El Salvador recibió duras críticas por sus respuestas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que urgió al Estado salvadoreño a investigar el espionaje con Pegasus, el software con el que fueron infectados los aparatos telefónicos de 35 personas -entre periodistas y activistas. El Estado repondió en una audiencia con la Comisión celebrada este miércoles 16 de marzo, fue la primera respuesta pública y oficial de miembros de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional Civil y la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
En resumen, durante la audiencia, la representación del Estado trató de lavarse las manos y de minimizar el caso Pegasus ante comisionados de la CIDH. “El Estado es firme en declarar que bajo ningún concepto ejerce una persecución, hostigamiento o estigmatización hacia personas o entidades críticas a la gestión del Gobierno”, declaró el jefe de la Unidad de delitos relativos a la vida e integridad física de la Fiscalía General de la República, Jaime Rivera, en su calidad de representante del Estado durante una audiencia pública.
La CIDH también escuchó las denuncias y petitorios de la sociedad civil sobre lo que la misma Comisión calificó como “el vertiginoso deterioro de la libertad de prensa” en el país. También se cuestionó la pasividad del Estado para desarrollar una investigación pronta e independiente.
El caso Pegasus, el programa de espionaje de origen israelí que NSO Group solo le vende a Estados, fue el tema medular en la hora y media que duró la audiencia, solicitada a la CIDH por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Revista GatoEncerrado y el periódico El Faro.
En la primera intervención del Estado salvadoreño, la Fiscalía confirmó que abrió un expediente tras los avisos presentados por la APES el 14 de enero para que investigue la vigilancia a periodistas con Pegasus. También dijo que se han girado directrices a la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Policía Nacional Civil para que realice entrevistas que permitan “obtener información de cómo se obtuvo conocimiento de los hechos y sobre la identificación de las 31 personas (periodistas) en su calidad de víctimas en el caso”.
“Hay una investigación exhaustiva”, recalcó la representación fiscal. Sin embargo, aún no es posible conocer el origen de las intervenciones. Para justificar el poco avance de las investigaciones, la Fiscalía responsabilizó a la parte demandante por su falta de diligencia al proporcionar la identidad de las víctimas. “Eso representa un obstáculo para la investigación y la eficacia de las técnicas de investigación nuestras”, comentó. Sin embargo, esta acusación fue desmentida minutos después en plena audiencia por el presidente de la APES, César Castro Fagoaga, quien reiteró haber entregado a Fiscalía una copia impresa del informe publicado por Citizen Lab y Access Now -las dos organizaciones que confirmaron las infecciones con el spyware-.
Ese mismo informe estuvo disponible en línea, tanto en inglés y español, desde la noche del 12 de enero, fecha en la que se hizo de conocimiento público la operatividad de Pegasus en El Salvador.
Antes de que se acabara el tiempo de su primera participación, el Estado incluso enumeró los delitos informáticos a los han estado expuestos. Mencionó a Pegasus en su lista. Según la representación fiscal, este ha sido usado para intervenir dispositivos y las comunicaciones de empleados y funcionarios de gobierno. No mostró pruebas ni tampoco cómo determinaron que los dispositivos fueron intervenidos con Pegasus. Ante estas aseveraciones, John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab, aprovechó minutos después para puntualizar en un hecho: 'No es poco común ver que hay gobiernos que usan este spyware para monitorear a sus propios funcionarios'.
El representante fiscal defendió la reforma al artículo 259-D del Código Procesal Penal, que contempla la figura de los agentes encubiertos digitales, aprobada el 1 de febrero. Para algunas fuentes consultadas, esto solo es un paso para “legalizar el espionaje”; para el representante fiscal, estas ayudarán a perseguir delitos penales, sobre todo, los relacionados a abusos contra menores. “El Estado es respetuoso de la libertad de prensa y expresión, por lo que no se realiza ninguna injerencia en el ejercicio periodístico e investigativo”, insistió una vez más desde una mesa en la que también había representantes de la Cancillería, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil y la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
El oficial superior en Derechos Humanos y Tecnología de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Scott Campbell, fue invitado a la audiencia. Contrario a la posición del Estado respecto a las recientes reformas, incluida las emitidas a la Ley de Delitos Informáticos, de diciembre pasado, que persigue la manera en la que se obtiene la información, él sí ve con preocupación la posible criminalización de periodistas a través de tecnologías de vigilancia ilegal y sin supervisión alguna.
“No siento que sea urgente”: los duros cuestionamientos de la CIDH
Cuando inició su intervención, Margarette May Macaulay, vicepresidenta de la CIDH, tenía un notorio desconcierto sobre las respuestas. “Es desafortunado”, lamentó. “Es un serio ataque contra la democracia y los estándares democráticos. Claramente, lo que pasa ahora está completamente en contra de esos estándares”. Para ella, hay un clara violación a la privacidad de periodistas, como sus familiares y sus fuentes.
Luego de escuchar al Estado, la CIDH comenzó a hacer cuestionamientos y a buscar respuestas oficiales.
May Macaulay cree que lo grave es que no ve a un Estado interesado en investigar. “No siento que sea urgente”. Dado que el Estado se desligó de tener responsabilidad en el uso de Pegasus, la vicepresidenta lanzó una nueva pregunta que las autoridades dejaron sin responder: “Si no es el Estado el responsable, ¿qué es lo que ustedes específicamente han estado investigando? ¿Y cuánto tiempo tomará esta investigación?”.
Por parte de la CIDH estuvo, además, la presidenta de la Comisión, Julisa Mantilla; la secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum y los comisionados Roberta Clarke y Carlos Bernal. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, también participó en la audiencia. “¿Qué se plantean?”, preguntó al Estado respecto a las hipótesis de investigación que se han trazado. La respuesta tampoco llegó.
Para reforzar las intervenciones, la CIDH solicitó a Citizen Lab, como Access Now y Amnistía Internacional su participación como parte invitada a la audiencia. Al seguir desde un inicio las investigaciones, las tres organizaciones tienen todo el peso para hablar de los hallazgos y del alcance de los mismos.
Sobre estas investigaciones, Scott-Railton es de la opinión que aún faltan elementos importantes como para hablar de que hay considerables avances que apunten a responsables. Uno de estos es la parte afectada. “¿Cómo puedes conducir una investigación exhaustiva sin hablar con las víctimas?”, dijo a El Faro tras la audiencia con la CIDH. Insistió en que Citizen Lab tampoco ha sido notificado desde el Estado o el Gobierno sobre investigaciones que estén en curso.
El investigador del Laboratorio de la Universidad de Toronto también vio con extrañeza que la Fiscalía asegurara que no sabe quiénes son las víctimas cuando hay un reporte validado por Amnistía Internacional con la información. “Estoy feliz de enviar por email al fiscal un enlace a nuestro reporte si él lo necesita”, dijo a este periódico.
Entre el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021, 22 miembros de El Faro fueron espiados con Pegasus. Al menos 10 meses que duraron las intervenciones, El Faro ya contaba con medidas cautelares emitidas por la CIDH, que le fueron emitidas el 4 de febrero de 2021 a favor de 34 empleados. Entre las medidas, la CIDH solicitó al Estado salvadoreño que “adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”.
Los petitorios hechos por la parte solicitante van desde que el Estado se abstenga del uso del software Pegasus o de cualquier otra herramienta que atente contra el derecho a la privacidad, que se investigue con independencia e imparcialidad el espionaje y que haya un cese a “los señalamientos, hostigamientos, amenazas y ataques contra la prensa a través del discurso ‘anti medios’ por parte de representantes del Estado salvadoreño”.
Dos horas antes de que la CIDH realizara la audiencia por espionaje con Pegasus, la misma Comisión discutía la situación de la independencia judicial en el país. El presidente Nayib Bukele no dejó pasar el día sin antes cerrar con un tuit dedicado a los medios de comunicación y la libertad de prensa. “¿Qué pasaría si hiciéramos EXACTAMENTE LO MISMO que la Unión Europea y censuráramos a los medios que ‘desinforman a la población’?”, tuiteó la tarde de ese miércoles 16 de marzo.
