La constructora Fénix, una empresa que desarrolla un millonario proyecto habitacional en la Hacienda La Labor de Ahuachapán y que desde hace tres años arrastra protestas y denuncias de los habitantes de varias comunidades por la perforación ilegal de unos pozos, ha logrado por medio de la Fiscalía salvadoreña enjuiciar por segunda vez a un campesino de 64 años, enfermo y desempleado.
Adonaldo Antonio Artero, un jornalero que toda su vida ha trabajado en la hacienda, enfrentará un segundo juicio por la supuesta ocupación violenta de la propiedad en la que Fénix perforaba pozos para abastecer a las 1,789 casas del proyecto Eco-Terra Hacienda, pese a que no tenía los permisos ambientales en ese momento. La Cámara Tercera de la Sección de Occidente anuló el 24 de abril de 2024 una sentencia en la que el campesino fue declarado inocente por falta de pruebas. La Cámara ordena repetir el juicio.
El mismo documento confirma la absolución a favor de otros seis habitantes que fueron enjuiciados el tres de octubre de 2023 por el delito de ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo. En esta resolución, el campesino Adonaldo será el único que seguirá enfrentado a Fénix en un tribunal.
Inversiones e Inmobiliaria Fénix opera desde el 2 de marzo de 2014. La sociedad fue constituida por Rodolfo Joaquín Recinos de León, un abogado que ha trabajado para la constructora Salazar Romero, y por Víctor Manuel Molina Chamagua, un motorista originario de Ahuachapán. Fenix inició con un capital de dos mil dólares, pero año tras año no ha parado de crecer, según los balances presentados al Registro de Comercio. Para el 2022, reportó activos por $86.6 millones; y al año siguiente aumentó a $143.4 millones.
Fénix es dueña de varias propiedades, por ejemplo, en Comecayo y La Empalizada, en Santa Ana; Los Amates, en San Sebastián Salitrillo; en Chipilapa (proyecto Eco Terra Hacienda) y en el centro de Ahuachapán. Otro de los proyectos que han ejecutado es Acropolis, una residencial de clase media en Sonsonate con la que destruyó el sitio arqueológico de Tacuscalco. El Ministerio de Cultura le impuso una multa de $300,000 por esos daños irreparables.
Esta empresa que reporta millones de dólares en sus balances y que pagó una multa de miles de dólares por violar la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural es la contraparte del campesino Adonaldo, un hombre menudo de cabello negro, con la piel curtida por el sol, y que ganaba entre cinco o seis dólares diarios cuando trabajaba en la hacienda. Hace tres años la Fiscalía ordenó su captura, pero fue procesado en libertad condicional. Desde que inició el caso en su contra, Adonaldo dejó de trabajar en el campo, dice que enfermó de los nervios y que ahora todo se le olvida, pero que no ha podido consultar con ningún médico porque no tiene dinero. “Económicamente no me alcanza, acuérdese que yo no me defiendo, no gano un salario, yo vivo en la humildad”, cuenta.
Las protestas de los habitantes contra Fénix iniciaron el ocho de marzo de 2021. Cientos de personas bloquearon una calle y lograron parar las obras durante algunos días, pero la Fiscalía intervino con una serie de capturas que desbarataron la organización comunal. El camino quedó libre para que Fénix siguiera con la construcción sin ninguna resistencia: tres años después del encontronazo entre los habitantes y la empresa, sobre aquella planicie en la que se cultivaba caña, maíz y maicillo, hay un centenar de casas que ya están en venta. El paisaje cambió del verde al gris del cemento.
Las comunidades se organizaron porque Fénix no tenía los permisos ambientales para perforar unos pozos y temían que eso afectara el único manantial que los abastece. Pese a denunciar el caso en el Ministerio de Medio Ambiente, en la Fiscalía y en un Juzgado Ambiental, los que terminaron encarcelados fueron siete habitantes. La Fiscalía resolvió en un tiempo récord de 20 días el caso y la empresa siguió construyendo.
A la orilla de la carretera principal que conduce hacia Ahuachapán, la fachada del proyecto Eco-Terra Hacienda está terminada, y a un costado hay una fila de locales donde operan franquicias de comida rápida y una farmacia. Al otro lado de la calle, Fénix sigue construyendo más casas, sin que nadie le cuestione el proyecto porque algunos líderes comunales inconformes temen ser capturados por el régimen de excepción . El campesino Adonaldo dice que la empresa ya logró su objetivo y que por eso no entiende por qué la Fiscalía salvadoreña insiste en procesarlo.
—¿Por qué lo están haciendo? ¿Y no ya ganó todo, pues? Ellos mismos lo dicen: ya ganaron todo, ya lo tienen servido y tener (procesada) a una persona que ni dinero tiene para comer. ¿Cuál es la molestadera que tienen con una gente humilde?
Mi vecino, mi enemigo, el testigo
Medio centenar de vecinos de las comunidades La Bomba, Pega Pega, el Llano de Doña María, el cantón Río Frío y del casco de la Hacienda La Labor se apostaron el ocho de marzo de 2021 sobre una calle de terracería, al costado de la propiedad de Fénix, para exigir a los empleados que apagaran las bombas que habían comenzado a extraer agua. “Apaguen esos bolados”, gritaban, según vídeos que difundieron en redes sociales.
Los habitantes denunciaron que la perforación de pozos afectaría al único manantial que abastece de agua a sus comunidades. Además, reprochaban que la empresa no tenía el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para realizar esos trabajos. Campesinos y obreros cerraron la calle de terracería como una medida de protesta y lograron parar las obras por unos días.
El enfrentamiento de los habitantes con la constructora era la parte visible del conflicto. Había otro componente que hacía más complejo el problema: una comunidad dividida. Algunos habitantes apoyaban el proyecto inmobiliario porque la empresa les había dado un empleo formal, algo difícil de conseguir en esa zona rural y empobrecida. Entonces, el pleito con la empresa era, también, un pleito entre vecinos que estaban a favor y en contra de Fénix. Es así como Geovanni Antonio Pineda Cabezas, residente en la hacienda La Labor y guardia de seguridad de la constructora, se convirtió en uno de los testigos de la supuesta invasión violenta. Vecino contra vecino. Pineda Cabezas declaró en la Fiscalía contra sus conocidos de toda la vida.
“Al llegar al lugar, a unos 30 o 40 metros, un grupo de personas que se encontraban en el lugar impedían el ingreso, estaba el señor Adonay Artero”, dijo a los fiscales. El testigo, de 50 años de edad, quien ha residido en La Labor durante toda su vida, no dijo el nombre correcto de Adonaldo, que vive en el mismo sector de la comunidad. Un par de casas los separan. Esa cercanía, dice Adonaldo, lo ha dejado sin trabajo desde que hace tres años inició el proceso en su contra. Adonaldo teme salir a la calle con su herramienta de trabajo porque su vecino lo podría denunciar otra vez, sin fundamento.
—Ahorita yo no puedo andar rebúscandome por ir a ganar un mi peso, no puedo cargar un machete para irme a botar un palo. Y ese es mi trabajo: cultivar milpa, descumbrar (podar árboles). Hoy no puedo cargar mi corvo ¿por qué? Porque él (el testigo Pineda Cabezas) va y viene. Él vive por ahí y yo vengo de allá arriba. (Por el proceso judicial) Uno ya está sometido.
Aunque el testigo Pineda Cabezas asegura que fue víctima de protestas violentas, en los vídeos que pobladores subieron a redes sociales solo se observa a decenas de personas portando pancartas con mensajes como el siguiente: “¿Quién les autorizó dejar sin agua a más de 22 mil personas? El agua es un derecho no una mercancía”. En los vídeos también se escuchan gritos como “fuera”, pero ninguna acción violenta. El campesino Adonaldo señala la falta de pruebas en un proceso que considera injusto: “Esos bolados (teléfonos) son bien bonitos porque todo están grabando, si así hubiera sido don Geovanni hubiera tomado fotos, pero no tiene nada. Dios sabe que no es así”.
La noche del 25 de noviembre de 2021, la Policía montó un operativo para capturar a los que consideraban los instigadores de las protestas contra Fénix. Los agentes se equivocaron de casa y por esa razón Adonaldo no fue capturado. El proceso judicial lo enfrentó en libertad condicional, guardó el machete como una medida preventiva y desde hace un año se dedica con más ahínco al cuido de sus nietos porque uno de sus hijos que trabajaba como custodio de Centros Penales falleció en un accidente de tránsito. Al mediodía del 25 de junio de 2024, Adonaldo estaba con sus nietos y sobre una ladera de tierra les había improvisado con un plástico negro una casita sostenida por pedazos de madera y bambú. Los niños corrían alegres alrededor de la casa imaginaria.
—Aquí me da mis tortillas la muchacha (esposa de su hijo fallecido). En mi casa solo echo llave y me vengo a ver a los niños, ese es mi cargo ahorita, darles la mano. Lo que el niño no puede, yo se lo hago, me pide un juguete yo se lo hago. Mire, ahí está, ja, ja, ja, ja—, dice, mientras señala el plástico negro que se levanta del suelo.
La Fiscalía asegura que Adonaldo y otros habitantes “gritaban consignas como mecanismo de intimidación” en contra de la constructora Fénix y que en ese entorno violento el testigo Pineda Cabezas fue golpeado con una piedra en el tobillo, aunque no señalan a nadie en concreto como autor de la lesión. Adonaldo cree que hay una exageración de la gravedad de los hechos para beneficiar a la empresa.
—Son cosas que no tenían valor, pienso yo, pero él (Pineda Cabezas) le puso valor por medio de la empresa. Eso no ocurrió así, sabe Dios que no. Él lo que quiere es agrandarse, hacer más grande el problema y enrollarse con la empresa, así como lo oye, ante Dios. Lo que él dice es una vanidad y, si tuviera una foto en la mano, que lindo fuera, yo fuera a pagar, pero como Dios sabe que no. (Por el proceso) uno ya está sometido.
El Faro ha intentado contactar con Pineda Cabezas desde enero de 2022, cuando se publicó el primer reportaje sobre la disputa por el agua , pero no fue localizado en su comunidad. Desde ese tiempo también se han solicitado entrevistas con la Inmobiliaria Fénix para concederles su derecho de respuesta, pero no han atendido las peticiones. El 10 de julio de 2024, el periódico envió un correo electrónico al empleado de la empresa que recibe las notificaciones del Registro de Comercio, pero hasta el momento no ha respondido.
Al siguiente día, el 11 de julio de 2024, El Faro llamó a las oficinas de la compañía. La persona que atendió la llamada dijo que el encargado de responder a las peticiones de la prensa no se encontraba en ese momento, pero prometió lo siguiente: “Le voy a pasar el dato cuando regrese y le voy a decir si se puede comunicar con usted”. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo una respuesta a la solicitud.
El regreso a marzo de 2023
El 10 de marzo de 2023, la jueza del tribunal de sentencia de Ahuachapán, Claudia Pérez de Méndez, consideró que no existían pruebas contra los siete habitantes de La Labor acusados de invadir violentamente la propiedad de la constructora Fénix. “No se logró individualizar a las personas que se encuentran señaladas y es hasta imposible advertir dónde es que surgen los señalamientos en contra de los imputados. De las declaraciones de los testigos no se han realizado señalamientos directos en cuanto a la conducta desplegada por los encausados. Solo mencionan nombres y ni siquiera nombres completos”.
La jueza absolvió a los siete procesados: Jorge Alberto Zúniga Artero, José David Miro Escalante, Rosa Miriam Cinco, Erika Rosmery Solórzano de Guerra, Kevin Josué Méndez Girón, Mario Antonio Cinco y Adonaldo Antonio Artero.
El fiscal Carlos Iván Carballo Ramos apeló esa decisión por la “inobservancia a las reglas de la sana crítica”. A lo lógico. El fiscal se quejaba de una errónea valoración de los testimonios y del contexto violento de las protestas. El caso llegó a las manos de dos magistrados de Cámara que resolvieron la apelación el 24 de abril de 2024. La Cámara confirmó la absolución de seis habitantes, pero anuló el juicio contra el campesino Adonaldo porque no se valoró que uno de los testigos lo reconoció en rueda de fotografías.
“El acusado Adonaldo fue individualizado e identificado por medio del testigo Pineda Cabezas y por el reconocimiento de fotografías judicial y decir que se absolvía porque ningún testigo lo señaló ni se realizó ningún reconocimiento en fila de personas no era un argumento acertado para arribar a dicho fallo, en el caso de este único acusado. Hemos de declarar la nulidad de la vista pública en el caso en examen”, resolvió la Cámara.
La Fiscalía no está conforme con solo enjuiciar, otra vez, al campesino Adonaldo. El 28 de mayo de 2024, los fiscales presentaron un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que solicitan que el proceso judicial continúe contra los otros seis procesados.
“Y no le extrañe que esta Sala los regrese a juicio”, dice Ricardo Martínez, uno de los abogados que defiende a los habitantes de La Labor. “Estoy seguro de que hay intereses económicos de por medio. Ellos (Fénix) le dijeron a la gente que si no desistía de las protestas, iban a hablar con el Gobierno, no me queda duda de que puedan hacer eso. ¿Ha visto usted que en 20 días investigan un caso y ordenan órdenes de captura? Yo he presentado denuncias por falsedades, con experticias, y llevan más de un año y medio esperando en la Fiscalía. Así como están las cosas ahorita, no se resuelve un caso en 20 días sin la comparsa del Gobierno y de la Fiscalía”, insiste el abogado.
El campesino Adonaldo considera que el proceso contra los habitantes no solo es por la explotación del agua sino también por la tenencia de la tierra. “En el Salitre, como socios, nos dejaron un pedazo de herencia, pero el ISTA no ha tenido la oportunidad de ir a escriturar. Eso está en una parte individual de Salazar Romero, son tierras desmembradas y ahí está el problema. ¿Sabía usted que nos están humillando? El Gobierno puede decirle a la Cámara, nos puede sacar libres, pero entre el Gobierno y Salazar Romero quizás hay algo. Nosotros estamos humillados como ciudadanos, como campesinos. Un humilde está hablando esto y eso ya es complicado para mí”.
El abogado Martínez también cree que tras el largo proceso judicial hay un interés inmobiliario y de control sobre los habitantes. “El principal interés económico es que ellos (Fénix) tienen más tierras en esta zona y quieren seguir desarrollando y no quieren que la gente levante la mano. Es una forma de decirles que si siguen (con protestas), tenemos el poder de meterlos presos”.
El cierre del litigio entre los habitantes y la constructora parece estar lejos. El campesino Adonaldo tiene esperanza en que la empresa se canse y retire los cargos, pero el pasado 28 de mayo de 2024, Fénix, por medio de la Fiscalía, confirmó que quiere extender el caso hasta las últimas consecuencias: la casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). A pesar de que, como reconoce Adonaldo, Fénix ganó, él reivindica sus acciones de protesta: “Estuve luchando por la tierra; como la tierra es de Dios, no es para el rico, es para el campesino. Eso alcancé a entender yo y eso les ha dolido”.
