El periodista José Rubén Zamora, de 66 años, cumplió un año de estar en prisión el pasado 29 de julio. Llega a este primer aniversario condenado a seis años de cárcel por lavado de dinero, y en las vísperas de posiblemente ser enviado a otro juicio por conspiración para obstruir la justicia. Una audiencia para que el juez anunciara si será juzgado por ese delito fue suspendida el pasado 27 de julio y no la han reprogramado. El próximo 19 de agosto Zamora pasará su segundo cumpleaños en la cárcel. Este año cumple 67.
Desde su captura, Zamora está recluido en una de tres bartolinas de aislamiento en la cárcel que el Sistema Penitenciario administra en la Brigada Militar Mariscal Zavala, al norte de la capital guatemalteca. Hasta el 14 de junio pasado, su única vecina era la exauxiliar fiscal Samari Gómez, también detenida el mismo día que el periodista, y acusada de filtrar información en un caso en el cual uno de los acusados es el testigo principal del proceso contra Zamora. Sin embargo, la funcionaria fue absuelta y quedó libre.
Unos 500 pasos separan la entrada de la brigada del ingreso a la cárcel, por un sendero curvilíneo que atraviesa un denso bosque al final del cual es inimaginable encontrar una cárcel para exfuncionarios VIP (un expresidente y varios exministros de gobiernos pasados, encarcelados por casos de corrupción) y, a un costado, las tres bartolinas de aislamiento. Cien pasos antes de llegar a la entrada de la cárcel, a un costado del sendero, sorprende ver aparcado un enorme tanque anfibio, un armadillo camaleón (como le llaman en el Ejército guatemalteco), por si el visitante olvida que está en una instalación militar. Zamora dice que el tanque apareció estacionado en el lugar cuando llevaba una semana detenido, y desde entonces no lo han movido. Lo observa cada vez que lo llevan o devuelven de una audiencia.
Aún después de un año encarcelado, el periodista ve su situación con incredulidad. “A veces, cuando te despertás en ese mausoleo refrigerado (se refiere a la bartolina), donde me siento muerto en vida, no te la podés creer”, admite el periodista, quien debe estar despierto y sentado a las 5.30 de la mañana, cuando hacen un conteo de internos y le gritan desde afuera “¡Zamora!” y él debe responder de inmediato: “aquí estoy”. “A veces, cuando no he abierto los ojos, pienso que estoy en otro lugar, después los abro y (pienso) ‘estoy aquí; es cierto’”.
El periodista habla con la voz afónica. Padece de reflujo desde que está en la cárcel, lo que le ha dañado las cuerdas vocales. Asegura que hace diez meses solicitó que le practicaran una endoscopia y no ha recibido respuesta. También está lo de su peso. Perdió 35 libras en los primeros diez meses encarcelado. No es para menos. Según Zamora, la comida del centro penitenciario sólo la comen los reos que no tienen quién les lleve otra cosa, o que no pueden pagar para que les lleven comida de afuera. “El plato lleva frijoles con piedras. ¡Piedras grandes! Casi como piedrín de construcción”, revela. “También algo de arroz y una tortilla”. Van en un plato de duroport rectangular, dentro de una bolsa plástica. Por el tamaño de la porción, parece merienda de niño.
Las celdas de aislamiento son todas de las mismas dimensiones: 3.6 metros cuadrados de concreto prefabricado y pintado de blanco, donde sólo hay una litera de metal, también blanca. Casi un tercio del espacio lo ocupa el baño sin puerta: una ducha de agua helada y pestilente, un retrete y el lavamanos. El resto está invadido de libros, dice, torres de libros sobre bancos de plástico, y documentos poblando la parte superior de la litera, un canopy de libros y documentos. Algunos días lee hasta mil páginas.
Los días de visita, martes y sábado, se mantiene abierta la puerta de la celda, un respiro a la alternativa de una hilera de ventanitas pegadas al techo por donde se cuela algo de luz. Recién le han ampliado el número de visitas, de dos por día de visita a cuatro (dos en la mañana y dos en la tarde), aunque en teoría dice que debería tener derecho a ocho por día. Quienes lo visitan por lo general son abogados de la defensa pública y amigos. Todos deben pasar al menos tres puestos de control, donde se identifican, firman un libro, y constatan que no llevan consigo nada electrónico, como un teléfono celular. En uno de los puestos de control, fotografían al visitante, además de retener su identificación durante la visita.
Zamora tiene acceso a un teléfono desde donde sólo puede hacer llamadas con tarjeta, una tarjeta con saldo de cinco minutos, aunque está convencido de que dura menos. Lo justo para una llamada local y rápida, sin palabras de más, ni nada personal.
Un exilio forzado para la familia
Toda la familia de Zamora está en el extranjero. Su esposa salió del país antes de la audiencia de sentencia, cuando supo extraoficialmente que la FECI pediría su captura en relación con otro proceso en el que acusan al periodista de llenar formularios de aduanas (entre 2015 y 2017) con una firma que no es la suya–sino de su esposa, quien firmó por él, porque ambos viajaban juntos. Son los formularios que todo viajero llena al salir de o entrar al país.
Su hijo menor, Ramón, quien había quedado a cargo del diario, también salió cuando la fiscalía lo vinculó a la supuesta fabricación de evidencia en el caso de su padre. Sus otros dos hijos mayores salieron del país hace 20 años, cuando en un allanamiento ilegal a su vivienda Zamora y su familia fueron retenidos por tres horas, y el caso ameritó que recibiera medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, su familia hizo arreglos para que a Zamora le lleven alimentos en los días de visita, martes y sábados, para el resto de la semana. Entonces, llega hasta sus manos lo que sobreviva la inspección de los guardias: champurradas (galletas) quebradas, o gaseosas en lata que abren para revisar si llevan algo dentro, y cualquier otro comestible no perecedero (no tiene acceso a una refrigeradora ni a un horno microondas; este último lo solicitó y nunca se lo permitieron).
elPeriódico, silenciado
Más allá de las condiciones carcelarias, una de las cosas más difíciles que asegura que ha enfrentado, ha sido el cierre del diario que dirigió durante 27 años. “Yo pensaba que iba a estar adentro (en la cárcel), pero que elPeriódico iba a seguir; nunca pensé (en otra opción)”. elPeriódico publicó su última edición impresa el 30 de noviembre de 2022, cuatro meses después de su captura, y la última digital el 15 de mayo (trece días después que comenzó su juicio). Incluso el dominio del sitio digital se perdió–sólo se encuentran fragmentos de artículos o reportajes en blogs particulares, o cuentas de redes sociales, y en la edición impresa en la Hemeroteca Nacional.
elPeriódico era uno de los principales diarios del país, y uno de los más críticos, y Zamora era el encargado de mantenerlo a flote con la venta de publicidad, una avenida que se volvió cada vez más angosta por la presión y amenazas contra los anunciantes, según Ramón Zamora, hijo del periodista, que lo relató así a El Faro en noviembre pasado. Una vez capturado Zamora padre, en palabras de él mismo, “elPeriódico se estranguló”.
En la audiencia de sentencia del 14 de junio pasado, el periodista fue absuelto de tráfico de influencias y de chantaje, dos acusaciones sustentadas en las declaraciones del testigo Ronald García Navarijo, y en grabaciones que este hizo de conversaciones con Zamora, pero que no comprobaron los señalamientos, según lo determinó el Tribunal Octavo de Sentencia.
El tribunal lo condenó a la pena mínima por lavado de dinero porque el expediente no incluía ninguna prueba respecto al origen de Q300,000 (US$40,000) que Zamora pretendía usar para cubrir gastos de funcionamiento de elPeriódico en julio de 2022. García Navarijo dijo que los fondos eran de origen ilícito, pero nunca lo comprobó, y después denunció al periodista, quien le pidió depositar el dinero en efectivo en una de sus empresas, y entregarle un cheque. Zamora no podía depositar una cantidad tan voluminosa sin revelar el origen de los fondos, que atribuía a empresarios que no querían ser vinculados públicamente con el diario. Meses después divulgó que fue un empresario el que le dio parte del dinero en pago por un cuadro. El periodista asegura que tenía evidencias del origen lícito de los fondos, pero que el juez contralor del caso, Fredy Orellana, se rehusó a incorporarlas como prueba.
Al final de la audiencia de sentencia, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, dijo que se trataba de una “sentencia histórica” porque en el diario se difamaba a funcionarios públicos y personas particulares, aunque las publicaciones del diario nunca fueron parte del proceso. Sin embargo, hace un año este fiscal había insistido en que a Zamora se le procesaba como empresario y no como periodista, algo que sus declaraciones de junio pasado dejaron en tela de duda.
“Yo me veo encarcelado unos ocho o diez años”, estima Zamora, pensando en los diferentes procesos abiertos en su contra, aunque Curruchiche ofreció apelar la sentencia, considerando que el MP originalmente pidió una pena de 40 años por los tres delitos (lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias) y los agravantes, que la fiscal Cynthia Monterroso describió como el que Zamora se haya referido a la fiscal general Consuelo Porras en forma irrespetuosa en publicaciones de elPeriódico.
La evidencia clave
El 2 de agosto de 2022, García Navarijo presentó a la FECI una grabación que hizo de una reunión en la casa de Zamora en agosto de 2021, donde estaban reunidos el periodista, sus dos abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya, y Flora Silva, entonces gerente financiera del diario, y García Navarijo. El propósito de la reunión, convocada por el testigo (según Zamora), era para determinar cómo podían incorporar a la contabilidad de elPeriódico un préstamo por Q200,000 (US$26,000) que Zamora recibió en 2013 de una empresa asociada al Banco de los Trabajadores (Bantrab). Se trataba de fondos que el periodista depositó en una cuenta bancaria del diario, donde quedó documentado el origen, aunque no estaba integrado a la contabilidad del diario. García Navarijo había sido gerente del Bantrab.
Zamora afirma que en 2018 acudió a una citación en la FECI, con el entonces jefe de la Fiscalía, Juan Francisco Sandoval, quien investigaba el destino ilícito de fondos sacados del Bantrab por ejecutivos de banco. Se trataba de dos casos abiertos en 2016 y 2017, y durante los cuales García Navarijo tenía orden de captura por lavado de dinero y permaneció prófugo hasta 2018, cuando fue capturado. En el caso del periodista, este afirma que la Fiscalía comprobó que el destino del dinero era tal cual estaba documentado en el banco.
García Navarijo salió en libertad condicional en 2020, aunque permaneció bajo investigación y aguardando juicio en ambos procesos. Siguió hablando con la FECI para cooperar a cambio de una futura reducción en la condena que recibiera. Según Zamora, García Navarijo había hablado de haber lavado dinero para al menos dos expresidentes, y otras figuras públicas, aunque Sandoval dijo que nunca ofreció evidencias concretas de cuanto decía.
Después que Sandoval fue despedido ilegalmente el 23 de julio de 2021, y que en agosto de ese año fue sucedido en la jefatura de la FECI por Rafael Curruchiche, García Navarijo propuso a Zamora que se blindara con un registro del préstamo de 2013 en la contabilidad del diario. Para ello convocó a la reunión, que después grabó en su celular, y por lo cual la había convocado. Luego, se guardó la grabación durante un año antes de entregarla a la FECI, y lo hizo cuatro días después de la captura del periodista, según lo indicó la fiscal Monterroso en una audiencia del 3 de agosto.
Pese a lo determinado por Sandoval en 2018, respecto a Zamora y el cheque por el préstamo, el 3 de agosto de 2022, día para la primera declaración ante el juez Orellana del periodista detenido, la fiscal Monterroso, a cargo del caso, dijo que recomendaría a la fiscal general Consuelo Porras abrir otro proceso por conspiración para obstruir la justicia contra Zamora, sus abogados y Silva. El anuncio obligó al periodista a prescindir de Castañeda y Montoya como abogados y a llegar a la audiencia el 8 de agosto con nueva defensa.
Antes de que concluyera el año, la Fiscalía había obtenido órdenes de captura contra los abogados, y contra Silva, quien fue capturada tres semanas después que el periodista (el 19 de agosto). Fue procesada por lavado de dinero, primero, y después por conspiración para obstruir la justicia. En ambos casos la FECI la persuadió a aceptar cargos para recibir una sentencia corta de cárcel que fuera conmutable por el pago de una multa. Lo mismo ocurrió con los abogados en 2023, cuando ambos se entregaron a la justicia en ocasiones separadas. La criminalización o amenazas contra su defensa le obligó a cambiar de abogado defensor hasta nueve veces en los diez meses transcurridos entre su captura y su sentencia.
“Se vulneró principalmente mi derecho de defensa y el derecho al debido proceso”, escribió Zamora en un memorial al final del juicio (que le impidieron leer e incorporar al expediente), refiriéndose a cómo el cambio constante de abogados le impidió tener una defensa efectiva. El último abogado que tuvo en el juicio, Joel Iván Reyes Guzmán, fue nombrado 13 días antes de las conclusiones finales, y 27 días antes de la audiencia de sentencia. “No pudimos hablar más de 20 minutos efectivos”, señaló el periodista.
Traslape de procesos para prolongar encarcelamiento
El 28 de febrero de 2023, la Fiscalía abrió el segundo proceso contra Zamora por conspiración para la obstrucción de la justicia, en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, con el juez Jimi Bremer. El juez aceptó la evidencia presentada por la FECI, cuya pieza principal era la grabación que hizo García Navarijo de la reunión en casa del periodista en agosto de 2021. Bremer autorizó la investigación del caso y dictó prisión preventiva “por peligro de fuga” contra Zamora, aunque este ya llevaba encarcelado siete meses por el primer proceso. Además, estaba a dos meses de enfrentar juicio (el 2 de mayo) por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.
El periodista denunció que el análisis criminal de la grabación, plasmada en una transcripción, añade palabras y conceptos que no están en la cinta, pero además le atribuyen frases que dijo el denunciante. “Reiteradamente me atribuye fragmentos claves de la conversación que son de Ronald García Navarijo”, revela Zamora en la declaración escrita que el tribunal se rehusó a incluir en el expediente.
La fiscal Monterroso también solicitó al juez Bremer investigar a tres columnistas y seis periodistas de elPeriódico por el mismo delito, conspiración para obstruir la justicia, por supuestamente confabular con Zamora para coaccionar a los sujetos procesales. Esto incluía al testigo García Navarijo, los fiscales de la FECI, el mismo juez Bremer, y a los miembros de la Fundación Contra el Terrorismo Ricardo Méndez-Ruiz y Raúl Falla, querellantes en el proceso (Falla, además, es representante legal del testigo). La fiscal también logró que el juez autorizara a la FECI investigar a cualquier otro periodista o medio de comunicación que publicara contenido que la fiscalía considerara que coaccionaba a los sujetos procesales.
Al final del juicio contra Zamora por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, el Tribunal Octavo de Sentencia lo absolvió por los últimos dos delitos y lo condenó a seis años por el primero. Además, echó por tierra toda la evidencia que la FECI utilizó para pedir la condena de 40 años para el periodista. Se trataba de la misma que recabó en 72 horas para justificar la captura del periodista, y que el juez Orellana utilizó para enviarlo a juicio. “El juez, la fiscal y los querellantes nos retrataron como delincuentes, y destruyeron nuestra presunción de inocencia, contraviniendo la ley”, escribió Zamora en un documento que pretendía leer el día de su sentencia. “El Ministerio Público tuvo tres meses para investigar, además de otros siete meses adicionales, mientras he estado aislado e incomunicado, y no encontró ningún chantaje”, reiteró el periodista. La única evidencia era la declaración de García Navarijo.
En el caso de la grabación de agosto de 2021 que permitió abrir el segundo proceso contra el periodista por conspiración para obstruir la justicia, la presidenta del tribunal, Oly González, dijo que la única persona que se escuchaba en la grabación aportar ideas acerca de cómo incorporar a la contabilidad de elPeriódico en 2021 el préstamo que recibió en 2013 (es decir, el único que incurría en obstrucción de la justicia) era al mismo García Navarijo. No fue a los abogados (ya condenados ante otro juez por aceptar cargos), ni a Silva (también condenada ante otro juez por aceptar cargos), ni a Zamora. Sin embargo, el criterio de este tribunal no tiene ningún peso en la decisión del juez Bremer, y sólo sería importante si el juez envía el caso a juicio o si, por sorteo, el periodista es juzgado por el mismo tribunal en este otro proceso.
En teoría, la grabación además es ilegal si, como mencionó en 2022 Gustavo Ovalle, abogado de Silva, únicamente los policías investigadores están facultados para hacer grabaciones y operaciones encubiertas, según lo establece la Constitución. De lo contrario, la grabación y evidencia obtenidas son ilegales e invalidan el resto del proceso. “García Navarijo actuó como agente encubierto ilegal por 17 meses, con autonomía, sin supervisión ni vigilancia”, escribió Zamora, quien resaltó cómo se demostró en el debate que no tuvo autorización para hacer la grabación de 2021.
Hace un año, el 9 de agosto de 2022, el entonces abogado defensor del periodista, Christian Ulate, dijo que la persona activa en la citada grabación fue García Navarijo. “Él propone, ‘yo pienso que esto debemos hacerlo así’; él le dice (a Zamora), ‘estás apareciendo en un informe de la CICIG’. Él le da información a José Rubén Zamora”. El abogado describió al testigo como “el agente provocador”.
Monterroso dijo que la grabación comprobaba que Zamora y los abogados conspiraron para ocultar el origen del cheque de 2013. Pero Ulate, quien renunció después de la defensa de Zamora por amenazas, aseguró también que no había pruebas de que hubo tal conspiración para cometer un delito sólo porque la fiscal Monterroso lo afirmaba.
En la grabación, se puede escuchar a García Navarijo diciendo cosas como “yo tengo los sellos”, para oficializar cualquier documento, y que todavía tenía contacto con el contador de la empresa propietaria de la cuenta sobre la cual se giró el cheque.
La audiencia del pasado 27 de julio ante el juez Bremer se suspendió porque no llegaron los querellantes, Méndez-Ruiz y Falla. El juez no anunció fecha para su reprogramación, aunque se presume que ocurrirá en agosto. De ser así, y si envía a Zamora a juicio, el periodista podría ser juzgado en un segundo proceso en menos de un año.
“Pero no me vencerán”, escribió Zamora en una columna que publicó el 20 de julio en redes sociales. “Aquí estaré esperando el momento de la justicia y la verdad”.
