Mirtala Portillo, jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, reanudó el juicio de la masacre de El Mozote con una convocatoria de 20 testigos, citados a declarar entre el 18 y el 21 de octubre. El Faro tuvo acceso a dos resoluciones recientes: en la primera, Portillo planificó escuchar a cinco víctimas por día pero las suspendió en la segunda, tras una petición de los abogados de las víctimas.
La jueza Portillo programó escuchar a cinco testigos por día pero los citó a todos a la misma hora. Los querellantes advirtieron que esto podría ocasionar que los testigos tengan que esperar durante horas en el juzgado antes de declarar o que con “el fin de lograr obtener todos los testimonios previstos para un mismo día, se trate de hacer declarar a las víctimas de forma rápida o sin el suficiente tiempo para que puedan aportar la información que tienen y recuerdan”.
De fondo, lo que preocupa a los abogados de las víctimas es el cambio de reglas respecto a cómo se tramitó el caso en los últimos cinco años. Estos cambios suponen más retrasos y más tiempo, en un proceso judicial que empezó a dar resultados cuatro décadas después de haber ocurrido los hechos. En realidad, ese es el meollo del asunto en El Mozote. Cada cambio de dirección o de reglas, cada paso en falso representa tiempo perdido en una carrera contrarreloj. Las víctimas mueren. Los imputados también.
Un ejemplo: en las resoluciones la jueza levanta la anotación preventiva de un vehículo que era propiedad del coronel Natividad de Jesús Cáceres Cabrera. Se trataba de una medida de seguridad para que, en caso de una eventual condena, Cáceres respondiera con sus bienes a un eventual pago de responsabilidad civil. Pero Cáceres murió en marzo de 2021.
Las de octubre de 2022 habrían sido las primeras audiencias desde abril de 2021, en un caso que lleva 32 años atascado en el sistema judicial salvadoreño, sacudido por vaivenes políticos. Se trata de la masacre contra civiles más numerosa de la guerra civil, perpetrada en 1981. Las víctimas denunciaron judicialmente en octubre de 1990 y el caso fue cerrado en 1993, cuando se aprobó la ley de Amnistía. En 2016, después de que la Sala de lo Constitucional eliminara la Amnistía, el juez Jorge Guzmán reabrió el caso. En septiembre de 2021, el gobierno de Nayib purgó a Guzmán como parte de un decreto que le permitió reemplazar a un tercio de los jueces del país.
En los cinco años que dirigió el caso, Guzmán lo trató como un proceso híbrido, alternando las reglas de 1973 con las actuales. La jueza Portillo ha cambiado ese criterio. En las dos resoluciones a las que El Faro tuvo acceso, Portillo se basa en el Código Procesal Penal de 1973, el que estaba vigente cuando se ejecutó la masacre. Ese proceso se tramitaba por escrito y no tenía las audiencias con intervención de abogados que se adoptaron en El Salvador desde 1998. “La preocupación que de eso surge es que puede generar prácticas revictimizantes y que podría obedecer a un criterio de no realizar audiencias orales y públicas”, dijo David Morales, uno de los abogados que interpuso la revocatoria de las audiencias. Morales, exprocurador de derechos humanos, ha trabajado con las víctimas de El Mozote desde el inicio del proceso penal en los 90.
“La persona pasaba ahí con un colaborador que le levantaba la declaración en el escritorio, sin una audiencia oral y pública. A veces ni siquiera hacía presencia el juez. Era una mala práctica de los tribunales en aquel tiempo”, explicó Morales. “Entonces, cuando ella cita cinco personas a la misma hora, lo que veíamos era la posibilidad de que lo estaba queriendo hacer así con las reglas del 73 tomando declaración simultáneamente a varios sin audiencia”, dijo Morales.
El 15 de julio, la Corte Suprema publicó fotos de Portillo junto al magistrado Óscar López Jérez, presidente impuesto del órgano Judicial desde mayo de 2021. En el comunicado, López prometió la entrega de “dos equipos informáticos -que serán utilizados por los peritos traductores- un vehículo reciente y una fotocopiadora”, así como la contratación de dos colaboradores para el juzgado. López dijo que la Corte contribuirá a que el proceso “cuente con todo lo necesario para que el mismo no sufra retrasos, ni inconveniente alguno”.
De las resoluciones de Portillo se infiere que ya hubo retrasos. Por ejemplo, en el escrito del 28 de septiembre informa que dos peritos de la Universidad de El Salvador han presentado un plan de trabajo para traducir del inglés documentos que la Embajada de Estados Unidos entregó en diciembre de 2021. Pedir traducciones también es un cambio de reglas. Con documentación anterior, el juez Guzmán optó por ordenar un peritaje. Lo hizo Terry Karl, una de las mayores expertas en archivos del gobierno estadounidense sobre la guerra en El Salvador.
“Me parece que el tribunal está tratando de llevar adelante una diligencia que no es técnicamente viable”, dijo David Morales. “Ni siquiera es posible determinar si los folios son relevantes o no para el proceso. El criterio de ella ha sido ordenar una traducción total de esos miles de folios al español. Y creo que eso sí puede generar más retardación de la justicia”, dijo.
Otro cambio de reglas es la decisión de la jueza de crear un “registro judicial de víctimas”.
La lista de víctimas ha sido un constante rompecabezas en el caso. Los primeros listados se levantaron in situ en 1982, cuando el New York Times y el Washington Post estimaron la cifra entre 733 y 926, respectivamente. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció a 440 víctimas en su sentencia. La Corte ordenó al Estado salvadoreño realizar un censo y en 2017 creó el “Registro único de víctimas y familiares de víctimas” de El Mozote. La última actualización de ese listado cifraba en 989 el número de víctimas fatales de la operación militar. Ese registro era gestionado por dos instituciones que ya no existen: la Secretaría Técnica de la Presidencia y la Dirección General de Estadísticas y Censos, ambas eliminadas durante el régimen Bukele.
El registro único está incorporado en el caso de San Francisco Gotera. Pero la jueza pidió a la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (Apdhem) que haga llegar su “base madre”. Es un listado que según la asociación de víctimas “está desactualizado o con inconsistencias”, según la resolución.
Adicionalmente, la jueza citó a declarar a otras 13 personas. La querella había pedido entrevistar a otros siete testigos, pero la jueza añadió otras 13, de oficio, una facultad que tiene usando las reglas procesales antiguas. “Desconocemos con qué metodología y con qué rigurosidad se está haciendo” el nuevo registro, dijo Morales a El Faro. Y advirtió que del listado de testigos convocados, al menos tres no pueden comparecer: una persona vive fuera del país, otra está muy enferma y la tercera ya murió.
Quizá uno de los mayores avances en El Mozote en el último año vino de otro juzgado. La jueza de Dulce Nombre de María ordenó la detención del general José Guillermo García, ministro de Defensa entre 1979 y 1983, el oficial de mayor rango acusado por El Mozote. David Morales dijo que su captura “está sentando un precedente judicial que reconoce la responsabilidad de la cadena de mando hasta el más alto nivel”. Sin embargo, el régimen Bukele no parece interesado. Contrario a lo ocurrido con muchos de los 55 000 detenidos desde marzo en El Salvador, García no fue presentado públicamente tras ser capturado.
