Lorena amaneció con un dedo de la mano derecha despellejado tras morderse las uñas toda la noche. Descargó en él la ansiedad que acumula ahora que huye de la Policía, mientras se desplaza de un lugar a otro por el miedo a ser detenida. Es sábado 25 de mayo de 2022, el día número 61 de una huida que emprendió con su familia el 31 de marzo, cuatro días después de que El Salvador entrara en un Régimen de Excepción que ya ha sido prorrogado cuatro veces. “Jamás pensé en volver a repetir lo mismo que hace cinco años”, dice con un llanto incontenible esta joven veinteañera desde un cuarto de hotel. En 2017, también huyó con su familia luego de que les acusaron de organizaciones terroristas, un delito del que fueron declarados inocentes.
Norma, su madre, una mujer de poco más de 50 años, está a su lado. Es incapaz de interrumpir el sollozo de Lorena porque sabe que solo así maneja el trauma que arrastra al sentirse perseguida. En una esquina del cuarto está su hijo, Gustavo, un par de años mayor que Lorena. Él observa a ambas en silencio mientras se refugia en su celular, en la última fotografía que tomó a su bebé días antes de huir. Tampoco sabe qué hacer para calmar el dolor de su hermana cuando cuenta esta historia, una historia que por temor piden que no se publique con sus nombres reales.
Mientras hablamos, Lorena saca de una bolsa plástica los más de 250 folios del expediente que da validez a su testimonio. Lo pone sobre la cama y comienza a compartirme hoja por hoja. Describe a detalle lo ocurrido a la vez que lee cada pieza del expediente. No hay indicio alguno de falsedad en sus palabras. No hay manera de desvirtuar lo que dicen cuando tengo en mis manos informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), peritajes psicológicos y psiquiátricos del Instituto de Medicina Legal (IML), la sentencia del juzgado que les declaró inocentes, recetas médicas donde se lee que están medicados con antidepresivos y muchos otros más que por su seguridad omitiremos, como también se hará con otros detalles de sus relatos. Los documentos describen que son una familia que fue acusada de organizaciones terroristas en el pasado y cuyo proceso penal culminó cuando un juez declaró el sobreseimiento definitivo porque nunca hubo pruebas que les incriminaran. Ese juez les declaró inocentes y eso quedó plasmado en papel. Pero aún así, han tomado la decisión de huir de nuevo.
¿Por qué huir cuando no se debe nada?, se preguntarán muchos. “El que nada debe nada teme”, escribió en Twitter el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, el 14 de abril de 2022. Esta familia ya fue juzgada y absuelta, pero aún así teme y por eso se desplaza, porque teme que, bajo el Régimen de Excepción, su absolución no sea suficiente para demostrar ante un juzgado que no deben nada.
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Norma, Lorena y Gustavo tuvieron que huir cuando comenzó el Régimen de Excepción. Lo hicieron porque escucharon que en la zona rural donde viven empezaron a detener a todo aquel que hubiese tenido un proceso penal. “Ustedes son los siguientes”, les amenazaron unos policías. A los minutos, huyeron. Salieron solo con $5 en la bolsa, sin ropa y sin un lugar seguro donde llegar.
“Yo le decía a mi mamá: ‘¡vámonos, vámonos! Nos van a involucrar en algo’”, recuerda Lorena sobre el punto de quiebre que vivieron: o decidían quedarse y correr riesgos o huir. Es un hecho que cientos de capturados están en prisión por tener una ficha policial. El tiempo demostraría que no era descabellado el temor de Lorena.
Su temor parte de que en el Régimen de Excepción no existen garantías para nadie: si una persona es detenida, con suerte saldrá libre en los seis primeros meses que dura la fase de instrucción. Incluso Amnistía Internacional insistió en su más reciente informe en que se está frente a un procesamiento penal “sin las debidas garantías judiciales” y ninguna de las miles de detenciones que han ocurrido sería posible “si las instancias de justicia cumplieran su mandato”. Los llamados han sido enviados al Gobierno de Nayib Bukele en reiteradas ocasiones por el organismo internacional. Ante la falta de respuesta en el sistema de justicia, donde un tercio de los jueces fueron removidos por la Asamblea Legislativa para imponer otros cercanos al bukelismo, la gente recurre con habeas corpus a la Sala de lo Constitucional, que ya acumula 1,090 denuncias. Ninguna ha sido admitida hasta ahora por la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados también fueron impuestos por el bukelismo. Por eso pocos se atreven a contradecir y quien lo haga puede ser removido de su cargo, como ocurrió con el juez especializado Godofredo Salazar, que fue trasladado a un juzgado de primera instancia de Ilobasco, Cabañas, porque al presidente, según tuiteó, no le pareció una resolución que el juez emitió en el pasado. La independencia de poderes en El Salvador es ahora mismo una construcción vacía.
“Dos de esos (habitantes del pueblo que como ellos fueron sobreseídos tiempo atrás) están presos ahora, los detuvieron con el Régimen”, dice Norma. “¿Y qué nos garantiza a nosotros que vamos a poder demostrar nuestra inocencia?”, cuestiona. Norma aprendió de leyes. Nunca las estudió en la universidad, porque no tuvo dinero para ello, pero los dos años de proceso que vivió tiempo atrás —por el que hipotecaron el único patrimonio que tienen, su casa, para pagar defensa con un préstamo de $7,000 que sigue vigente— le dio suficiente criterio para tomar decisiones como la actual.
Lo que Norma sostiene no dista de lo denunciado por Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y organizaciones sociales: no hay manera de garantizar una efectiva defensa y menos de demostrar inocencia durante el Régimen de Excepción. Ante esto, funcionarios como el viceministro de Seguridad, Osiris Luna, han respondido con desidia, minimizando las capturas arbitrarias: “Aquel que no es, no se preocupe, esa persona va a salir (de prisión)”. Primero capturar, luego investigar, parece ser la lógica en ocasiones. En una entrevista televisiva del 26 de julio, Luna dijo que capturan “de manera técnica” y usando bases de “grupos de inteligencia” tanto de la Policía como de Centros Penales. Con eso perfilan las detenciones. Sin embargo, las denuncias de detenciones arbitrarias —y algunas catalogadas como ilegales por organizaciones— son el pan de cada día en El Salvador. Esto provocó que el pasado 19 de julio una multitud de familiares de personas detenidas salieran a las calles con mensajes como “cambio mi libertad por la de mi hijo con problemas mentales”, “mi papá es el sostén de la casa, no tenemos qué comer”. La primera protesta masiva de este tipo. Esa escena de familiares desesperados por demostrar la inocencia de sus detenidos se repitió el martes 26 de julio frente a uno de los portones de la Asamblea Legislativa. Ese es El Salvador bajo Régimen de Excepción, que hasta ese día registró 47,789 “terroristas capturados”. De nuevo, una marcha más recorrió parte de la capital el 9 de agosto.
El llanto de Lorena cesa de a poco, queda ahí, retenido, trémulo. Sus ojos, tristes y chiquitos, cada vez están más enrojecidos por el desvelo. “Yo ya lo he vivido y lo estoy viviendo de nuevo, y no quiero llegar a ningún lugar injustamente”, repite una y otra vez desde su habitación. Ese lugar del que habla es la cárcel, donde ya estuvo hasta que un juez le concedió medidas sustitutivas previas al sobreseimiento definitivo. De esto hablamos una y otra vez con Lorena, Norma y Gustavo, de lo que nunca pensaron que volverían a repetir. Esta familia me permitió acompañarles durante su desplazamiento en dos de los lugares donde se ocultaron durante mes y medio previo a entrar en un esquema de seguridad que hoy por hoy me impide contactarles.
Norma: el anhelo de una vida que no fue
Cada vez que llego al hotel, Norma se echa a dormir. A veces son cinco minutos, a veces diez o media hora. “Perdone que me duerma, pero cuando usted está aquí, me siento segura”, me dice desde su cama. Es la cuarta vez que les visito y siempre ocurre. Siempre. Se lanza la cobija encima y nos olvidamos de que ella está ahí.
Este hotel es el cuarto lugar en el que se refugian. Pasan sus días metidos en una habitación pequeña, de tres camas, con una ventana grande y luminosa con la que logran ubicarse en el tiempo y saber si el sol se ha ocultado, si llueve o no. Tienen acceso a un baño que les sirve de tendedero de unas cuantas prendas. No lavan ropa, porque no hay manera de hacerlo. Lo que visten ha estado sin lavarse desde que salieron, por eso tratan de no ensuciarse. Por la pieza pagan unos $30 por persona, con posibilidad de tener algunos tiempos de comida. Sienten que esa comida les cae pesada y les provoca indigestión.
Pagan la habitación gracias a amigos que se han hecho cargo de apoyarles, que les hacen llegar el dinero para que sigan en huida. Si no fuera por ello, no tendrían cómo hacerlo. Siempre han tenido poco, pero ahora tienen mucho menos. Si pierden la casa, lo perderían todo. El préstamo que utilizaron para pagar el proceso penal de hace unos años los dejó con una deuda que crece. Ahora no tienen para abonar a ella. “Ya con perderla, nos estarían arruinando la vida por completo”, dice Norma.
Norma no trabaja desde 2017. El proceso judicial en su contra la dejó a ella, una mujer de más de 50 años, sin posibilidades de encontrar un trabajo. Cuando habla, recuerda con añoro la época en la que trabajaba en un lugar donde ganaba $500 mensuales, suficiente dinero para dar una vida digna a Lorena y Gustavo. Tenía acceso a seguro social y un trabajo que le gustaba. Pero a su edad nunca más volvió a conseguir algo que se asemejara y menos cuando tenía un proceso penal encima. En esa búsqueda estaba cuando llegó el Régimen de Excepción y nuevamente tuvo que olvidarse de trabajar.
“Si me hubiera ido a Estados Unidos, otra quizá sería la historia”, dice Norma sobre una oportunidad que cree que desaprovechó. “No estaríamos en esto”, lamenta.
Esta ha sido su historia: pedir ayuda a cercanos para que les colaboren con los costos que implica vivir como desplazados dentro de su país. Cuando huyeron en marzo, solo tenían dinero para tomar un bus. Así llegaron a casa de un amigo. Estuvieron ahí sin ropa, porque hasta entonces no habían logrado que de su pueblo les mandaran un par de prendas. Mientras tanto, el amigo les prestaba lo que tenía a mano.
A mediados de abril, las noticias que vieron por televisión destacaron que en el Régimen de Excepción serían detenidas todas aquellas personas que estuvieran “ayudando a criminales”. El miedo penetró en el amigo, no porque dudara de ellos, sino por el riesgo de estar en una zona populosa al norte de San Salvador donde las posibilidades de un operativo eran altas. El amigo les pidió que se fueran. Al día siguiente, la familia huyó de nuevo.
Comenzaron a moverse de hotel en hotel. Pasaron por uno, luego otro y llegaron a un tercero, que es este donde nos encontramos hoy, uno modesto, de pocas habitaciones, donde al menos sienten que las probabilidades de que llegue la Policía a buscarles se reducen. Pero aún así, viven inseguros. Por eso Norma no duerme, por eso ella actúa como un sereno, como quien vela para que la gente a su alrededor esté segura.
Una noche de estas noches Norma no durmió nada. Una fiesta en el hotel la mantuvo alerta y no por las cumbias que sonaban al fondo. Al lado de la ventana, dos personas peleaban a gritos. Norma se asomó, pero solo escuchó acercarse la voz del vigilante del hotel. “¡Voy a llamar a la Policía!”, fue todo lo que entendió. Norma levantó a Lorena y Gustavo. “Si viene la Policía, nos vamos”, les dijo. Arreglaron cada uno su mochila por si había que huir de nuevo.
Cristosal, organización de derechos humanos que desde mucho antes del Régimen de Excepción se dedicaba a recibir denuncias por desplazamiento forzado, ha registrado casos de víctimas que están en la misma situación que esta familia. Según la organización, entre el 26 de marzo y el 15 de junio de 2022, 85 personas han tenido que desplazarse debido al Régimen de Excepción, por miedo a una detención arbitraria o porque las amenazas y amedrentamiento de pandillas persisten y se suman al de agentes del Estado, policías o miembros del Ejército. “Lamentablemente, hemos visto que el Régimen de Excepción ha sido instrumentalizado por algunos grupos específicos para desplazar a personas”, opina Rina Monti, directora de investigación de Cristosal.
Respecto a las pandillas, agrega la especialista en desplazamiento forzado, han detectado casos que tienen que ver con familias amenazadas por no haber permitido que pandilleros se ocultaran de la Policía. Si alguno de estos fue capturado, tiempo después no faltaron las amenazas exigiendo la casa o anunciando asesinatos por “traición”. Otros casos se deben a que los arrendatarios han pedido las casas ante la captura de un miembro de la familia —aunque esto haya ocurrido sin pruebas—. “Hay familias que tienen que vivir con el prejuicio de que son pandilleros”. Esas familias, según Monti, “tienen que irse”. No tienen opción.
Gustavo: la familia que se rompió
Encerrado en el cuarto de hotel del que no sale a menos de que sea para buscar comida o medicamento, Gustavo celebra el cumpleaños de su bebé sin estar a su lado. Hace una videollamada con su familia, a la que tiene 90 días sin ver en persona. Es una mañana de junio. “Todo pasará en algún momento”, dice a su esposa. Sonríe, es difícil creer que el gesto refleje su estado de ánimo. Gustavo habla poco. Si algo debe aprender a diario es a lidiar con la distancia de no poder estar con su bebé. Gustavo cuelga la videollamada. “¿Y usted cree que van a seguir prorrogando el Régimen?”, me pregunta. Mi respuesta no ayuda a calmar su angustia.
Vuelvo a leer los más de 250 folios de su proceso judicial, del que fueron absueltos, y reafirmo que la familia fue acusada y capturada sin que hubiese prueba de su vinculación con estructuras pandilleras. No dudan de que todo lo que viven es causa de un caso que policías construyeron por antiguas rencillas, una venganza de parte de ciertos agentes, de la que es imposible contar detalles en este texto sin exponerles más de lo que ya están. En Régimen de Excepción también es necesario esconder algunas palabras a la hora de hablar de casos como este.
El desplazamiento forzado interno es un fenómeno que durante los últimos diez años ha aumentado de forma exponencial. Según un informe de la ACNUR publicado en 2021, antes del Régimen, en El Salvador se registraron 71,500 casos de desplazamiento forzado interno en la década. Solo entre enero y octubre de 2021, la Procuraduría General de la República (PGR) atendió a 1,170 personas desplazadas.
El Faro solicitó a través de comunicaciones de la PGR una entrevista para conocer si la Unidad de Desplazamiento Interno ha recibido denuncias de personas o familias que por el Régimen de Excepción hayan tenido que abandonar sus viviendas, pero no hubo respuesta, como es habitual con cualquier institución pública en la actualidad.
El 21 de junio pasado, la Asamblea Legislativa prorrogó por tercera vez el Régimen de Excepción. Ese día encontré a Gustavo pendiente de la plenaria desde su celular. Veía con atención el argumento con el que los legisladores pretendían justificar su extensión. “El Régimen ha bajado los homicidios y la gente se siente más segura”, decían como han dicho desde que lo crearon. Pero Gustavo se clavó en una frase: “El que nada debe, nada teme”, se leía entre los comentarios que algunos usuarios dejaban durante la transmisión. “¿El que nada debe, nada teme?”, cuestionó largo rato.
Ese día fue el primero en el que Gustavo me compartió su sentir. Fue como un vómito de dolor: “Uno no debe nada, pero vea dónde andamos, cómo estamos. Uno dejando de trabajar, dejando a la familia, todo por lo que uno ha luchado. Y yo no tengo miedo, porque uno sabe que si no es delincuente no debe temer. Yo salgo a comprar cosas y le digo a mi mamá ‘no hay que tener miedo, hay que actuar natural, porque no somos delincuentes’. ¡Pero como ellos son los que nos convierten en delincuentes!”. Tras la frase, Gustavo volvió a perderse en su celular. Guardó silencio y no volvió a pronunciar nada más esa tarde.
A Gustavo lo acusaron de delincuente en 2017. Fue a él a quien inicialmente vincularon con pandillas. Cuando su madre intentó bloquear el amedrentamiento que Gustavo recibía de parte de policías, llegó la acusación formal por organizaciones terroristas tanto en contra de ella como de Lorena.
Gustavo afirma sin titubeos que son una familia que ha sido perseguida dos veces por un sistema.
En el Régimen de Excepción no hay manera de garantizar un debido proceso o una defensa, y esta familia lo sabe. Lo confirman también con cada tuit de la Policía cuando se jacta de arrestar personas solo por tener antecedentes penales o tras haber cumplido una pena. “Capturamos a 2 peligrosos pandilleros que este día quedarían en libertad, luego de pagar una condena en Izalco”, escribió la Policía el 4 de junio. “Volverán a su celda, en esta ocasión por el delito de agrupaciones ilícitas, por el cual podrían pasar hasta 30 años de cárcel”, añadió en un segundo.
¿Qué garantiza que no sean detenidos por un mismo hecho que ya fue juzgado?, una nueva pregunta que se hace esta familia. ¿Estaríamos frente a un caso de doble juzgamiento, algo que está expresamente prohibido en la Constitución?
Si algo es un hecho es que “cuando una persona ha sido enjuiciada previamente y su situación jurídica se ha resuelto, ya sea con un sobreseimiento o una condena, y en el caso de esta última ya fue cumplida, es jurídicamente inadmisible que vuelva a enjuiciarse por los mismos hechos alegados en el juicio previo”, dice la abogada penalista Marcela Galeas. Ella ve una serie de problemas que se configuran cada vez más en el Régimen de Excepción: la opacidad, la falta de motivación en las capturas y la nula información para los criterios de detención. Esto es peligroso, recalca.
“Se están dando casos donde capturan a las personas únicamente por tener antecedentes penales, no por una comisión delictiva individualizada y diferente al caso por el cual fueron acusados previamente. ¿Entonces qué pueden hacer? Nada”, cuestiona la abogada. Lo que Galeas plantea es justamente lo que hace a esta familia huir.
Lorena: el trauma instalado
No hay forma de que sigan pagando por el cuarto de hotel. El dinero que les donaron sus amigos se acaba. Han pasado un poco más de 100 días desde que iniciaron la huida. Lorena rastrea por internet la posibilidad de alquilar un cuarto en alguna casa: revisa anuncios en Facebook, los que le aparecen cuando busca en Google, pero no encuentra nada. Todo se sale del presupuesto. Está desesperada. “Yo necesito que estemos en un lugar seguro. No importa dormir en el suelo, donde sea, pero quiero estar segura. Ya no quiero dormir en hoteles porque es peligroso”, dice.
En una ocasión, a través de un audio, me dejó claro que si no encontraban un lugar para moverse, estaban valorando entregarse. Entregarse sin saber por qué, pero terminar con la huida, entregarse al sinsentido. No entendí a detalle lo que me decía porque el llanto ahogaba sus palabras. “No tenemos dónde ir. Nos vamos a entregar, mejor”, alcancé a escuchar al final del mensaje. Lorena es la más afectada por todo lo que viven. Cuando habla, se quiebra con facilidad. En ella, el trauma es evidente. Está medicada en medio de esta situación que revive su pasado.
En los documentos del peritaje psiquiátrico del Instituto de Medicina Legal se lee que toda la familia sufre de traumas, pero Lorena presenta un “cuadro psicológico severo”. Ella “sufre de sueños angustiosos y recurrentes”. A veces sueña que van por ella, que irrumpen policías y los detienen. Las pesadillas de Lorena están repletas de policías. Una de estas noches, Lorena seguía despierta a las 4 de la madrugada. Escuchaba ruidos confusos a lo lejos, de puertas que se abrían y cerraban, gente murmurando fuera de su habitación y carros parquearse al lado de su ventana. Por un momento, pensó que era uno más de sus sueños. Cuando supo que no era así, se aferró a su madre. Lo primero que pensó es que era un operativo policial, como el de aquella noche de 2017 cuando fue detenida.
“No hemos dormido nada. Entran y salen personas del lugar donde estamos. Nos da miedo que lleguen los señores (Policías)”, me escribió en un mensaje de texto a la mañana siguiente.
Según Medicina Legal, sufre de un trauma provocado por la detención que vivió en el pasado: no solo piensa a diario que se la llevan presa, sino que también ha creado enemigos permanentes, gente que le quiere hacer daño allá donde esté. Estos papeles, que pude ver, son otra prueba de que su historia es cierta.
En una vida paralela, Lorena estaría estudiando en la universidad, porque a eso aspira. Pero no es la vida la que se ensaña, dice ella, sino todo un sistema que les quiere hacer pagar por delitos que no han cometido. “Ellos han esperado el momento para volvernos a involucrar en algo”, dice refiriéndose a la Policía. “¡Me arruinaron mi vida! ¡Mi récord! Las personas no te vuelven a ver de la misma manera cuando te exponen como un delincuente”, dice Lorena.
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Norma, Lorena y Gustavo consiguieron un nuevo lugar para quedarse. A inicios de julio se movieron a una casa, el sexto lugar al que se desplazan en estos 21,000 kilómetros cuadrados que son El Salvador. El quinto fue una pieza pequeña que alquilaron por unos días. No puedo saber exactamente dónde están ahora. Por seguridad, se lo guardan. Han logrado, cada vez más, lo que buscaban: desaparecer dentro de su país, uno que se encuentra desde hace más de cuatro meses bajo Régimen de Excepción.
