La captura el 29 de julio pasado de José Rubén Zamora, el presidente de El Periódico, un medio altamente crítico hacia el gobierno en Guatemala, fue otro síntoma de que el periodismo en ese país está bajo ataque. El Ministerio Público (MP) insiste en que lo procesan como empresario, no como periodista. Las irregularidades en el caso, que señala la defensa, revelan lo contrario. Y hay algo innegable: el sistema de justicia, gracias a la acusación, ha llevado a El Periódico, un medio con 26 años de existir, a su crisis más severa.
La captura de Zamora por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias tuvo repercusiones serias para el diario. “Perdimos a nuestro vendedor estrella”, dice Ramón Zamora de su padre, y del papel que jugaba para reunir los ingresos por publicidad del diario. “Hemos tenido acceso a algunas personas y (estamos) agradecidos por los clientes que creen inquebrantablemente en mi papá y (su) proyecto, y han seguido apoyando. Otros se han visto intimidados por todo esto”.
Zamora hijo dijo que han recibido ayuda y donaciones de diferentes organizaciones en el extranjero. Aun así, debieron recortar el 80 % del personal, entre periodistas y personal administrativo (de 58 personas en la redacción, quedan 15). Este es el costo de la persecución penal contra el presidente de El Periódico, en una economía frágil para los medios de comunicación en general desde que comenzó la pandemia del Covid-19 en 2020, que obligó a recortes de personal, reducción de salarios y/o de publicaciones. Según la UNESCO, ese año “dio un golpe fuerte a la industria” de los medios de comunicación por la contracción del mercado publicitario durante los primeros meses de la pandemia. De hecho, la agencia PriceWaterhouseCoopers determinó que los ingresos de la industria cayeron por debajo de los registrados en 2018.
La última edición impresa diaria de El Periódico se publicó el 30 de noviembre pasado. La portada, totalmente en negro y sin fotos, anunciaba un único titular: “Nos transformamos para seguir resistiendo”. Esto, un día después de que Zamora cumplió cuatro meses encarcelado. En diciembre, el medio publicará seis ediciones especiales impresas, y mantendrá la edición digital (aunque no diaria), mientras continúa su reorganización. En enero, volverá a publicar su edición diaria en PDF, aunque prescindirá de varias secciones. Esos son, de momento, los planes.
“Nos vamos a enfocar en (noticias) nacionales con seguridad, justicia y política”, dice Ramón Zamora. “También habrá una (sección) cultural, para cubrir cultura y ser parte de la creación de eventos culturales en el país, y otros proyectos”. El diario funcionará con un equipo de alrededor de 30 personas, entre periodistas, ilustradores, administradores y el equipo de ventas. Las decisiones del recorte de personal y la reestructuración del diario las tomó un equipo editorial, pero fueron comunicadas por Zamora hijo al personal.
“No tengo un puesto formal en El Periódico, simplemente soy el hijo de la persona que lo guiaba, pero me he sentido con la obligación de hablar con el equipo personalmente”, dice. Una de estas reuniones, sostenidas vía Zoom, se realizó el 24 de noviembre con personal de todas las secciones. Uno de los participantes fue Félix Mencos, quien trabajó para la sección de Deportes durante 16 años.
“La gente se sentía muy necesitada de agradecerle a la familia (Zamora) por el trabajo”, dice Mencos. “Se notaba que había un sentido de compromiso por todo lo que hicieron por nosotros; fue muy fuerte. También había frustración por no poder ayudar a que la empresa saliera adelante, ni a José Rubén, por la situación en que está”. Una de las ediciones especiales de diciembre será conmemorativa para honrar al personal de El Periódico, según Ramón Zamora.
La precariedad en los medios de comunicación
El anuncio de los cambios en el diario estuvo precedido por meses de incertidumbre, porque El Periódico ya atravesaba una situación económica delicada antes de la captura del periodista.
Desde hace varios años, en ocasiones el personal recibía el pago de salarios o de prestaciones (como el aguinaldo o bono 14) fraccionado, particularmente en los meses previos a las elecciones (las próximas son en junio de 2023). “Hemos tenido retrasos de hasta mes y medio del salario; eso nos pasó a casi todos, y es el retraso que tenemos actualmente”, dice Evelyn Boche, quien cubría noticias judiciales. Eso empeoró con la captura de Zamora padre.
“Había mucha incertidumbre por el pago de sueldos, y cómo cada quien iba a sostener a su familia”, dijo otra reportera que pidió no ser identificada. “Como no se sabía qué iba a pasar, eso nos botaba totalmente la motivación”. El 26 de noviembre, al menos una parte del personal recibió una carta de finalización de trabajo, según uno de los periodistas despedidos.
Zamora hijo admite que tomar estas decisiones a nivel administrativo fue sumamente difícil. “Es algo que a nadie nunca le gustaría hacer”, dijo. “Esto ha sido sumamente difícil para mi papá. Él era un personaje clave en esto porque, aparte de escribir, salía a vender, acompañaba a los equipos de ventas. Tenía muchas conexiones con gerentes generales y con los dueños de empresas. Él era la llave hacia ese mundo”.
El hijo del periodista dijo que han comunicado al personal despedido que la empresa está trabajando en reunir el dinero para pagar los salarios atrasados y sus indemnizaciones. “Algunos han sido flexibles, dicen que pueden esperar (por la indemnización), pero lo que quieren es sus salarios al día”, dice Zamora hijo. “Entonces, vamos a enfocarnos en conseguir el dinero para pagarlos y, segundo, abordar el tema del pasivo laboral”. Estos esfuerzos también han sido torpedeados por las autoridades.
El hijo del periodista reveló que el diario ha recibido donaciones individuales y de organizaciones internacionales. “El proceso de liberación de fondos de la última (donación) que recibimos fue entorpecido”, agregó. “Nos han solicitado más documentación como una carta de presentación de los donantes, los comprobantes de transacciones de su banco para comprobar que realmente ellos enviaron los fondos. El 30 de noviembre (ayer) pidieron que manden una carta certificando que recibieron las facturas por las donaciones que han hecho. Sin eso, no se podrán liberar los fondos que tenemos en camino. Son requerimientos del banco (en Guatemala) a pedido de la Superintendencia de Bancos”.
Después de la captura de Zamora el 29 de julio pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), reveló que para entonces El Periódico ya estaba en problemas. La fiscalía había solicitado congelar las cuentas bancarias de Aldea Global, la empresa dueña de El Periódico. Para el 8 de agosto, cuando comenzó la audiencia de primera declaración del periodista, anunció que las cuentas se descongelaron porque sólo tenían Q3,500 (US$500).
El saldo en las cuentas de Aldea Global mostraba por qué Zamora necesitaba conseguir los Q300,000 (US$40,000) en efectivo, que ahora son objeto de la acusación en su contra por lavado de dinero. Este dinero, según el periodista, se lo entregaron dos empresarios que no querían ser identificados públicamente como financistas del diario, por su postura crítica ante el gobierno (por eso algunos anunciantes se retiraron o se negaron a pautar con el medio). Ninguno de esos empresarios ha aparecido a reconocer públicamente lo dicho por Zamora, algo que tiraría por los suelos la lógica de lavado de dinero, pues no habría origen ilícito.
Una de las formas en que Zamora podía usar el dinero en efectivo, sin revelar la identidad de los empresarios, era solicitándole al exbanquero Ronald García Navarijo (a quien dice conocer desde hace 12 años) que lo depositara en una de sus cuentas y le entregara un cheque (por la misma cantidad) a cambio, que podría depositar en la cuenta de Aldea Global. Cuando García Navarijo denunció ante la FECI (sin ofrecer pruebas) que Zamora lo amenazaba con publicar información comprometedora a cambio del cheque, y que ese dinero “probablemente era producto de chantajes”, echó por tierra el último intento de Zamora por rescatar al diario.
Los ataques del gobierno
La situación actual de El Periódico es el episodio más reciente en una serie de ataques durante casi 20 años. En junio de 2003, después de publicar el texto “La mafia y el ejército”, El Periódico reveló que fue objeto de un boicot comercial, persecución fiscal y extrajudicial. La vivienda de Zamora fue allanada ilegalmente por 17 sujetos que retuvieron al periodista y su familia durante varias horas, por lo cual recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el periodista, los sujetos le dijeron que había “enojado a alguien importante con sus publicaciones”, y que la visita sólo era “un llamado de atención”. Su familia salió al exilio. Era el tercer año del gobierno de Alfonso Portillo (capturado en 2010 y extraditado hacia EE. UU. por lavado de dinero, en un caso relacionado con corrupción militar).
En agosto de 2008, publicó el texto “El lado oscuro y Los Ángeles de Charlie”, relacionado con el secretario del servicio secreto presidencial, Carlos Quintanilla (destituido en esa administración y capturado en 2017 por fraude). Según el diario, la publicación llevó a que el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) presionara a los bancos para que le retiraran el apoyo comercial, mientras siguió la intimidación contra Zamora (quien denunció ser secuestrado).
Entre 2013 y 2015, El Periódico publicó varias investigaciones relacionadas con los procesos por corrupción que ahora enfrentan el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti. El diario también reportó que fue acosado en esos años.
En 2013, fue blanco de al menos 14 ciberataques que bloquearon sus publicaciones en línea durante varios días. La infiltración de un virus en los servidores de su portal digital borró el archivo histórico del medio. Todavía no recuperan todas las notas anteriores a 2013. En 2014, Zamora denunció que frecuentemente policías y militares lo vigilaban cuando salía a correr en su vecindario. Los periodistas del diario fueron vetados de eventos del gobierno y agentes de seguridad de la Presidencia destruyeron la cámara fotográfica de un reportero.
De esa época datan las 198 demandas o causas penales contra Zamora, con cargos que van desde la sedición hasta violencia contra la mujer (este último, un proceso que inició Baldetti, quien denunció que las publicaciones de El Periódico acerca de ella le habían causado daño psicológico). Cualquier persona que visitaba a Zamora en su residencia era filmada por sujetos desconocidos.
Durante el gobierno de Pérez Molina, hubo otro boicot comercial contra El Periódico, y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) permanecieron durante meses en sus oficinas para realizar una auditoría financiera.
En 2016, en el gobierno del presidente Jimmy Morales, según Zamora hijo, la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la entonces fiscal general Thelma Aldana (en el exilio desde 2018) revelaron a su padre que había un complot para asesinarlo. El periodista permaneció siete meses en el extranjero.
En 2018, la secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, denunció a Zamora por violencia contra la mujer, argumentando que las publicaciones de El Periódico le causaron daño psicológico, para que un juzgado prohibiera al diario publicar contenidos acerca de ella. La demanda fue archivada, aunque en 2019 Torres demandó a seis editores del diario también por violencia contra la mujer.
Una periodista que trabajó en El Periódico señala que el diario fue bastante cauto en cuanto a Consuelo Porras, desde que fue nombrada fiscal general en 2018, y hasta el tercer año de su gestión. Del 1 de julio de 2021 data una columna de José Rubén Zamora, en la que se refiere a su “reconocimiento y respeto” hacia Porras. Sin embargo, el despido ilegal del jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, el 23 de julio de 2021, lo cambió todo. El Periódico comenzó a criticar a Porras, y aumentaron los ataques.
En agosto de 2021, el medio recibió más ataques cibernéticos, intentos de censura y persecución penal. En septiembre, fue publicado el portal “elPeladero.com”, nombre de una sección con información extraoficial acerca de política y corrupción que el diario publica en su edición dominical. El portal, en cambio, sólo publicaba noticias favorables al gobierno. Ese mismo año, Amazon envió al diario un reporte de violación de derechos de autor, iniciado supuestamente por una ciudadana española en Valencia, quien aseguraba haber publicado artículos titulados “La trama rusa” para el portal maininfo.news, el título de una investigación que hizo El Periódico. El diario estableció que la citada página es parte de la dark web, y muestra indicios de conexiones con páginas gubernamentales de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad.
El 6 de abril de 2022 (cuatro meses antes de su captura), Zamora publicó un hilo en Twitter refiriéndose a la falta de idoneidad de Porras para ser reelecta como fiscal general, y a las múltiples irregularidades y corrupción en el MP durante su gestión. Para entonces, el MP ya había reactivado una demanda archivada en 2013, respecto a una publicación periódica contratada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), e investigada por la Contraloría General de Cuentas, que no encontró ningún delito. Según El Periódico, la demanda se reactivó como justificación para embargar las cuentas del diario y obligarlo a cerrar, y para allanar las oficinas de El Periódico y la vivienda de Zamora y hacer “hallazgos inevitables” de supuestas evidencias que permitieran al MP abrir nuevos casos. Torres también presentó nuevas demandas contra el periodista por las publicaciones acerca de ella y la UNE.
Este año, El Periódico anunció que experimentaba “una escalada de ataques nunca antes vista en contra del medio y la libertad de prensa” desde la captura de Zamora. El texto agrega que los ataques incluían “represión, intimidación, expansión del boicot comercial, allanamientos ilegales, detenciones” y la salida obligada del país de empleados del diario o su prisión preventiva. Por ejemplo, el 19 de agosto también fue capturada Flora Silva, exgerente financiera de El Periódico, en conexión con el cargo por lavado de dinero contra Zamora. Esto, en un caso en el cual, además de la FECI, también es parte acusadora la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Esta fundación encabeza la criminalización de varios operadores de justicia, incluyendo al exjuez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez, quien renunció y está oficialmente en el exilio desde noviembre pasado. Además, miembros de la FCT figuran en la lista de los personajes más corruptos de la región, la lista Engel, que publica el Departamento de Estado de los EE. UU.
“En el pasado había más contrapesos en el sistema”, dice Ramón Zamora. “Pero desde la salida (en 2019) de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), regresó el péndulo”.
El 18 de noviembre, Julia Corado, directora del diario, dijo que las presiones se intensificaron desde la captura de Zamora, que eran un intento por callarlos, pero no lo habían logrado. Corado, quien fue amenazada hace dos años, agregó que dos periodistas de El Periódico salieron del país después que fueron mencionadas “en casos donde supuestamente se habría revelado información reservada”, y que varias personas dejaron su empleo en la redacción. “Es una incertidumbre completa la que estamos viviendo todos”, dijo. Las declaraciones de Corado fueron publicadas por Prensa Libre después que El Periódico anunció los cambios en su formato en un comunicado para sus anunciantes que se filtró, según Ramón Zamora.
Ataques a El Periódico no ocurren en el vacío
Para finales de los años 90, el gobierno del presidente Álvaro Arzú asfixió económicamente a la revista Crónica (uno de los medios más críticos de su administración), después de intimidar y acosar anunciantes. El director renunció. La revista pasó a manos del abogado Mario David García, identificado como pro gobierno, y el resto de la redacción renunció en 1998. Ningún reportero recibió su indemnización.
Este año, la cuenta de Twitter de la publicación electrónica No Ficción fue hackeada después de publicar el testimonio original del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien se autoincriminó en el caso de corrupción Odebrecht, luego se retractó de sus declaraciones y sus abogados afirmaron que el medio inventó el testimonio (esta semana Sinibaldi fue beneficiado con prisión domiciliaria). El exfiscal Sandoval aseguró que la declaración sí ocurrió, y cuando el medio publicó el testimonio original, ocurrió el ciberataque.
El periodista Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, es criminalizado desde octubre de 2021 por su cobertura de la contaminación que causan empresas extranjeras de extracción minera en El Estor, Izabal (319 kilómetros al nororiente de la capital guatemalteca), bajo el encubrimiento del gobierno. Choc es falsamente acusado de participar en disturbios en los que resultaron heridos varios policías. Por aparte, el MP señaló a una periodista de Agencia Ocote de obstrucción de justicia porque grabó una entrevista en la cárcel con la exfiscal de la FECI Virginia Laparra, amparado en que la prensa no puede introducir equipo electrónico a la cárcel. Tras lo ocurrido, la periodista salió del país.
El 8 de diciembre el juez Fredy Orellana anunciará si el caso de Zamora va a juicio. Mientras tanto, el equipo de administración de El Periódico intenta pagar los salarios atrasados y las prestaciones del personal despedido. “Estamos juntando plata”, dice Ramón Zamora, refiriéndose a la colecta de fondos entre donaciones desde el exterior, pagos por publicidad, y donaciones locales. El 6 de noviembre pasado, el diario cumplió su último aniversario—el número 26—como un periódico de edición impresa diaria.
