La Unidad de Control de la Policía Nacional Civil (PNC), una oficina interna que verifica la legalidad de procedimientos policiales, encontró indicios de una captura ilegal en contra de Ramón, de 24 años. El joven, quien trabaja en la bodega de una librería en el Gran San Salvador, fue capturado el 13 de abril de 2022, durante el primer mes del régimen de excepción, por un grupo de soldados del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, pese a que no tenía tatuajes alusivos a pandillas, no tenía antecedentes penales y la Inteligencia Policial no lo había fichado ni como pandillero ni como colaborador de alguna pandilla.
“Remítase copia de la presente diligencia preliminar de inspección y sus anexos, a la oficina fiscal de San Marcos, para que dicha instancia determine si se inicia la investigación correspondiente contra los soldados Emerson Antonio Vásquez y Jorge Alberto Soriano Santos, asignados al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada por haber realizado la detención del joven, quien no posee registro de pertenecer a ninguna pandilla, ni tiene antecedentes criminales anteriores a su detención, ya que dicho personal militar podría haber incurrido en una privación de libertad o una detención ilegal”, consigna el documento titulado “Diligencia Preliminar de Inspección DPO 134”.
La diligencia preliminar fue elaborada por el sargento Martínez y el cabo Rodríguez, asignados a la Unidad de Control Metropolitana de la Policía. El Faro tuvo acceso a esta información interna gracias a una filtración de miles de documentos oficiales en poder de la organización de transparencia DDoSecrets, que los recibió de un grupo de hackers que se autodenomina Guacamaya. Este periódico contrastó la información con el testimonio del detenido, quien estuvo ocho meses preso en Mariona, un penal donde fue maltratado por los custodios, se contagió de hongos y padeció hambre. “Cuando entramos no nos dieron comida. Al siguiente día solo nos dieron dos tiempos, pero un plato era para tres o cuatro personas. Y no era un plato… sino que era una tortillita como las de taco, delgaditas, y un poquito de frijoles molidos”.
A pesar de las múltiples denuncias de capturas arbitrarias, esta filtración es una de las pocas formas de documentar casos concretos, pues todos los procesos judiciales de personas capturadas bajo el régimen de excepción han sido declarados con reserva total. Cuando en agosto de 2022 este medio sistematizó los expedientes judiciales que tenían en prisión a 690 personas bajo la represiva medida, fue posible constatar que cientos de salvadoreños fueron capturados porque según un soldado o policía parecían sospechosos o mostraron 'nerviosismo'.
El delito de vivir en lo recóndito
Ramón vive en el caserío El Bajillo, en el cantón Panchimalquito. El caserío es una ladera de casas dispersas y de árboles frondosos. Para llegar, es necesario cruzar una pequeña quebrada pedregosa y bajar por un estrecho camino que serpentea entre zacatales, mangos y pepetos. En el cantón Panchimalquito y en el caserío El Bajillo, no hay transporte público y, para llegar al casco urbano de Panchimalco, a seis kilómetros de distancia, los habitantes madrugan y abordan los escasos pickup que llegan a la cima del cerro.
“Yo me levanto a las dos de la madrugada, todos los días. Voy a traer agua con los cipotes al manantial y antes de las cuatro de la mañana ya tengo que estar esperando el pickup”, dijo una señora que trabaja como empleada doméstica en Los Planes de Renderos, a unos once kilómetros de su cantón. “El transporte aquí es muy malo”, repitió la señora el 29 de marzo pasado, mientras mostraba el camino hacia El Bajillo, con la condición de que la llevaramos en el vehículo a un caserío aledaño, también de difícil acceso.
Por la falta de transporte, cuando Ramón tenía que trabajar temprano en la librería se iba para la casa de su hermana desde un día antes. La hermana vive en Monteliz de Los Planes de Renderos, una colonia por la que pasan dos rutas de buses y microbuses. El 12 de abril de 2022, en pleno régimen de excepción, Ramón llegó a la casa de su hermana, donde se quedó a dormir. Los soldados lo capturaron al siguiente día porque les pareció sospechoso que la dirección de su DUI (caserío El Bajillo) no coincidía con el lugar donde estaba (colonia Monteliz). “Vos huyendo andás”, le dijo un soldado. “Allá te fuimos a buscar y no te encontramos”, le repitió.
Ramón explicó que estaba en casa de su hermana porque en su caserío hay un precario servicio de transporte, que los pickups eran escasos y que a esa hora, las seis de la mañana, se dirigía a trabajar. Él mostró una carta de trabajo, pero uno de los soldados la rompió. “Esto no te sirve para nada”, recuerda Ramón que le dijeron. El joven, padre de un niño, fue capturado por el delito de agrupaciones ilícitas y, al siguiente día, remitido al penal de Mariona junto a otras 30 personas, a quienes nunca había visto en su vida.
El padre de Ramón, de igual nombre, dijo que su hijo no pertenece a ninguna pandilla, que la captura le parecía injusta y pidió a las autoridades de seguridad pública su liberación, según declaraciones que recogió radio YSUCA. El jardinero aseguró que su hijo no era un vago porque tenía una carta de trabajo y un documento del Seguro Social donde constaba que era empleado de la librería. “Lo vio por última vez el miércoles en las bartolinas de Panchimalco y a pesar de las pruebas de error de su captura, fue enviado al penal La Esperanza conocido como Mariona”, consigna uno de los documentos de la Unidad de Control Metropolitana que data del 23 de abril de 2022, diez días después de la captura.
La información sobre la captura de Ramón está contenida en dos correos electrónicos que datan del 7 de mayo de 2022. El primer correo electrónico fue remitido por la Unidad de Control hacia la Unidad de Control Metropolitana 41 días después de aprobado el régimen de excepción y tiene como asunto la siguiente frase: “Enviando posibles detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción Decreto N° 333”. El correo tiene anexado un documento Word titulado: “Detenciones bajo régimen de excepción DR San Salvador', en cual se exponen 20 casos de supuestas detenciones arbitrarias, en su mayoría recopilados por la Policía porque se volvieron virales en redes sociales.
Esto significa que durante los primeros 41 días del régimen de excepción, la Unidad de Control Metropolitana de la Policía registró, en promedio, una denuncia de captura arbitraria cada dos días. El de Ramón es uno de los 20 casos que está enumerado en este archivo. “Tomar nota de las nuevas que han surgido”, reza parte del mensaje que está escrito en el cuerpo del correo interno y que no está firmado por ningún oficial.
El 7 de mayo de 2022, cuando la Unidad de Control envió el caso, los oficiales de esa oficina ya habían avanzado en la investigación del caso de Ramón: habían solicitado documentos a la delegación policial de San Marcos y habían entrevistado a los supuestos agentes captores. Ese mismo día, el 7 de mayo, la Unidad de Control Metropolitana envió un segundo correo a la Unidad de Control de Análisis. En ese segundo mail están anexos nueve documentos Word que corresponden a diligencias preliminares de investigación y una presentación Power Point, con el resumen de cada caso.
En la mayoría, seis de nueve, los investigadores consideraron que las capturas fueron legales. Entre estas se encuentra la de Wilber Alexánder Rivera Avendaño, el trabajador de una fábrica de colchones que fue detenido en la colonia Dolores, acusado de colaborar con una pandilla. El caso se volvió viral en redes sociales porque su madre denunció en El Diario de Hoy que los policías le dijeron que lo detenían “por ser oreja”. Otro de los casos en la presentación es el de Fausto Eliseo Benítez Rodríguez, becario de la Fundación Forever, que estudiaba quinto año de la licenciatura en inglés y que fue capturado en Panchimalco el 21 de abril de 2022. El presidente de la fundación, Alejandro Gutman, abogó en un programa de radio a favor del joven, pero el informe policial dice que la captura fue legal.
En el documento Power Point, el caso de Ramón está consignado después de una lámina con el siguiente título: “Casos en los que al parecer hubo abuso de autoridad”. El de Ramón es el único en que la Unidad de Control Metropolitana dice con contundencia que el detenido pudo haber sido víctima de privación de libertad o captura ilegal. La Policía sabía que la captura era ilegal desde el 23 de abril de 2022, pero Ramón fue enviado al penal de Mariona y salió bajo libertad condicional hasta el 1 de diciembre de 2022. “Ya llegando ahí (Mariona) fue que estaban los custodios a los lados, así lado y lado. Y dijeron que al que levantara la cabeza le iban a dar, y agachado sólo me alcanzaron a pegar con el garrote en la costilla y un puntón con la bota. Cuando entré a la celda estaban unos todos tatuados, hasta verdes se miraban, yo sí sentí miedo porque nunca había estado con personas así. Los de las pandillas tenían los catres y a los civiles nos tocaba dormir bajo los catres”.
Durante los ochos meses que estuvo en Mariona, Ramón se contagió de hongos y atestiguó muertes. “En la celda de a la par fallecieron varias personas. A veces, en la noche, como a las seis, gritaban los demás presos que pedían ayuda y nunca llegaba… allá al rato, decían que ya había fallecido y lo sacaban en camilla ya tapado con una sábana blanca. Cuando estuve en el sector seis sacaron como a tres en camilla y trapo blanco; cuando estuve en el (sector) tres sacaron como a dos”.
La tarde del lunes 10 y la mañana del 11 de abril de 2023, El Faro intentó obtener una versión del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía Nacional Civil (PNC) por medio de llamadas telefónicas a los encargados de prensa de esas instituciones, por textos de mensajería electrónica y por las cuentas oficiales de redes sociales, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
Los militares no quieren identificarse
La captura de Ramón fue hecha por militares, pero durante el procedimiento las autoridades de la delegación policial en San Marcos endilgaron el papeleo de la detención a dos agentes que no participaron en el procedimiento y que no tenían la mínima idea de cómo o por qué Ramón estaba detenido: la cabo Martínez y el agente Zúniga.
Según los documentos, el 13 de abril de 2022, a las 08:00 de la mañana, la cabo Martínez y el agente Zúniga estaban en la formación general de la delegación de San Marcos cuando un inspector de indicativo Cristian los sacó de la fila y les dijo que hicieran la remisión de unos detenidos.
Según el relato oficial, la cabo Martínez preguntó si la Policía acompañó a los soldados al momento del arresto, pero le respondieron que la detención la habían hecho sólo los militares. A las 12:41 llegó un camión militar con unos detenidos y el inspector Cristian le dijo: “recíbalos, es una orden”. En el camión militar estaba Ramón y cinco personas más: Erika Ester Orellana Torres, Aníbal Alexander Hernández Torres, Irving Gilberto Vásquez Hernández, Edwin Dagoberto Pérez Sánchez y William David Gutierrez Ortiz, capturados por agrupaciones ilícitas, según la copia de la novedad 4346438.
Los documentos a los que El Faro ha tenido acceso hasta el momento no aclaran si todos fueron capturados el mismo día o en el mismo lugar.
La cabo Martínez preguntó quién era el encargado de la comisión y uno de los militares le respondió, según los documentos, que “para qué quería saber su nombre y que no se lo iba a dar porque no era necesario”. La cabo Martínez insistió en que era necesario saber quién estuvo a cargo de las detenciones para poner esa información en el acta de remisión, un documento que valida la detención, y que “si no, no recibía el procedimiento”.
Un oficial de la Policía de San Marcos, mencionado solo con el indicativo de Comisionado Palestino, intervino para convencer a los militares que no podían ocultar esa información porque era necesaria para continuar con el procedimiento. Entonces, un militar se limitó a identificarse como “el coronel Utila” y delegó a dos soldados como responsables del acta de remisión. La cabo Martínez preguntó a los soldados si sabían de dónde traían a los detenidos y “si eran objetivos claros”, pero ellos respondieron que no sabían.
En una entrevista que brindó a la Unidad de Control Metropolitana el 25 de abril de 2022, la cabo Martínez aclaró que la Policía solo remitió a los detenidos, pero que el procedimiento de detención estuvo a cargo de la Fuerza Armada. ¿Por qué capturaron a Ramón? Ella dijo que desconocía los motivos de la detención y lo único que sabía es que “los soldados dijeron que eran pandilleros”.
El dicho de los soldados contrasta con el perfil policial de Ramón. Esta era la información que la Policía tenía sobre el detenido: “Alias: Chele. Estructura delincuencial: ninguna. Programa: ninguno. Nivel: ninguno. Detención realizada por agrupaciones ilícitas. Antecedentes policiales y delincuenciales: ninguno”. En la hoja de chequeo clínico está consignado lo siguiente: “no tiene golpes ni posee tatuajes”.
La Unidad de Control Metropolitana encontró indicios de una privación de libertad o una detención arbitraria en contra de Ramón y por esa razón mandó el caso a la Fiscalía de San Marcos. La tarde del 10 de abril de 2023, El Faro llamó a la Unidad de Protocolo del Ministerio de Defensa para solicitar una versión oficial sobre este caso. El coronel Hernández proporcionó un correo electrónico para hacerle llegar la solicitud por escrito, solicitud que se envió esa misma tarde. Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Defensa aún no había dado una respuesta oficial a la petición de información.
Además de remitir el caso a la Fiscalía, la Unidad de Control Metropolitana recomendó a la jefatura de la delegación de San Marcos que coordine con las jefaturas militares para “que se elabore por parte del personal militar, el acta respectiva de aprehensión o privación de libertad en flagrancia, según el protocolo de actuación policial y militar en la aplicación del referido decreto (régimen de excepción)”.
El de Ramón es uno de las cientos de denuncias contra el régimen de excepción. Organizaciones como Cristosal y Human Rights Watch (HRW) han elaborado informes que documentan detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas y, al menos, 114 muertes de personas que estaban bajo custodia del Estado. Algunos de estos abusos han sido admitidos por investigaciones internas de la Policía, como en el caso de Ramón y del albañil José Alfredo Grande Martínez, otra víctima de una captura arbitraria.
Libre otra víctima del régimen tras un año de prisión
El albañil José Alfredo Grande Martínez, capturado arbitrariamente por la Policía el cinco de abril de 2022, en la comunidad Emanuel de Santa Ana, recuperó su libertad condicional después de casi un año de permanecer en diferentes centros penales por el supuesto delito de colaborar con una pandilla.
El pasado 13 de marzo de 2023, casi un año después de la captura, el Juzgado Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana realizó una audiencia especial de revisión de medidas y lo liberó bajo tres condiciones: presentarse al juzgado a firmar una vez cada mes, fijar un lugar de residencia y no salir del país sin autorización judicial.
El pasado 15 de febrero de 2023, El Faro publicó un reportaje sobre la captura arbitraria de Grande Martínez, consignada en una investigación interna de la Unidad de Control de la Policía. Este periódico tuvo acceso a esa información gracias a la filtración de miles de documentos oficiales en poder de la organización de transparencia DDoSecrets, que los recibió de un grupo de hackers que se autodenomina Guacamaya.
La Unidad de Control de la Policía corroboró que los agentes captores de Grande Martínez consignaron información falsa en el acta de detención, omitieron datos importantes sobre cómo sucedieron los hechos y usaron una fuente “no calificada” para acusar y capturar al albañil por colaborar con una pandilla. “La captura se debe a que este sujeto escondía a los pandilleros en su casa cuando la policía patrullaba la zona él junto a seis pandilleros estaba siendo investigado tras varias denuncias ciudadanas (sic)”, escribió el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, en su cuenta de Twitter, el 10 de abril de 2022.
Sin embargo, la investigación interna de la Policía consigna que los agentes utilizaron información falsa e imprecisa en los documentos para justificar la detención del albañil. En el proceso judicial tampoco hay evidencia robusta sobre la supuestas actividades ilícitas de Grande Martínez, tanto que el juzgado le concedió libertad condicional y los fiscales ni se presentaron a la audiencia. “La Fiscalía no compareció a la audiencia”, dijo una fuente judicial, quien confirmó que el albañil recuperó su libertad cuatro días después de la audiencia, el viernes 17 de marzo de 2023.
