La exauxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz debió esperar 306 días en una bartolina de aislamiento en la Brigada Militar Mariscal Zavala para que un tribunal reconociera su inocencia, la absolviera del delito de revelación de información confidencial, y ordenara su libertad. Ese fue el lapso que transcurrió entre su captura el 29 de julio de 2022, y su audiencia de sentencia el 14 de junio de 2023. Gómez tiene 36 años y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que la acusaba había solicitado al Tribunal Octavo de Sentencia que la condenara a ocho años de cárcel.
Desde octubre, Gómez había perdido su trabajo en la FECI. La fiscal acusadora en su caso, Cynthia Monterroso, había sido su jefa. El juez contralor de la investigación previa al juicio, Fredy Orellana, le había dicho que podía recibir una medida sustitutiva para salir de la cárcel si terminaba su relación laboral con el Ministerio Público (MP). Gómez pensó que prefería ver a sus tres hijos todos los días, en lugar de una vez a la semana (en el único día de visita que podían llegar a la cárcel), que conservar su empleo. En octubre, la FECI la acusó de cometer irregularidades cuando entregó el cargo y el juez le negó la libertad.
Al menos una docena de policías capturó a Gómez en su oficina, en la FECI (una escena que se observa en la captura de narcotraficantes o pandilleros), con base en evidencia que la fiscalía recabó en apenas 72 horas, a partir de la denuncia de Ronald García Navarijo, exgerente del Banco de los Trabajadores (Bantrab) que es procesado por lavado de dinero, asociación ilícita y otros delitos en dos casos que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) abrió en 2016 y 2017, y que la FECI manejó cuando la CICIG fue expulsada del país en 2019.
García Navarijo fue capturado en 2018. Salió libre en 2020 con un amparo, aunque siguió ligado a los procesos. El 26 de julio de 2023, testificó contra Gómez y el periodista José Rubén Zamora, capturado el mismo día que la exfuncionaria y acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Varias grabaciones que García Navarijo entregó a la fiscalía, de conversaciones de él con Gómez, y del periodista con un exjefe de la FECI, entre otras, se usaron para acusar a la entonces auxiliar fiscal de filtrar información de los casos en los que García Navarijo estaba procesado. La fiscalía luego señaló que Zamora supuestamente utilizó la información para chantajear al testigo. Esas grabaciones se reprodujeron durante el juicio y el tribunal consideró que no comprobaban los cargos contra Gómez ni Zamora.
El 14 de junio, el tribunal presidido por la jueza Oly González lo echó casi todo por tierra. Aunque condenó al periodista por lavado de dinero con base en otras evidencias, lo absolvió de chantaje y tráfico de influencias, y absolvió a Gómez, señalando que las grabaciones no comprobaban las acusaciones.
El Faro habló con Gómez en los recesos de dos de las diez audiencias que duró el juicio en su contra, y después de la audiencia de sentencia cuando fue absuelta. Desde la primera conversación, la exfuncionaria estaba convencida de que su captura obedecía a que los miembros de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), no habrían podido ser querellantes adhesivos en el caso contra Zamora si ella no hubiera sido capturada (la ley sólo permite la participación de querellantes cuando hay un funcionario público entre los procesados). Esto aunque uno de sus miembros, Raúl Falla, es representante legal de García Navarijo. La FCT ha criminalizado a fiscales, jueces y abogados que llevaron casos de la CICIG. Gómez también cree que fue capturada como parte de la campaña de desprestigio contra estos operadores de justicia, de los cuales 22 están en el exilio y otros diez están en arresto domiciliario o en la cárcel.
—¿Cuál era la prueba más contundente en su favor?
—No existen testigos que hayan declarado algo en contra mía; no hay medios de investigación que sustenten la imputación en mi contra. Si hubo alguna filtración de información fue del denunciante (García Navarijo) hacia otras personas (como lo reconoció el tribunal), no de mi persona hacia ningún tercero. Pedimos que se escuchara a quien era mi agente fiscal (Heidy Maricruz Muñoz Samayoa de Andrade) cuando se dieron los hechos y la detención, aunque ella está aún en la FECI bajo las órdenes del señor (Rafael) Curruchiche, y era muy difícil contar con una declaración objetiva teniendo la presión jerárquica de por medio. La licenciada Cynthia Monterroso (también) cubrió esa mesa y fungió como agente fiscal de la Agencia 6 en donde yo estaba asignada. Entonces, desde un principio había un claro conflicto de intereses.
Monterroso es la fiscal acusadora en el proceso.
—¿Se debieron agotar otras instancias antes de capturarla y llevarla a juicio?
—Había otras vías antes de una captura tan abrupta, porque la denuncia fue puesta entre el 26 y 27 de julio y la aprehensión se dio el 29. Uno se pregunta, ¿cuánto tiempo tuvo el MP para investigar y decidir ejecutar órdenes de prisión contra nosotros? Si el denunciante consideraba que alguna cuestión no se hizo bien, tenía otras vías. En el MP está la Unidad de Supervisión y la Fiscalía de Asuntos Internos, llamada a investigar a sus empleados si hay una denuncia.
—¿Qué normativa determina dónde se presenta una denuncia?
—En el MP, una denuncia se debe presentar por medio de la Oficina de Atención Permanente (OAP), que la recibe y asigna. No está contemplada en la Ley Orgánica del MP, pero existen instrucciones respecto a las atribuciones que tiene cada fiscalía. En el juicio se ha dicho que si usted llega a una fiscalía equis y pone su denuncia, están obligados a recibirla. No es así. El fiscal puede que esté obligado a escuchar lo que usted tiene que decir, pero la vía correcta es decirle “esto es constitutivo de delito, pero hay que colocarlo en la Oficina de Atención Permanente” y que la OAP decida a qué fiscalía se asigna. Es mentira que una persona pueda llegar con cualquier fiscal, a cualquier hora de la noche o madrugada.
Gómez insiste en este punto porque la denuncia de García Navarijo se tomó entre las diez de la noche del 26 de julio y la una de la madrugada del 27 de julio de 2022, en la FECI.
—El abogado defensor de Flora Silva, la exgerente financiera de elPeriódico (otra procesada en este caso), también dijo que la OAP debió tomar la denuncia y, aunque Monterroso la recibió, debieron hacer después una designación por sorteo y no ocurrió.
—La misma persona que recibe (la denuncia) no es la misma que le da curso. La instrucción mediante la cual se crea la FECI establece que las denuncias deben ser primero evaluadas por la fiscal general, quien determina si la FECI las debe conocer. Debió haber una autorización de la fiscal general. En alguna audiencia lo hicimos ver, y la respuesta que tuvimos fue que, si teníamos alguna duda, la podíamos (aclarar) por medio de la Oficina de Información Pública. Eso no debe de ser así. Se supone que esa asignación (de agencia y de fiscal) es parte del expediente, y como sujetos procesales tenemos derecho a ver todos los documentos.
Falla, querellante adhesivo de la Fundación Contra el Terrorismo, dijo a El Faro que su cliente sí acudió a la OAP, pero por la magnitud del testimonio y “para evitar la fuga de información”, esta consultó al despacho de la fiscal general, quien aprobó que la FECI tomara la denuncia. Curruchiche dijo a El Faro que él y dos agentes fiscales la escucharon (una de ellas era Monterroso). Falla sostiene que quien recibe la denuncia le debe dar curso para proteger la fidelidad del testimonio. En 2019, la fiscal general Consuelo Porras firmó una instrucción que la facultó para decidir qué casos tomaba la FECI, pero no qué agencia ni qué fiscal debía tomar la denuncia. Según Ovalle, Curruchiche debió hacer una asignación por sorteo y, si la designación “fue a dedo”, lo debió consignar por escrito.
—¿Por qué la capturaron si ningún testimonio consigna que usted cometió el delito por el cual la acusaron?
—La ley es clara en cuanto a que una fundación como la Fundación Contra el Terrorismo necesita que haya un funcionario público dentro del proceso para poder querellarse. La participación del funcionario público (permite que) un grupo de ciudadanos pueda denunciar. El objetivo principal en toda esta investigación obviamente es el señor Zamora, pero la Fundación no hubiera podido querellarse si yo no hubiera estado allí y, como yo tuve el proceso donde él (Zamora) fue mencionado, pues ahí lo (amarraron).
Gómez se refiere al caso BASES, derivado del caso Bantrab, donde también está procesado García Navarijo, y que involucra a Zamora en la recepción de un cheque por Q200,000 (US$26,000) en 2013 (que el periodista atribuye a un préstamo y un pago por publicidad). Este fue un caso que la CICIG abrió en 2017 cuando identificó irregularidades en otras transacciones no relacionadas con el cheque y ocurridas después que el periodista lo recibió.
Falla insiste en que Gómez fue juzgada por “los hechos que le imputaron”, y no porque ellos —los miembros de la FCT— querían ser querellantes en el proceso contra el periodista. Sin embargo, reconoce que “el Código Procesal Penal (CPP) establece claramente que, si un funcionario público comete un hecho delictivo, (esto) le da capacidad a cualquier miembro de la sociedad (…) y el derecho de constituirse como querellante adhesivo”. Las disposiciones están en los artículos 116 al 121 del CPP. Falla además explicó que podía ser querellante por representar los intereses de García Navarijo como denunciante y agraviado.
Según el abogado, Gómez fue acusada “por la amistad que tenía con el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro” (exjefe de la FECI, también procesado, y que salió al exilio después de su destitución en julio de 2021). Agregó que Gómez quiso retrasar los casos y hablar con Sandoval “para ver cuál sería la ruta que podrían tomar”, y que Sandoval “le facilitaba información del caso Bantrab HK, ARCA y BASES, para presionar a Ronald a que se convirtiera en colaborador eficaz y diera información” y armar procesos contra otras personas.
Zamora dijo a la prensa que el exbanquero, a quien dijo conocer desde 2009, era quien quería colaborar con la FECI y la CICIG, pero quería saber a qué país lo iban a enviar, porque él quería irse a Estados Unidos, y qué dinero tendría para vivir, antes de entregar evidencias de la información que ofrecía. Una conversación que García Navarijo sostuvo con Gómez, que grabó y se reprodujo en el juicio, revela que la auxiliar fiscal le explica que el único beneficio que puede recibir como colaborador es no ir a la cárcel por los delitos que cometió.
—¿Había otras razones para involucrarla en el caso?
—Una es obviamente apartarme del proceso. Entiendo que el señor García Navarijo me veía como la persona encargada que no quiso acceder a la devolución de los fondos que él quería recuperar.
—¿La cuenta de Q33 millones (US$4.4) que estaba congelada?
—Exactamente. Él en todo momento tuvo contacto conmigo (en la FECI). Entonces, me veía más a mí como la persona que podía oponerse.
En agosto de 2022, con Zamora y Gómez ya capturados, el periodista dijo a la prensa que García Navarijo lo visitó en su casa a finales de junio de ese año y se quejó de que la FECI no quería descongelar el dinero, y que Curruchiche (por medio de un tercero) le exigía un 15 % a cambio y “que quemara a otros personajes molestos para el Ministerio Público y el régimen de turno”. Un mes después, Zamora y Gómez fueron encarcelados. Curruchiche dijo a El Faro que no hizo semejante propuesta a García Navarijo, y que no tenía autoridad para descongelar el dinero, que estaba la Fiscalía de Extinción de Dominio (aunque algunas publicaciones de prensa indican lo contrario). En octubre, la FCT presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Extinción de Dominio, que Falla calificó como un “método confiscatorio ideológico”.
—¿Qué mensajes se envían con su caso?
—Una condena en contra mía, sumada a la condena que ya se emitió contra la licenciada Virginia Laparra (exjefe de la FECI en Quetzaltenango), debilita la imagen del trabajo que la FECI estaba realizando.
—¿Tiene que ver con la criminalización de la administración de la FECI que comenzó con Sandoval en 2021?
—Claro, sí. Siempre se ha dicho “los exfiscales de la FECI”. No se individualiza. Se habla mucho de la FECI y de la CICIG, y uno está sirviendo de caballito de batalla para esa campaña de desprestigio.
—¿Como ocurrió en el caso de la exfiscal Laparra?
— Exactamente. Mire, tuve que pasar (por algo) que no pude denunciar porque mi esposo es fiscal, y cualquier cosa que yo haga o diga puede repercutir en su trabajo, y necesitamos el trabajo de él porque esta situación también es desgastante a nivel económico. Durante las audiencias de revisión de medidas, y otras, la Fundación Contra el Terrorismo me trató de intimidar y coaccionar para que yo aceptara cargos, y los argumentos eran, “Si usted no acepta cargos, le va a pasar lo mismo que a la Licenciada Virginia Laparra. Se va a quedar en la cárcel. Vamos a pelear por una condena igual que la de ella”. La usaron mucho como punto de referencia. Eso fue muy duro.
Falla y Ricardo Méndez Ruiz, fundador de la Función Contra el Terrorismo, también fueron querellantes en el proceso contra Laparra, que fue condenada a una pena de cárcel conmutable, pero no salió libre porque está procesada en otro caso. Está detenida desde febrero de 2022. Falla admitió a El Faro que sí están criminalizando a operadores de justicia “que han violado la ley”. Los fiscales y jueces perseguidos señalan que las denuncias son infundadas.
—¿De qué más la denuncia García Navarijo?
—El MP se dio el lujo de mencionar que el denunciante dijo que yo había requerido tres millones de quetzales (US$400,000). Y no van a encontrar absolutamente ni un solo indicio, ni una sola investigación que se haya realizado por ese tema. Sin embargo, se mencionó en mi audiencia de primera declaración, y supe que los medios le dieron muy duro a eso. En realidad, la imputación nunca tuvo que ver con dinero. Nada de lo que se ha dicho es cierto. Mi familia ha estado muy consciente de eso y ha sido un apoyo fundamental para mí, pero eso obviamente implica un desgaste emocional y económico. Yo tuve que renunciar al trabajo.
—¿En qué condiciones renunció?
—En la audiencia de primera declaración el juez determinó que el obstáculo para que yo saliera de prisión con una medida sustitutiva era la relación laboral que existía todavía con el MP. Mi abogado anterior (Armando Mendoza), me dijo, “mirá, valorá, tu familia, y poder salir, y tu libertad, o tu trabajo y tener que seguir aquí”. Entonces, decidí renunciar (en octubre pasado), y solicité un permiso para recoger unas pertenencias personales al MP. El día que llegué (a las 9:50 am), nos tardamos alrededor de seis horas porque se solicitó que llegara personal de la DICRI (Dirección de Investigaciones Criminalísticas) para documentar lo que me entregaron. Y acá en tribunales se vino a decir que yo estuve seis horas encerrada con personal de la fiscalía, haciendo quién sabe qué, en una fiesta, en donde me habían organizado un almuerzo, y que posiblemente yo había ido a sustraer información de los expedientes.
—¿Y quién dijo eso?
—La Fundación, la fiscalía y el juez (Fredy Orellana). El juez hizo un show y a raíz de eso me negaron la medida sustitutiva. La única testigo que nosotros propusimos, mi exjefe (Heidy Maricruz Muñoz Samayoa de Andrade), informó al tribunal que supuestamente yo llegué a reunirme con varias personas, cuando ella presenció esa diligencia. Ella autorizó que se nos proporcionaran alimentos porque ya era tarde y yo no había podido almorzar. Todo está debidamente documentado. Finalmente, la Unidad de Asuntos Internos hizo su análisis e informe e indicó que no hubo tal reunión, pero a eso ya no le dieron seguimiento y tampoco se hizo público. Ya no se supo la versión real.
—La fiscalía argumenta que usted filtraba información que podía perjudicar a García Navarijo. ¿Cómo lo fundamenta?
—Se le preguntó a la testigo (Muñoz Samayoa) si en algún momento se había intentado beneficiar o perjudicar al denunciante y ella dijo que no. La mayoría del interrogatorio fue beneficioso para nosotros, pero el MP quiso hacer ver que existía una relación de confianza más allá que una relación laboral con el licenciado Juan Francisco (Sandoval). Eso por el hecho de que él, como fiscal de sección, a veces nos giraba instrucciones directamente a los auxiliares fiscales. Era la dinámica con toda la fiscalía, no sólo conmigo.
Falla ha dicho que Muñoz Samayoa, exjefa de Gómez, dijo que la auxiliar fiscal no consultaba los casos con ella, sino hablaba directamente con Sandoval, entonces jefe de la FECI.
—La testigo dijo que usted no reconocía su autoridad.
—Están queriendo hacer ver que él (Sandoval) trabajaba así exclusivamente conmigo. No era una cuestión de que éramos amigos y entonces yo me saltaba las trancas. No fue así. La política del licenciado Juan Francisco era una de puertas abiertas para todos. Si el jefe no estaba, y teníamos una consulta, sabíamos que podíamos ir directamente con él sin pasar ningún filtro previo, cosa que ya no sucedió cuando llegó el licenciado Curruchiche. Lamentablemente tengo que decir que sí hubo una falsedad de la agente fiscal (Muñoz Samayoa, su exjefa), porque ella dijo que en ningún momento se nos instruyó que esa fuera la (nueva) línea de trabajo. Sin embargo, sí nos instruyeron.
—¿Quién les instruyó?
—Ella. Ella nos dio la instrucción de que esa era la nueva modalidad, que le teníamos que pedir las instrucciones a ella y ella era la encargada de gestionar (con Curruchiche).
—¿En algún momento le mencionó Sandoval si se había encontrado con García Navarijo en la casa de Zamora?
—Nunca. Yo tuve conocimiento de que ellos habían tenido reuniones previas porque en la primera reunión que tuvimos, el señor García Navarijo dijo que se habían reunido unos días antes con el licenciado Juan Francisco para contarle que tenía interés de ser colaborador eficaz, pero yo nunca supe que las reuniones se habían llevado a cabo en la casa del señor Zamora ni en qué condiciones.
Sandoval dijo a El Faro que Zamora lo citó a una reunión en su casa, pero cuando llegó, se encontró con García Navarijo, quien quiso hablar de su caso. Sin embargo, el entonces jefe de la FECI le dijo que cualquier conversación al respecto debía ocurrir en la fiscalía.
Según Falla, “sólo un hecho no prueba algo”, y explica que “el proceso penal se caracteriza por pruebas concatenadas” que, en su conjunto, demuestran el señalamiento de la fiscalía. La absolución de Gómez demostró después que el tribunal no compartía ese criterio.
El abogado afirma que, durante el juicio, Gómez “indicó que conserva a la fecha el contacto de Juan Francisco Sandoval”. Según Falla, dos o tres días después de cada intercambio entre Zamora y Sandoval, García Navarijo recibía una llamada de Gómez para hablar del caso. Por eso el abogado concluye que Gómez compartía información con Sandoval cuando ya no estaba en Guatemala, pues no había otra forma en que conociera los eventos del proceso. Falla afirma que se habla de “una Samari” en las grabaciones, quien no puede ser otra que Gómez, aunque no se refiere al contexto exacto en las conversaciones.
—¿Existe evidencia de que usted habló con el Licenciado Sandoval después de que él salió del MP?
—No, y nunca la van a encontrar porque nunca hubo esa comunicación.
—El abogado defensor de Zamora preguntó a García Navarijo en la audiencia si había concertado las reuniones en la casa de Zamora y respondió “sí”. Después, cuando usted le preguntó, dijo que él no las había convocado. ¿Es así?
—En su declaración, él (García Navarijo) se contradice en todo. Cuando declaró (el 22 de mayo), dijo que presentó una denuncia, que la licenciada Heidy Muñoz le dijo que podía presentar su denuncia conmigo, que la denuncia era contra mí y la licenciada Yassmín Barrios (presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, que llevaba el caso Bantrab). Sin embargo, se le preguntó a la licenciada Heidy Muñoz y ella dijo que esa denuncia nunca existió.
En mayo, Falla dijo a El Faro que el MP ya tenía la información respecto a que su cliente fue chantajeado por un sujeto que le exigía dinero supuestamente para pagar un soborno a la jueza Barrios, un extremo acerca del cual Barrios no respondió al consultarle por vía electrónica. El abogado dice que su cliente, García Navarijo, le entregó un cheque al supuesto extorsionista y después lo denunció. En la segunda semana de junio, Méndez Ruiz informó a El Faro que tenía entendido que la información referente a Barrios se presentó en la FECI.
—¿La declaración de García Navarijo que usted mencionó, acerca de Yassmín Barrios, tenía que ver con el supuesto soborno?
—Exactamente, pero lo importante de entender con relación a la licenciada Yassmín es que (ella) preside el tribunal que iba a conocer el debate de Villas de Elgin (un caso derivado del caso Bantrab con García Navarijo también como procesado). Ella ya fue recusada según le entendí a él.
—¿Y el caso pasó al Tribunal de Mayor Riesgo B?
—Exacto. Entonces, ya entiende usted por qué están tratando de involucrar también a la jueza Yassmín.
El Tribunal de Mayor Riesgo A había fijado la primera audiencia del juicio en el caso para abril. Sin embargo, al suspenderse otro caso en la agenda del tribunal, adelantaron la audiencia para febrero. García Navarijo explicó que recusaron al tribunal porque el cambio de fechas les impedía prepararse adecuadamente para la audiencia. Después el MP confirmó que el caso fue trasladado al Tribunal de Mayor Riesgo B.
El 19 de mayo, Méndez Ruiz anunció en un tuit que denunció ante el MP a los abogados Guillermo Cian Cano y Carolina Ortiz García, que representan a Gómez desde diciembre. Aun pretendiendo que Gómez fuera condenada, el fundador de la FCT dijo que los abogados incurrieron en el delito de patrocinio infiel “por colaborar con la defensa” de Zamora, perjudicando los intereses de su cliente, pues “defienden intereses opuestos”.
“Desde donde estamos sentados (en la audiencia)”, dijo Méndez a El Faro el 22 de mayo, “(vimos que hubo) cierta asesoría jurídica de los abogados de Samari hacia la defensa de José Rubén Zamora”. Esto ocurría cuando la novena abogada del periodista, Patricia Guillermo de Chea, no había tenido acceso al expediente completo porque el anterior abogado (Juan Francisco Solórzano Foppa) fue detenido el 20 de abril en conexión con el caso de Zamora.
Gómez, quien se enteró de la denuncia contra sus abogados hasta ese 22 de mayo, la atribuyó a que su defensa había sido contundente utilizando las pruebas que recabó el MP, y encontró “una cantidad increíble de incongruencias” en el testimonio de García Navarijo. En la sentencia, el tribunal lo reconoció.
Tres semanas antes de ser absuelta, Gómez seguía el protocolo de rigor para los acusados en un juicio: una guardia del Sistema Penitenciario (SP), de los doce que la custodiaban a ella y Zamora, le retiró las esposas al iniciar la audiencia, y se las colocó de nuevo en los recesos y al salir, lo que apenas le permitía cargar un pesado maletín de hombro empacado con documentos de su caso.
Todos bajaron las gradas de la sala de audiencias en el quinto nivel hasta el sótano, donde otra guardia del SP le pidió alzar las manos y colocarse de frente contra una de las rejas mientras le hizo una revisión física. Era difícil imaginar cuándo, mientras bajaba las gradas esposada y rodeada de los guardias, habría podido esconder algo en su ropa. Al acabar la revisión, regresó hacia donde estaba un grupo de periodistas, y respondió algunas preguntas, pero tenía la mirada vidriosa.
—¿Cuán difícil ha sido esta situación para usted en el plano personal?
—Ha sido muy duro. Tengo tres hijos. Mi hijo mayor tiene 16, mi hija la mediana tiene 11, y mi chiquita tenía tres años cuando yo entré a la prisión. Por ella me afectó más todo este proceso, porque ella no entiende la magnitud de esta situación. Aparte de eso, las restricciones en el área donde nosotros estamos han sido bárbaras. Según el protocolo de la prisión tendríamos derecho a ocho visitantes los martes y sábados, y lo redujeron a dos personas por cada día de visita. Entonces, el martes he tratado de ver a mi papá y a un tío que me hace el favor de trasladar a mi papá, y los sábados, a mi mamá, mi esposo y mis tres hijos. Sólo los veo una vez a la semana porque mi mamá y papá no tienen vehículo, mi esposo trabaja, y los niños estudian. Ha sido una cuestión muy complicada. Ellos están conscientes de que toda esta situación es una cuestión armada. Lo sostendré hasta el final. Aun si me condenan, puedo decir con toda certeza y seguridad que lo que se ha dicho nunca sucedió.
Esto lo dijo el 22 de mayo. El 14 de junio, el tribunal la absolvió, aunque al final de la audiencia ordenó que le colocaran las esposas de nuevo y debió regresar a su bartolina en el Mariscal Zavala hasta que la orden de libertad fuera notificada horas después ese día al SP. Rodeada de periodistas, Gómez respondió más preguntas.
–No les importó pasar encima de mí y tenerme diez meses encerrada injustamente, (pero) gracias a Dios el tribunal ha sido contundente en su sentencia sobre mi inocencia –dijo de su encarcelamiento.
–¿Cómo te sientes acerca de poder abrazar a tus hijos otra vez? –le preguntaron.
–¡No tiene ni idea! Es el momento más feliz de mi vida, después del momento cuando nacieron. Le doy muchas gracias a Dios, sobre todo porque me permitió mantenerme fuerte durante todo este proceso. –Esta vez la voz se le quebró y las lágrimas cayeron. –Estas lágrimas son de agradecimiento y felicidad por saber que por fin voy a recuperar mi libertad.
–¿Qué piensa de su futuro? –le preguntó otra periodista.
–No tenemos la certeza de que (no habrá) otro señalamiento con tal de opacar ese momento. Si surgiera, estaré dispuesta a afrontar la justicia nuevamente y a seguir defendiendo mi inocencia.
