Dos semanas antes de asumir como fiscal general de la República, Rodolfo Delgado firmó en nombre de una compañía de su familia un contrato como consultor con la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), una empresa del Gobierno derivada de CEL. Una vez Delgado ocupó el cargo de Fiscal y dejó el puesto de administrador único suplente de la empresa de su madre, el contrato siguió vigente. Entre abril y diciembre de 2021, ETESAL pagó al menos 45,000 dólares al negocio familiar de su madre, en concepto de honorarios por una asesoría sobre prevención de lavado de dinero.
El Faro tiene en su poder copias de 11 recibos de pago y del contrato firmado por Delgado con fecha del 15 de abril de 2021, 15 días antes de ser nombrado como fiscal general en la madrugada del 1 de mayo de 2021. Ese día, el bukelismo tomó control absoluto de la Asamblea Legislativa y destituyó a cinco magistrados de la Sala Constitucional y al entonces fiscal general Raúl Melara. Los pagos a la empresa familiar de Delgado corresponden a meses de 2021 en los que Delgado ya ejercía el cargo.
Delgado fue impuesto como fiscal desde el 1 de mayo hasta el 22 de diciembre de 2021, fecha en que consiguió ser elegido por tres años más en el cargo. Melara fue electo el 21 de diciembre de 2019 y su mandato debía terminar formalmente el 5 de enero de 2022, pero fue interrumpido por la imposición gubernamental de Delgado. Con el tiempo se demostraría que la Fiscalía dirigida por Melara había creado un grupo especial para investigar la corrupción del actual Gobierno. Con la llegada de Delgado, ese grupo fue desarticulado y gran parte de los fiscales que lo componían están ahora en el exilio.
Los pagos y el contrato (con clasificación interna de ETESAL E-1165) salieron a nombre de NET SA de CV, la empresa propiedad de la madre de Delgado y en la que él fungió como administrador único suplente y con potestades legales de hacer contratos y recibir pagos. NET SA de CV es la empresa que emitió las facturas por 5,000 dólares.
Como contraparte, el contrato lo firma Edwin Núñez, presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador -ETESAL y además miembro fundador de Nuevas Ideas, el partido creado alrededor de la figura del presidente Nayib Bukele-. ETESAL es una empresa del Gobierno que durante años perteneció al Grupo CEL, que es la dueña de la red de transmisión de electricidad de El Salvador y maneja millones de dólares de fondos públicos provenientes principalmente de la venta del servicio de uso de red a distribuidoras y otras empresas. Es, pues, una empresa privada que se creó con fondos públicos para buscar generar ganancias.
Las mensualidades, según el contrato firmado por Delgado y Núñez, debían pagarse en cuotas mensuales de 5,000 dólares entre abril y diciembre de 2021, Delgado fungía como fiscal general impuesto desde el 1 de mayo, lapso en el que la empresa de su madre emitió las facturas de cada pago. Los recibos de pago en poder de este medio se corresponden con esos nueve meses.
Según documentos del Registro de Comercio, el 29 de abril de 2021, dos días previos a ser impuesto como fiscal, la empresa NET sustituyó a Delgado como administrador único suplente y nombró a Carmen María Marroquín Vega, abogada y notaria que trabajó casos como abogada particular en conjunto con Delgado. El más emblemático es la defensa del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, en el proceso de antejuicio que le llevó la anterior Asamblea Legislativa en diciembre de 2020. El Faro no pudo corroborar con datos del Registro de Comercio si Delgado renunció al poder general de administración por cinco años, que le permitía firmar y recibir pagos a nombre de NET.
El salario oficial del fiscal impuesto entre mayo y diciembre de 2021 fue de 4,000 dólares mensuales, más 571 dólares en concepto de gastos de representación.
Pese a que el contrato firmado el 15 de abril de 2021 finalizaba el 31 de diciembre de 2021, ETESAL también pagó dos “honorarios” de 5,000 al margen del contrato presentado en esta publicación. El Faro no pudo aclarar por qué la empresa familiar del fiscal también recibió dos pagos de 5,000 dólares cada uno que están fuera de las fechas de ese contrato, en enero y febrero de 2021.
El Faro llamó la mañana de este lunes 20 de junio al teléfono de comunicaciones de ETESAL y envió un correo a la cuenta institucional que aparece publicada en la página oficial. El Faro pidió información sobre los productos entregados por NET a ETESAL y preguntó si NET aún sigue prestando servicios a ETESAL. El Faro también llamó a un miembro del equipo de prensa de la Fiscalía General de la República para hacerle llegar dos preguntas al fiscal Delgado y pedirle detalles con respecto al contrato firmado entre él y el presidente de ETESAL. Esta persona pidió enviar las preguntas a la jefatura de esa oficina. El Faro las hizo llegar. Hasta el cierre de este artículo, no hubo ninguna respuesta. El Faro también dejó un mensaje en el teléfono celular de Delgado con el fin de obtener su versión, pero al cierre de esta publicación no había respondido.
El concepto del pago que aparece en los recibos de la empresa familiar del fiscal es “honorarios” por una “Asesoría sobre temas de prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo con enfoque societarios”. Los recibos no especifican si esos honorarios iban dirigidos a Delgado.
Según datos del Registro Comercial de El Salvador, la empresa se dedica a “dar servicios de consultoría en materia de seguridad y representación legal de procesos judiciales.”
En una de las cláusulas del contrato firmado por Delgado aparecen literalmente las obligaciones de la empresa familiar con ETESAL: “a) proporcionar servicios profesionales en materia legal con esmero; b) obrar con la debida diligencia en los asuntos encomendados; resolver las consultas con la mayor celeridad posible; realizar un informe mensual de las actividades realizadas y avances de los servicios encomendados…”.
El Faro no pudo constatar de manera independiente si la empresa entregó los productos prometidos en el contrato.
Según la Ley Orgánica de la Fiscalía, dar asesorías y recibir pagos de instituciones que están sujetas al control y auditoría de la institución es incompatible con el cargo. En este caso, los pagos los recibió la empresa de la madre del fiscal, que es accionista mayoritaria y fundadora. Previo a convertirse en Fiscal, Delgado aparecía como administrador o secretario de la Junta General de Accionistas. Debido a que este tipo de documentos no es de acceso público a través del Registro de Comercio, no fue posible corroborar si Delgado tiene acciones de la empresa de su madre, y si por tanto recibe dividendos, lo que lo haría recibir pagos al margen de la ley.
El artículo 45 dice: “Incompatibilidades. Art. 45.- El desempeño de los cargos de Fiscal General de la República, de Fiscal General Adjunto, del Auditor Fiscal, del Secretario General y de Agente Auxiliar de la Fiscalía, es incompatible con el de cualquier otro cargo público, con el ejercicio liberal de la profesión de abogado; así mismo, con el desempeño de la función pública notarial, para los primeros cuatro funcionarios mencionados. Se exceptúan los cargos de carácter docente y cultural”.
Según la ley, el cargo de fiscal general es incompatible con cualquier actividad remunerada, exceptuando la docencia o actividades de índole cultural.
La ley proscribe asesorías
Los artículos 58, 59 y 60 de la Ley Orgánica de la Fiscalía establecen infracciones por violar esta ley y las clasifica en tres niveles. Faltas leves, graves y muy graves. Dar asesorías aparece clasificado como una falta grave. Dice literalmente el ordinal G de faltas graves: “El asesoramiento o dirección a terceros, en asuntos que estén bajo su responsabilidad o de los cuales tenga conocimiento en razón de sus funciones”. Entre las faltas muy graves, la Ley Orgánica de la Fiscalía establece en su literal G la siguiente: “La solicitud o la recepción de obsequios, premios, favores o dádivas, bajo cualquier circunstancia”.
El apartado de sanciones por cada tipo de faltas dice lo siguiente. Para las faltas graves, se establece la “suspensión de dos a treinta días, según la valoración que de las mismas se haga y de sus efectos, y con la suspensión de la carrera”. Para muy graves, la sanción es “la remoción del cargo y la excedencia forzosa de la carrera.”
Delgado firmó el contrato como “apoderado general y administrativo” de NET SA de CV. El poder general y administrativo está en el Registro de Comercio y da al fiscal la potestad de firmar contratos y recibir pagos a nombre de esta empresa. El Faro confirmó que Delgado es hijo de Teresa de Jesús Montes, gracias a datos del Registro Nacional de Personas Naturales y documentos de las distintas sociedades en las que aparece el nombre del fiscal Delgado.
Aparte de la Ley Orgánica, también la Ley de la Carrera Fiscal incluye entre sus faltas graves el trabajar para terceros. El artículo 48 de esta ley enumera las faltas graves de fiscales de todo nivel en esta institución. Dice que es grave “El asesoramiento o dirección a terceros, en asuntos que estén bajo su responsabilidad o de los cuales tengan conocimiento en razón de sus funciones; En lo referente a los casos de conflictos de intereses contemplados en esta Ley, se emitirán las disposiciones correspondientes en los Instructivos que al efecto se elaboren;”.
El Código de Ética de la Fiscalía es más claro en el artículo 9, que menciona entre las obligaciones de los fiscales la siguiente: “No realizar trabajos, remunerados o no remunerados, distintos de los que debe realizar en razón de su cargo en la Fiscalía General de la República, salvo la docencia, la capacitación y otras excepciones que legalmente correspondan, en horario que no afecte sus labores y sobre temas que no impliquen conflicto de interés.”
“Entiendo que haría un manual de prevención de lavado de dinero, pero nunca lo vi y las personas que conozco y deberían verlo tampoco lo vieron”, dice una persona que conoció de cerca el proceso de contratación de Delgado.
Según esta misma fuente, el producto prometido parece algo muy similar a la normativa que en noviembre de 2021 presentó la Fiscalía dirigida por Delgado. El documento es público y se llama “Instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
El contrato que firmó Delgado establece la entrega de productos como una “asesoría y acompañamiento en la campaña denominada “cultura de prevención de ETESAL”. También se acuerda el “acompañamiento y asesoría en la implementación de la certificación del oficial de cumplimiento y la implementación y corrección de manuales de cumplimiento”.
Lo que explicó la fuente que conoció de este trabajo es que una exfiscal muy cercana a Delgado participó en algunas reuniones de trabajo como representante de NET. “Es una abogada muy cercana, pero no le puedo decir más”, explicó al consultarle si Delgado participó en sesiones de trabajo.
Los pagos de Etesal a un juez
El caso de Delgado tiene un precedente con ciertas similitudes: un reconocido exjuez investigado en 2015 por la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia fue suspendido del cargo por haber firmado un contrato con una empresa del Gobierno.
Sidney Blanco, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional que enfocó su trabajo en la Sección de Probidad y en la depuración de jueces del sistema judicial de El Salvador, fue quien recordó un caso parecido al Delgado y explicó las similitudes: 'recuerdo que en la Corte Plena conocimos de una infracción disciplinaria contra un ex juez por tener un contrato con ETESAL, en el cual, el juez prestaba servicios jurídicos a esa institución a cambio de honorarios mensuales, lo cual es incompatible con el cargo. Dicho juez fue sancionado por el pleno. Los fiscales tienen igual impedimento o incompatibilidad. Las responsabilidades profesionales de los abogados son también deducidas por la Corte Plena, previo procedimiento tramitado por la Sección de Investigación Profesional.'
El 24 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia acordó, por unanimidad de los 15 magistrados, suspender al juez Noveno de Paz de San Salvador, Romeo Aurora Giammattei, mientras este era investigado por una presunta violación a la Ley de la Carrera Judicial por haber firmado un contrato para prestar sus servicios con una empresa mientras ejercía como juez. La empresa era ETESAL, la misma con la que Delgado firmó contrato a nombre de NET, y los honorarios del juez Giammattei, según el contrato, eran de $24,000 anuales, que se cancelaron en pagos mensuales de $2,000; 3,000 dólares mensuales menos que lo recibido por Delgado según el contrato.
La investigación y el anuncio de la suspensión ocurrió tras la publicación de un reportaje de La Prensa Gráfica en el que el juez Giammattei aparece con un contrato para ofrecer sus servicios de asesoría legal a ETESAL. A raíz de la publicación periodística, la Sección de Investigación Judicial abrió expediente disciplinario para iniciar la investigación del caso y la recopilación de documentos.
La Corte Suprema de Justicia sacó un comunicado al respecto en el que estableció que la conducta del entonces juez constituía actividades incompatibles con la función jurisdiccional que se le había delegado, “por lo que se trata de un señalamiento grave en relación con la correcta administración de justicia y que permite la aplicación de la medida de suspensión del cargo”.
Giammattei fue suspendido por su contrato con ETESAL, pero luego fue investigado y condenado por delitos de otra naturaleza. La Fiscalía lo acusó de formar parte de una red de corrupción dirigida por Enrique Rais, con el fin de fabricar pruebas en contra de una abogada. Fue prófugo por este caso, pero se presentó a tribunales y logró una condena de un año de prisión que sustituyó por trabajos de utilidad pública
Un asesor de este Gobierno en asuntos de seguridad aceptó ser citado únicamente en condición de anonimato para hablar de este caso de Delgado. Según dijo, ETESAL y otras instituciones a cargo de funcionarios del Gobierno funcionan como pagadores de complementos salariales, una especie de sobresueldo que ya no viene de una partida secreta que compensa el salario oficial de funcionarios. “Es un sobresueldo, pero más difícil de comprobar, ya que no hay billetes de 100 provenientes de la partida secreta”, dijo.
El Faro ha publicado el caso de Maritza Calderón, viceministra de trabajo, y Saúl Castelar, viceministro de Transporte, dos viceministros del Gabinete del presidente Nayib Bukele que han tenido dobles cargos en las carteras para las que laboran y han cobrado sueldos que llegan a duplicar las remuneraciones que les corresponderían por Ley de Salarios.
El presidente de ETESAL, Edwin Núñez, inició su carrera como político en el PDC de Rodolfo Parker. Fue secretario electoral del PDC y concejal de San Salvador electo en la coalición ARENA-PDC, en 2015. Luego fue miembro fundador de Nuevas Ideas y se convirtió en coordinador electoral del partido de Gobierno.
En su primera entrevista, tras su nombramiento como presidente de ETESAL a mediados de 2019, Núñez aseguró que ETESAL ya no está bajo el mando de Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y que ya pueden tomar decisiones de manera independiente. Aunque aclaró que también forman parte del gabinete de energía. “Desde el #GabineteDeEnergía, trabajamos en identificar los polos de desarrollo, para ejecutar los proyectos de expansión que sean de beneficio para la población salvadoreña”, dijo en una entrevista concedida a un medio oficialista.
*Con reportes de Jimmy Alvarado
