La Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene mucho trabajo estos días. En la primera planta del Palacio de Justicia, en el Centro de Gobierno, al habitual tumulto de abogados que van y vienen presentando escritos de todo tipo, se suma un grupo de visitantes muy poco acostumbrado a trámites judiciales. “Yo ni sabía de este tipo de recursos que hay. El abogado de la Procuraduría no me dijo que se podía hacer esto”, dice Marisela Hernández, una vendedora del mercado de San Martín que llega a la ventanilla de la Sala una mañana de mediados de julio para entregar un escrito con el que pide la liberación de su hermana. Su hermana, dice Marisela, fue detenida el 7 de junio, está embarazada y quedó detenida en una delegación policial después de que unos agentes la citaran para supuestamente entrevistarla por un crimen en el que ella era víctima. “A mi hermana le mataron hace poco a otro de sus hijos y con la excusa de entrevistarla para la investigación la citaron y ahí mismo quedó detenida, eso es injusto”, dice la mujer. Ella, como tantos otros, recibió por parte del Estado un defensor público sobrepasado de trabajo y que no le mencionó nada de los habeas corpus. Si está aquí en la ventanilla de la Sala es porque vio noticias donde hablaban de ese tipo de escritos y luego supo de compañeros vendedores que se habían asesorado con un abogado para presentar uno de esos recursos.
En lo que va de 2022, la Sala de lo Constitucional ha recibido 1,090 denuncias como las que esa mañana de julio ha presentado Marisela. En 27 años es primera vez que se alcanza tal cantidad de demandas, según registros oficiales. Hasta el viernes 22 de julio, según confirmó una fuente interna de la Corte, la Sala de lo Constitucional no había admitido ningún caso de los presentados en la ventanilla en lo que va del Régimen de Excepción que inició el 27 de marzo de 2022.
El récord anterior de denuncias se registró en 2020, cuando hubo 853 expedientes. Ese año, la administración Bukele fue señalada por violar los derechos humanos de la población por algunas de las medidas implementadas durante el confinamiento por la pandemia. Algunas de esas medidas llegaron a implicar detenciones por más de un mes en centros de cuarentena controlados por militares.
Entre el 1 de enero de 2022 y la primera semana de abril, tres meses y una semana, la Sala de lo Constitucional había recibido 242 demandas de habeas corpus. Ahora ese número va por los 1,090. Eso quiere decir que desde que se aprobó el Régimen de Excepción el 27 de marzo, el ritmo de esas denuncias se disparó. De un promedio semanal de 18.6 recursos presentados hasta la primera semana de abril se escaló a un promedio por semana de 68.1 hasta el 22 de julio. En otras palabras, el promedio semanal se triplicó durante el régimen.
El número de demandas interpuestas se puede saber porque cada una, al ser colocada, recibe un número correlativo que parte desde el 1 con cada inicio de año. La mañana del 13 de julio, un abogado me dijo que uno de sus casos de habeas corpus había sido asignado al número 997. Días después, fuentes de la Corte confirmaron lo que dijeron otros abogados: la cifra había llegado hasta 1,090, al menos hasta el 22 de julio. Esa cifra duplica el promedio anual de recursos de ese tipo presentados desde que hay información oficial, o sea desde 1995, tres años después de que terminara la Guerra Civil de 12 años que dejó decenas de miles de desaparecidos. Muchas de esas personas habían sido capturadas por el Estado y nunca aparecieron.
Marisela es la tercera persona que veo llegar a este lugar, a unos metros de la ventanilla, donde reciben a todo aquel que llega a interponer un escrito. Todas las personas como Marisela atraviesan el pasillo a paso lento, como extraviadas. Un buen grupo se acerca a mí, que llevo ya varios minutos leyendo un expediente judicial a poca distancia, y me pregunta dónde está la oficina en la que pueden presentar el recurso. Desde mi puesto, escucho cuando ellos dicen: “vengo a presentar un habeas corpus”, y luego, al cabo de unos minutos, escucho cuando desde el otro lado de la ventanilla, una empleada pública les dice, tras recibírselos: 'en un mes puede llamar'.
A media mañana del 13 de julio, a esa ventanilla también se acerca el hombre que acompaña a Marisela. Se llama Maximiliano Vásquez, también es vendedor de San Martín y también viene a interponer su propia queja. Dice que su hijo fue detenido hace un mes mientras trabajaba en una peluquería y que solo sabe que lo tienen en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Después llega una mujer proveniente de Guarjila, Chalatenango, para denunciar que unos policías detuvieron a su esposo mientras él andaba trabajando con su motocicleta. Le dijeron que lo llevarían a la delegación solo para hacerle unas preguntas, pero estando ahí quedó detenido. A las 10:45 a.m. llega un hombre de corbata y camisa ocre. Está molesto porque dicen que la Sala está dándole información contradictoria sobre sus defendidos, y entonces me entero que es un abogado. Estoy a punto de preguntarle si es una abogado de la Procuraduría, pero me contengo cuando el hombre suelta un grito desesperado: '¡Es una pesadilla esto!', exclama, mientras guarda de golpe los últimos papeles y se va.
En un espacio de dos horas, unas quince personas llegarán a la misma ventanilla. Es un ritmo sin precedentes. Todos ellos invocan lo que dice la Constitución en el artículo 11: que el habeas corpus puede usarse cuando la libertad de alguien ha sido restringida de manera ilegal o arbitraria, y 'cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de la persona detenida'. Los recursos los presentan con la esperanza de que la Sala pida informes a las autoridades involucradas y para que, eventualmente, emita una resolución que podría ir en el sentido de declarar a lugar la exhibición personal. A pesar de la eliminación de garantías durante el Régimen de Excepción, las capturas aún deben seguir el debido proceso y, si la Sala detecta alguna violación, la detención podría ser declarada nula y el reo debería ser liberado. Vale recalcar que, a día de hoy, la Sala no ha emitido resolución ante ninguno de los 1,090 habeas corpus presentados este año.
Si el ritmo se mantiene como estos últimos meses, el año cerrará con más de 2,100 demandas de habeas corpus. Eso será un récord aún más difícil de alcanzar, porque entre 1995 y 2021, la Sala de lo Constitucional recibió un promedio anual de 457.5 denuncias de ese tipo, según los informes de rendición de cuentas de esa institución, que cuentan con información disponible desde aquel año. Eso quiere decir que, sin que haya terminado 2022, la cantidad de denuncias es ya más del doble del promedio anual de los últimos 26 años: un 138.45 % más.
A diferencia de lo que ocurre en la Sala, hay juzgados de menor rango que ya admitieron a trámite algunos recursos de habeas corpus, pero estos son una cantidad mínima. Según un reporte de la oficina anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Alac-Funde), solo ocho denuncias han sido admitidas en estas cámaras de segunda instancia en todo el país, que es donde la ley también permite que se denuncien los habeas corpus.
No todas las demandas podrían provenir de casos relacionados a detenciones en el Régimen de Excepción, pero especialistas consultados consideran que lo lógico es que la gran mayoría de ellas sí estén vinculadas a estos meses en los que cualquier soldado o policía ha podido detener a quien considere sospechoso y encarcelarlo por hasta 15 días sin ver a un juez. Esto ha levantado alertas en instituciones de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del sistema de Estados Americanos (OEA). Instituciones especializadas como Human Rights Watch o como la Washington Office for Latin America (WOLA) también han criticado esta medida, calificándola de violar el Estado de Derecho.
“El aumento en las demandas de habeas corpus no solo indica ese incremento respecto de años anteriores, sino que también es un síntoma de la violación masiva de los derechos a la libertad personal y a la dignidad de las personas provocada por el Régimen de Excepción”, dice a El Faro Sandra Santos, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y excoordinadora de la Sala de lo Constitucional. “Si la Sala guarda silencio sobre estas demandas o si las rechaza masivamente, sin tomar en cuenta que este régimen viola derechos desde su adopción en marzo, y que se ha prorrogado inconstitucionalmente, querrá decir que el habeas corpus en El Salvador es una garantía procesal suspendida, lo cual va en contra del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, agregó.
En los cuatro meses que van del Régimen de Excepción, la Policía y la Fiscalía han detenido a más de 43,000 personas, duplicando la cantidad de reos en el sistema carcelario que ya estaba colapsado. La administración Bukele ha prometido un centro penitenciario en Tecoluca, San Vicente, para albergar a 40,000 reos, y aprobó reformas de ley para poder hacer esto sin tener que pasar los filtros de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
Los habeas corpus no tienen un plazo establecido para resolverse. Eso ha provocado, según fuentes de la Corte, que la Sala de lo Constitucional tenga mora de este tipo de expedientes que no han resuelto. Actualmente, la Sala está resolviendo los expedientes de 2019. La costumbre de ese organismo, según explicó Santos, es que los casos se resuelvan en orden de llegada, aunque matizó que había contextos en que los expedientes eran etiquetados de “urgentes” y eso provocaba su atención inmediata.
Eso ocurrió, por ejemplo, durante los primeros días en que la administración Bukele ordenó el confinamiento obligatorio, en marzo de 2020. La Sala admitió varios casos y luego emitió resoluciones por el contexto de la pandemia. Un caso es el expediente 148-2020, que fue admitido para estudio apenas cuatro días después de la detención de tres mujeres en Jiquilisco, ocurrida el 22 de marzo de ese año. La demanda era porque tres mujeres habían sido detenidas mientras hacían compras de comida y medicinas en el mercado. La demanda la recibió la Sala vía correo electrónico, la autoridad demandada era el presidente Bukele y el jefe de la subdelegación de la PNC de Jiquilisco. La Sala emitió resoluciones de seguimiento el 8 de abril y el 15 de abril, y en ellas ordenaban a las distintas instituciones estatales a respetar los derechos humanos durante la crisis de la pandemia.
Para Santos, este caso refleja que en tiempos de crisis como la actual, la Sala podría actuar de urgencia. La abogada recordó uno de los párrafos que sostenía el habeas corpus 148-2020: “Este Tribunal, pese a la emergencia decretada, no puede paralizar sus actividades y su cometido en la protección de los derechos fundamentales de las personas; lo que sí puede hacer es adaptarse a las exigencias fácticas que se presentan, tomando en cuenta no solo consideraciones puramente normativas, sino humanitarias, sociales, científicas, etc. De hecho las garantías constitucionales, entendidas como mecanismos de protección, deben adaptarse a la realidad que pretende normar”.
Desde el 1 de mayo de 2021, la Sala de lo Constitucional está tomada por magistrados impuestos por la Asamblea Legislativa controlada por Bukele. Los diputados oficialistas, que ese día comenzaron labores, destituyeron sin un proceso legal a la Sala anterior y esa misma noche la Policía irrumpió en el Palacio de Justicia para que los nuevos funcionarios se tomaran los despachos. Los magistrados de la antigua Sala aseguraron que firmaron sus renuncias después de recibir presiones de distinto tipo.
Hasta la fecha, existen más probabilidades de que los recursos de habeas corpus prosperen en tribunales que no sean la Sala de lo Constitucional aunque es aquí donde se denuncia la mayoría de casos. Por ejemplo, en el primer mes de vigencia del régimen, de 117 denuncias interpuestas, 86 se habían presentado ante la Sala y 31 en las distintas cámaras, según un informe de la oficina Alac-Funde.
En la ventanilla de la Sala, no todos se atreven a hablar de sus demandas. Dos hombres que llegaron a interponer una denuncia el 13 de julio dijeron que no querían hablar con periodistas porque eso solo podía meterlos en problemas. “Mire, esto es una injusticia lo que le han hecho a nuestro familiar, ya lleva 17 días detenido, pero si hablamos con periodistas solo significaría exponernos y eso puede ser contrario a lo que queremos para él”, dijo el más joven de los dos denunciantes. “Vamos a esperar, a ver si resuelven a nuestro favor”, dijo el más viejo.
