Columnas / Política
Todas las irregularidades del Ministerio Público en el caso contra José Rubén Zamora
Si el objetivo de un proceso penal es cumplir la ley, este no parece ser el caso. El caso de Zamora muestra señales de ser personal.
Simone Dalmasso

Fecha inválida
Julie López

En un proceso legal, cuando una de las partes viola una ley para cumplir otra, cruza una frontera hacia un terreno donde sus intenciones se vuelven cuestionables. Ese es el caso de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Guatemala, que hace poco más de tres meses armó un caso en 72 horas para capturar al presidente de El Periódico José Rubén Zamora por chantaje, lavado de dinero y tráfico de influencias, y que el pasado 10 de octubre lo acusó formalmente, anunciando tener “contundentes medios de investigación”.  

Desde un principio, la FECI argumentó que investigaba a Zamora como empresario, no como periodista ni en represalia por publicaciones del diario. Sin embargo, no hay otra forma de explicar por qué la FECI obtuvo las principales evidencias de forma ilegal para capturarlo, según los abogados defensores del periodista y de dos personas procesadas más en este caso. Tampoco hay otra forma de explicar el torpedeo constante a la defensa de Zamora, y cómo las autoridades lo han tratado en contraste con otros procesados por delitos mucho más graves.

Si el objetivo de un proceso penal es cumplir la ley, este no parece ser el caso. El caso de Zamora muestra señales de ser personal.

¿Cómo violaron la ley para probar los delitos que le achacan? La lista de ejemplos es larga, según dijeron en septiembre los abogados de Zamora y de Flora Ramos, exgerente financiera de El Periódico, también acusada de lavado de dinero. Junto a ellos también fue capturada Samari Gómez, auxiliar fiscal, acusada de, supuestamente, filtrar información en el caso, con base en una grabación que—su defensa sostiene—no lo comprueba.

Los motivos de la FECI se vuelven cuestionables, según los defensores, desde que recibió la denuncia del exbanquero Ronald García Navarijo contra el periodista el 26 de julio de 2022. Gustavo Ovalle, defensor de Silva, afirma que las circunstancias en que García Navarijo denunció a Zamora sugieren una planificación previa y premeditación. Debido a que los casos deben ser asignados aleatoriamente a los fiscales, el abogado se pregunta por qué este caso fue asignado cuando sólo había una agente fiscal presente: Cynthia Monterroso.

Monterroso fue señalada de abuso de autoridad y filtración de información en otros casos por Erika Aifán, la jueza de mayor riesgo que salió al exilio en marzo de 2022, y por el anterior jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval (en el exilio desde julio de 2021). No obstante, la fiscal general Consuelo Porras nunca la sancionó. Al contrario; la ha colocado en puestos claves.

Ovalle explicó que el jefe de la FECI debería de haber hecho una asignación aleatoria del caso porque hay once agencias en esa fiscalía. Es decir que, si en la noche del 26 de julio sólo estaba presente Monterroso, debió hacer la asignación aleatoria del caso al día siguiente, cuando los otros fiscales estuvieran presentes.

El abogado, además, se pregunta cómo es que García Navarijo sabía que a las 10 de la noche (en horario no hábil) todavía estaba en la FECI un agente fiscal que podía recibir su denuncia, como para presentarse a esa hora y no durante el día.  Una respuesta obvia es que hacerlo así garantizaría discreción, porque sólo personal policial y del Ministerio Público (MP) podrían advertir su llegada.

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, admitió a El Faro que él recibió a García Navarijo junto a dos agentes fiscales (una de ellas Monterroso), aunque el nombre de Curruchiche no aparece entre las firmas al final del acta, como se observó en una presentación de diapositivas en la audiencia de primera declaración de Silva, el 25 de agosto. Es más, el jefe de la fiscalía aseguró que hasta ese día “conoció en persona” a García Navarijo.

En su primera audiencia, Zamora dijo que a finales de junio (un mes antes de su captura), el exbanquero le confió que Curruchiche le había ofrecido descongelar Q33 millones (US$4.4 millones al cambio de hoy) que la FECI le había confiscado en otro caso de lavado de dinero, a cambio de que le diera el 15 % del dinero y de que incriminara a personajes molestos para el Gobierno. No reveló, sin embargo, si la supuesta conversación entre el fiscal y el exbanquero ocurrió por teléfono. Curruchiche, mientras tanto, negó haber hecho semejante propuesta.

Según la denuncia de García Navarijo, Zamora le había ofrecido entregarle Q300 000 (US$40 000) en efectivo a cambio de un cheque por el mismo monto, para depositar en la cuenta del diario e ingresarlo al sistema bancario, y de no publicar información perjudicial en su contra. El exbanquero agregó que el dinero “probablemente” era producto de chantajes, pero hasta la fecha no ha habido ninguna prueba de ello.

En las siguientes 72 horas a la denuncia, el exbanquero grabó, con la anuencia de la FECI, sus conversaciones con Zamora. Estas se sumaron a un legajo de otras conversaciones en persona y por teléfono con el periodista que había grabado desde 2021 y que entregó a la fiscalía en los días siguientes. El exbanquero también le pidió al periodista enviar el dinero y la factura a una oficina, donde el 28 de julio pasado lo recibió un socio de García Navarijo, mismo que le entregó el cheque a un empleado de Zamora. Ese día, la FECI incautó la factura y el dinero. También recibió una copia del cheque.

La fiscalía usó estas evidencias y las grabaciones para justificar los allanamientos a las oficinas de El Periódico y la casa de Zamora, así como su captura, el 29 de julio pasado. Las evidencias también justificaron el allanamiento de la casa y captura de Silva el 19 de agosto.

Ovalle explicó que la Constitución de Guatemala establece que sólo un agente de la Policía o un funcionario público pueden realizar operaciones encubiertas para obtener evidencia, como una garantía de una actuación sin motivos ulteriores. García Navarijo no cumple ninguno de esos requisitos. Es más, tiene la peculiaridad de estar procesado por lavado de dinero en un caso que abrió en 2016 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y que ahora lleva la FECI. Esta condición, por sí sola, contamina la obtención de todas las evidencias que García Navarijo entregó y que la fiscalía usó para justificar las capturas y los allanamientos, y sería suficiente para botar todo el caso, según el defensor.

García Navarijo ahora está libre porque en septiembre de 2020 la Sala Tercera de Apelaciones le otorgó libertad como una medida sustitutiva, pero al menos hasta julio pasado no se había convertido aún en testigo protegido ni colaborador eficaz. Esta Sala también fue benevolente en otros casos, como cuando envió a prisión domiciliar a Blanca Stalling, una magistrada señalada de tráfico de influencias, cuando anuló el envío a juicio de Igor Bitkov, un ciudadano ruso que obtuvo documentos de identificación falsos, y cuando protegió la inmunidad del exalcalde y expresidente Álvaro Arzú en un caso de corrupción que también llevó la CICIG. A Zamora, en cambio, los magistrados no le revocaron su prisión preventiva bajo el pretexto de que podría interferir en la investigación debido su puesto en El Periódico.

En un Estado de derecho, con todas las garantías de la ley, no se entiende que el MP deba violar la ley para comprobar que una persona cometió un delito, ni que el tratamiento de un procesado dependa de su identidad.

Por ahora, la pieza principal de evidencia contra el periodista es una factura por publicidad que El Periódico entregó por un servicio que no prestó. La factura registraba el ingreso al diario de los Q300 000 en efectivo que Zamora asegura haber recibido de dos empresarios, a finales de julio pasado, para financiar su funcionamiento. Según Zamora, los empresarios lo hicieron de esta manera porque no querían figurar públicamente como financistas del medio, y por eso le entregaron efectivo y no un cheque. Christian Ulate, anterior abogado de Zamora, explicó en agosto que su cliente no podía depositar el efectivo en la cuenta del diario porque, debido al monto, habría tenido que revelar el origen del dinero y la identidad de los empresarios.

De ahí que Zamora –según declaró en una audiencia y a la prensa– le pidiera a García Navarijo, a quien asegura conocer desde hace al menos 15 años, que hicieran el intercambio de cheque por efectivo justificado como pago por publicidad.

El problema es que Aldea Global, la empresa emisora del cheque y dueña de El Periódico realmente no pagó por ese servicio. Fue un pago que Zamora se hizo a sí mismo con dinero proveniente, según él, de una donación hecha por empresarios que todavía permanecen anónimos.

La entrega del dinero, la emisión del cheque y de la factura son hechos comprobados. Aun así, la defensa de Zamora ha reiterado que se sostienen sobre un entramado de irregularidades que el MP cometió y que contaminan el proceso. Estas irregularidades ponen en entredicho lo que la FECI anunció en un principio: que investigan a Zamora en calidad de empresario, no como periodista ni por las publicaciones críticas del gobierno en El Periódico.

Para la defensa, un elemento clave es el origen del dinero, cuya supuesta conexión con chantajes no ha sido comprobada. Ulate dijo en agosto pasado que la imputación de lavado de dinero no se justifica, ya que, según él, este solo ocurre cuando el origen del dinero es ilícito, porque “no se lava dinero que ya estaba bancarizado”. Según el abogado, el cargo se desplomaría si el dinero fuera rastreable hasta la agencia bancaria de donde —según Zamora— los empresarios lo retiraron, y si estos confirmaran lo dicho por el periodista. Originalmente, los fajos de billetes estaban sujetados con cintas bancarias con el sello y logo del banco. Ulate reveló en septiembre pasado que la FECI descartó las cintas como evidencia, cuando debió preservarlas.

Raúl Falla, representante legal de García Navarijo, y querellante adhesivo en el proceso como miembro de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT, que ha criminalizado a varios operadores de justicia), ha señalado que, independientemente del origen del dinero, Zamora incurrió en lavado de dinero al generar una factura por la recepción de un servicio de publicidad ficticio. Ahora bien, la gran pregunta es, si la FECI sabía que había evidencia de que Zamora incurrió en lavado de dinero, ¿por qué cometió las irregularidades que señala la defensa para sostener el caso?

Hay otros detalles llamativos: el despliegue exagerado de fuerza utilizado para la captura de Zamora fue similar al empleado en la captura de pandilleros y narcotraficantes de alto perfil. No por nada la Sociedad Interamericana de Prensa señaló que la “espectacularidad” y “desproporcionalidad” en el uso de la fuerza pública, durante la captura y allanamiento a la casa del periodista, aparentaban la intención de amedrentar a la prensa crítica del Gobierno. Las autoridades también usaron vehículos sin placas o con las placas ocultas. Dos exministros de Gobernación calificaron esa parte del procedimiento como ilegal.

Se suma a esto la criminalización de los abogados. Los primeros dos abogados de Zamora abandonaron el proceso luego de que la FECI dijera que los acusaría por obstrucción de la justicia (con base en una grabación obtenida ilegalmente, según la defensa). Fue entonces que Ulate asumió el caso la primera semana de agosto, cuando se convirtió en blanco de seguimiento por vehículos no identificados y de acoso cibernético hasta que se separó del proceso la primera semana de octubre. El referido acoso provenía de cuentas en redes sociales que frecuentemente acosan a operadores de justicia criminalizados por la FCT. Otros abogados defensores que iban a tomar el caso también fueron intimidados según la familia de Zamora. Su abogado actual, Juan Francisco Solórzano Foppa (el quinto en tres meses), asumió la defensa en octubre pasado. Aun en estas condiciones, el juez que lleva el proceso, Freddy Orellana, anunciará en una audiencia del 8 de diciembre si el caso va a juicio. 

La actuación de la FECI no exime a Zamora ni a Silva si se comprueba que violaron la ley. Sin embargo, como señala la defensa, las anomalías en que incurrió la fiscalía y el acoso a los abogados tampoco se justifican. Estas irregularidades invitan a sospechar de los motivos del MP para capturar a un periodista altamente crítico del Gobierno, y a considerar si realmente lo acusa sólo en su calidad de empresario.


 

*Julie López es periodista de El Faro en Guatemala.

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