En los documentos oficiales se le nombra como “Testigo A”, y su identidad y una copia de su declaración están guardadas en la caja fuerte del tribunal D de Mayor Riesgo de Guatemala, presidido por la jueza Erika Aifán. Un ex hombre de confianza del presidente Alejandro Giammattei le acusa de haber negociado la entrega de 20 millones de quetzales —2.6 millones de dólares— provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019. A cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, a conservarlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras.
El testigo asegura que en julio de 2019, entre la primera y segunda vuelta de la elección presidencial, asistió en Ciudad de Guatemala a una reunión en la que el entonces candidato y Giorgio Bruni, que era secretario general del partido Vamos y después fue Secretario Privado de la Presidencia, hablaron por teléfono con Benito para confirmar el aporte y la forma de entrega. En presencia del actual ministro de Desarrollo, Raúl Romero; el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez; y una persona más identificada como Jorge, el testigo asegura que escuchó a Bruni decir a Giammattei que el dinero saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa COAMCO, para la construcción y mejoramiento de un tramo de carretera en el departamento de San Marcos.
Afirma además que el aporte a la campaña de Giammattei se les haría llegar a través de agentes de la Policía: “Giorgio Bruni le pregunta a José Luis Benito, en altavoz, que cómo iban con el tema, y [dice] que estaba presente y escuchándolo Alejandro Giammattei. Benito responde ‘ya está todo listo, lo estamos haciendo en coordinación con el ministro de Gobernación’, en ese entonces de apellido Degenhart, ‘para hacer las entregas en los lugares que ustedes nos indiquen’”.
La declaración se grabó bajo reserva en presencia de la jueza, dos fiscales y una abogada defensora el 18 de mayo de 2021, en una audiencia de anticipo de prueba que es parte de una investigación que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) abrió en octubre de 2020, tras encontrar 22 maletas con cerca de 16 millones de dólares en efectivo en una casa de Antigua Guatemala alquilada por Benito. Por ese caso está acusado de lavado de dinero el exministro de Comunicaciones y se investiga también a Bruni.
El testigo enumera doce proyectos de construcción de carreteras supuestamente ligados a aquel pacto, que suman contratos con cuatro empresas distintas por más de 1,471 millones de quetzales (191 millones de dólares). Documentos oficiales muestran que once de esos proyectos fueron adjudicados y están en ejecución. Uno más está en este momento en licitación abierta. Según investigadores del Ministerio Público de Guatemala, Benito y Giammattei se comprometieron a facilitar a estas empresas adelantos de pago o nuevas adjudicaciones a cambio del financiamiento para la campaña.
Una segunda fuente en el equipo de campaña de Giammatei ha corroborado a El Faro la existencia del acuerdo con José Luis Benito. Asegura haber estado a finales de agosto de 2019 en una reunión privada en la que Giorgio Bruni, Miguel Martínez y el ya presidente electo Alejandro Giammattei “dijeron que habían trabajado con empresas constructoras a través del Ministerio de Comunicaciones para financiar su campaña”.
Esta fuente relata varias ocasiones en las que en 2019 escuchó a Bruni hablar de la promesa de incluir a Benito en el nuevo Gobierno, y en una ocasión al mismo Giammattei decir que “mantenía la oferta de que continúe siendo ministro de Comunicaciones”. Asegura que también presenció cómo, a medida que se acercaba el traspaso de mando presidencial, se repetían las discusiones entre Bruni y Giammattei por la intención de este último de no cumplir el compromiso.
Benito no siguió finalmente en el cargo, pero aún así siete de los proyectos de construcción enumerados por el testigo de la FECI, con un presupuesto total de más de 83 millones de dólares, fueron adjudicados a lo largo del primer año de gobierno de Giammattei a empresas constructoras consideradas afines al exministro, entre las que destaca Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), propiedad del empresario Alejandro Matheu Escamilla.
El Faro solicitó por vía formal una respuesta del presidente Giammattei a las alegaciones del Testigo A. En su nombre, el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia respondió en un escrito que “rechaza, de forma categórica, todo señalamiento o suposición infundada que pretenda vincular al gobernante con exministros” y afirmó que “todo lo relacionado con el manejo financiero de la agrupación política VAMOS corresponde al entonces secretario general del partido durante el tiempo de campaña”, en referencia directa a Giorgio Bruni.
Sobre el acuerdo con José Luis Benito del que hablan el testigo y otra fuente, aseguró que “ningún exministro del gobierno anterior ha sido parte ni ha sido considerado en ningún momento para conformar el equipo de trabajo del presidente Alejandro Giammattei”. Añadió que el presidente “no tiene conocimiento de que se encuentre sujeto a ningún tipo de investigación por parte del Ministerio Público ni de cualquier otra entidad de la misma naturaleza”.
Este periódico llamó y escribió al teléfono personal de Giorgio Bruni sin obtener respuesta aunque los mensajes aparecen como leídos. El exministro Benito, a través de una persona cercana a él, se limitó a responder que el caso de las maletas de La Antigua está bajo reserva y tiene prohibido hablar en público de él.
Raúl Romero, actual ministro de Desarrollo y en 2019 diputado del partido de Giammattei, acepta que apoyó la campaña del hoy presidente, pero niega haber participado en una reunión como la que describe el Testigo A. “Por tanto no puedo dar declaraciones sobre algo que desconozco”, dijo. El exministro de Gobernación Enrique Degenhart también negó los señalamientos. “Desvirtuo totalmente la declaración de ese testigo protegido”, afirmó. El Faro llamó y envió mensajes al teléfono personal de Miguel Martínez, sin respuesta.
En cuanto al empresario Alejandro Matheu Escamilla, se llamó y enviaron mensajes a su teléfono personal y, aunque fueron leídos, no se obtuvo respuesta. El viernes 11 El Faro le dejó recado en las oficinas de SCM, pero al cierre de esta publicación no había respuesta.
¿Investigan al presidente?
El Departamento de Estado y el FBI tienen desde hace meses copias de la declaración del testigo A. El Faro obtuvo la grabación completa a través de alguien ajeno al Ministerio Público y al tribunal. Aunque en la audiencia la voz del testigo fue distorsionada para protegerlo, por seguridad El Faro sometió el audio a un segundo proceso de distorsión antes de difundirlo. Este periódico conoce la identidad del testigo, comprobó su relación con Giammattei, y tres fuentes confirmaron la autenticidad de la grabación.
El New York Times hizo el pasado octubre una breve referencia a la existencia del Testigo A, en un artículo en el que reveló que otro testigo dijo en julio a la FECI haber entregado en casa del presidente Giammattei una alfombra enrollada llena de dinero. El efectivo era, supuestamente, parte del soborno de una empresa minera respaldada por Rusia para que Giammattei le otorgara la operación parcial de un puerto guatemalteco.
Es difícil saber cuál de los dos testimonios pesó más en la decisión de la fiscal general Consuelo Porras de destituir, el 23 de julio, al entonces jefe de la FECI , Juan Francisco Sandoval. La misma noche que salió de Guatemala hacia el exilio, Sandoval denunció en una entrevista exclusiva con El Faro que una de las razones de su destitución fue que la investigación del dinero de Antigua apuntaba al presidente Giammattei y a “pagos de constructores para ser beneficiados con algún proyecto o para financiar alguna campaña política”.
En los meses siguientes, Porras desarticuló por completo el equipo de fiscales que estaban a cargo de ambas investigaciones y ha hecho lo posible por obstaculizarlas. El 25 de agosto el nuevo responsable de la FECI, José Rafael Curruchiche, envió por orden de Porras un memorándum a todo el personal de la fiscalía especial en el que les preguntaba oficialmente “si en la agencia a su cargo se instruyó y desarrolló diligencia de investigación relacionada a la entrega de dinero en efectivo hacia el presidente constitucional de la República de Guatemala”. Los fiscales se acogieron a la reserva de los casos para no responder.
A inicios de noviembre, el Ministerio Público pidió formalmente a la jueza Aifán entregar a los nuevos fiscales encargados del caso el sobre cerrado que contiene la identidad protegida del Testigo A. Del documento enviado a la jueza se infiere que los investigadores originales se habían negado a revelarla, amparados por la ley que les obliga a mantener bajo reserva la audiencia del 18 de mayo.
Aifán también se negó y explicó por escrito a la fiscal general que tanto el testimonio como la identidad del Testigo A ya forman parte de una etapa procesal en la que la fiscal no ejerce control, y son pruebas bajo custodia del juez y el tribunal de instrucción.
El 13 de enero, Porras solicitó a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad a Erika Aifán, una de las juezas anticorrupción y antinarcotráfico más reconocidas de Guatemala, que en 2018 ya condenó a nueve empresarios de la construcción por participar en un sistema de sobornos a funcionarios, y que sufre desde hace años amenazas y acoso legal por parte de actores ligados al poder. La actual Fiscal general acusa a Aifán de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.
El Faro pidió una entrevista con la fiscal general Porras a través de su jefe de prensa y le envió preguntas sobre los avances del caso y sus acciones para entorpecer la investigación. El Ministerio Público respondió que la reserva impide “ahondar en detalles”, pero cuestionó una vez más a los investigadores que abrieron el caso: “Uno de los testigos denunció ser objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones que no le constaban”, afirma Curruchiche, que dice que hay una investigación abierta en la Fiscalía de Asuntos Internos.
A cambio de contratos
“Giorgio Bruni recibe una llamada del exministro de Comunicaciones José Luis Benito, que en ese entonces era ministro. Esto se puede constatar por mi persona ya que el teléfono de Bruni lo puso sobre la mesa y tenía el contacto grabado como ‘Benito’, únicamente el apellido. Y luego que él contesta la llamada lo pone en altavoz y se constata que era la voz de él”, describe el testigo.
Giammattei buscaba por cuarta vez la Presidencia después de tres derrotas en las urnas desde 2007 y, aunque tenía a su favor el enorme rechazo que su oponente, Sandra Torres, generaba en la Guatemala conservadora, en la primera vuelta electoral ella le había duplicado en número de votos. Convocó un encuentro con un grupo de sus operadores clave de campaña para, en teoría, hablar de trabajo territorial y del apoyo político de ciertos alcaldes de cara a la segunda votación del 11 de agosto. El encuentro, según la declaración, fue en el edificio Milenia, en la colonia Oakland de la Zona 10 de Ciudad de Guatemala, en un apartamento que según investigadores pertenece al actual ministro de Desarrollo, Raúl Romero.
Romero aceptó a El Faro tener un apartamento en el Milenia, pero niega que en él se hayan celebrado reuniones de campaña. Advierte además que José Luis Benito “tiene o tenía” un apartamento en el mismo edificio.
El testigo cuenta que tras la confirmación de que el acuerdo seguía en pie y la entrega del dinero estaba coordinada con el ministro de Gobernación, Giammattei desactivó el altavoz y habló unos minutos más con Benito para “simplemente agradecerle, básicamente, por lo que acababa de decir”.
“Luego se corta la llamada y Alejandro Giammattei le pregunta a Giorgio Bruni qué básicamente era lo que teníamos tratado, que eran los 20 millones para segunda vuelta. Y le dice Giorgio Bruni que sí, que recordara que era lo que venía de un anticipo pagado a la empresa COAMCO de un tramo adjudicado en Guativil - San Marcos”, dice el testigo. “Luego de esto, ellos empiezan... hacen su énfasis: ok, que todo está bien, que por favor se coordinara”.
El proyecto “Mejoramiento de la carretera RN-12 Sur, tramo: San Marcos – Guativil”, identificado en la página de compras gubernamentales Guatecompras con el número de operación (NOG) 8795940, había sido adjudicado el diciembre anterior a la empresa COAMCO con un presupuesto de 174 millones de quetzales —22,6 millones de dólares—, aunque la obra terminaría costando más de 208.8 millones de quetzales según registros oficiales.
Según el testigo, días antes de la reunión el Ministerio de Comunicaciones había entregado a COAMCO un anticipo de pago por ese contrato. De ahí salió supuestamente el dinero para la campaña de Giammattei, condicionado a que en los años siguientes se entregara otros anticipos y nueve nuevos contratos a empresas involucradas en la red de favores de Benito.
“Giorgio Bruni le hace constar, y le recuerda al presidente, que el acuerdo con José Luis Benito era para que él pudiera permanecer un año como Ministro de Comunicaciones en su gobierno, es decir, ya en el gobierno de Alejandro Giammattei, en el actual gobierno. Esto con la única razón de poder garantizar los pagos de los contratos que él tenía control, que venían de 2018 a 2019, y que básicamente el más importante y más cercano a esa persona era el constructor Alejandro Matheu Escamilla”, se escucha en la declaración.
Seis de los proyectos que el testigo vincula a la negociación entre Benito y Giammattei fueron adjudicados a la empresa SCM, de la que Matheu Escamilla es propietario y representante legal. Tres, por un monto total de casi 327 millones de quetzales —42.5 millones de dólares— se le asignaron durante el gobierno actual. El testigo hace referencia también a un proyecto de construcción que en estos momentos está en etapa de licitación y que según él se acordó adjudicar a SCM.
Del resto de proyectos enumerados por el testigo, dos por casi 99 millones de quetzales —12.8 millones de dólares— en los departamentos de Totonicapán y Huehuetenango fueron adjudicados a la constructora JJRM, que en 2020 protagonizó un escándalo al saberse que el representante legal de la empresa era primo del Director de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, que le había otorgado contratos.
Dos más por 214 millones de quetzales —casi 28 millones de dólares— fueron adjudicados a la constructora Prourba, que apareció señalada en 2018, durante las audiencias del caso Construcción y Corrupción, como una de las contratistas del Ministerio de Comunicaciones que pactaron sobornos a funcionarios a cambio de agilizar pagos pendientes.
En su declaración, el testigo asegura que estas últimas dos empresas trabajan en realidad para Matheu Escamilla. “Es una práctica que se da mucho en los constructores, los cuales rentan las empresas a un empresario que tiene más control político en este momento”, dice, “que es el caso de JJRM y PROURBA hacia SCM o Alejandro Matheu, y operan bajo un porcentaje sobre el proyecto, o bajo un pago parcial sobre el proyecto (...) para que ellos puedan usar sus empresas para estas adjudicaciones y, obviamente, construcciones”.
Contactados por El Faro, los representantes legales de COAMCO, JJRM y Prourba niegan ser parte de un acuerdo con el presidente Giammattei o el exministro Benito. “Es totalmente falso, yo ni conozco al señor Presidente”, dice el representante de COAMCO, Juan Pablo Mansilla. El representante legal de JJRM, Luis Fernando Castro González, también niega relación alguna con Giammattei o José Luis Benito: “Nunca hubo un acuerdo con las personas que usted menciona, eso es falso. Son calumnias”, dijo. Ambos niegan también que sus empresas hayan hecho contribuciones a la campaña del partido Vamos o tener vínculos con Alejandro Matheu Escamilla o sus empresas. “No sé ni quién es”, dijo Castro González.
Ricardo Bonilla Miyares, propietario de Prourba, se limitó a decir “está totalmente equivocado, negativo totalmente, le ruego que no me vuelva a llamar”, antes de colgar la llamada.
El constructor favorito de Benito
En los últimos años, medios guatemaltecos han documentado ampliamente la estrecha relación personal entre José Luis Benito y Matheu Escamilla y la acumulación de contratos concedidos, en muchos casos de forma sospechosa, a empresas de Matheu, a quien califican “el constructor favorito de José Luis Benito” y que en 2015 fue financista de la campaña de Jimmy Morales. Solo en 2018 y 2019, los dos años en los que Benito estuvo al frente del Ministerio de Comunicaciones y las obras públicas estatales, SCM recibió nueve contratos por más de 800 millones de quetzales, 104 millones de dólares. Durante los once años anteriores, los contratos recibidos por la empresa del Ministerio de Comunicaciones sumaron 67.7 millones de quetzales, 8.5 millones de dólares.
Un exfuncionario del Gobierno de Jimmy Morales lo atribuye en parte a la hegemonía que grandes constructoras como SIGMA y CONASA habían ejercido durante décadas en Guatemala, hasta que en 2017 el caso Construcción y Corrupción, impulsado por la extinta CICIG, sacudió los cimientos del sistema al acusarlas entre otras cosas de pago de sobornos millonarios y financiamiento no declarado a partidos políticos. “Tenían todo cooptado, colocaban ministros, lo más grande se lo quedaban ellos”, dice. Asegura que Matheu Escamilla “no tenía espacio, aunque tampoco sale de la nada porque ya maquilaba obras para empresas mayores”.
Asegura en todo caso que en el Gobierno de Morales se sabía que SCM “era poco competitiva sin favoritismos y con la llegada de Benito se convirtió en la CONASA del momento.” Otro exmiembro del gabinete de Jimmy Morales afirma que Benito tenía un pacto con las constructoras por el que les hacía pagos adelantados por tramos no completados. “Lo sabíamos nosotros y lo decían los contratistas: que se pagaban diez kilómetros cuando iban en realidad cinco, con el aval de los técnicos encargados de las carreteras. ¿Cuál fue el mayor logro de Benito el primer año como ministro? Que aumentó la ejecución presupuestaria.”
El Faro tuvo acceso a un testimonio firmado el 6 de julio de 2021 por Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones entre 2012 y 2014, durante el Gobierno de Otto Pérez Molina. Sinibaldi está acusado de múltiples cargos de corrupción, fue prófugo durante cuatro años y está en la cárcel desde agosto de 2020. El exministro, que en los últimos años ha admitido en tribunales haber cobrado sobornos de grandes constructoras, dijo en esa declaración ante la FECI de Sandoval haberlos recibido también de Matheu Escamilla.
“Como ya lo he indicado, yo tuve relación con el señor Alejandro Matheu Escamilla, quien cuando yo era ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda me entregó sobornos”, se lee en el acta firmada de su declaración.
El acta fiscal detalla que, tras un segundo acercamiento de Matheu en el primer trimestre de 2021, Sinibaldi alertó a la FECI y simuló aceptar pagos del constructor para que los fiscales pudieran documentarlo. Tras una primera entrega de 30,000 quetzales que Sinibaldi entregó a su vez a los fiscales, el 9 de julio agentes policiales bajo dirección de la FECI dieron seguimiento a un mensajero que, en una motocicleta propiedad de SCM, entregó de nuevo dinero en un sobre manila en la residencia de uno de los abogados del exministro.
“El monto ofrecido por Alejandro Matheu Escamilla para el apoyo de mis ‘gastos legales’ es de Q4 millones, pero más que gastos legales está buscando comprar mi silencio”, declaró Sinibaldi ante los fiscales de la FECI.
La credibilidad de Sinibaldi como testigo está actualmente en duda por la sospecha de que ha llegado a algún tipo de acuerdo con la fiscal general para recibir beneficios a cambio de hacer acusaciones falsas contra personas incómodas para el Gobierno. Aun así, El Faro decidió publicar su declaración de julio del año pasado dado que fue prestada antes de la destitución de Juan Francisco Sandoval, es coherente con testimonios anteriores de Sinibaldi y hay evidencia y segundos testimonios que la sustentan en parte.
El Faro trató de contactar con Sinibaldi a través de sus abogados, pero estos respondieron en su nombre que no se quiere pronunciar sobre los presuntos sobornos de Matheu Escamilla o el hecho de que un sistema de corrupción como el que él protagonizó perviva en los gobiernos siguientes. “Los creadores del sistema de corrupción son los constructores. Los políticos, los ministros son un ave de paso ”, declaró al respecto en 2020.
Entregar a Alejandro
La investigación del entramado denunciado por el Testigo A quedó prácticamente cercenada tras la salida de Sandoval de la jefatura de la FECI. “La investigación va a llegar hasta donde ellos quieran”, dijo en septiembre a El Faro una fuente en el MP, en alusión al férreo control que la fiscal general y su equipo estaban imponiendo sobre los casos más comprometedores para el Gobierno de Giammattei.
Juan Francisco Sandoval coincide: “¿Qué margen de acción real tiene en estos momentos la FECI? Nulo. En Guatemala está anulada la Fiscalía”.
Varias fuentes denuncian que también la banca privada ha colaborado en el freno a la investigación, como si las entidades privadas respondieran a un engranaje político. “En muchos casos hacen llegar información incompleta. Y hay solicitudes de información bancaria hechas en junio que todavía no han tenido respuesta”, dijo en noviembre otra fuente.
Sandoval y una fuente en el sistema de Justicia aseguran que, desde la salida de la CICIG en septiembre de 2019, la mayoría de entidades bancarias comenzaron a atrasarse o directamente a no responder a las solicitudes de la FECI. “Guatemala es un país tan pequeño y tan complejo que quienes manejan la información pueden utilizarla como herramienta de chantaje y de poder”, lamenta Sandoval. “A veces pedíamos información bancaria para un caso y días después la persona de la que habíamos pedido información se apersonaba al Ministerio Público porque alguien la había avisado que había una investigación en su contra. Eso le ha sucedido a la FECI, y no hay investigación que resista eso”, dice.
Alguien que formó parte de la CICIG en sus últimos años asegura que incluso la comisión internacional tuvo que amenazar en ocasiones con allanar las sedes bancarias por orden judicial, para lograr que se cumplieran requerimientos de información avalados por un juez.
Aunque los investigadores no tenían pruebas concluyentes de la participación de Giammattei en un delito cuando Consuelo Porras desarticuló la unidad a cargo del caso, la rápida acumulación de evidencia contra personas de su círculo más cercano les hacía creer que en pocos meses tendrían elementos para solicitar un antejuicio contra el presidente.
A inicios de 2021, una fuente en el Gobierno de Giammattei aseguró a la FECI que en la vivienda de Giorgio Bruni había, como en la de Antigua, maletas con dinero. Cuando los fiscales allanaron la vivienda en febrero no encontraron dinero pero sí documentos que encajan con el relato del Testigo A: dossiers de empresas constructoras, precalificaciones de la empresa COAMCO y tablas de licitaciones del Ministerio de Comunicaciones, en algunos casos con anotaciones escritas como “atrasar”. Documentos en apariencia no ligados a sus tareas como secretario privado.
Los fiscales también hallaron lo que parece ser un listado detallado de gastos de campaña con una suma final de 76.7 millones de quetzales, muy por encima del límite legal de 29.6 millones de quetzales establecido por el Tribunal Electoral. Al final del documento, en un aparente ejercicio de cinismo, se lee: “Multa $250k”.
Otro documento incautado refuerza la hipótesis de que Bruni escondió aportes ilegales a la campaña de Giammattei: en él, a mano, el exsecretario privado escribió “Aportación a campaña (Régulo, Rafa, Ángelo)”, “Efectivo 66,000 USD. Sistema de Monitoreo Electoral 3,750,000 USD” y más abajo el nombre de la empresa mexicana Helicon. En el mismo folio, bajo el título “Peticiones”, hay una lista de ministerios a los que la empresa quería prestar servicios de software, y en el reverso de la hoja más peticiones: “Construcción de Escuelas”, “Construcción de Vivienda”, “Pavimentación (Bacheo/Carpeteo)” o “Vender fertilizantes para los apoyos al campo del Ministerio de Agricultura y Ganadería”. Según la ley guatemalteca, ningún candidato ni agrupación política puede recibir aportes del extranjero.
A inicios de febrero El Faro se puso en contacto por escrito con el cofundador y CEO de Helicon, Ángelo Raimondi. Aunque inicialmente se mostró dispuesto a dar una entrevista a El Faro, al cierre de esta publicación no había accedido a fijar hora para una llamada.
El Testigo A asegura en su declaración que la persona encargada “exclusivamente” de la relación con José Luis Benito y de la entrega de sus aportes a la campaña de Giammattei era “Bruni directamente”: “Él utilizaba solamente el nombre de Alejandro Giammattei Falla, quien tenía conocimiento pleno, para hacer ese tipo de llamadas y básicamente agradecer. Y el otro tenía el respaldo para él ir a hacer la gestión”, dijo. Otra fuente que participó en la campaña electoral de Giammattei también identifica a Bruni como el responsable de lograr financiamiento.
Los investigadores de la FECI no lograron comprobar si los 20 millones prometidos por Benito se pagaron efectivamente o cuál fue su recorrido y destino. Aun así, cuando en una serie de reuniones mostraron a Bruni y sus abogados los documentos e hicieron ver al exsecretario del partido Vamos que tenían elementos suficientes para acusarle al menos de financiamiento electoral no registrado, él negó todo inicialmente, pero acabó proponiéndoles colaborar con el Ministerio Público. En una de ellas, Giorgio Bruni les ofreció “entregar información para ir en contra de Alejandro”, testificar en contra del presidente.
A inicios de julio la FECI emitió de hecho una citación para que Bruni declarara, pero a última hora éste la suspendió a través de sus abogados alegando que tenía síntomas de COVID. La siguiente vez que hablaron con él, se negó a colaborar.
En las semanas previas a la destitución de Sandoval, en un esfuerzo por proteger lo avanzado en las investigaciones derivadas del dinero encontrado en la Antigua, los fiscales acordaron centrarse en rastrear transacciones internacionales entre las personas o empresas implicadas que podrían haber pasado por la banca estadounidense. Querían facilitar que, si enfrentaban un bloqueo total en Guatemala, agencias de Estados Unidos estuvieran interesadas y facultadas para retomar parte del caso.
Un funcionario del Departamento de Estado confirma que el Gobierno de Joe Biden está al tanto desde hace meses del contenido de este testimonio contra Giammattei, aunque no revela el avance de posibles investigaciones del Departamento de Justicia. Una fuente en Guatemala asegura haber hecho llegar el año pasado la grabación del Testigo A al embajador William Popp. Otra en Estados Unidos se la entregó personalmente a un agente del FBI con investigaciones ya abiertas en la región.
Una fuente en Washington y una persona cercana a uno de los acusados del caso aseguran que el constructor Alejandro Matheu Escamilla está desde hace algunos meses colaborando con las autoridades estadounidenses.
El 21 de enero José Luis Benito se entregó a la justicia guatemalteca tras más de un año prófugo, pero en Guatemala hay poca confianza en la voluntad real de la fiscal general para lograr una condena en su contra. En la primera audiencia contra Benito, el 28 de enero, la jueza Silvia de León amonestó públicamente a los fiscales del caso por su falta de preparación y “pobre argumentación”.
Es un retrato del estado de la justicia en Guatemala. Como lo es que la audiencia para tomar declaración al Testigo A, que en teoría debió celebrarse en el despacho de Erika Aifán, en el piso 14 de la torre de tribunales, en la Zona 1 de la capital, se trasladara discretamente a las oficinas de la FECI, en el cuarto nivel de la sede del Ministerio Público. Hace años que Aifán sabe y ha denunciado que el personal de su propia oficina la espía y filtra información de casos clave a actores políticos y criminales.
Los fiscales tampoco avisaron a la Fiscal General que se iba a celebrar aquella audiencia de adelanto de prueba. “¿Está Giammattei involucrado en actos de corrupción? Yo no lo dudo”, dice Juan Francisco Sandoval desde su exilio en Estados Unidos. “La fiscal general protege al presidente de la República, y es evidente que si lo hace es porque el presidente se lo ha pedido”.
