Ni la Mara Salvatrucha-13, ni las dos facciones del Barrio 18 -Sureños y Revolucionarios-, ni otras pandillas menores, como la Mao-Mao, La Mirada Locos o CODEMAR, operan más en las calles de El Salvador de la forma en que lo hicieron por décadas. Tras diez meses de régimen de excepción, en el que han sido suprimidas garantías constitucionales, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha desestructurado a las pandillas de El Salvador, socavando su control territorial, su principal vía de financiamiento y su estructura jerárquica. El Faro habló con un veterano líder pandillero, ahora en huida fuera del país; visitó 14 comunidades que solían vivir bajo control pandillero en las zonas occidental, central y oriental del territorio; recorrió el Centro capitalino, circulando por las fronteras criminales controladas durante décadas por pandillas; habló con empresarios de distintos niveles sometidos por años al pago de extorsión; con policías, oenegés y políticos de oposición. La conclusión es contundente: las pandillas ya no existen de la manera en que El Salvador las ha padecido.
Un veterano líder pandillero, que escaló hasta los niveles más altos de su estructura criminal, habló con El Faro a condición de que no se revelara su nombre, su pandilla o el país en que vive. Esta persona fue parte de los influyentes círculos que tuvieron conocimiento de las negociaciones que estas organizaciones llevaron a cabo con distintos gobiernos desde 2012 hasta la actual administración.
Ante la pregunta directa: “¿El Gobierno de Bukele destruyó a las pandillas?”, respondió: “Sí, desbarató a las pandillas como las conocías. Si lo que decís es que ya no están cipotes teniendo presencia en los lugares, es cierto. Ya no están. Si lo querés ver de esa manera, así es, desbarató a las pandillas”.
Esta fuente explicó que las estructuras en los territorios se quedaron desconectadas durante esta administración de las cúpulas que las lideraban desde las cárceles. Según él, a diferencia de 2015, cuando el gobierno efemelenista del presidente Salvador Sánchez Cerén lanzó una embestida militar y policial contra las pandillas, en el actual escenario estas organizaciones criminales no contaron con directrices que les permitieran responder y enfrentar el embate del Estado. Según este pandillero, la generalidad de los “soldados” en la calle considera desde hace ya algún tiempo que sus líderes “los vendieron”.
“Es real. Estas estructuras no tienen gerencia. Supuestamente las ranflas (liderazgos nacionales encarcelados en su mayoría) buscaban el bienestar de sus soldados. Ahora no. Nosotros llegamos a la conclusión que no era así, que las ranflas no estaban buscando el bienestar de sus soldados”, asegura y agrega que la concentración de poder en los mandos históricos de las tres principales pandillas jugó en contra de esas estructuras. Tras diez años de negociaciones con gobiernos nacionales, los pandilleros libres dejaron de confiar en sus líderes presos, según la fuente.
“Las ranflas no quisieron dejar a sustitutos, no quisieron. No sé por qué, tal vez con la idea esa de que no querían darle a otro algo que era suyo. La cosa es que no lo hicieron. Estos locos negociaron su propia conveniencia. ¿Qué negociaron (con el Gobierno de Bukele)? No lo sé”, dijo.
Según su lógica, la administración actual consiguió aislar a las cúpulas del resto de la organización, lo que le permitió enfrentarse a estructuras fragmentadas, a cargo de mandos medios sin directrices y sin capacidad de tomar decisiones a nivel nacional.
“El cobro de la renta (extorsión) ya valió madres, habrá todavía quien pague por el mero miedo, como al diablo, al que le tenés miedo de que te castigue, pero nunca lo ves”, agregó. Sin embargo, asegura que todavía quedan pequeñas células pandilleras o individuos que podrían actuar por su cuenta, aunque acepta que en el territorio que él solía controlar quedan apenas “un par de cipotes que andan escondidos y que eran de los más bajos. Mis perros están fuera de ahí. No están ahí”, aseguró.
Ante la falta de una estructura jerárquica a la que responder, él se pregunta sobre sí mismo: “¿Yo soy un delincuente más o soy un pandillero?”. Al terminar la conversación preguntamos si su solicitud de anonimato respondía al temor de que su pandilla actúe en su contra. Su respuesta fue a tono con su discurso “¡N’ombre, si de eso ya no hay, me da miedo que el Gobierno se ponga a buscarme”.
Las pandillas llegaron a El Salvador deportadas desde California a finales de los 80, nutridas por personas que habían huido de la Guerra Civil salvadoreña (1980-1992). Durante la posguerra, poco a poco, esas estructuras prosperaron en este país centroamericano sin estar en el centro de la política de seguridad del Estado. En 2003, durante la administración del arenero Francisco Flores (1999-204), se lanzó el Plan Mano Dura, que ubicó a esos grupos criminales en primer plano. Desde entonces, las pandillas crecieron, al igual que los índices de homicidios del país, que llegaron a su punto más alto cuando en 2015 hubo 103 homicidios por cada 100,000 salvadoreños. Al menos desde 2012, bajo el primer gobierno del FMLN, las pandillas pactaron con los políticos un intercambio: la reducción de homicidios por beneficios carcelarios que les permitieron tomar el control de sus estructuras en las calles. Las negociaciones se dilapidaron paulatinamente por cálculos políticos y las pandillas nunca dejaron de crecer, hasta alcanzar el número de 70,000 miembros activos en un país de 6.5 millones de habitantes. Bukele negoció con las pandillas por primera vez cuando era alcalde de la capital (2015-2018), bajo la bandera del FMLN.
El poder de las pandillas creció durante décadas, extendiéndose a casi todo el territorio salvadoreño, echando raíces en comunidades empobrecidas. Estas estructuras sometieron a miles de comunidades, mediante la fuerza y el terror, a vivir bajo el arbitrio de sus normas, que sintetizaron bajo el lema “ver, oír y callar”. Desobedecer las exigencias de dinero, o violar las draconianas normas de convivencia que imponían solía pagarse con la vida. Además, los habitantes de los territorios bajo control pandillero solían ser víctimas colaterales de la guerra que libraban entre sí. Uno de los más infames ejemplos de su poder ocurrió en junio de 2010, cuando la facción Revolucionarios del Barrio 18 quemó vivas a 17 personas que se conducían en un microbús del transporte público, sólo por el hecho de que esas personas habitaban una comunidad controlada por la Mara Salvatrucha-13.
Durante esta investigación, este periódico constató la ausencia de estos criminales en comunidades donde su poder era férreo y conversó con habitantes, maestros de escuela y directivos comunales que confirman que el control de esas organizaciones ha desaparecido.
Los habitantes de estas comunidades aseguraron a El Faro que el inmenso poder que las pandillas acumularon durante décadas se desvaneció paulatinamente desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022. La manifestación de ello, aseguran, es palpable: la suspensión de las extorsiones y otros “impuestos” que estas estructuras exigían, como el pago por el derecho a parqueo, venta de inmuebles o adquisición de contratos de televisión por cable.
Algunas personas dijeron que el servicio a domicilio de algunos restaurantes ya está disponible para sus comunidades, así como el servicio de taxis o de aplicaciones de transporte, como Uber, algo impensable durante los últimos años.
Las fronteras que dividían a los territorios controlados por pandillas rivales se desvanecen. Por ejemplo: unas mujeres de Villa de Jesús, en el municipio de Soyapango, relataron cómo se reencontraron con el lago de Ilopango, luego de casi una década sin poder visitarlo, porque la pandilla que controlaba el acceso al lago -la MS-13- amenazaba de muerte a cualquiera que, como ellas, viviera en un lugar controlado por otra pandilla, como en su caso ocurría con la facción Sureños del Barrio 18.
Comunidades divididas durante años por fronteras invisibles comienzan a organizarse para recuperar espacios comunes, canchas o parques, que durante décadas hicieron las veces de marcas fronterizas. Un ejemplo de ello es la colonia Las Cañas, en el municipio de Ilopango: las directivas de ambos lados de la comunidad que eran controladas por pandillas contrarias se juntaron y organizaron un partido de fútbol con jóvenes de ambos lados, como el inicio de un proceso de unificación de la colonia.
Empresarios y pequeños comerciantes que durante años han pagado renta a las pandillas se han librado del yugo de las extorsiones en el último trimestre. El dueño de un restaurante capitalino que pagaba a la facción Revolucionaria del Barrio 18 dejó de pagar la renta desde noviembre de 2022. El dueño de una peluquería en el Centro de San Salvador dejó de tributar a los Centrales Locos Salvatruchos, un programa de la MS-13, desde diciembre pasado. La historia del no pago de la extorsión se repite con el conductor de un camión de una de las principales distribuidoras de productos del país y con un vendedor rutero que cada semana visita negocios de San Marcos, Olocuilta y Santiago Texacuangos, municipios con colonias controladas por pandillas. Las principales gremiales empresariales del país no tienen estadísticas sobre las extorsiones en los últimos meses, pero sus agremiados les reportan que algo está cambiando. “Socios que realizan distribución masiva nos han comentado que han logrado brindar cobertura en colonias y sectores a los que antes no podían ingresar”, respondió la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL).
Incluso personajes públicos que han sido críticos con el régimen de excepción admiten que este acabó con las pandillas. Marvin Reyes fue policía por 20 años, y luego fundador y dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) durante los últimos siete años. Su trabajo, en buena medida, es proteger a policías de abusos de la institución. “Las pandillas, así como las conocíamos, como estructura nacional, ya no existen. Han quedado como un vestigio”, dice. La voz de Reyes es valiosa porque se nutre de reportes de cientos de policías y expolicías agremiados en el MTP y repartidos en todo el país. “ (Las pandillas) se han quedado con un control difuso en algunas partes, apenas unos tentáculos anclados en ciertos puntos”, agrega. Reyes pone como ejemplo el municipio de Santa Tecla, que padeció durante años el control del programa Libertad de la MS-13. “Aún ahí se hacen pasar por repartidores de comida para recoger la extorsión en algunos puntos”, explica.
El dirigente de cientos de policías agremiados asegura que esta situación cambiará por completo las dinámicas estatales y criminales. Para explicar lo primero recuerda que el 23 de diciembre del año pasado fueron despedidos 300 agentes supernumerarios, todos de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos de la Policía. “Desmantelaron la unidad, porque con el régimen que condena a todo mundo ya no necesitan a los testigos como antes”, explica. Reyes reconoce un hecho: “Por el régimen, la gente ha perdido el miedo a denunciar pandilleros”. Sobre las pandillas, es puntual: “se van a convertir en pequeñas mafias”. Sobre Bukele, también lo es: “Con esto se va a poder reelegir hasta que él quiera”.
Un agente policial, miembro del movimiento que dirige Reyes y destacado en Soyapango, respalda lo dicho por su dirigente: “Es cierto, uno ahora ya puede caminar con más tranquilidad porque ya no ve pandilleros en todas las esquinas, pero todavía quedan”. Como ejemplo, mencionó la existencia de una panadería y un bar que son regentados por pandilleros, “pero pandilleros que no tienen tatuajes ni antecedentes”, matizó. “No los capturan porque los jefes se echan la pelota entre ellos de quién tiene la responsabilidad de irlos a traer”, aseguró.
El régimen de excepción fue aprobado por La Asamblea Legislativa, a petición del presidente Bukele, a finales de marzo de 2022, como respuesta a la masacre cometida por la MS-13 ese mismo mes, en el que 87 personas fueron asesinadas. Esta masacre marcó el final del pacto que Bukele mantenía en secreto con las pandillas desde el inicio de la actual administración y que incluyó incluso sacar de prisión a, al menos, un líder histórico de la MS-13 con condena pendiente en El Salvador y petición de extradición por parte de Estados Unidos.
El régimen de excepción implica la pérdida de garantías constitucionales de los ciudadanos: la policía puede detener a cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial o siquiera de informar las razones de la detención. Además, el plazo de detención provisional ha sido ampliado de 72 horas a 15 días, sin derecho a la defensa. Las comunicaciones también pueden ser intervenidas sin necesidad de una orden judicial. El Régimen de Excepción y sus posteriores diez prórrogas mensuales han sido aprobados por la mayoría oficialista en el Congreso. Durante este periodo han sido capturadas 63,000 personas, según declaraciones gubernamentales, hasta enero de 2023.
Varias organizaciones de Derechos Humanos, como Human Rights Watch o Cristosal, han documentado cientos de detenciones arbitrarias, torturas e incluso muertes violentas mientras las personas estaban bajo custodia del Estado. En diciembre de 2022, estas organizaciones presentaron un informe conjunto que titularon “‘Podemos detener a quien queramos’: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el ‘régimen de excepción’ en El Salvador”. En julio de 2022 -cuatro meses después de aprobado el primer régimen de excepción- las denuncias de habeas corpus habían roto récords históricos, con números que no se registraban desde el fin de la Guerra Civil: desde 1995, la Corte Suprema de Justicia recibía un promedio de 457 amparos al año, pero en esos cuatro meses se acumularon 1,090 recursos por abusos de autoridad y atropellos cometidos por policías y militares.
Todo lo relacionado con el régimen de excepción está cubierto por un manto de opacidad: no existe manera de verificar siquiera el número oficial de detenidos y la única fuente oficial de estas cifras son los tuits de funcionarios públicos. Datos básicos de las detenciones, como edades, lugar de capturas, delitos imputados o pandilla con la que se vincula al detenido, están reservados. Todos los juicios relacionados al régimen han sido declarados bajo reserva total. Sin embargo, este periódico obtuvo los expedientes de 690 detenidos que reflejan la absoluta arbitrariedad en muchas capturas, donde los agentes ponderan la apariencia o proceden bajo criterios tan subjetivos como el “nerviosismo” de la persona detenida.
Pese a las múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos, el régimen de excepción goza de la aprobación de alrededor del 80% de los salvadoreños , según distintas encuestas.
Paseo por las ciudades prohibidas
“En esta cancha de fútbol sólo pandilleros estaban”, dijo un habitante de la urbanización Las Margaritas, en el municipio de Soyapango, señalando un campo ubicado en la quinta etapa de ese lugar, en el que varios jóvenes jugaban un acalorado partido esa tarde de enero de 2023.
A pesar de que las personas entrevistadas reconocieron la ausencia de pandilleros en sus barrios, algunos pidieron anonimato para hablar, por temor a que esto solo sea una circunstancia pasajera. Aunque la mayoría de las fuentes decidió identificarse con su nombre y apellido, este periódico optó, cuidando la seguridad de sus fuentes, por identificarlos sólo con su nombre de pila.
Las Margaritas fue durante años un sólido bastión de la MS-13. La cancha que señaló el vecino colinda con otra comunidad en la que ejercía su poder la facción Sureños del Barrio 18 y solía ser un sitio donde las balaceras eran recurrentes.
“Aquí la pandilla te cobraba 20 dólares por cada vehículo y, si no pagabas, te lo robaban; si iba a venir un familiar a visitarte, tenías que pedirle permiso a los bichos y, si tenías un negocio que medio iba sacando la cabeza, tenías que pagarles. Ahora ya no queda ninguno aquí”, dijo.
El Faro visitó este enero algunas de las más emblemáticas colonias del departamento de San Salvador que estuvieron sometidas durante años a un férreo control de las pandillas, como Las Margaritas o Villa de Jesús, también en Soyapango, donde ejercía su poder la facción Sureños del Barrio 18; o Las Palmas, en el municipio de San Salvador, que era controlada por la facción Revolucionarios.
Los habitantes de esas comunidades recordaron relatos violentos donde las estructuras criminales controlaban de forma cruel e inapelable, lo que incluía todo tipo de demandas de dinero por las más cotidianas acciones. Una mujer, miembro de la directiva de Las Palmas, contó que, tras la muerte de su madre, ella y su hermana vendieron a 12,000 dólares la vieja casa familiar que está dentro de la comunidad y se repartieron a partes iguales. Cuando la pandilla se dio cuenta de que habían vendido sin tributarle, la despojaron de su mitad del dinero. “Yo les tuve que dar todo, no disfruté de la herencia de mi madre”, dijo.
La misma mujer relató cómo los vecinos escucharon en silencio las torturas que padeció un joven al que la pandilla exigía revelar el paradero de su padre. “Aquí había que ver, oír y callar”.
Durante la visita de este periódico a esa comunidad, los miembros de la junta directiva se animaron a hacer algo que hace un año era impensable: hablaron abiertamente con periodistas sobre los atropellos de la pandilla, en plena calle y a la luz del día. “Antes le hubiéramos respondido que no sabíamos nada y que no queríamos hablar”, dijo Víctor, presidente de la directiva vecinal.
Los directivos guiaron un recorrido por lo que llaman “la ciudad prohibida”, un sector de la colonia donde los pandilleros tenían una de sus casas destroyer, una especie de casa común que utilizaban para reunirse y torturar víctimas. Aquel lugar está hoy deshabitado y sobre un viejo sofá descansaba una maleta de ropa abandonada.
El Reparto Las Cañas, en el municipio de Ilopango, es una colonia dividida en dos: la parte de arriba era controlada por la MS-13 y la parte de abajo por el Barrio 18. La división era tan radical que la escuela (ubicada en la parte de arriba) tuvo que cerrar algunos cursos, por falta de asistencia de alumnos; y los profesores alquilaron una casa en la parte de abajo para poder dar clases a los niños que no podían subir a la escuela.
El último domingo de enero de 2023, la comunidad organizó un insólito partido de fútbol con jugadores de las dos mitades de la colonia. Pese a vivir en el mismo sitio, los jugadores de uno y otro equipo no se conocían entre sí, y los de la parte de abajo no habían pisado la cancha de arriba. “Hace cinco años cerramos la escuelita de fútbol porque los bichos se subían a esa lomita a dispararnos y los niños ya sabían que al oír un disparo se tenían que tirar al suelo, hasta que los padres ya no los dejaron venir a entrenar”, contó don Francisco, quien solía ser el entrenador de aquellos niños.
Escenarios similares relataron los vecinos de las colonias San Julián, La Playa y Las Atarrayas, en el municipio de Acajutla, en el occidental departamento de Sonsonate. “¡N’ombre!, aquí usted no hubiera podido llegar, allá lo hubieran parado los cipotes”, dijo Ana, dueña de una tienda en la colonia San Julián, señalando un poste eléctrico a dos cuadras de su casa. A partir de ese punto, toda persona que quisiera ingresar debía contar con la aprobación de los pandilleros. Todo el municipio estaba controlado por la MS-13, y sus pobladores relatan escenarios de atropellos similares a los narrados por los vecinos de las colonias de San Salvador.
“Se siente una gran tranquilidad, pero nosotros pensamos que, si dejan salir a esa gente (de las cárceles), aquí va a correr la sangre”, dijo una señora, dueña de un pequeño restaurante a orillas de la playa, que aseguró que todos los pandilleros de su sector fueron capturados o huyeron, pero que teme que la situación pueda revertirse.
En Nahuizalco, siempre en el departamento de Sonsonate, convergían las tres principales pandillas y el parque central era un potencial campo de batalla. Sentado en medio de ese parque, un hombre narró cómo el funeral de un pariente terminó en tragedia: el cementerio está ubicado en una zona que era controlada por la MS-13. Debido a que él y su familia vivían en una zona controlada por pandillas rivales, recibieron una lluvia de plomo en medio del sepelio. Su hermano terminó con un pulmón perforado y un niño perdió un ojo. Ahora dice haber notado la llegada de turistas al parque en el que hablamos.
En el oriental departamento de San Miguel, al otro extremo de El Salvador, se encuentran las colonias La Presita y la Panamericana, otrora controladas por La Mirada Locos y la MS-13. Al final de la colonia La Presita hay un predio que colinda con un barranco, que sirve de cuenca para el río Grande. Ese predio solía ser un basurero, en cuyas márgenes se reunía la pandilla cada noche. Don Requeno era vecino de aquel basurero. “Aquí, de noche, todo mundo se encerraba en su casa y nadie quería enterarse de nada”, dijo. Don Requeno, ante la ausencia de pandilleros, juntó a un grupo de 40 ancianos como él. Se organizaron en cuadrillas para limpiar el basurero durante estos últimos meses, cada martes y domingo. Don Requeno y sus aliados están pensando en hacer un parque para los niños de la comunidad.
El mismo alivio se respira en la colonia Panamericana, donde fue fundado uno de los programas más fuertes de la MS-13: Sailors Locos Salvatrucha. Los habitantes de esa colonia aseguran que la pandilla ha desaparecido. Un albañil contó que abandonó trabajos con salarios que él consideraba jugosos porque implicaban ir a lugares controlados por pandillas contrarias. “El mayor cambio es que hoy se puede trabajar en todas partes”, dijo.
En el departamento de Santa Ana, en las cercanías del estadio Óscar Alberto Quiteño, está la comunidad Emmanuel, que durante años estuvo bajo control de la MS-13. Por vivir en esa comunidad, 480 familias no podían visitar lugares aledaños controlados por otras pandillas. “Estamos contentos porque podemos salir a donde quiera. Por la inseguridad nosotros no podíamos ir a El Congo ni al Bordo de La Laguna. Ahora ya podemos visitarlos, teníamos años de no poder visitarlos”, dijo Margarita. A la comunidad ahora entran vendedores. “Antes no podían entrar, porque tenían que colaborarles a ellos (pandilleros). Ahora cualquiera entra”, comenta Herminia, una comerciante.
El Faro también visitó la colonia 10 de Octubre, la colonia Santa María y El Cenizal, en el municipio de San Marcos, lugares que estuvieron bajo el control de la MS-13. “Aquí está calmado, te podés meter a los polígonos y no te va pasar nada porque a los chamacos que molestaban aquí al inicio del régimen se los llevaron”, dijo Antonio. En la Santa María, una colonia de pasajes estrechos, algunos polvosos, tampoco hay presencia de pandilleros. “El año pasado aquí nos pusieron (robaron) una vez”, contó un vendedor de productos varios en San Marcos. “Ahora está tranquilo, no te abatás”, dijo tras estacionarse bajo la sombra de un almendro y bajar para ofrecer sus productos.
En la mayoría de comunidades visitadas surgieron quejas de detenciones y abusos de militares y policías a personas que no tenían vínculo con pandillas. Un muchacho, habitante de la comunidad Villa de Jesús, en Soyapango, contó su experiencia: “Yo venía llegando de trabajar y un soldado me dijo: ´parate ahí pues hijueputa’, me dio una gran patada y se fue. ¿Y eso qué es?”.
El Centro capitalino: se desmonta el laberinto
Al menos hasta 2015, la Alcaldía capitalina registraba en el Centro unos 40,000 vendedores, entre formales e informales, y alrededor de 1 millón 200 mil personas que transitaban a diario esas 250 cuadras entre 5:30 de la mañana y 7 de la noche. Esos vendedores caminaban por pedazos del Centro, por aquellos que no fueran gobernados por una pandilla diferente. Las divisiones eran tajantes: una calle dividía el área sometida por una pandilla de la otra: Vendedores de comida que no podían vender un plato diez metros más allá de donde preparaban el almuerzo. El exalcalde arenero de la capital, Norman Quijano (2009-2015), reconoció que tuvo que cancelar visitas a comunidades del Centro, suspender proyectos de mercados e incluso la recolección de la basura cuando recibió información de que alguna pandilla estaba molesta.
“Yo tenía años de no caminar por la tercera (calle Oriente). Todavía ella me regaña cuando sabe que me he ido por ahí”, dijo este 23 de enero un vendedor de la zona del mercado Tinetti, en las profundidades del Centro de San Salvador, mientras señalaba a su pareja. Cuando se le preguntó por qué, respondió con entonación de obviedad: “Porque esa era zona de los Centrales Locos que vienen de la San Judas y de Valle Verde. Me pelaban si me veían pasar”.
El vendedor y su mujer han vendido desde hace décadas en la zona controlada por una de las más grandes canchas de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, Raza Parque Libertad, que delinquían desde el corazón del Centro, en los alrededores de la plaza Libertad, hasta la periferia en la Tiendona. Ni el vendedor ni su mujer han sido nunca pandilleros, pero el hecho de comerciar y vivir en esa área les ha puesto en la mira de la MS-13 desde inicios de este siglo.
Lo anterior no era la excepción, sino la norma del Centro. Esta zona ha sido por décadas un laberinto controlado por un programa de la MS-13, Centrales Locos, una cancha del Barrio 18 Revolucionarios, y el influjo de un barrio controlado por la 18 Sureños en la periferia: el barrio Lourdes.
Al preguntar a ambos si esa división se acabó, respondieron que no del todo. “Siguen algunos ahí”, dijo él. Señaló en una dirección: “Dos cuadras allá están vendiendo droga a toda hora. Son ellos, que pasan en moto. $6 el toque de cocaína; $5, el de marihuana, todo el día. Los líderes se han ido a Estados Unidos, México, Guatemala o el régimen se los llevó, pero aún quedan unos ocho cipotes de la zona del Tinetti, entre 11 y 22 años, todos armados, que reportan a esos líderes por teléfono y mueven la droga. Aún hay ojos que vigilan”.
Cinco cuadras más arriba, justo en la frontera entre la MS-13 y los revolucionarios, alrededor del Teatro Nacional, otro vendedor aceptó hablar: “Se han llevado a todos de las dos pandillas. Aquí, que yo te pueda decir, solo queda vendiendo la mujer de uno de los líderes. Por lo demás, ni parientes. Venían (soldados y policías) con listas en mano, a agarrar directo a la gente. Pues sí, si todos sabemos quiénes son”.
El Centro es claro ejemplo del reto que implica reconstruir la confianza ciudadana tras años de sometimiento criminal. Los tres vendedores mencionados arriba aceptaron hablar solo bajo anonimato. Cinco vendedores más que fueron consultados y un policía que patrullaba el Centro prefirieron no mencionar el tema.
“Es que yo creo que tarde o temprano van a salir (los pandilleros), y nosotros vamos a pagar el pato. Ellos van a decir: ‘ustedes nos denunciaron y aquello va a ser una matazón’”, dijo el vendedor de la zona del mercado Tinetti.
“Desde noviembre no pago renta”
“En octubre pagué renta, pero a principios de noviembre aquí en la zona anduvieron unos detectives entrevistando a gerentes y dueños de varios negocios. Me preguntaron si pagaba renta y les dije que sí. Ellos querían saber a quiénes les pagaba, pero les dije que no sabía porque es la verdad. Yo no sé quién se queda con esa plata. Después de que los detectives anduvieron aquí en la zona, los muchachos ya no vinieron ni me han llamado para exigir la cuota. En noviembre ya no pagué la renta”, contó este enero el dueño de un restaurante capitalino.
Él pagaba 275 dólares mensuales desde 2015, cuando abrió su negocio en una zona controlada por la facción Revolucionaria del Barrio 18. “Me llamaban el 20 de cada mes y yo tenía un empleado de confianza que se encargaba de los pagos, pero ni en diciembre ni en enero llamaron. Lo que no te podría decir es si esto es definitivo o temporal”, dijo este agremiado en la Asociación de Restaurantes de El Salvador (ARES), quien también pidió anonimato.
El Faro entrevistó además al dueño de una peluquería en el Centro Histórico de San Salvador, a un empleado de una de las grandes distribuidoras de productos en el Área Metropolitana, a un vendedor rutero, un empresario con distribución nacional y al director ejecutivo de una gremial de transporte público. Cuatro de ellos pidieron anonimato. Los primeros tres dijeron que han dejado de pagar extorsión en distintas fechas del último trimestre, mientras que el transportista matizó de forma escueta que “han disminuido bastante”. El empresario dijo que aún paga en zonas del interior.
“Por ponerle un ejemplo: la ruta 29 pagaba 12,000 dólares mensuales por 100 buses; la ruta 41A pagaba 3,000 mensuales, pero solo eran 30 buses. Le podría decir que las extorsiones se han reducido a un 95 %. Aquí, en el Área Metropolitana, ha sido más golpeado. Hoy, si yo tengo problemas en Las Margaritas, denuncio y el Gobierno se toma Las Margaritas y los zarandean. Los pandilleros ya no se atreven a llamarlo a uno”, dijo Juan Pablo Álvarez, el director de Rutas Unidas Salvadoreñas, gremial que tiene cinco mil unidades de transporte público a nivel nacional.
Los transportistas pagaban 34 millones de dólares al año a los extorsionistas, según un estudio que realizó la Mesa Nacional de Transporte en 2015. Cuando los empresarios se negaban a pagar, sus empleados sufrían las consecuencias. En el año en que realizaron el estudio, 95 trabajadores del sector transporte fueron asesinados.
Según Álvarez, el régimen de excepción ha logrado una reducción de las extorsiones en la capital, pero el problema no ha desaparecido en zonas rurales: “Entre Armenia y San Juan Opico hay problemitas. En oriente, Usulután; la zona de Jiquilisco y La Unión cabecera departamental, la gente todavía se resiente. Aquí, en el límite entre Sonsonate y La Libertad, por donde están haciendo el paso a desnivel, todavía hay problemas, hay sujetos que salen con armas. En los departamentos, la reducción de las extorsiones ha sido de un 70 %”.
El Faro también consultó con uno de los grandes empresarios que distribuye alimentos a nivel nacional. “Nunca hemos dejado de pagar, nuestras empresas están en los 262 municipios y la baja solo ha sido en la parte céntrica de la capital y Santa Tecla. En la capital y lugares de interés del Gobierno ha mejorado la situación; en lo demás, todo sigue igual”. El empresario dijo que hay lugares donde las pandillas han sido golpeadas, pero a nivel nacional aún quedan grupos. “Claro que hay pandilleros”, respondió.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) dijo que no tiene cifras sobre la reducción o aumento de las extorsiones: “Hemos recibido comentarios de socios de diferentes puntos del país que nos indican mejoras en el tema de seguridad. Este no puede ser un dato concluyente, ya que no hay un sondeo formal”. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) respondió que no tiene cifras, pero que en sus planes está hacer un estudio sobre el impacto del régimen en las actividades económicas de sus agremiados.
El último estudio oficial que intentó medir el impacto de la violencia de las pandillas en la economía data de hace siete años. En 2016, el Banco Central de Reserva (BCR) estimó que la violencia de las pandillas costaba a El Salvador 4,000 millones de dólares. Ese año, El Faro y The New York Times hicieron una investigación conjunta, basada en escuchas telefónicas de líderes pandilleros, que determinó que los ingresos anuales de la MS-13 rondaban los $31.2 millones, principalmente de extorsiones.
El dueño de una peluquería en el Centro Histórico de San Salvador contó que abrió su negocio hace 14 años y desde entonces pagaba 20 dólares semanales al programa Centrales Locos Salvatrucha. “Desde que comenzó el Régimen (de Excepción) se han llevado a un vergo de mara: vendedores, bulteros que vos los veías bien tranquilos y hasta vigilantes. En diciembre ya no pagué ni me vinieron a pedir aguinaldo”. La entrevista con el peluquero se realizó el 18 de enero y en lo que iba de ese mes la pandilla tampoco le había cobrado la cuota acostumbrada.
El 27 de enero de 2023, El Faro acompañó al vendedor de una empresa distribuidora de productos en una ruta que incluye colonias históricamente controladas por las pandillas. El vendedor comenzó su recorrido en la colonia 10 de Octubre de San Marcos, un territorio controlado durante años por la MS-13. Eran las siete y media de la mañana. En la entrada principal de la colonia estaban siete camiones y un microbús blanco que se alistaban para el recorrido: Coca Cola, Gas Tomsa, agua Cristal, otro de jugos, otro de golosinas, otro de productos varios. “Hoy ya logran entrar. Hace tres o cuatro años aquí no podías llegar, solo las empresas que pagaban extorsión podían mandar vendedores”.
Lo que el vendedor dice coincide con algunos reportes que CAMARASAL ha recibido de sus socios: “Tenemos comentarios de empresas socias que indican que sí se ha recuperado el acceso a ciertos puntos que eran delicados en cuanto a seguridad. Socios que realizan distribución masiva nos han comentado que han logrado brindar cobertura en colonias y sectores a los que antes no podían ingresar. Situación similar reportan las empresas que se dedican al delivery de alimentos”.
El 21 de enero pasado, Pizza Hut envió a sus repartidores a Las Campaneras, Las Margaritas y Cucumacayán, en Soyapango, para anunciar el inicio del servicio de comida rápida. El Faro preguntó a la empresa si esa decisión era por los resultados del Régimen de Excepción, pero respondieron con un escueto comunicado: “estamos evaluando constantemente las oportunidades de ampliar nuestras zonas de cobertura para llegar a más familias”.
Las dudas que se abren
Voces críticas con el Gobierno de Bukele admiten, con matices, que los resultados del régimen son tangibles entre la población y sitúan la discusión en el futuro: ¿En qué mutarán estas organizaciones? ¿Qué tan sostenible en el tiempo son los logros de una política de represión?
Zaira Navas, exinspectora general de la Policía y ahora coordinadora de la oenegé Cristosal en el análisis del régimen de excepción, plantea una pregunta: “¿Dónde están (los pandilleros)? Esa es la pregunta que tengo yo”. La respuesta oficial del Gobierno es que los pandilleros que quedan libres están ocultos o han huido del país. Navas insiste: “Las investigaciones que tenemos en curso nos hacen tener una percepción preliminar de que el porcentaje de pandilleros capturados durante el régimen no llega ni al 30 %, y que el resto, la mayoría, son civiles. Las personas que han estado dentro de las cárceles y han conseguido salir no alcanzan ni el 30 %. ¿En este momento no sería la mejor propaganda gubernamental presentarnos a los miembros de las ranflas nacionales? No están haciendo eso”.
La representante de Cristosal se reserva el derecho de dudar si el país está frente a la erradicación de las pandillas o a otra mutación de estas estructuras.
Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, institución que desde hace años tiene presencia en sectores afectados por las pandillas, no duda de los efectos del régimen: “Sí, creo que las pandillas están desarticuladas y debilitadas en su accionar”. Sin embargo, expresa preocupación por la degradación de los derechos humanos y del estado de derecho que han aparejado esa medida: “La pregunta obvia, luego de encerrar a los pandilleros, ¿qué se hará con toda esa gente detenida? ¿Se esperará a que vayan muriendo en encierro y ya?”.
Representantes de los principales partidos de oposición -FMLN y ARENA- coinciden en dudar de la sostenibilidad de los efectos del régimen de excepción. El jefe de fracción del partido de derecha, ARENA, René Portillo Cuadra, concede al Gobierno haber dado un golpe rotundo a las pandillas: “La percepción que ustedes recogieron es la de todos, que se puede circular por comunidades que fueron controladas por las pandillas y que se percibe tranquilidad en los lugares públicos. Es notorio y evidente, e independientemente de si estamos de acuerdo con la visión del presidente, eso es inobjetable. Las pandillas parecen estar desmanteladas”. Portillo Cuadra centra sus preocupaciones en el costo de ese logro: “La pregunta es a qué precio. Ahí viene uno de los efectos del régimen, que es tan importante como la tranquilidad de los salvadoreños: hay un desmantelamiento del estado de derecho, de la presunción de inocencia, del derecho a la legítima defensa y la independencia de poderes. Se desmanteló que las personas pudieran someterse a un juicio justo. Ahora las instituciones que investigan y sancionan delitos no están a la orden de la Constitución y la ley, sino a la orden de una sola persona”.
La diputada Anabel Belloso, del izquierdista FMLN, cree que “es muy prematuro, dado el nivel de desarrollo que había alcanzado este problema a lo largo de los años, que ya demos por hecho que eso se acabó”, dice. Sin embargo, reconoce que la población se siente más segura luego de diez meses del régimen de excepción, pero manifiesta dudas sobre la sostenibilidad de sus efectos: “No parece haber un plan estructurado de cara al futuro”.
La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, dice que durante sus jornadas de trabajo político habitantes de distintas comunidades le han manifestado que sienten una mejora en la seguridad. Aunque considera que esto es positivo, Ortiz vuelve a traer a cuenta las violaciones a los derechos humanos: “Es normal que la gente sienta una tranquilidad al poder salir de su colonia porque el régimen de excepción ha barrido, ¿pero qué es lo que ha guardado bajo la alfombra? Lo que no hace visible es que hay inocentes detenidos, y algunos de esos inocentes no salen con vida”.
Ortiz considera que uno de los principales problemas es que la Fiscalía no investiga quién cometió un delito y tampoco hay jueces independientes que valoren las pruebas. “Lo cómodo y lo fácil es asumir que eso no nos va pasar, pero es importante hacer notar a la sociedad y al mundo que está pendiente de este fenómeno en El Salvador que: ¡Ay de aquel que caiga o que ya cayó en ese margen de error! ¿Por qué? Porque no va haber abogado, no va haber procurador que pueda velar por él, no va haber juez que pueda velar por él, que vea por sus derechos, que vea por su inocencia. Todos los salvadoreños que en este momento están disfrutando de una mayor tranquilidad no van a querer escuchar esa historia porque es incómoda. Saber que mi tranquilidad ha sido lograda con un precio que es inaceptable para cualquier ser humano es chocante”, dice.
