El Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica abrieron líneas de créditos al Gobierno de El Salvador para que cumpla sus compromisos de 2022. Son $320 millones que, según estos dos organismos, pueden ser usados para reembolsar gastos ya ejecutados por el gobierno o para hacer frente al subsidio al gas y a otros gastos no previstos por el aumento en los precios de los combustibles. Hacienda ya logró que la Asamblea apruebe uno de los dos créditos con un decreto que avala el primer desembolso.
Estos $330 millones, en préstamos, son nuevos recursos que le dan al Gobierno margen de maniobra para que pueda prepararse para los vencimientos de deuda de enero de 2023 y ante el aumento en la partida que debe asignar al pago de “deuda pública”. Desde marzo, Hacienda prepara un plan de ajuste fiscal para aumentar en $380 millones su recaudación de ingresos y un plan de ahorro de $674 millones para no caer en default el próximo año, según documentos internos de Hacienda a los que El Faro tuvo acceso.
La asignación en el Presupuesto de este año para pagar deuda pública (capital e intereses) es de $1,430 millones, según la Ley de Presupuesto 2022. Conforme se acerca septiembre, el Gobierno debe alistar el Presupuesto 2023 y, según documentos internos de Hacienda, necesita asignar $2,023 millones para pago de deuda pública del próximo año.
Que la partida a asignar en el Presupuesto para pago de deuda pública pase de $1,430 (del Presupuesto 2022) a $2,023 millones (del Presupuesto de 2023) se explica porque en enero de 2023 vencen unos bonos por $800 millones y los acreedores van a solicitar al Gobierno que les pague. Los inversionistas se han mostrado preocupados por la capacidad del Gobierno de honrar este compromiso.
Ricardo Castaneda, economista experto del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -Icefi-, explica que estos créditos le dan oxígeno al Gobierno y posiblemente le ayude a pagar los $800 millones de enero de 2023, pero también dijo que las finanzas públicas aún están en coma. “El mecanismo que usa BCIE y Banco Mundial es darle dinero al Gobierno para gastos que ya realizó el Gobierno”, dijo. “El Gobierno solo hace sustituciones de financiamiento y eso le da margen de maniobra, pero además de los bonos de enero de 2023 aún no junta recursos para saldar la deuda de corto plazo, cerca de $1,200 millones y en septiembre vencen más de $500 millones y no sabemos si tendrá la capacidad de hacerlo”.
A finales de abril, el Gobierno de El Salvador solicitó un crédito de $220 millones de un “Programa de Apoyo Temporal” ante el alza en los precios de los combustibles y el BCIE aceptó la oferta. “El préstamo en referencia se encuentra en etapa de cumplimiento de condiciones previas a formalizar. Para poder programar el desembolso tiene que haber cumplido con las correspondientes aprobaciones legislativas”, dijo un vocero del BCIE a El Faro.
El 16 de junio, el Banco Mundial anunció en su portal electrónico que ha aprobado una línea de crédito de $100 millones para reembolsar gastos incurridos por el Gobierno de El Salvador en compras de la pandemia de vacunas contra el Covid-19, insumos médicos y equipo de protección para los hospitales. “Este proyecto ha sido aprobado por el Banco Mundial, pero ahora está en el proceso para ser sometido a aprobación de la Asamblea Legislativa de El Salvador”, dijo un vocero del Banco Mundial. El 28 de junio, la bancada de Nuevas Ideas aprobó el decreto legislativo que faculta a suscribir el contrato con el banco para recibir estos recursos.
“El préstamo es para financiar retroactivamente la adquisición de aproximadamente 8 millones de dosis y suministros de vacunas”, dice un comunicado del Banco Mundial. “También financiará la compra de suministros auxiliares para la vacunación, incluidos equipos de protección personal (EPP), medicamentos y pruebas y suministros médicos; servicios de transporte para el despliegue de vacunas”, añade el organismo. El 28 de junio, la Asamblea avaló el contrato con el Banco Mundial para recibir los desembolsos.
En noviembre de 2020, la Fiscalía allanó el Ministerio de Salud por indicios de corrupción en el 66% de las compras de la pandemia. El Minsal respondió con la reserva por 7 años a toda la información de compras públicas, incluidas las vacunas, equipo de protección, mascarillas, equipo de transporte, entre otros insumos médicos. En mayo de 2021, la Asamblea controlada por el presidente Bukele destituyó al fiscal general y nombró en su lugar a Rodolfo Delgado, quien desmanteló la unidad que investigaba las irregularidades en esas compras y puso fin a un acuerdo con la Cicies, una entidad de la OEA, que también había denunciado indicios de corrupción en esas compras. En mayo de 2021, la bancada cyan aprobó un decreto de inmunidad que protege a funcionarios y empleados de enfrentar consecuencias ante cualquier irregularidad cometida en las compras de la pandemia y el decreto también eliminó los controles de la Ley de Compras.
Hacienda promete un ajuste fiscal a inversores
En marzo pasado, el Gobierno comenzó a bosquejar una lista de medidas para no caer en default ante la fallida negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que planeaban obtener un crédito de $1,300 millones. El 31 de marzo, el Ministerio de Hacienda compartió con inversores una lista de medidas para iniciar con el ajuste fiscal.
Los acercamientos comenzaron en febrero de 2022 cuando el Gobierno organizó un evento “cuyo propósito es mejorar los diálogos con Wall Street, mientras el país se recupera de la recesión provocada por la pandemia”, según dice la correspondencia intercambiada entre Hacienda y los inversionistas el 31 de marzo y a la que El Faro tuvo acceso. En el documento, el Gobierno promete implementar cinco medidas para aumentar los ingresos en $380 millones y también cuatro medidas para generar un ahorro de $674 millones. El documento incluye enunciados con ideas que no son explicadas.
Por ejemplo, para aumentar los ingresos, Hacienda promete cobrar $130 millones adicionales a los mayores contribuyentes; el cobro de $115 millones a través de la eliminación de algunas exenciones que no detallan; $15 millones en nuevos impuestos al tabaco; $10 millones a recaudar de un cobro por renovación de licencia para portar armas y prometen recaudar $110 millones a través de “múltiples iniciativas”.
Para generar ahorro, se lee en el documento, Hacienda prometió a los inversores recortes en gastos, algunos ya comenzaron a suceder. Por ejemplo, prometieron recortar $260 millones al Fodes. La eliminación del Fodes ha sido acompañada este año con leyes como la creación de la Dirección de Obras Municipales, controlado por el Ejecutivo, que ha monopolizado los recursos que antes llegaban a las alcaldías.
En la correspondencia mencionan $114 millones en “recortes adicionales al presupuesto” y esos recortes se han visto reflejados en disminución de partidas presupuestarias para programas sociales; $130 millones a través de la creación de un programa de “modernización y reestructuración del Gobierno federal” y un ahorro de $170 millones a través de un programa de “Promoción y Desarrollo del Talento Humano”. Los recortes y los programas deben ser incluidos en el Presupuesto 2023 y el Gobierno tiene hasta el último día de septiembre para presentarlo.
En la correspondencia, Hacienda menciona que en 2021 avanzó en las pláticas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para contar con un “préstamo contingente” de $400 millones para emergencias. El Faro pidió al BID información sobre los avances de estas conversaciones, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
