El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desafió la noche de este 15 de abril al máximo tribunal de justicia del país y anunció a través de su cuenta de Twitter que no acatará una resolución de la Sala de lo Constitucional. La sentencia que no quiere acatar fue votada de forma unánime por los cinco magistrados de la Sala. La resolución ordena al presidente, a la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil abstenerse de vulnerar derechos humanos y le prohíbe, entre otros, “privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria”.
En respuesta a la sentencia, el presidente respondió con un hilo de tuits a las 10: 22 de la noche: “¿La Sala de lo Constitucional delega al procurador inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerla que se cumpla? El chiste se cuenta solo. NINGUNA resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño.”
El punto por el que deslegitima a la Sala es porque en su resolución delega en el Procurador General de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, la tutela de la cuarentena general y obligatoria que decretó el presidente el pasado 21 de marzo y que luego votaron los diputados en la Asamblea Legislativa. Desde un inicio, y siempre por Twitter, el presidente anunció la vigencia de algo que tenía primero que cumplir con la aprobación del poder Legislativo. Ha sido un denominador de esta emergencia: Bukele ha decidido gobernar desde la red social y sin previo cumplimiento de los procedimientos constitucionales.
En un segundo tuit del hilo de este 15 de abril, Bukele fue explícito en su intención de no acatar la resolución: “No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la constitución. Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir.” El presidente tuiteó también que “el Gobierno de El Salvador continuará ejecutando el Decreto Ejecutivo 19 al 100%.” Bukele llegó a afirmar que la Sala de lo Constitucional no tiene facultades para decidir sobre medidas sanitarias, ni decidir sobre contenciones epidemiológicas. “La Sala, en sumisión a las órdenes de sus financistas, intenta cruzar sus propias limitantes”, escribió.
Varios políticos, abogados y otros ciudadanos criticaron ayer mismo por redes sociales la amenaza antidemocrática del presidente. Pero también desde muchas cuentas se apoyaba a Bukele. En algunos mensajes incluso se mostraban armas de fuego y se ponían a disposición del mandatario bajo mensajes de apoyo. Bukele, según la última encuesta de popularidad realizada en febrero por la unidad de datos de La Prensa Gráfica, cuenta con el 85.9% de aprobación popular.
La reacción del presidente en Twitter se explica por el alcance de una resolución de nueve páginas en la que básicamente inhabilitan muchas de las medidas de su último decreto Ejecutivo. O, visto de otra forma, se exige que las medidas se adopten bajo el procedimiento de ley.
El decreto 19, publicado en Twitter este 14 de abril, autoriza el ingreso de personal del Ministerio de Salud a las viviendas de los salvadoreños. El artículo 20 de la Constitución dice que la morada es inviolable y solo se puede ingresar a ella por consentimiento, orden judicial, un delito flagrante o “grave riesgo de las personas”. Entre otras cosas, este decreto también autorizaba a la Policía para el decomiso de vehículos de quienes infrinjan la cuarentena, medida que la Sala de lo Constitucional frena con su resolución, mientras la Asamblea no lo autorice y regule mediante un decreto o ley. Es decir, la Sala no pretende evitar que haya restricciones a la movilidad, por ejemplo, sino que exige que se hagan por la vía constitucional, de forma clara y con el aval legislativo.
Antes de la publicación de este decreto, siete militares comandados por un policía allanaron la vivienda de una mujer en Mejicanos y le advirtieron que no saliera de casa porque estaba en un 'perímetro de brote'. El procedimiento, que se repitió en cinco casas más, se llevó a cabo sin presencia del personal del Ministerio de Salud.
En distintos momento de la crisis, el Gobierno ha dictado reglas en función de enfrentar la pandemia de coronavirus. Desde el 21 de marzo, cientos de personas fueron capturadas a criterio del soldado o policía que las detuviera y llevadas a confinamiento en centros designados por el Gobierno. Abogados señalaron que esas capturas eran ilegales y la Procuraduría de Derechos Humanos confirmó que las autoridades habían cometido abusos contra los ciudadanos. El 27 de marzo, la Sala de lo Constitucional ordenó que todas las personas retenidas y que todavía estuvieran en instalaciones policiales debían ser trasladadas a sus casas. El Gobierno ignoró la orden.
Cientos de salvadoreños fueron enviados a delegaciones policiales, algunos fueron maltratados y, bajo custodia del Estado, no recibieron ni agua ni alimentos por más de 48 horas. Algunos de los confinados ocuparon sus redes sociales para denunciar que estaban retenidos en lugares que no cumplían las reglas mínimas de distanciamiento y donde cada día llegaban nuevas personas. Según el Gobierno hay 2,073 personas detenidas por violar la cuarentena.
La Sala de lo Constitucional estableció en esta última resolución medidas que pretenden frenar ese comportamiento gubernamental de crear reglas instantáneamente. Establece que “los actos del Poder Ejecutivo como decretos o reglamentos no tienen validez alguna para limitar derechos fundamentales.” Los magistrados de la Sala aclaran que los decretos ejecutivos no son leyes formales y califica esto como un “abuso de la potestad”, pues solo podrían decretarse por los diputados de la Asamblea Legislativa. Esto, dice la resolución, “ no puede consentirse en un Estado republicano, democrático y de derecho”.
De todas las sentencias de los magistrados, este es la primera que alude directamente a acciones del presidente y que explícitamente las tilda de prohibidas. Dice, por ejemplo, que “el Presidente de la República y las autoridades de la Policía Nacional Civil tienen constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria, mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley formal en la que se establezca dicha medida”. Para esto, aclara, deben cumplirse requisitos.
También ordena a las autoridades y el personal policial, militar o de seguridad “abstenerse de ejecutar actos de fuerza que conllevan a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas; y que también carecen de base legal”. La Sala es contundente en declarar como ilegal el decomiso de vehículos que anunció el presidente y que está contemplado en el decreto Ejecutivo 19: “Ninguna autoridad por motivo de la cuarentena puede decomisar vehículos de personas, ni ningún otro bien, salvo la aplicación de otras leyes que regulen delitos o infracciones administrativas diferentes.” La idea medular de los magistrados es que “el interés público al que la Constitución confiere primacía incluye el respeto irrestricto a todos los derechos fundamentales”.
“Ordénase el cumplimiento pleno y efectivo de las medidas cautelares y de tutela adoptadas en este proceso para garantizar los derechos fundamentales de libertad e integridad física relacionados con el hábeas corpus”, dice en su primer punto. Como segundo punto, ordena a las autoridades responsables de ejecutar los decretos 19 y 20 atenerse estrictamente a la interpretación de la resolución. Bukele, en sus tuits, hizo su interpretación constitucional, algo que no le compete a su cargo, y determinó que la Sala no tenía razón.
También delega al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares y de tutela adoptadas en relación al internamiento o confinamiento sanitario forzoso por el mero incumplimiento de la cuarentena domiciliar. A los diputados los urge a legislar de acuerdo a los puntos que establece esta sentencia.
Los magistrados incluyen un candado para que los diputados y el presidente no traten de trucar lo sentenciado. Establecen que las decisiones dictadas en las nueve páginas “no pueden ser incumplidas, irrespetadas, tergiversadas ni manipuladas”.
Este miércoles 15 Bukele no recibió solo el revés de la Sala, sino de algunos organismos internacionales. Human Right Watch, una de las más importantes organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, publicó un informe donde denuncia que “las declaraciones del Presidente Nayib Bukele han promovido el uso excesivo de la fuerza y la ejecución draconiana de las medidas ordenadas por su gobierno”. Según la organización, los criterios para detener gente que supuestamente viole la cuarentena han sido totalmente arbitrarios y se ha dejado la decisión en manos de cada agente de seguridad.
Este mismo miércoles, en su informe semestral, la Secretaría Interamericana de Prensa (SIP) acusó al gobierno de Bukele y a usuarios de redes afines de 'acosar, desacreditar y amenazar a periodistas', y expuso que al presidente 'le estorban leyes y críticas'.
El segundo frenó a Bukele
Esta es la segunda vez que la Sala frena actuaciones de un presidente que ya ha atentado contra la institucionalidad heredada tras las firma de los Acuerdos de Paz. El 9 de febrero de este año, el Ejército irrumpió en la Asamblea Legislativa y el presidente amenazó con disolver el congreso. Rezó y advirtió que volvería en una semana si los diputados no aprobaban el préstamo de $109 millones que solicitaba.
El Gobierno sigue contando una versión de lo ocurrido que es falsa en muchos detalles. En principio y públicamente, la toma de la Asamblea ocurrió principalmente por un préstamo de seguridad para cámaras de videovigilancia, un buque y equipo destinado a modernizar al Ejército y la Policía. Fuentes del Ejecutivo confesaron a El Faro que respondió a una estrategia de marketing que, dicen, se les salió de las manos.
El día siguiente, la Sala de lo Constitucional resolvió que el presidente Bukele puso en riesgo la democracia al haber irrumpido en el Palacio Legislativo acompañado por medio centenar de militares y policías fuertemente armados. Le ordenó en su sentencia que se abstuviera de usar los cuerpos de seguridad del Estado para poner en riesgo el sistema democrático. Esa misma noche, a diferencia de lo ocurrido este miércoles, el presidente anunció vía Twitter que aunque no compartiría la decisión, acataría la sentencia.
En esta ocasión, después de incendiar el debate nacional desde su cuenta de Twitter, el presidente intentó cambiar la conversación de su timeline y puso un tuit fijo a las 11:50 de la noche: “En otras noticias… Hoy Layla cumplió 8 meses”. En el mismo, colgó 15 emoticones de ojos de corazón y una fotografía de su hija.
