Luis Reynaldo Márquez Castaneda es dueño de Logix, una empresa de transporte a la que el Ministerio de Agricultura, dirigido entonces por Pablo Anliker, pagó $4.6 millones a cambio de 185,000 cestas de alimentos el 2 de mayo de 2020, casi tres meses después de iniciada la pandemia de covid-19. El dueño de la empresa, según registros policiales, estaba detenido desde un año antes de que se firmara el contrato con el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
A partir de agosto de 2021, el Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía empezó a investigar este contrato junto con otras compras del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), que suman $71 millones, en un expediente denominado Catedral. El grupo fue disuelto por el actual fiscal, que fue impuesto por los diputados aliados al presidente Bukele en su primera sesión legislativa de mayo de 2021. Pero aquel no era el único expediente en contra de la empresa y su propietario: dos años antes -en abril de 2019- la Policía y la Fiscalía habían abierto otro expediente a la empresa por “contrabando” y “alteración y falsificación de documentación para transportar o comercializar sustancias peligrosas”.
Logix, durante el periodo del encierro obligatorio por la cuarentena estricta implementada por el Gobierno, duplicó sus activos. En 2019, la empresa reportaba activos por $659,059.20 y, un año después, en 2020, estos crecieron hasta llegar a $1,330,407.25, en el periodo en el que fue seleccionada a dedo por el Ministerio de Agricultura para proveer cestas solidarias, según documentos del registro público. El Faro consultó por correo a Reynaldo Márquez si este incremento de activos estaba relacionado con el contrato que su empresa obtuvo con el Gobierno de El Salvador, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
El Faro tuvo acceso a los documentos de la Policía a través de DDoSecrets, de la filtración Guacamaya, y los comparó con registros oficiales de la Fiscalía y el Ministerio de Agricultura.
En marzo de 2020, el MAG mantuvo reservada toda la información relacionada a las compras de alimentos del PES refugiándose en que la Corte de Cuentas estaba revisando la información y que con ello se garantizaba la transparencia. La CCR terminó la auditoría que detectó destrucción de alimentos no aptos para el consumo humano en bodegas de Cifco y Cel y compras de alimento sin registro sanitario, pero la institución mantiene bajo secreto los expedientes de compras de alimentos adquiridos para su entrega a hogares vulnerables.
El 9 de abril de 2019, casi dos meses antes de que Bukele asumiera la Presidencia, la Policía Nacional Civil capturó a Luis Reynaldo Márquez Castaneda en el operativo Tangit II, y la institución divulgó el hecho en su página web y en boletines oficiales. La nota institucional de la Policía menciona que la División Central de Investigación (DCI) identificó “inconsistencias en permisos emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente para la importación de adhesivo o pegamento industrial PVC marca Tangit y otras marcas”. Logix y Márquez Castaneda fueron acusados de contrabando de mercancía valorada en $73,394.40. Toda esta información, como queda evidencia en los documentos revelados por Guacamaya Leaks, siguió siendo de conocimiento de la Policía durante la actual administración.
En 2020, era de conocimiento público que Logix y su propietario tenían una investigación abierta por el “caso Tangit”: el boletín de la Policía fue replicado por varios medios impresos y digitales. Sin embargo, casi un año después de la captura de Márquez Castaneda, el 2 de mayo de 2020, Agricultura acordó pagar $4.6 millones en la cuenta corriente N*522-03914-8 de la empresa Logix, por 185,000 cestas de alimentos.
Documentos entregados a El Faro por DDo Secrets, y que fueron obtenidos por esta organización a través de un grupo de hackers denominado Guacamaya, muestran que este caso de contrabando contra Logix y Márquez Castaneda todavía estaba vigente a inicios de 2022.
El caso estaba en fase de instrucción, según un documento interno denominado “Matriz de macrocriminalidad”, que se anexa en un correo del 15 de febrero de 2022. Un empleado de la DCI remitió un correo con el informe, una hoja de cálculo dirigida a una oficina de la PNC llamada UCATI. “Remito mapa de macrocriminalidad actualizado hasta el 15 de febrero de 2022”, dice el correo.
El documento interno menciona que, según los registros internos de la Policía, la “Banda Logix” fue desmantelada por “contrabando de mercadería” y por “uso y tenencia de documentos falsos”. Menciona que Márquez Castaneda fue perfilado como líder de la banda y que por eso había sido girada una “orden administrativa” para su captura en abril de 2019 en su vivienda en un apartamento en Portal Canarias, Torre Los Faros, en Antiguo Cuscatlán, según el mismo informe de febrero de 2022.
Por este caso denominado Tangit, la Policía también capturó a cuatro empleados de la empresa Logix: Efraín de Jesús Solís Reyes (transportista), Ernesto Enrique Flores Miranda, Omar Alexander Ramón Zepeda, Misael Alberto Beltrán Molina, y a un empleado de aduanas, Leonel López Navarrete.
Logix apareció en el radar de la Policía a inicios de 2018. A través de un memorando del 10 de enero de 2018, el cabo José Alfredo Díaz, desde la delegación de La Hachadura, informó al jefe del departamento de la División Antinarcóticos (DAN), Benjamín Cartagena, sobre algunas irregularidades en la documentación que presentó la empresa. “Que había recibido una alerta de la dirección general de aduanas que en el transporte que trasladaba la mercadería tenía una denuncia que el permiso girado por Medio Ambiente era falsificado (sic)”, dice el memorando.
Logix fue fundada el 24 de octubre de 2007 y tiene como giro comercial “logística y ejercicio de toda clase de actividades relacionadas con el transporte terrestre, marítimo y aéreo nacional e internacional”. Márquez Castaneda es el administrador único propietario y representante legal. Su madre, Yolanda Castaneda, es administradora única suplente, según la credencial de junta directiva del 15 de junio de 2018. En el expediente Catedral, sin embargo, no profundiza en los motivos por los que el contrato de cestas de alimentos con Logix estaba bajo investigación.
Una presentación elaborada por uno de los investigadores del “caso Catedral” menciona que la empresa pertenece a Márquez Castaneda y que tiene como dirección principal “kilómetro 12.2, carretera a Nuevo Cuscatlán, lote #1 frente a la cancha de fútbol Be Sport”. En esa dirección, El Faro identificó un terreno baldío donde no había oficina ni nadie con quien hablar.
El 8 de mayo, a las 8 am, El Faro habló con el coordinador de prensa del Ministerio de Agricultura y le solicitó una entrevista con algún representante para conocer más detalles del proceso de adjudicación del contrato a Logix, pero hasta el cierre de esta nota no trasladó ninguna respuesta. Esto es ya un patrón. Esa institución lleva años sin responder a las peticiones de entrevista de este medio ante casos de posible corrupción. También se contactó por correo con Márquez Castaneda, quien sigue apareciendo en documentos de la empresa como el contacto principal de Logix. Tampoco respondió a la solicitud de entrevista ni a las preguntas que se le hicieron llegar por esa vía.
Tres años después del peor periodo de la pandemia, hay evidencia de que el Gobierno de Bukele hizo compras irregulares durante la emergencia sanitaria. El Mag compró $630,500 en canastas de alimentos a la empresa de un contador, que es empleado de Ernesto Castro; la Fiscalía también investigaba a un empresario que se hizo millonario durante la pandemia con contratos directos de alimentos, y que se compró un apartamento en Miami; también estaba bajo investigación la manera en que Mario Durán, el actual alcalde de San Salvador utilizó canastas de alimentos del PES para su campaña electoral; el director de cárceles Osiris Luna y su madre eran investigados por robarse alimentos del PES y revenderlos, por mencionar solo algunos casos publicados.
