Elías Romero, de 79 años de edad, levanta su mano durante un minuto de silencio en memoria de los muertos y desaparecidos de la guerra civil salvadoreña. ''Conseguir la paz no fue nada fácil, después de años de lucha y guerra nos queda tener respeto por este día y por las personas, familiares y amigos que perdimos en aquella época'', dijo. Como Romero, cientos de personas salieron a manifestarse este 16 de enero. La marcha fue convocada para conmemorar los Acuerdos de Paz, una protesta contra la administración de Nayib Bukele que en 2020 y 2021 no los conmemoró. La firma de los Acuerdos de Paz se conmemoraba cada año desde su firma, el 16 de enero de 1992. Este año, la bancada oficialista reformó una ley que ordenaba la conmemoración del 'Día nacional de la paz' y le cambió nombre por 'Día de las víctimas del conflicto armado'. Sin embargo, el gobierno no hizo ningún acto alusivo a esa conmemoración.
Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) escribió que 'la ONU se enorgullece de haber ayudado a los salvadoreños a emprender el camino hacia la paz, que se debe proteger y construir cada día'. El presidente Bukele replicó: 'los que quieran celebrar ese acuerdo espurio, háganlo (...) A los de la comunidad internacional que casi demandan su celebración: no se metan. Nosotros no cuestionamos por qué ustedes no celebran partes de su historia'. Bukele mantuvo la línea que lo ha llevado a expresar que la guerra civil, que dejó 75 000 fallecidos, fue una farsa, así como los Acuerdos de Paz.
El rechazo a ese tipo de expresiones fue un común denominador en pancartas y consignas de la protesta. Marcharon organizaciones feministas, defensores del agua, jueces, miembros de iglesias evangélicas, activistas LGBTI, salvadoreños en el exterior, un colectivo de poetas, excombatientes de la guerra, miembros de partidos políticos como FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos y ciudadanos particulares. Es un vistazo a la diversa oposición salvadoreña, en un país en el que el presidente Bukele mantiene un 85 % de aprobación.
Una marcha salió del Parque Cuscatlán y recorrió una docena de cuadras del centro capitalino. Otro sector salió desde el Instituto Nacional de los Deportes (Indes) y recorrió la Alameda Juan Pablo II. Ambos grupos convergieron en la Plaza Barrios, frente a la Catedral Metropolitana. La agencia de noticias EFE calculó que, en total, unas 2,000 personas se manifestaron.
La concurrencia a la marcha fue menor comparada con otras protestas que se han sucedido desde septiembre de 2021. Sobre todo con la primera gran marcha, donde alrededor de 10 mil personas se movilizaron. Lo que sí tuvo en común esta protesta fue el despliegue de la Policía Nacional Civil con retenes dirigidos principalmente a buses y microbuses en diferentes puntos de acceso a San Salvador. Lo mismo había ocurrido en una protesta el 17 de octubre de 2021.
Esta vez, los retenes fueron instalados desde el 15 de enero. La Policía publicó fotos de varios de esos retenes: 'abordamos unidades del transporte público interviniendo a sujetos sospechosos', según su cuenta de Twitter. Organizaciones como la Coordinadora salvadoreña del movimiento popular publicaron un listado de 18 retenes policiales. El Faro confirmó que 15 de ellos habían sido reportados con fotos o videos por otros medios de comunicación y periodistas. En algunos lugares, como en Turín (Ahuachapán), las personas optaron por manifestarse ahí mismo, porque retenes impidieron que los buses continuaran su trayecto hacia San Salvador.
