Por nueve años, entre 2009 y 2018, Sidney Blanco y otros tres magistrados sacudieron los cimientos políticos de El Salvador desde la Sala de lo Constitucional. Con sus resoluciones forzaron al Ejecutivo a transparentar gastos, limitaron el poder de los partidos políticos, abrieron la puerta a la existencia de candidaturas independientes, o derribaron el muro de impunidad que la ley de Amnistía de 1993 imponía a los crímenes de la guerra civil. Seis años después, jubilado a la fuerza por la purga de jueces impulsada en 2021 por el Gobierno de Nayib Bukele, Blanco está en un exilio voluntario.
“No vivo en mi país por cautela”, dice. “Ahora que el Gobierno pretende borrar la historia y a sus actores, vivir en El Salvador representa un riesgo para quienes hemos tenido alguna incidencia política o social, especialmente en temas de justicia o derechos humanos”. Fiscal del caso Jesuitas a inicios de los 90 —renunció por el sabotaje de sus propios superiores a su investigación— y juez por más de 25 años, Blanco decidió marcharse en 2023. Tras un año en Costa Rica, reside desde hace tres semanas en Arlington, Virginia, a pocas millas de la ciudad de Washington. Allí lo entrevistó El Faro.
Defensor a ultranza de la independencia judicial, fue de los primeros en alertar del riesgo de que el sistema de justicia salvadoreño se convirtiera bajo el poder de Bukele en brazo político de un partido. Ahora que el presidente controla la Corte Suprema e impuso una Sala de lo Constitucional a medida que validó ilegalmente su reelección, Blanco asegura que “los jueces en El Salvador han cedido la independencia para asegurar su sobrevivencia”.
Tal vez por eso ha aceptado ser parte de un panel internacional de expertos que, a partir de esta semana, observará en Guatemala el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación, iniciado este mes y que debería concluir en octubre. En juego no solo está la independencia de un sistema de justicia secuestrado desde hace décadas por intereses partidarios y actores corruptos; de la limpieza de esta selección de cortes depende el margen de maniobra que tendrá el gobierno de Bernardo Arévalo y, según los más pesimistas, incluso su sobrevivencia. Hay quien teme que, si la justicia sigue cooptada, se reaviven los intentos de darle un golpe de Estado desde los tribunales.
El panel de expertos, en el que Blanco acompaña a la abogada mexicana de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo y a la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y excanciller de Chile Antonia Urrejola, ha sido impulsado por catorce organizaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen CEJIL, WOLA, DPLF o Impunity Watch. O podríamos decir que por su extrema preocupación. El mismo Arévalo pidió en marzo a la Organización de Estados Americanos (OEA) enviar una misión internacional de observación de este proceso, la primera que designa un organismo multilateral para vigilar una elección de magistrados, en tiempos en que los pulsos por el control político de la justicia atraviesan todo el hemisferio.
“Cuando los países muestran fracturas democráticas es en buena medida porque hay o hubo malas elecciones en el sistema judicial, que es el que cuenta con las facultades para frenar abusos del poder”, afirma el exjuez salvadoreño. Y pide a la ciudadanía, que el año pasado ya salvó en las calles la victoria Arévalo, que se reactive: “Si un pueblo quiere asegurarse justicia, respeto a sus derechos, convivencia, igualdad ante la ley, tiene que volcarse a vigilar y apoyar este tipo de elecciones”, dice.
¿Cual es la tarea de este panel?
Observar y compartir comentarios y sugerencias, divulgar cómo estamos viendo el proceso de elección de cortes en sus distintas etapas. Aunque estamos representando a organizaciones civiles internacionales y también de Guatemala, somos un panel independiente, es decir, el mandato deja en libertad a sus integrantes para opinar sobre el proceso sin tener que escuchar o esperar aval ninguno de los organismos que nos han propuesto. Podremos hablar con total sinceridad; identificar y hacer públicas las ventajas y virtudes de este proceso, pero también las debilidades que podamos encontrar.
¿Cómo valorarán si tiene éxito?
El éxito de la misión obviamente no se reduce a que tengamos libertad de pensar y decir lo que queramos. Éxito sería que las elecciones de cortes en Guatemala se realicen observando los estándares internacionales reconocidos por el Sistema Interamericano. Éxito, para nosotros, sería aportar luces para que se haga un correcto proceso de elección, que las personas que van a decidir caigan en la cuenta de que la independencia judicial es crucial y su elección debe estar basada en las capacidades técnicas, honestidad o probidad de los candidatos. Identificar los estándares internacionales, recomendarlos y que los organismos electores los atiendan; eso sería un éxito.
Hace pocos años, investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público de Guatemala revelaron problemas estructurales que incluyen la existencia de redes de cooptación del sistema de justicia. Muchas de esas redes aún operan de forma impune. ¿Qué le hace pensar que, en ese contexto, se observarán los estándares internacionales?
La calidad de nuestra democracia descansa en gran parte en la independencia o sumisión de los poderes judiciales a los poderes políticos. Lo mismo pasa con el respeto a los derechos humanos y el principio de separación de poderes. Cuando los países muestran fracturas democráticas es en buena medida porque hay o hubo malas elecciones en el sistema judicial, que es el que cuenta con las facultades para frenar abusos del poder y tutelar los derechos de las personas.
Lo vemos en Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica o Chile: solo tribunales profesionales e independientes son capaces de garantizar la estabilidad democrática. En Guatemala, la debilidad del sistema de justicia radica en inadecuados procesos de elección, y de ahí la expectativa en que el proceso que acaba de comenzar pueda reconducir el país hacia el fortalecimiento de las instituciones.
Insisto: en un contexto en el que hay negociaciones mafiosas para conformar las cortes, parte del sistema de justicia operó el año pasado para boicotear la victoria de Bernardo Arévalo en las urnas, y cuando la comunidad internacional presionó para que se respetara el resultado electoral se alegó “soberanía”... ¿Qué puede hacer que este panel, o incluso la misión de observación de la OEA, tengan un impacto real?
Ningún país del mundo puede reclamar soberanía absoluta en tiempos en que la justicia es universal y el comercio es global. Vuelvo a lo que dije: lo que está viviendo Guatemala es producto de una mala elección de jueces. Porque los jueces no deben responder a grupos particulares sino a los criterios establecidos en la Constitución y al orden jurídico. Esa es la voluntad de los pueblos. Y si un pueblo quiere asegurarse justicia, respeto a sus derechos, convivencia, igualdad ante la ley, tiene que volcarse a vigilar y apoyar este tipo de elecciones. No siempre somos conscientes, pero la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es tan importante, y en algunos aspectos hasta más importante, que elegir un presidente de la república o un congreso.
No es casual que las leyes exijan mayores requisitos para este tipo de funcionarios que para un presidente o un diputado; se espera que sean las personas con mayor capacidad del país, y estas personas, con esa capacidad, tienen la atribución de dar un giro a lo que pueda estar ocurriendo en Guatemala. Los corruptos siempre querrán tener en su mano a un juez, a un fiscal, a una corte de apelaciones, influir en sus decisiones, pero si los jueces de un país se alinean con los poderes políticos, los poderes económicos o los poderes mafiosos es porque los órganos electores se equivocaron.
Guatemala está padeciendo ese mal y la idea es que este panel logre transmitir a los órganos electores esos estándares internacionales: primero, que por su trayectoria los candidatos hayan demostrado independencia de cualquier poder; segundo, que obviamente tengan los conocimientos y capacidad técnica apropiada; tercero, absoluta desvinculación de la política partidaria. Los jueces, como ciudadanos, tienen libertad de expresión, y no se les puede prohibir tener una ideología, pero sí es incompatible con su labor tener relaciones jurídicas con un partido. Por último, un juez debe tener también sensibilidad hacia los derechos humanos, porque su tarea, entre otras cosas, es tutelarlos.
Habla de un pueblo que se vuelca a vigilar. ¿Qué participación espera de la ciudadanía en este proceso de elección de cortes?
Espero de la sociedad guatemalteca que sea consciente de la importancia de este momento y exija transparencia y publicidad. Porque es cierto que los ciudadanos, cuando votan por un representante en el Congreso, le están delegando que actúe por ellos, pero eso no agota la participación política, que está vinculada a que ese representante satisfaga lo que el ciudadano espera de él. La ciudadanía no puede cruzarse de brazos en un proceso de esta naturaleza; debe vigilar de cerca a sus representantes para que actúen conforme a lo que ésta quiere.
Espero, por ejemplo, que los ciudadanos se aseguren de que los integrantes de las Comisiones de Postulación gozan de las credenciales y la honestidad suficientes. Y es importante que los ciudadanos estén presentes en las entrevistas que las Comisiones harán a los candidatos. O que vigilen que las reglas del juego que establezcan esas Comisiones sean equitativas, y si la tabla de puntajes usada para calificar las credenciales de cada candidato hacen prevalecer realmente a los mejores. Por ejemplo, la ciudadanía podría decir “el puntaje que se da a la experiencia es demasiado alto, porque una persona puede tener 25 años de experiencia pero no ser independiente”.
Nuestro panel presentará informes a lo largo del proceso, y tenemos previsto realizar al menos dos visitas de campo a Guatemala para encontrarnos con actores de sociedad civil, los tres poderes del Estado, los pueblos indígenas... Nuestra labor será estimular la participación de la sociedad.
¿Qué obstáculos cree que enfrentarán?
Puedo imaginar reacciones airadas y acusaciones de parcialidad o injerencia en el momento en que nos pronunciemos. Pero no debería verse de ese modo; todos los integrantes del panel pertenecemos a la región latinoamericana, nos interesa que nuestros países tengan una convivencia democrática, y la estabilidad o inestabilidad política de un país repercute en el resto. Yo soy salvadoreño, Guatemala es nuestro vecino, y lo que pase allí es casi como si estuviera ocurriendo en El Salvador. Habrá por supuesto objeciones a nuestra presencia, porque no todos están en la línea de impulsar que se nombre a los mejores. Hay en juego intereses. Hay quien espera que continúe la impunidad y el Estado sea permeable a sobornos, en contra del interés general y el bien común.
¿Tendrán algún tipo de coordinación con la misión de observación de la OEA?
Sí. Estamos ya buscando reunirnos con esa misión para intercambiar visiones y poder compartir lo que cada uno observa.
Vuelvo al involucramiento de la ciudadanía. A usted y otros tres magistrados de la Sala de lo Constitucional en El Salvador se les adjudicó un apelativo propio de la cultura pop: “Los cuatro fantásticos”. Es reflejo del nivel de respaldo ciudadano que tenían y la importancia que cobró en aquellos días la protección de la Constitución. Aquel apoyo los protegió de ciertos intentos de cortar su independencia. Sin embargo, apenas cinco años después en El Salvador no hay independencia judicial. El apoyo ciudadano resultó ser muy efímero.
Efectivamente, nuestra experiencia en la Sala de lo Constitucional gozó de respaldo ciudadano y lo vimos en casos concretos, como cuando se promulgó en 2011 el Decreto 743, que quería obligar a que solo pudiéramos tomar decisiones por unanimidad y el pueblo salió a protestar. O cuando nosotros empoderamos a la ciudadanía al decir expresamente en un par de sentencias que la participación política no se agota con la presencia de partidos políticos y los ciudadanos podían votar directamente por el candidato que les gusta y no solo por una bandera política. En ese y otros casos, se construyó una riqueza jurisprudencial y los ciudadanos sintieron que tenían algo más que dar, aparte del voto, y podían ser una presencia permanente.
Pero para afianzar un sistema no bastan nueve o diez años. Son procesos largos. Lo que ha ocurrido después en El Salvador prueba que el sistema judicial no echó raíces en fundamentos de independencia.
Por ejemplo, nosotros en 2009 o 2010 establecimos que la independencia es clave, especialmente en instituciones que ejercen control como los jueces, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas o la Fiscalía. Pero antes de que la gente lo asimilara, de pronto, aparece un populista vendiendo una idea que busca destruir ese concepto que apenas empezaba a echar raíces. No hubo continuidad. Y claro, a eso le has de agregar el terror. Muchísimos jueces, aunque estaban convencidos de que la independencia es su mejor arma, han priorizado la estabilidad laboral, la seguridad de su familia o su propia libertad. Prefirieron ceder su independencia y salvar otras cosas.
Está diciendo que en El Salvador, hoy, los jueces tienen miedo.
Claro. Los jueces en El Salvador han cedido la independencia para asegurar su sobrevivencia. Y es un fenómeno que amenaza a toda la región, porque desde los poderes públicos, especialmente desde los poderes políticos, que cuentan con el monopolio de la fuerza, se amenaza y amedrenta a cualquier servidor público que pretenda ser independiente. Vuelvo a los Acuerdos de Paz de El Salvador: uno de sus puntos centrales era la independencia judicial, pero los partidos de aquella época no prestaron atención al tema y empezaron a repartirse cuotas en vez de fortalecer la independencia de la Judicatura.
Sucede en la mayoría de países.
Sí. Los órganos electores deberían elegir y olvidarse de los tribunales y cortes, pero sabemos que eso no es así, ni allá ni aquí, en Estados Unidos. Porque el órgano elector quiere conservar acceso al funcionario judicial para que mañana pueda acompañarlo en una política que piensa implementar, por ejemplo. Es una tarea larga, la de sensibilizar a la ciudadanía. No se construye de la noche a la mañana. Pero cuanto más tarde empiece ese proceso, más se demorará la estabilidad democrática.
En el área de Washington hay una veintena de jueces y fiscales guatemaltecos exiliados.
Es evidente que también en Guatemala los jueces tienen razones para tener miedo. Y probablemente también lo tienen algunos de los integrantes de esas Comisiones de Postulación.
¿Y cómo sugiere usted que hagan frente a ese miedo a sufrir represalias?
El miedo es natural en el ser humano, es la advertencia de lo que te puede pasar. Hay momentos en los que uno comienza a valorar si vale la pena defender con la vida la independencia judicial, que es algo tan abstracto, o arriesgar el bienestar de su familia. No hay muchos dispuestos a hacerlo. Guatemala ha sido en los últimos años un ejemplo del uso del sistema judicial como herramienta de persecución contra aquellos que han demostrado independencia y pretenden realizar un trabajo honesto.
Por eso vuelvo a insistir: ¿qué se le dice a un juez, o en ese caso a alguien en una Comisión de Postulación, que se encuentra en ese escenario?
En la Sala de lo Constitucional de El Salvador nosotros también fuimos amenazados de muerte, o con ser destituidos, procesados, encarcelados. Y cuando aparecían esos temores decidimos compartirlos con otros actores de la sociedad. Cuando dictamos sentencias fuertes como la que declaró la nulidad de la Ley de Amnistía del 93, por ejemplo, nos rodeamos de actores como la Iglesia, la academia, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y les explicamos la sentencia. Dijimos “estos son los argumentos, estas son las razones”. Y como resultado apareció ese ejército de ciudadanos opinando y difundiendo, con conocimiento, nuestra razones. Esa estrategia funcionó.
No estar solos.
Exacto, no estar solos. Es cierto que el juez, en el momento de decidir sobre un caso, no anda consultando. Y también que a veces las decisiones del juez son impopulares o contra el sentir de la mayoría, porque el juez no se mueve por la popularidad, los aplausos ni el apoyo sino por las razones jurídicas. Pero una vez compartes los fundamentos de tu decisión con la gente que tiene capacidad de entender, de oírte, haces posible que salgan luego en defensa tuya. Antes imperaba el criterio de que los jueces no tienen que decir nada en público, que la sentencia habla por el juez. Yo en algún momento abanderé esa tesis. Ahora estoy convencido de lo contrario, de que el juez tiene que salir a los medios de comunicación y dar explicaciones. Y creo además que una sentencia debe estar tan fundamentada que al juez no le dé temor explicarla.
He llegado a creer que, a menudo, cuando un juez evade hablar sobre su sentencia es porque no está convencido o algo ocurrió durante su elaboración. La mayor tranquilidad que puede tener un juez es la de poder hablar de sus sentencias, y eso se aplica también a la elección de cortes. Quienes conforman las Comisiones de Postulación han de ser capaces de argumentar luego en público su decisión.
Y sí, a lo mejor los comisionados también tienen miedo, pero la mayor garantía que pueden tener es estar seguros de que si se decantan por determinado candidato no obedece a nada indebido. Defender en público y en privado por qué prefirieron a un candidato y no al otro es lo que les puede dar estabilidad, permitir que los demás entiendan, despejar cualquier duda de posible irregularidad y contrarrestar el miedo. Porque si proceden así la sociedad responderá y acompañará a esas personas.
Suena un poco idealista.
Tenemos que ser idealistas. De lo contrario no tendría sentido hablar de justicia. Hay quien no cree en nada, quien piensa que la esperanza, las ilusiones, los ideales no existen. No soy uno de ellos. Yo tengo fe en que la sociedad guatemalteca se interesará por el tema. Creo que ya lo está haciendo. Guatemala nos ha demostrado la fuerza que tiene un pueblo cuando quiere cambiar el rumbo de un país. Ojalá esas fuerzas no estén agotadas todavía, porque a veces la gente se decepciona, quiere cambios inmediatos, y estos son procesos lentos, a veces desesperantes, pero que no hay que soltar porque, si no, tocará volver a empezar. Una vez encaminado un ideal, hay que insistir en él.
