La misma noche en que Nayib Bukele hizo su primera aparición pública de campaña, un mitín político virtual celebrado en su red social favorita, X, sus diputados en la Asamblea Legislativa aprovecharon el distractor para dar más poder a quien ha sido una de las piezas clave del Régimen de Excepción que desde marzo de 2022 ha encarcelado a unas 75,000 personas, entre ellas miles de inocentes: Rodolfo Delgado, el fiscal general de la república, impuesto por los diputados de Bukele en mayo de 2021, tras destituir al anterior fiscal que investigaba la corrupción de su gobierno.
Los diputados aprobaron dos tipos de reformas, unas al Código Procesal Penal y otras a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. Lo hicieron la noche del miércoles 3 de enero, mientras Bukele iniciaba su primer mitin virtual de campaña, en Spaces una plataforma de X, a la que se conectaron unos 20,000 usuarios de la red social y que se extendió por dos horas en las que Bukele atacó al multimillonario George Soros y pareció quejarse de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la oposición salvadoreña.
En ambas reformas, la figura del fiscal Delgado se fortalece porque recibe más atribuciones para combatir el crimen pero, a juicio de diputados opositores, al no tener ningún tipo de control o balance, pueden prestarse a abusos y a persecución política. La reforma que más provocó reacciones fue la que da potestad a Delgado de incluir nombres de personas y organizaciones en una “lista nacional de terroristas” si cumplen con el requisito de estar incluidos en una investigación preliminar de la misma Fiscalía; es decir, una indagación que no haya sido puesta en manos de un juez.
Alguien también podría ser incluido en la lista de terroristas por aparecer en “un proceso o una condena” por actos de terrorismo, o por pertenecer “a alguno de los grupos definidos como terroristas”, de acuerdo con la misma ley especial. Para que una agrupación sea definida como terrorista por el fiscal basta que tenga “algún grado de estructuración, que cumpla con los parámetros de la definición de organización terrorista' de la ley.
“Se pretende darle ese supra poder a la Fiscalía (…) No debemos de olvidar que el nombramiento del fiscal general fue un golpe a nuestra institucionalidad. ¿Qué garantía tendrán ahora los salvadoreños bajo un sistema que no tiene garantías constitucionales? Si existiera una verdadera independencia, esta herramienta que se discute hoy no debería ser usada como una de persecución más, sino, al contrario, como una herramienta en beneficio de los salvadoreños”, dijo el diputado de Arena, César Reyes, en la única intervención durante la sesión plenaria que pareció desafiar al oficialismo. Y en declaraciones a El Diario de Hoy, la diputada del FMLN Anabel Belloso dijo: “Hay mucha discrecionalidad para decidir quiénes se incluirán en esa lista”.
Delgado fue impuesto por los diputados de Nuevas Ideas el 1 de mayo de 2021 en su primera sesión plenaria sin seguir el debido proceso para destituir al anterior fiscal Raúl Melara. Desde entonces, Delgado no ha dado muestras de independencia: el presidente Bukele, por ejemplo, fue el encargado de anunciar con bombo y platillo durante un discurso a la nación, televisada y transmitida en cadena nacional, el operativo de allanamiento contra bienes del expresidente Cristiani que esa noche dirigía Delgado. El fiscal intentó justificarse días más tarde diciendo que era “insostenible” mantener en secreto el operativo” hasta la noche en la que Bukele dio su discurso, según declaró a Canal 21.
Delgado también destituyó a más de 160 fiscales solo por tener una edad superior a 60 años y luego, aunque recontrató a la mayoría, los colocó en un régimen de contratación inestable. Después desmanteló unidades fiscales de élite que investigaban la corrupción del Gobierno de Bukele y casos de negociaciones con pandillas. Además, Delgado dio su aval para el cierre de la Comisión Especial Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que había comenzado a investigar contratos irregulares de la pandemia. Recientemente, Delgado también dijo, sin mayor explicación, que habían decidido archivar más de 140 denuncias de muertes ocurridas en las cárceles durante el Régimen de Excepción. La Fiscalía es la institución del Estado que más incumple el derecho de acceso a la información pública, según un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos.
La reforma que da vida a “la lista de terroristas” la envió a la Asamblea Claudia Juana Rodríguez, la delegada para el despacho presidencial en los meses en que Nayib Bukele hace campaña presidencial.
Irónicamente, en la reforma se decía que lo que El Salvador buscaba era adaptar sus leyes a disposiciones de entidades supranacionales como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Solo minutos después, a las 8:15 de la noche, la voz de Bukele convocó a miles de usuarios en un “Spaces” que denominó “Hablemos de lo que no hablan los medios…”, y en una de sus primeras intervenciones, ante una pregunta de la usuaria @TonsOfMillions, Bukele lanzó sus críticas a organizaciones como la ONU, a quien acusó de imponer una “agenda” para mantener a El Salvador en el subdesarrollo. “Nuestro país es otro, en gran parte gracias a que no hicimos caso a lo que (dijo) este tipo de organismos y la llamada comunidad internacional que nunca ha velado por nosotros los latinoamericanos”, dijo Bukele en reclamo a lo que él considera llamados de la comunidad internacional que quieren “que el país regrese al pasado”. Desde abril de 2022, organizaciones humanitarias como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras han hecho llamados para que el Estado frene el abuso de la fuerza pública contra población inocente.
La reforma a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, aprobada finalmente con 63 votos y 9 abstenciones de la oposición, también incluye la posibilidad para que todo aquel incluido en la lista pierda control de sus bienes y estos pasen a propiedad del Estado. La reforma establece, sin embargo, que aquel cuyos bienes sean congelados tendrá derecho a que un juez evalúe si otorga acceso al dinero o recursos confiscados para suplir necesidades básicas y de sobrevivencia.
La reforma no establece ningún mecanismo nacional para exigir que el nombre de una persona o grupo sea retirado de la lista nacional, algo que sí se faculta cuando la designación se ha presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
También se incluyó en la ley una nueva definición de quién puede denominarse terrorista: “En igual sanción (prisión de 20 a 30 años y multa de $100 mil a $500 mil) incurrirá (…) el que, directa o indirectamente, suministrare fondos, activos, recursos financieros o materiales a (…) persona o entidad que haya sido designada como terrorista o grupo terrorista (…) o el que financie el viaje de estos dentro o fuera de territorio nacional con el propósito de perpetrar, planear, preparar o participar en actos terroristas o proporcionar o recibir entrenamiento terrorista.”
Este apartado calza con actividades que, según audios y documentos oficiales revelados por El Faro en mayo de 2022, han cometido funcionarios del Gobierno de Bukele, como Carlos Marroquín, director del Tejido Social, y el viceministro de Seguridad y Director de Centros Penales, Osiris Luna Meza. Según un documento con el que se justificó la captura en México de Élmer Canales Rivera, mejor conocido como “Crook de Hollywood”, ranflero de la Mara Salvatrucha-13, hubo funcionarios del Gobierno de Bukele que lo proveyeron de un arma de fuego y lo transportaron fuera del país para huir de la justicia. Este documento está incluido en las investigaciones que el Gobierno de Estados Unidos presentó en la Corte Distrital Este de Nueva York.
El fiscal también tendrá poder amplio en extradiciones
La última reforma de la noche fue al Código Procesal Penal, en donde se creó un mecanismo nuevo para definir las extradiciones de personas que otros Estados busquen en territorio salvadoreño o que El Salvador reclame en otros países. Fue aprobado con 62 votos y hubo 8 abstenciones de la oposición.
La reforma incluyó un libro de 60 artículos en el Código Procesal Penal y, según el fiscal general Delgado, se solventó así “una deuda histórica que existía desde 1998” que provocaba que el Estado nunca usara las mismas reglas en todos los casos cuando debía decidir si pedir una extradición o entregar a alguien a otro Estado. “Antes las extradiciones quedaban a criterio de los juzgadores”, dijo Delgado el 21 de diciembre pasado, durante una sesión exprés de la Comisión de Seguridad de la Asamblea donde se discutieron brevemente estas y las reformas a la ley contra el terrorismo.
Con esta reforma, el bukelismo quitó por completo a la Corte Suprema de Justicia cualquier margen de decisión importante sobre las extradiciones. Hasta junio de 2022, cada solicitud de extradición pasaba a manos de la Corte que luego remitía el expediente a un juez de Paz para que este hiciera los primeros análisis. El juez de Paz luego devolvía el expediente a la corte plena de 15 magistrados para su supervisión y aprobación final. Los magistrados entonces entraban en una serie de argumentaciones y conflictos que hacían que decidir una extradición demorara aproximadamente dos años, porque además no había una ley definida con un mecanismo concreto y, en cambio, los magistrados podían echar mano de leyes dispersas y convenios bilaterales con cada país.
Pero a partir de la reforma, la CSJ solo cumplirá un rol cosmético: solo cumplirá con el último paso de toda la cadena de momentos que lleva al Estado a aprobar o denegar formalmente una extradición. La Fiscalía de Delgado tendrá el mando de todas las etapas previas. “Presentada la solicitud formal de extradición por parte del Estado requirente, el fiscal general de la República, verificará si la misma cumple con los requisitos establecidos en el tratado o en esta normativa”, dice el artículo 502-S de la reforma.
Queda la duda de si la Fiscalía no está asumiendo funciones que la Constitución da únicamente a la Corte Suprema. La Fiscalía puede cerrar una solicitud de extradición de otro país por considerar que incumple requisitos legales, pero la denegación de una extradición le corresponde únicamente a la CSJ, según el artículo 181 númeral 3 de la Constitución.
En la reforma se incluye que si un salvadoreño no es extraditado a otro país, puede ser juzgado en El Salvador. Un punto grave de la reforma es que en esos casos, toda la información judicial del caso que se envíe al Estado salvadoreño no podrá ser conocida por el público. “La información o prueba suministrada será confidencial de acuerdo con los términos que establecen las leyes y regulaciones aplicables sobre la materia, pudiéndose utilizar únicamente para el caso que se ha requerido, no pudiendo divulgar o utilizar ninguna información o prueba obtenida en aplicación de estas disposiciones”, dice la reforma. Esto implica, por ejemplo, que si la ranfla de alguna pandilla es procesada en El Salvador por delitos cometidos por la estructura criminal en Estados Unidos, esa información no podrá ser consultada en El Salvador.
El empoderamiento de la Fiscalía en este tema comenzó a ocurrir a partir de junio de 2022 cuando la Corte emitió una resolución donde describía todos los poderes que le cedía a la Fiscalía. Este miércoles, la Asamblea se encargó de aprobar una reforma de ley que hace explícita toda esa cesión de poder, sin que se deje a la Corte mayor margen de debate o análisis. Dicha ley había estado en discusión en el Estado desde julio de 2021.
Esta cesión de poder a la Fiscalía ocurre cuando aún están pendientes varias extradiciones solicitadas por Estados Unidos. Uno de los requeridos por ese país era Crook, quien tuvo que ser detenido en México por autoridades de Estados Unidos luego de haber sido liberado ilegalmente por las autoridades salvadoreñas.
Patrick Ventrell, quien para mediados del año pasado era el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, fue explícito el 24 de junio durante una conferencia de prensa que brindó en San Salvador: “Ahora más que nunca es esencial extraditar a líderes de pandillas para que enfrenten a la justicia en Estados Unidos. Hacemos un llamado a las autoridades aquí en El Salvador para que extraditen inmediatamente a esos criminales, pandilleros, y especialmente a esos que están bajo su custodia”, dijo.
El tono incisivo contra el Gobierno de Bukele no era casual. En agosto de 2021, la Corte Suprema revocó un acuerdo tomado que aprobaba la extradición a Estados Unidos de Armando Eliú Melgar, mejor conocido como Blue, un mando medio de la MS-13. El acuerdo se derrumbó cuando funcionarios judiciales salvadoreños señalaron que el hecho que Blue podía ser condenado a tres cadenas perpetuas en Estados Unidos, violaba el principio jurídico que prohíbe la extradición cuando la pena a imponer a un salvadoreño sea mayor a la máxima que podía aplicarse en El Salvador por el mismo delito. El caso se archivó y luego Blue fue condenado en El Salvador a más de 30 años de cárcel por el delito por el que era buscado en Estados Unidos.
Otro de los líderes de la MS-13 al que Estados Unidos también ha pedido es Borromeo Enrique Henríquez, conocido como Diablito de Hollywood, el más reconocido líder de la ranfla de la Mara que está recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y que ha dirigido las negociaciones con los Gobiernos del FMLN y Bukele, así como con Arena y el FMLN, desde al menos 2012. Henríquez tuvo como abogado defensor al magistrado de la Corte, Miguel Ángel Flores Durel, ya fallecido.
