Los jueces ya no tienen acceso a la plataforma virtual que centraliza la información sobre la población privada de libertad. El Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) está desactivado. A pesar de los reclamos de algunos jueces ante la Corte Suprema de Justicia, la respuesta de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) es que el sistema está de baja, una medida que implica que las sedes judiciales ya no pueden conocer de inmediato la ubicación de los reos. Para contar con esa información, los jueces deben pedir autorización a esa dependencia del Ejecutivo. La información de los presos del país ahora mismo la maneja exclusivamente la DGCP.
En algunos juzgados, el SIPE dejó de funcionar en diciembre de 2021 y luego fue deshabilitado para todas las sedes judiciales a inicio de enero. Los jueces no fueron previamente notificados sobre la baja del sistema ni sobre los motivos para cortar el acceso a esta información. Lo único que tienen claro es que los Centros Penales, bajo control del Ministerio de Seguridad, centraliza la información jurídica de los reos y que si quieren saber algo sobre alguno de los procesados en sus sedes deben conformarse con la información que les sea entregada. Las sedes judiciales contaban con acceso al SIPE desde 2013.
El Faro recogió los testimonios de seis jueces que trabajan en juzgados comunes y especializados de diferentes departamentos del país. Cinco de ellos no quisieron que se publicara su nombre, por temor a ser trasladados de la sede judicial para la que laboran. El único que aceptó identificarse fue el juez de Sentencia de Zacatecoluca, Antonio Durán, quien dijo a El Faro que el sistema no funciona. “No he recibido comunicación oficial. Lo único que se maneja es que se ha caído el sistema”, contestó. Los otros seis juzgadores aseguraron que tampoco tienen acceso al registro virtual.
Este periódico escribió mensajes de Whatsapp al jefe de Comunicaciones de Centros Penales durante la mañana y tarde de este miércoles, preguntando por la situación. No hubo respuesta. Se llamó a su teléfono y tampoco hubo respuesta. Lo mismo ocurrió con la unidad de prensa del sistema judicial. Se contactó a su unidad de comunicaciones, pero prefirieron no comentar al respecto. El área de comunicaciones de la Fiscalía respondió: 'No tenemos información sobre ese tema'.
El SIPE es una especie de cuadro de Excel que, entre otras cosas, centraliza los datos personales de los presos, la cárcel donde guardan detención y los procesos penales que tienen abiertos en su contra. También incluye una casilla donde los jueces pueden consultar si una persona ya fue puesta en libertad. El sistema muestra también el récord delictivo de un privado de libertad.
Cuando los jueces intentan ingresar al SIPE, la plataforma muestra una notificación: “usuario no válido” o “no registrado”. Cuando algunos de los jueces y sus secretarios solicitaron una explicación vía telefónica o por correo electrónico a la Dirección de Tecnología de la Corte, les comunicaron que el software está desactivado porque “lo están actualizando”. No hubo respuesta oficial a si esta es una medida permanente o una baja temporal a la plataforma. Sin embargo, el bloqueo lleva ya casi tres meses en el caso de los juzgadores con quienes El Faro habló.
El nuevo proceso para consultar información sobre los reos implica un cerrojo para los aplicadores de justicia, cuya llave está en poder del director de Centros Penales, Osiris Luna, incluido en la Lista Engel por haber negociado con la Mara Salvatrucha-13 y las dos facciones del Barrio 18. La oficina de Luna recibe las solicitudes de información de los juzgados vía correo electrónico y tiene la potestad de autorizar o denegar el acceso a esa información, según explicaron los seis jueces a quienes se entrevistó.
Dos de los juzgadores mostraron a este periódico un correo enviado el miércoles 16 de marzo desde la cuenta del área de Tecnología de la Corte. Ahí se leía: “Los inconvenientes en cuanto al acceso a SIPE persisten, por tal motivo aún no les hemos hecho del conocimiento que ya pueden acceder. Por ahora si usted necesita información de fichas de situación jurídica o ubicación de privados de libertad de carácter urgente puede hacer la solicitud a través de (..)”.
Los jueces no han tenido otra alternativa más que cumplir con las directrices de Centros Penales. Pero el procedimiento es tardío, aseguran, y ha atrasado audiencias por el desconocimiento de la ubicación de un reo. “La verdad, hace falta, porque es la manera más rápida para buscar a las personas. A veces, en Centros Penales hacían traslados de reos y lo agregaban en el SIPE, para que nosotros supiéramos en qué cárcel están. Ahora debemos esperar”, dijo un juez.
Es por esta misma razón que, según confirmaron las fuentes de El Faro, cinco jueces de vigilancia penitencia de San Salvador se reunieron el 4 de marzo con los magistrados de la CSJ, Sandra Luz Chicas y Nahúm Martínez -este último impuesto por el oficialismo el 1 de mayo de 2021- y el director de Centros Penales, Osiris Luna, para solicitar una explicación de por qué han restringido el acceso al sistema y cuándo estará nuevamente activo. De acuerdo a dos fuentes judiciales, el director de Penales no dio una respuesta concreta sobre la baja del SIPE.
Este nuevo bloqueo se suma a una serie de irregularidades que han sido documentadas al interior de Centros Penales durante esta administración. El Faro dio a conocer que la anterior Fiscalía comprobó que Osiris Luna autorizó a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, saltándose todos los protocolos legales de ingreso. Tras la publicación de esas negociaciones realizada por este medio, Centros Penales despidió al director del penal de máxima seguridad Izalco Fase III, bajo cuya dirección se registraron las principales pruebas del ingreso de funcionarios y pandilleros a negociar con los líderes presos. La Prensa Gráfica reveló que Élmer Canales Rivera, alias “Crook”, un cabecilla de la MS-13, salió de la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, departamento de La Paz, en noviembre de 2021. “Crook” es requerido por una corte de Nueva York junto con otros 13 miembros de la cúpula de la MS-13. Este periódico publicó que Estados Unidos pidió a la Corte que informe sobre su paradero porque creen que fue puesto en libertad. La Corte, a la fecha, ha guardado silencio.
Hace un mes, excustodios de penales protestaron afuera de las instalaciones de la DGCP porque aseguraron que hubo al menos 500 trabajadores despedidos a partir de octubre de 2021. Aseguraron que fueron separados de su cargos “porque no se han querido prestar a la corrupción que hay en esta Dirección, a las negociaciones que ha tenido este Gobierno con las pandillas”, según dijo Stanley Quinteros, representante sindical de esos exempleados públicos.
La anterior Fiscalía documentó que Luna utilizó a privados de libertad para que ayudaran en la campaña electoral del actual alcalde de San Salvador, Mario Durán, y también para trasegar granos donados y destinados a combatir la pandemia en sacos sin logos del Gobierno para luego venderlos por su cuenta.
A tientas sin el SIPE
La ausencia del SIPE ha regresado a los jueces y juezas a hace un poco más de una década, cuando la plataforma no existía y debían elaborar escritos o realizar llamadas telefónicas a Centros Penales para obtener información sobre la ubicación de un reo. Muchas veces necesitan contar con el récord delictivo porque deben programar audiencias, ya sea física o virtualmente, y para ello deben ubicar al preso para que Centros Penales lo traslade. El SIPE fue creado en 2010 por la DGCP.
De hecho, en el manual de Procedimientos de Centros Penales queda claro cómo el personal de dicha institución debe cumplir con el protocolo de actualizar a diario el SIPE para entregar datos a “respuesta a solicitudes de información a diferentes instituciones y personas particulares” o “respuesta a Órdenes de Libertad de los Centros Penitenciarios”. El objetivo, según el documento, es “brindar información confiable a los solicitantes”. Eliminar el acceso de los jueces implica poder procesar todas las peticiones y controlar esa información solo desde la DGCP.
Entre los usuarios del SIPE están los jueces de Vigilancia Penitenciaria, pues tienen a cargo a reos que ya recibieron una sentencia y deben estar pendientes de su comportamiento en la cárcel. También son responsables del monitoreo de los reclusos en fase de confianza. Entre 2013 y 2014, Centros Penales amplió el SIPE para todas las sedes judiciales y esta herramienta se volvió indispensable para las sedes judiciales, porque tenía la información inmediata de todos los privados de libertad, como por ejemplo si el reo tenía otros procesos pendientes en otros juzgados, y así no ordenar su libertad.
“Yo he tenido que reprogramar audiencias por no saber dónde está el reo. Luego pedirlo directamente al Centro Penal. Es un atraso”, dijo una jueza a este periódico.
Otro juez agregó que “afecta en la pronta administración de justicia”, porque debido al bloqueo se aplazan muchas audiencias debido a la burocracia. “La responsabilidad de ese sistema, al menos, debe ser compartida. Tiene que ser coordinado por las entidades CSJ, seguridad pública y Fiscalía para que no se preste a maniobras maliciosas de ocultar información”, añadió uno de los jueces.
*Con reportes de Efren Lemus.
