seguridad del OJ le dijo que ella exageraba cuando escuchó sus sospechas. “Pienso que usted está muy estresada y está viendo cosas que no son”, le comentó una vez, según Aifán, antes de comprobar que ella tenía razón.
El día cuando descubrió que la oficial Guzmán la grababa, el 4 de octubre de 2019, esperó tres horas para que llegara el fiscal. Cuando telefoneó al MP por la demora, el interlocutor le recomendó denunciar el hecho en la Oficina de Atención Permanente y agregó que el fiscal posiblemente llegaría en ocho días.
Comprobar que había filtración de información sólo aumentó la tensión en el juzgado, según Aifán. En el celular de la oficial hallaron siete grabaciones de voz de la jueza, de otras personas en el juzgado, e información del caso Mesoamérica (uno de los archivos de voz duraba 152 minutos). Además, una guardia del OJ tuvo que forcejear con Guzmán después de encontrar en su cartera documentos de un expediente. Al verlos, la oficial trató de arrebatárselos a la guardia.
Por las grabaciones y los documentos hallados, Guzmán fue detenida. Pero al día siguiente, un juez de paz dictó falta de mérito. El OJ también le impidió a Aifán convertirse en parte acusadora y, como corolario, el juzgado de turno “certificó lo conducente”: dio trámite a una denuncia de la oficial y el notificador contra Aifán, por supuestas violaciones o abuso laboral. La oficial fue trasladada a otro juzgado, en Villa Nueva.
Aifán asegura que había desaparecido la pieza 39 del caso Fénix, que lleva la FECI (52 acusados en el lavado de Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que una sala de apelaciones anuló este año). La jueza agrega que también se perdieron algunas certificaciones de sala, al menos diez apelaciones, 508 folios de una pieza que se envió a una sala, y un CD. La mayoría de los documentos perdidos eran del caso Fénix y Aifán los vincula con la oficial.
—¿Qué impacto tuvo en los casos la sustracción de documentos?
—Se detuvo casi un mes el proceso en audiencia de primera declaración en el caso Fénix. Como se detectó la pérdida de las actuaciones, había que reponerlas. Pero no sabíamos exactamente cuánto se había perdido. Detectarlo nos llevó bastante tiempo.
—¿Cómo afectan a los procesados?
—Les perjudican (los retrasos). Afecta el funcionamiento del juzgado. Las personas privadas de libertad y en primera declaración me presentaron denuncias, quejas, exhibiciones personales, amparos. El trabajo se incrementó. El lunes 7 de octubre de 2019, el lunes después de los incidentes con el notificador y la oficial, nadie llegó a trabajar, salvo mi secretaria. Han encubierto al personal corrupto.
—¿Han? ¿Quiénes?
—Las autoridades del Organismo Judicial. Algunas entidades. El lunes que no llegan a trabajar, vino toda la prensa. La Supervisión de Tribunales vino a documentar, pero nadie nos dijo qué había pasado, (aunque ese día los ausentes) se reunieron con la gerencia de recursos humanos y de desarrollo integral. Todos fueron a pedir su traslado. Fueron a VEA Canal, donde salen diciendo que les gritaba, que los trataba mal, situaciones que no eran ciertas; que las grabaciones eran supuestamente de mis gritos, y de todo lo que les hacía. Se presentaron (a trabajar) el martes como si nada. El Organismo Judicial autorizó las ausencias y no nos notificó.
El 8 de octubre suspendieron dos audiencias del caso Fénix porque la oficial encargada (Guzmán) se ausentó. Una audiencia era para tratar la modificación de medidas cautelares de dos detenidos; y otra, para escuchar a cuatro procesados. El notificador regresó hasta el 16 de octubre, y la oficial, uno o dos días después, según Aifán.
Un día antes, cuando nadie llegó a trabajar, excepto su secretaria, todos los archivos estaban cerrados con llave, pero no había llaves disponibles. Aifán llamó a Supervisión de Tribunales, que llamó a un cerrajero. Fotografiaron el contenido y los archivos, antes y después de abrirlos, para evitar que dijeran que ella había tomado documentos que el personal ya había sustraído.
Durante ese proceso, ingresó una solicitud de informe de la Sala, preguntando por qué Aifán no había cumplido con una resolución en el plazo indicado. La resolución había sido enviada en una certificación que recibió la comisaria Loida Vitalina Lux Santizo en el juzgado, según lo comprobó Aifán en el libro de ingreso de documentos, pero nunca se la entregaron. Lux le dijo que la entregó a la oficial Guzmán, que no firmó de recibido. La jueza dice que sólo ellas saben qué sucedió.
Una de las partes insistía en que la Sala ordenó al juzgado dejar en libertad a los procesados, y que Aifán debía ordenar esas libertades. Pero cuando Aifán solicitó las certificaciones de nuevo, se percató de que la Sala había ordenado otra cosa. La sospecha es que la intención era causar problemas a la jueza, si ordenaba las libertades y se comprobaba que la instrucción era distinta.
—¿Hubo filtraciones después de 2019?
—Sí.
—¿Aún con cambio de personal?
Aún con cambio de personal. Ellos no cambiaron a todo el personal (al mismo tiempo). Le notificaban su traslado, pero a nosotros nos mandaban la notificación hasta que cambiaban a la persona. Entonces, esta persona seguramente se quedaba articulando cosas y cooptando a la gente.
—¿Actualmente confía en su equipo?
—No… No.
—Estamos hablando de amenazas externas e internas.
—Hemos logrado ordenar bastante (el juzgado) porque, me cambian a Pedro Luis (el notificador), pero me mandan a una notificadora que no venía a trabajar durante meses. Y se imagina, si en un proceso tengo a cien personas a quienes notificar, ¿cuántas notificaciones hago al año? Ella hizo un 10% de las notificaciones. Teníamos un promedio de 4,000 o 5,000 notificaciones retrasadas.
—¿Si eso le creaba problemas a usted en este juzgado, podría ser eso parte del objetivo?
—Sí, porque ella no notificaba en todo el mes. Tenemos un aproximado de 1,000 a 1,800 notificaciones al mes. Cuando (la notificadora) no venía, se generaba un embudo. Tenía gente con doble trabajo. Estábamos en pandemia, etcétera. Fue muy complicado. Además, la oficial que denuncié (Guzmán) acumuló varios escritos desde febrero (que no entregó). El tema en común en todos era el señor Gustavo Alejos. Todas las peticiones de él no las recibí.
—¿Sabe si esta situación ha sucedido en otro juzgado, con los otros jueces de Mayor Riesgo?
—No me lo han comentado.
—Uno podría imaginar que estas filtraciones son por presunta corrupción judicial, al servicio de los intereses de un afectado o afectada específica. Pero, por el paso del tiempo, ¿puede ser que responda a una estructura y a un interés político?
—El interés no puedo medirlo, pero sí responde a una estructura. Y les voy a decir por qué. En 2018 empiezan a descubrirse estos problemas de filtración, y la Sala me certifica por el caso Bitkov (familia rusa que obtuvo documentos guatemaltecos vía una red de falsificación, y promotora de uno de los antejuicios contra la jueza, para que perdiera su inmunidad). Aparece también el abogado Rodrigo De la Peña (promotor de otro antejuicio), que nunca se ha constituido en los procesos a mi cargo, pero conoce cómo se desarrollan todos, porque comienza a presentarme denuncias, exhibiciones personales, amparos, y toca, por ejemplo, casos como el Bitkov y Construcción. Fue como la contratación de alguien para hostigarme a través de diversas acciones. Él se detiene hasta que La Hora saca un reportaje, y le pregunta, “¿y usted por qué está poniendo tantas denuncias en contra de la jueza?” y responde que fue por hacer justicia. Entonces, le preguntan si las ha presentado contra otros jueces y él dice que no. Le preguntan por qué, y dice que porque no tiene tiempo de poner denuncias a todos. Nunca justifica por qué me selecciona. Después que lo publica La Hora, él desaparece. Simultáneamente, la Corte nunca nos proveyó los insumos necesarios. Tuvimos mucho problema para que asignara las salas de audiencia. Nos limitaba. Todo iba concatenado. Al momento de presentar las denuncias contra la oficial, ninguna prospera. Tatiana (Guzmán) sólo ha sido sancionada en un proceso (de aproximadamente 14). Los demás no han concluido. Algunos los impugné cuando dijeron que no debían ser investigados. Dicen que sí, y la siguiente autoridad le da vuelta. Ahorita hay algunos procesos en que ordenaron que se siguiera con el procedimiento y fuera audiencia disciplinaria.
—¿Cuántas denuncias ha presentado contra su personal?
—Ya no tengo en mente cuántos son, pero el personal (del juzgado) en total tenía más de 110 denuncias. En el caso de la notificadora (que se ausentaba todo el mes), ella traía como 50 denuncias de su trabajo anterior. De las que yo presenté, hay 14 que declararon con lugar por falta gravísima y la sanción más alta es destitución. Tiene 14 destituciones. Tiene un montón de faltas graves y un montón de faltas leves. La notificadora fue trasladada como tres días antes de que nos notificaran, para que yo no la pueda destituir.
—¿Cuán coherente es la falta de apoyo a los juzgados de Mayor Riesgo con la importancia que tienen en el Organismo Judicial? ¿Cuánto retrasa su trabajo lidiar con todo esto?
—Me quita mucho tiempo. Algunos días he salido a las 12 de la noche, revisando, haciendo actas, resoluciones, porque no puedo detener el trabajo. Tengo personas privadas de libertad y hay que resolver la situación jurídica. Hay que hacer audiencias. Y a veces implica que también me quede sin almorzar, porque el supervisor sabe que ese es el espacio que tengo libre y entonces en ese espacio vienen a entrevistarme o a pedirme informes. Tengo una gran cantidad de denuncias y eso también implica para mí tener que invertir recursos. Para una defensa tuve que pagar Q700 de fotocopias. En abogado no gasto, porque me apoyan un amigo y mi papá, básicamente mi papá. Pero si tuviera que pagarlo, el salario no me alcanzaría. La sobrecarga de trabajo genera estrés, que no haya filtraciones de información, estarse uno cuidando, aparte de las vigilancias. Todo eso afecta la funcionalidad. Si yo debo decidir una audiencia compleja, yo debería estar leyendo el expediente y no evacuando audiencias de régimen disciplinario.
—La fiscal general Consuelo Porras tomó posesión del cargo en mayo de 2018, un mes antes que usted comenzara a acumular denuncias. ¿Cómo ha sido su relación con el MP desde entonces?
—Tengo una relación eminentemente profesional con el Ministerio Público. Sólo nos tratamos en audiencias, y a través de los escritos. Creo—casi susurra—, espero no equivocarme, que el MP y los abogados defensores quedan bastante convencidos de mis resoluciones. Tengo una incidencia muy bajita de apelaciones. Y de las apelaciones, el índice de revocatorias hasta ahorita ha sido bajo. Trato de explicar los motivos legales y fácticos o de hechos en cada resolución, para que las partes entiendan por qué, y vean que no hay ningún tipo de injerencia, ni soborno, ni una amenaza, o interés en beneficiar o perjudicar. La relación con el MP siguió normal.
—¿La fiscalía general ha tenido un papel en las denuncias presentadas por o contra usted?
—Siempre ha costado que el Ministerio Público investigue. Hay cierta renuencia cuando se trata de funcionarios o empleados públicos en general. Lo digo porque (cuando estuve en un juzgado) en Jutiapa también presenté denuncias contra oficiales.
—Entonces, ¿es desde siempre?
—Siempre han existido retrasos. Cada institución tiene una cantidad de trabajo exorbitante, pero me preocupa que se trata de un juzgado de Mayor Riesgo; tenemos los casos de más alto impacto. Es evidente que hay una estrategia estructurada para afectar la funcionalidad del juzgado, y el trabajo que desarrollo. La filtración de información debería estar entre las investigaciones prioritarias. En 2019, la fiscal general dijo, “eso se debería investigar porque no es posible que se haya filtrado toda la información”. Estaba leyendo que hasta (el 4 de octubre de este año) citaron a un periodista que publicó una noticia previa al respecto. Están investigando esto dos años después. La creación de los Juzgados de Mayor Riesgo era para concentrar los recursos y el apoyo a los juzgados, pero hubo pérdida de expedientes y parece que a nadie le interesa. El Ministerio Público no lo investiga. El Organismo Judicial, en el caso de Tatiana (Guzmán), no ha emitido sanciones. Hay una estructura criminal en todo esto, subyacente, por la forma en que se van moviendo, en la comisión de los hechos y en la protección hacia los autores materiales. Debe analizarse como una estructura, como un todo. Lamentablemente, los eventos están dispersos. Nosotros ya le enviamos una petición a la fiscal hace unos cinco a ocho meses, para que unifiquen las denuncias dispersas en una fiscalía, y que ella decida en cual, pero no tenemos respuesta.
—¿Qué repercusiones han tenido las solicitudes de antejuicio en su contra?
—Me han generado muchos problemas, como el de la fiscal Cinthia Monterroso (de la FECI). Ella presentó una denuncia porque yo supuestamente la estaba obligado a cambiar unas sindicaciones, y el tema no fue ese. Ella estaba peleándose con la representante de la CICIG en una audiencia con aproximadamente 70 partes procesales. Tenía la sala de audiencias full, con prensa y todo, y (ellas) tenían discrepancias por las imputaciones. Las insté a que se coordinaran, pero cuando ella me acusó, (las otras partes) me recusaron en todos los demás procesos, diciendo que seguramente yo había hecho lo mismo con todos los fiscales. Curiosamente, el proceso que (Monterroso) tenía a su cargo, fue el único en el que (las otras partes) no me recusaron.
Aifán dice que tuvo muchos inconvenientes porque la Supervisión de Tribunales incorporó pruebas de Monterroso, desapareció pruebas suyas (de la jueza), y tipificó faltas gravísimas encaminadas a una destitución, la sanción máxima.
La jueza recuerda que el día de la audiencia con Monterroso y la CICIG, el 5 de agosto de 2019, también fue el día del tercer operativo fallido, con cero capturas. La secretaria de la jueza estaba afuera en unos trámites, y Aifán estaba sola, cuando llegó Gustavo Alejos. Según un reporte de prensa, la FECI sospechó que hubo fuga de información, porque Alejos llegó a Tribunales cuando debió ser uno de los capturados en ese operativo. Alejos dijo que desconocía la orden de captura en su contra aunque la lista con su nombre apareció en Twitter un día antes. “Uno de mis oficiales aparentemente filtró información”, dice la jueza. “Era el único que tenía el documento que apareció en las redes. Es un caso en investigación”.
El 22 de julio de 2021, después de que la fiscal general hizo cambios en la Fiscalía Contra la Corrupción, asignó varios casos a Monterroso, incluyendo uno de Gustavo Alejos. Un día después de despedir a Sandoval de la FECI, reubicó a Monterroso en la agencia ocho de esa fiscalía.
—Hemos visto qué ha sucedido con otros operadores de justicia, por el curso que han seguido las denuncias en su contra y que, en algunos casos, han debido salir del país. ¿Esto es algo que usted ha considerado?
—Espero no tener que verme en escenarios como estos o de una posible detención en mi contra.
—¿Mejor no visualizarlo?
—Prefiero no. Con mis abogados estamos enfocados en demostrar que las denuncias son infundadas, que no tienen medios de prueba, que son nulas de pleno derecho. Tampoco se han observado los principios procedimentales y de fondo en la integración del pleno de la corte que le ha dado trámite a estas solicitudes, como en la denuncia del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ).
El magistrado Wilber Castellanos, quien presidía el Instituto en 2020, pidió retirar la inmunidad a Aifán por las diligencias que calificó como “ilegales” contra los candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones, quienes (a criterio de Castellanos) gozaban de inmunidad. Sin embargo, entre los indicios que la FECI tenía de la supuesta vinculación de los magistrados a Comisiones Paralelas 2020, figuraba una reunión entre Castellanos y Gustavo Alejos, para supuestamente negociar cómo se integrarían las nóminas de los candidatos a las Salas de Apelaciones para el siguiente período. El 17 de noviembre pasado, la CSJ rechazó el antejuicio que promovía Castellanos, el segundo que rechaza este año contra la jueza, aunque Aifán tiene otras denuncias pendientes.
—Lo han dicho mis abogados; esto es un círculo vicioso. —continúa Aifán. —Son relevantes las denuncias infundadas que tiene abiertas la fiscal general y que pedimos que se archiven. La ley da un plazo de 20 días para decidir. Hay peticiones de varios compañeros (otros jueces de Mayor Riesgo) desde 2012. En mi caso, las más antiguas son de 2018. Ya excedieron demasiado el plazo de 20 días. No estamos evadiendo una responsabilidad, pero, si no tienen ningún fundamento, ¿por qué van a estar abiertas tanto tiempo?
Entonces les decimos, — continúa Aifán—: “¿Usted cree que hay fundamento? Pida el antejuicio. ¿Usted cree que no hay fundamento? Archive, pero tome una decisión”. Si es antejuicio, iré a defenderme. Si es archivo, la contraparte tendría que emprender otra acción. Mientras ellos no tomen esa decisión, seguimos expuestos. Vemos [que] también pueden estar manejando plazos, [y diciendo] “guardo esta denuncia porque la voy a activar cuando convenga”.
—¿Según los casos que ustedes llevan?
—Cuando hemos estado con audiencias álgidas, se incrementa el número de denuncias, de visitas de los supervisores, y en una oportunidad hasta me sacó de la audiencia la supervisora. En una llamada, le dijo a mi secretaria que si yo no contestaba el teléfono iba a reportar que yo no estaba trabajando, porque a ella no le constaba que yo estuviera acá (en la Torre de Tribunales). Por eso hablamos de una criminalización bajo aparente legalidad, porque son procedimientos establecidos en la ley, pero no tienen sustento. Y eso sí nos genera temor que se vulneren nuestros derechos.
