Este lunes 25 de septiembre un juez de inmigración en Virginia resolvió no deportar al coronel retirado Roberto Antonio Garay Saravia, arrestado el pasado abril por su supuesto involucramiento en la masacre de El Mozote, en el que comandos salvadoreños del Batallón Atlacatl ejecutaron a cerca de mil civiles en medio de una campaña de tierra arrasada en diciembre de 1981 en el departamento de Morazán.
Garay Saravia reside legalmente desde 2014 en Estados Unidos y es el primer y único militar salvadoreño arrestado explícitamente por su vinculación a la masacre. Según registros del Ejército, sirvió como comandante de una de cuatro secciones del Batallón Atlacatl, un antiguo escuadrón financiado y entrenado por Estados Unidos. Fue arrestado tras una investigación conjunta de dos años por parte de las unidades de derechos humanos y crímenes de guerra de los Departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS). Los fiscales de DHS también vinculan al coronel a otras masacres de civiles cometidas por el ejército salvadoreño entre 1981 y 1984 durante la guerra civil de El Salvador, como las de La Quesera y El Calabozo, pero el juicio migratorio se centró en el crimen de El Mozote.
El juez Brian T. Palmer concede que Atlacatl participó en campañas de “tierra arrasada”. “La corte encuentra amplia evidencia en el registro de que civiles no combatientes fueron asesinados deliberadamente por el Batallón Atlacatl”, escribió en su fallo. También reconoce que el Atlacatl participó en la masacre de El Mozote, que Garay Saravia participó en la “Operación Rescate” del Ejército salvadoreño en Morazán, en la que sucedieron los asesinatos en El Mozote, y que Garay Saravia “fue asignado como líder de sección, en alguna capacidad, dentro del batallón”.
Pero a la vez desestimó la porción clave del testimonio de la perito Terry Karl, investigadora de la universidad de Stanford experta en la guerra civil salvadoreña, que afirmó durante las audiencias que Garay Saravia “incitó, asistió o de otra manera participó” en las masacres mencionadas en el proceso de deportación.
Karl también declaró en abril de 2021, durante el juicio por la masacre de El Mozote que se sigue en un tribunal en Morazán, sobre las estructuras del Ejército involucradas en esa masacre y la presencia de un asesor militar estadounidense, Allen Bruce Hazelwood, en ese departamento durante los asesinatos. La académica afirma que un silencio pactado entre líderes del Ejército ha obstruido cualquier testimonio por crímenes desde dentro de la institución castrense.
“La corte resuelve que el DHS no estableció, a través de evidencia clara y contundente, que el acusado asistió o participó de otra manera en la comisión de asesinatos deliberados o que sabía o debió haber sabido de asesinatos deliberados cometidos por sus subordinados”, escribió sin embargo Palmer. “Aunque es probable que el acusado haya estado presente y probablemente participó de otra manera en los asesinatos o no los impidió, la mera probabilidad o preponderancia no basta para satisfacer la carga probatoria clara y contundente de DHS”.
“Con pocas excepciones, hay poca evidencia que indique la ubicación precisa de las unidades identificadas de Atlacatl y menos evidencia aún en cuanto a quiénes lideraron esas secciones. (…) La sección del acusado no pudo haber estado presente en todos los sitios de los asesinatos, que ocurrieron a lo largo de un operativo de cuatro días en lugares diversos”, escribió el juez.
“En procedimientos de deportación, las ‘unidades’ no asisten ni participan en asesinatos extrajudiciales, sino que dichos actos son perpetrados por individuos dentro de esas unidades. Si bien esta corte resuelve que muchos miembros del Batallón Atlacatl perpetraron, asistieron y participaron en el asesinato de no combatientes en los operativos mencionados, esta corte no encuentra suficiente evidencia de que el acusado haya sido una de estas personas”.
Palmer —excomandante del Cuerpo de Marines nombrado a la judicatura en 2018, que como soldado participó en campañas incluyendo las de Kuwait, Kosovo o Afganistán— concluye por tanto que Garay Saravia no mintió en septiembre de 2013 en su solicitud de visa, un delito punible por deportación. Para obtenerla, el militar retirado afirmó que no había “participado en o ordenado actos de genocidio, tortura o asesinatos extrajudiciales”. En marzo de 2014 obtuvo residencia en Estados Unidos. En 2017, tres años después de su mudanza, la Asamblea Legislativa revocó la amnistía concedida en los acuerdos de paz de 1992 que blindó a los culpables de crímenes de guerra de responsabilidad penal.
“Está bien que cualquier corte (de inmigración) requiere un alto nivel de evidencia sobre la culpabilidad individual antes de expulsar a alguien por medio de una deportación”, dice a El Faro Angelina Godoy, directora del Centro para los Derechos Humanos de la Universidad de Washington, que por años ha buscado esclarecer crímenes del conflicto armado salvadoreño. “Pero es difícil no notar con ironía que este mismo sistema deporta a miles de salvadoreños cada año sin ofrecerles algo que siquiera se asemeje a la presunción de inocencia concedida en este caso al señor Garay”.
“Nuestro abogado viene solicitando la detención del señor (Garay Saravia) desde hace varios meses”, dice Leo Tovar Claros, de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote. “Consideramos que estos casos son positivos porque todos son culpables, pero este señor es de un nivel bien alto desde donde atendían las órdenes para todo lo que pasó acá en El Mozote, y en otros casos a nivel del país en el que fue culpable este señor”.
Brecha en los registros
El juez Palmer lamentó, como también señaló Karl en las audiencias, que los archivos militares salvadoreños tengan un “registro de servicio posiblemente incompleto” que impide establecer exactamente dónde estuvo Garay Saravia durante la masacre, a cargo de qué hombres estuvo y qué acciones tomaron durante esos días precisos.
La apertura completa de los archivos militares sobre abusos cometidos durante el conflicto armado ha sido una constante exigencia de las organizaciones de víctimas y de organizaciones de derechos humanos. El presidente Nayib Bukele prometió a finales de 2019 desclasificar todos los archivos militares sobre El Mozote, pero cuatro años después el Gobierno aún guarda el secreto de esos documentos.
“La corte también reconoce los desafíos probatorios creados por los esfuerzos del Ejército salvadoreño por ocultar sus atrocidades del pasado”, señaló Palmer, “así como el tiempo pasado desde que ocurrieron los supuestos crímenes del acusado hace más de cuatro décadas”. Godoy, de la Universidad de Washington, declaró a El Faro tras el arresto de Garay Saravia que los archivos militares clasificados en El Salvador contienen información sobre su posible participación en la masacre de El Mozote.
“Sin duda El Mozote es importante pero la corte recibió evidencia de su participación en múltiples masacres graves y muy bien documentadas en este período”, agrega Godoy. “Es una vergüenza que 40 años después no haya habido investigaciones judiciales completas en ninguna de estas masacres”.
A la hora de su arresto en abril, altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden subrayaron su compromiso con que “individuos que hayan cometido atrocidades en otros países no encontrarán refugio en Estados Unidos”. Hoy la defensa de Garay Saravia trató de presentar la decisión del juez migratorio como una “exoneración”, pese a que se trata de un proceso civil y el militar retirado no ha enfrentado aún cargos penales en El Salvador.
“Si bien reconocemos que eventos trágicos, incluyendo la pérdida de vidas, suceden durante las guerras civiles, y en esto se incluye la guerra civil salvadoreña, nuestro cliente simplemente no es el hombre que el Gobierno de Estados Unidos lo acusó de ser”, dijo el abogado defensor José Campos en un comunicado de prensa. “[Garay Saravia] ha mantenido su inocencia en este asunto durante mucho tiempo. Esto es un testamento a los principios de justicia y debido proceso que respeta el sistema legal de Estados Unidos”.
Es muy probable que DHS apele esta decisión, aunque su departamento de prensa no ha confirmado aún a El Faro si lo hará. Cualquier apelación pasaría primero por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y después por una corte federal de apelación.
Los procedimientos contra Garay Saravia en Estados Unidos llegan en medio de la etapa más difícil para las víctimas y sus familias. El juez que llevó el juicio en El Salvador, Jorge Guzmán, ha dejado el país tras su retiro forzoso de la carrera judicial y del caso en septiembre de 2021, tras una reforma legal impulsada por el partido de gobierno que depuró a un tercio de los jueces del país. Desde entonces, víctimas y testigos se han quejado de los cambios de procedimiento establecidos por la nueva jueza del caso.
Si después de cualquier proceso Garay Saravia fuera deportado, no enfrentaría en el escenario actual ninguna restricción a su libertad en El Salvador, ya que no existe una orden de captura contra él. Desde su destitución, el juez Guzmán ha dejado el país. Denuncia a El Faro que el detonante de su salida fue “la criminalización de mi esposa con prueba fabricada, por parte de una jueza laboral, como represalia por mi enfrentamiento con la Corte y con el Presidente”.
En los últimos dos años no ha habido ni una sola audiencia en El Salvador por la masacre de El Mozote.
