Durante el fin de semana, Nayib Bukele y su gobierno pasaron de instalar una mesa de negociación con el gremio de transportistas a capturar a Catalino Miranda, uno de los principales empresarios, cancelarle los permisos de circulación, decomisar cientos de sus buses y microbuses, y poner a soldados a manejarlos. Desde este domingo 13 de marzo, militares llevan a sus destinos a miles de salvadoreños que usan dos rutas —la 42 y la 152— que circulan entre La Libertad y San Salvador.
Ocurrió todo por la fuerza, sin necesidad de que la Asamblea reformara ley alguna o que algún juez siquiera conociera el caso o emitiera una decisión.
En la noche del jueves 10 de marzo, Bukele televisó un mensaje a la nación en el que hizo una larga explicación sobre la inflación y el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en los precios mundiales del petróleo. Tras ello, anunció la eliminación temporal de dos impuestos a la gasolina, que permitirán reducir unos 25 centavos de dólar por galón al precio, un subsidio de ocho dólares al gas propano, la eliminación de aranceles en algunos productos de la canasta básica y el despliegue de inspectores estatales para garantizar el cumplimiento de estas medidas. Uno de los propósitos de esos inspectores es también garantizar la tarifa del transporte público, de 20 o 25 centavos de dólar para la mayoría de recorridos urbanos, y de hasta tres dólares por recorridos interdepartamentales.
Solo 2 de cada 10 familias tienen un vehículo en El Salvador, lo que deja a la mayoría dependiendo de buses y microbuses para transportarse. El gremio de transportistas es sumamente impopular, porque el servicio es deficiente, desordenado, e inseguro. El presidente empezó a intensificar sus amenazas el 11 de marzo, al día siguiente de sus anuncios:
Cinco de la mañana. “El sector del transporte público de pasajeros DEBERÁ RESPETAR las tarifas establecidas y acordadas con ellos mismos. No respetarlas es un delito y será penado como tal”, escribió Bukele. La ley de transporte terrestre considera “alterar las tarifas autorizadas” como una infracción muy grave y la sanciona con una multa de 57.14 dólares. Pero Bukele dijo delito y siguió adelante.
Cuatro de la tarde. “El Gobierno está en toda la disposición de sentarse a trabajar con los transportistas para buscar las soluciones a los problemas del sector”, escribió Bukele. “Pero EL PUNTO DE PARTIDA debe de ser el COBRO EXACTO de la tarifa establecida, NI UN CENTAVO MÁS” y cerró con una frase que se ha vuelto hashtag de sus funcionarios en la rápida escalada de este conflicto: “no jueguen con fuego”.
Nueve de la noche. La Secretaría de Prensa de Presidencia publicó fotos de una reunión de la Mesa Nacional de Transporte, con varios de los principales empresarios del rubro, y ministros del gabinete de Bukele. “Agradecemos la apertura al presidente Bukele por mantener esta mesa abierta. Estamos reunidos para encontrar una salida a esta problemática”, dijo Catalino Miranda, presidente de la empresa Acostes, y una de las principales caras del sector. Para 2016, Miranda presidía una gremial de transportistas que aseguraba reunir al 40 % de la flota nacional.
El Estado concede licencias de circulación a empresas privadas que reciben autorizaciones para prestar el servicio en recorridos que determina el Viceministerio de Transporte. Del gobierno también reciben un subsidio por cada unidad, para garantizar un precio fijo del pasaje.
El 12 de marzo, a las 5:41 de la tarde, el viceministro de Transporte Saúl Castelar dijo que se retiraría la línea de transporte a quienes no acataran las leyes y que en las anteriores 48 horas habían impuesto 373 multas, la mayoría por cobros indebidos.
A las 6:30 de la tarde, la Policía publicó videos de un operativo en el centro de San Salvador. Decomisaron las placas de 20 microbuses por estar parqueados en lugares indebidos y decomisaron un microbús, aunque sin detallar el motivo. A las 7:39 de la noche, Douglas García Funes, subdirector de fuerzas especiales de la Policía, describió el operativo contra microbuses mal estacionados. García Funes dijo que habían puesto veinte multas por faltas descritas en la ley de transporte terrestre: la 86, estacionarse en zona prohibida o eje preferencial, y 90, estacionarse en la acera, paralelo a la vía o atravesado. En el vídeo publicado por la Secretaría de Prensa, García Funes no describe ningún delito.
Pero diez minutos después, la Policía publicó la foto de Catalino Miranda, el empresario que 24 horas antes estaba elogiando a Bukele por su apertura, detenido en una patrulla policial. ¿La razón? “Por incrementar el pasaje de forma ilegal, también por obstaculizar la vía pública con sus unidades”, aunque el Código Penal no describe ninguna de esas conductas como sancionable por cárcel.
Nueve de la noche. Bukele en Twitter, donde es más hábil: “Les dijimos a los transportistas: no jueguen con fuego. Pero no escucharon. Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte. Solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso”.
A las 10:30 de la noche, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, anunció que suspendía la concesión de línea para las 293 uidades de la empresa de Miranda, Acostes. Herrera se acercó más a describir una conducta delictiva: “incumplieron el contrato de concesión al cobrar una tarifa ilegal, documentos alterados, entre otros”, escribió.
Un artículo de la Constitución que dice que “el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan”. Una hora y media después, el ministro de Defensa publicó la primera foto de soldados operando las unidades de la empresa de Catalino Miranda. En la noche del 12 de marzo, la Policía solo informó del decomiso de un microbús, en la foto aparecen varias unidades de la empresa Acostes. El gobierno no detalló qué ley los faculta a decomisar y operar los microbuses de una empresa privada como propios.
Bukele se jactó. “Prepare más conductores Ministro, que si más transportistas se van a paro, habrá que intervenir todas esas unidades también. Ni una tan sola unidad se quedará sin brindar el servicio”, escribió al mediodía. “Y como consecuencia indirecta, los pasajeros van cuidados por nuestra Fuerza Armada”, sentenció, con una carita sonriente con lentes oscuros.
En la tarde, el ministro Herrera publicó un arte diciendo que buscaban contratar motoristas en todo el país, y que las entrevistas se conducirán en el Ministerio de Obras Públicas y en destacamentos militares.
Un gremio aguerrido, domesticado
Por su poder económico, los empresarios de transporte han acumulado por décadas un capital político que les permitió negociar la cantidad de ese subsidio, pero también el perdón del pago de multas, y lobby para las leyes que en la Asamblea exigían renovar la flota de unidades para brindar un mejor servicio y reducir las emisiones de gases. Para conseguir sus objetivos, los buseros solían amenazar con paros y han sido enérgicos en su postura pública para presionar al gobierno. Bukele lo sabe: “Los transportistas le doblaron el brazo a todos los gobiernos anteriores, con sobornos, apoyo en las elecciones y funcionarios al servicio de ellos. Eso y el miedo al paro”, escribió en la mañana del domingo 13 de marzo.
El gremio de transportistas no ha exhibido en la administración Bukele su tradicional combatividad. De hecho, ha sido bastante dócil, alejado de sus maneras tradicionales. En mayo de 2020, en medio de la cuarentena impuesta por la pandemia de covid 19, el gobierno suspendió el servicio de buses y microbuses que no se normalizó hasta septiembre. El gremio de transportistas acató la medida sin rezongar aunque, según ellos, han operado con grandes dificultades económicas.
En diciembre de 2021, la gremial AEAS publicó en los periódicos una carta al presidente en la que le pedía renegociar el subsidio o la tarifa y aseguraba que algunos empresarios llevaban un año sin que se les pagara. El tono de la carta es lisonjero: “queremos expresarle nuestro apoyo a los esfuerzos gubernamentales para seguir beneficiando a la población”... “sabemos los esfuerzos de su administración de apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa”. Pero la publicación advertía de un conflicto creciente.
En febrero de este año, el periódico gubernamental publicó una nota titulada “Transportistas consideran que las reuniones en Casa Presidencial son excelentes y positivas”, en la que Catalino Miranda y otros empresarios describían sus conversaciones con el gobierno.
Tras la toma de los microbuses, el resto de transportistas siguen sin emitir opinión. Bukele los retó. “Si los transportistas quieren seguir jugando con fuego, nosotros estamos listos”, dijo. “Antes se jactaban de doblarle el brazo al Gobierno, ahora se darán cuenta que sus tácticas de siempre ya no funcionan. Sigan escalando esto y lo perderán todo”, escribió.
Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, reaccionó en Twitter. “El artículo 110 de la Constitución permite al Gobierno suspender el derecho de un privado a brindar un servicio público, pero no lo faculta a confiscar sus bienes para brindar el servicio. Eso es confiscación y lo prohíbe expresamente el artículo 106”, dijo Simán. Leonor Selva, directora ejecutiva de la Anep, lo secundó y dijo que “el precedente amenaza la propiedad privada de todos”. El Centro de Estudios Jurídicos escribió que “no existe artículo en la Constitución o en las leyes que autorice a la Fuerza Armada, en circunstancias como las actuales, a tomarse por la fuerza la propiedad privada”.
