El gobierno estadounidense hizo pública este jueves la detención, el martes 4 de abril en New Jersey, del coronel retirado del ejército de El Salvador Roberto Antonio Garay Saravia, bajo cargos de participación en ejecuciones extrajudiciales y fraude migratorio. Según la Oficina de Migración y Aduanas (ICE) Garay Saravia, que reside en Estados Unidos desde 2014, ocultó en documentos oficiales su participación en la masacre de El Mozote, en la que militares salvadoreños asesinaron en diciembre de 1981 a cerca de mil civiles, así como su vinculación con al menos otras tres masacres cometidas por el ejército entre 1981 y 1984, en los inicios de la guerra civil.
Garay Saravia tenía en aquel momento el grado de subteniente y es uno de los quince oficiales acusados desde hace siete años en un tribunal salvadoreño por los crímenes de El Mozote. El comunicado de ICE detalla que Garay Saravia fue entre 1981 y 1985 comandante de sección en el Batallón Atlacatl, uno de los más sanguinarios de la Fuerza Armada de El Salvador. Omite que, durante todos esos años, el Atlacatl era una unidad élite financiada y entrenada por el gobierno de Estados Unidos, como parte de su política contrainsurgente en Centroamérica.
Las autoridades estadounidenses vinculan a Garay Saravia también con la masacre de La Quesera, cometida entre el 21 y el 31 de octubre de 1981 en el área rural de los municipios de San Agustín, Jiquilisco y Berlín, todos ellos en el departamento de Usulután. Se estima que a lo largo de diez días el ejército asesinó allí a alrededor de 500 personas con la participación de los batallones Atlacatl y Atonal, la Guardia Nacional, la Quinta y Sexta Brigada de Infantería, y miembros de la Fuerza Aérea y la Defensa Civil.
El anuncio lo relaciona también con la masacre de El Calabozo, en San Vicente, un operativo de agosto de 1982 en que el Batallón Atlacatl asesinó a la orilla del río Amatitán a 200 personas, “hombres, mujeres y niños apresados sin resistencia” según el informe de la Comisión de la Verdad que documentó los crímenes de guerra en El Salvador. En 2016 un cable desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) identificó al coronel Sigifredo Ochoa Pérez como el comandante que lideró esa operación militar. El comunicado de ICE vincula a Garay Saravia con una tercera masacre no especificada, en el departamento de Cabañas.
Una experta que asistió a las autoridades estadounidenses en la investigación contra el coronel retirado que llevó a su detención reveló a El Faro que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, y el Departamento de Justicia (DOJ) “han trabajado juntos durante dos años para consolidar un caso contra Garay Saravia y tratar de deportarlo”. En la tarea participaron la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del DOJ y la Unidad Contra Violadores de los Derechos Humanos y Crímenes de Guerra de DHS.
La misma fuente en Washington resalta que Garay Saravia, como subteniente, “fue uno de los mandos operativos del batallón Atlacatl que estaba en el terreno en El Mozote”, y de los que menos se conoce sobre su papel en la masacre “porque esa es la información que está resguardada en los archivos militares de El Salvador”.
Contactado este jueves, Adrián Meléndez Quijano, abogado defensor de Garay Saravia en El Salvador, dijo no disponer todavía de información oficial sobre la detención del coronel retirado o las evidencias en su contra. Un vocero de ICE confirmó a El Faro que Garay Saravia enfrentará cargos formales por violación de las leyes migratorias estadounidenses y permanecerá bajo custodia en el Centro de detención de ICE en Moshannon Valley, Pennsylvania, hasta que se complete su proceso legal de deportación.
Pendiente de juicio
Garay Saravia ha sido, hasta ahora, una nota al margen en la larga búsqueda de justicia de las víctimas y sobrevivientes de El Mozote. Su nombre no aparece en el informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 1993; en un informe de Tutela Legal sobre el caso, de 2008; ni en un peritaje de 2019 en que la profesora en la universidad de Stanford Terry Karl, una de las principales expertas internacionales en las violaciones de Derechos Humanos durante la guerra en El Salvador, identificó a la cadena de mando de quienes ordenaron y ejecutaron la masacre.
Tampoco en Estados Unidos se ha logrado hasta el momento acceder a buena parte de la información sobre la masacre. En junio de 2019 una jueza federal en el estado de Seattle ordenó al Departamento de Defensa “una búsqueda extensiva” de documentos relacionados con las masacres de El Mozote y El Calabozo, después de que el Centro para Derechos Humanos de la universidad de Washington viera rechazadas hasta 25 solicitudes de documentación al respecto, amparadas bajo la ley de acceso a información.
Angelina Snodgrass, directora del centro de Derechos Humanos, dijo este jueves a El Faro que Garay Saravia aparece efectivamente como “comandante de sección” del Atlacatl “entre septiembre de 1981 y septiembre de 1985” en documentos oficiales estadounidenses a los que logró acceso. Según Snodgrass, Garay luego fue trasladado al Batallón Arce y a la Fuerza Aérea. En 1986 recibió el “curso para oficiales de combate”, en la Escuela de las Américas, en Fort Benning.
Para lograr su deportación a El Salvador, las autoridades estadounidenses deberán ahora probar en un juicio migratorio la participación de Garay Saravia en las citadas masacres, para demostrar que mintió en documentos oficiales. El proceso puede prolongarse durante varios meses, en los que el militar salvadoreño permanecerá detenido.
Si es condenado, un juez de New Jersey podría imponer a Garay Saravia una pena de cárcel en Estados Unidos, aunque lo más seguro es que ordene su expulsión del país como ya sucedió antes con otros militares salvadoreños acusados de crímenes de guerra y que enfrentaron algún tipo de proceso civiles por ello en Estados Unidos. “Aunque en estricto sentido no se le va a juzgar por el caso de El Mozote, en la decisión del juez se espera que cobre peso el hecho de que Garay Saravia tiene un juicio abierto en El Salvador”, según una fuente cercana a los investigadores.
En una declaración pública tras la detención de Garay Saravia, el secretario adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John K. Tien, dijo que “individuos que hayan cometido atrocidades en otros países no encontrarán refugio en Estados Unidos”.
El primer detenido sería libre
En caso de ser deportado, Garay Saravia recuperaría fuera de suelo estadounidense su libertad puesto que las autoridades salvadoreñas nunca han emitido una orden de captura contra los acusados en el caso de El Mozote. Negada durante años tanto por las autoridades de El Salvador como por las de Estados Unidos, la masacre comenzó a ser investigada entre 1990 y 1993 por la justicia salvadoreña, que condujo diligencias iniciales como exhumaciones y peritajes antes de que el caso fuera cerrado tras la aprobación de la Ley de Amnistía del 93. Derogada la amnistía en 2016, el caso se reabrió en el juzgado de San Francisco Gotera, en Morazán, pero el juez instructor, Jorge Guzmán , no ordenó detenciones.
En aquella ocasión, según consta en el expediente, Guzmán no pudo localizar a Garay Saravia para informarle de las acusaciones en su contra. Fue hasta 2019 que el juez impuso algunas medidas a los acusados , como restricciones migratorias y la obligación de presentarse a firmar quincenal o mensualmente ante un juzgado. A Garay Saravia, que a través de sus abogados documentó que residía legalmente en Estados Unidos, se le impuso la orden de presentarse quincenalmente en el consulado salvadoreño en New Jersey.
El caso judicial en El Mozote está paralizado desde que el régimen de Nayib Bukele purgó en septiembre de 2021 a un tercio de los jueces del país, incluido Guzmán. En octubre de 2022, la jueza Mirtala Portillo, quien asumió el caso, convocó a 20 testigos a declarar, pero rectificó su decisión cuando los abogados de las víctimas se quejaron por cambios de reglas procedimentales establecidos por Portillo . Aquel fue, hace seis meses, el último avance de un proceso judicial que apenas empezaba a dar resultados cuatro décadas después de haber ocurrido los hechos tras enfrentar múltiples obstáculos legales y políticos.
Si en los meses que siguieron a la masacre los periodistas que dieron a conocer lo sucedido enfrentaron brutales campañas de descrédito y acoso, en abril de 2021, durante una de las audiencias del juicio de El Mozote en San Francisco Gotera, Terry Karl testificó que un 'sofisticado encubrimiento' coordinado por el Gobierno de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y la junta cívico-militar en El Salvador permitió durante décadas que se silenciara también el hecho de que un asesor militar estadounidense , Allen Bruce Hazelwood, estuvo en Morazán con el coronel Domingo Monterrosa durante la masacre.
En las últimas décadas la política estadounidense ha dado cierto giro al respecto. En 2001, bajo la administración de George W. Bush, el gobierno estadounidense estableció una nueva política destinada a no permitir la estadía de presuntos violadores de derechos humanos en ese país. La Unidad Contra Violadores de los Derechos Humanos y Crímenes de Guerra fue creada con esa intención en 2003 y desde entonces se ha investigado y deportado a varios cientos de personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en diversos países.
Aun así, el proceso ha sido lento. En 2002 una corte civil estadounidense condenó por torturas al general José Guillermo García , ministro de Defensa de El Salvador entre 1979 y 1983 y otro de los acusados por la masacre del Mozote, y a Carlos Eugenio Vides Casanova, también exministro de Defensa y exdirector de la Guardia Nacional de El Salvador, y les impuso el pago de 54 millones de dólares en concepto de indemnización a tres víctimas de tortura por parte del ejército, con base en la Tort Claims Act (ATCA) y la Torture Victim Protection Act (TVPA), que no serán aplicadas a Garay Saravia.
Estados Unidos tardó aún así trece años en deportar a los dos generales, después de un segundo juicio, este migratorio, que inició en 2012 y se prolongó por tres años. Vides Casanova, que residía en Estados Unidos desde 2002, fue deportado en abril de 2015. García fue finalmente deportado en enero de 2016. Cuando, a su llegada al aeropuerto Monseñor Romero, activistas de Derechos Humanos le preguntaron por los desaparecidos durante sus años como ministro, García gritó “¡Búsquenlos!”
Estados Unidos también detuvo en 2013 a Inocente Montano, exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador entre 1989 y 1992. Inicialmente enfrentó, como ahora Garay Saravia, cargos por fraude migratorio y perjurio, pero Montano fue sometido posteriormente a un proceso de extradición que terminó con su envío en noviembre de 2021 a España, donde fue juzgado y condenado por participar en la orden de asesinar en noviembre de 1989 a seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) y dos empleadas.
Aunque Guillermo García fue finalmente detenido por las autoridades salvadoreñas en octubre de 2022 por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 —uno de los casos por los que fue condenado en Estados Unidos—, la de Garay Saravia este martes es la primera captura en la historia que tiene la masacre de El Mozote como motivo, ya sea en Estados Unidos o en El Salvador.
