El asfixiante calor en Condadillo es un poco más tolerable en un estanque detrás de la casa de Will Claros. Un pescador de 43 años con un diente de oro y una tímida sonrisa, Claros vive en el distrito de Conchagua, La Unión, en el oriente de El Salvador. Su caserío queda al lado de la carretera Litoral que bordea toda la costa y llega al Océano Pacífico. Ahí, él y sus vecinos madrugan para pescar boca colorada, desenterrar curiles o alimentar sus cerdos, gallinas y ganado. En su casa, se sentó bajo la sombra de un árbol de mango, al lado de sus redes. “Espero que quede grabado que esto existía aquí porque al final ya no va a existir”, me dijo.
Si todo sale según los planes del gobierno, Condadillo va a desaparecer. Un megaproyecto que la administración ha bautizado como “Bitcoin City” tomará su lugar. En noviembre de 2021, en una lujosa fiesta privada de playa, el presidente Nayib Bukele anunció sus planes para construir una nueva metrópolis basada en el uso de la criptomoneda bitcoin. Los invitados eran, en su mayoría, inversionistas en cripto de Estados Unidos y Europa. Seis meses después, con revuelo internacional, mostró una maqueta dorada de una ciudad moderna con rascacielos al lado del mar.
Bukele concibió esta ciudad de ensueño a partir de una serie de promesas que quizá le resulten difíciles de cumplir. El corazón de la ciudad será una plaza engravada con el símbolo de Bitcoin. La ciudad generará energía geotérmica del cercano volcán de Conchagua. No habrá impuesto predial ni sobre la renta. Las personas podrán comprarse apartamentos de lujo de un cuarto de millón de dólares o alojarse en un elegante hotel tras aterrizar en el nuevo aeropuerto de la ciudad.
Nada de esto se ha construido. No se ha colocado ni la primera piedra. Pero la pista del aeropuerto pasará donde ahora queda el estanque en el patio trasero del jardín de Claros.
La tranquila vida de clase trabajadora de Claros cambió hace tres años. Desde entonces, empleados públicos se han parqueado en la entrada de su casa para tomar muestras del suelo y agua. Una retroexcavadora hizo largas zanjas alrededor del caserío durante las pruebas y decenas de árboles alrededor del estanque tienen ahora una marca con aerosol naranja, señal de que serán removidos. La fecha límite para las empresas interesadas en obtener los contratos de terracería y obras de paso del aeropuerto fue el 11 de julio. Claros, como sus vecinos, fue forzado a vender su tierra.
“Es como estar en una guerra”, me dijo Claros, sentado al borde del agua. “Estás esperando a cada ratito que te caiga un bombazo en la casa y se acabó”.
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El presidente Bukele prometió a los salvadoreños erigir una economía próspera con Bitcoin como uno de sus pilares. En junio de 2021, hizo de bitcoin una moneda de curso legal en cuestión de horas. Quería atraer inversión extranjera pero al mismo tiempo desviar la atención de su creciente autoritarismo. Solo habían pasado cinco semanas desde que la Asamblea, que él controla, removió ilegalmente a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, dos grandes piedras en su zapato, y los reemplazó con aliados. En los siguientes meses, el Bitcoin acaparó los titulares internacionales. “Bitcoin City”, según el presidente, se financiará principalmente con las ganancias de transacciones que el gobierno haga a partir de los altibajos de la volátil criptomoneda. La ciudad está en el centro de la apuesta de Bukele por el Bitcoin.
Esa apuesta no ha dado resultados económicos. Casi nadie usa bitcoin en El Salvador en la vida cotidiana. La promesa oficial era que Bitcoin podría ahorrar 400 millones de dólares al año para sus usuarios, únicamente en no pagar comisiones para enviar remesas desde Estados Unidos. Pero el Bitcoin sigue siendo un vehículo pequeño: un total de solo 302.2 millones fueron enviados a través de billeteras de criptomonedas en los tres años desde que la ley entró en vigor, según cifras del Banco Central de Reserva. Eso equivale al 1.3 % de todas las remesas enviadas en ese periodo (el Gobierno no publica datos sobre ahorros en comisiones). Durante el primer año unas 50 empresas especializadas en criptomonedas se instalaron en el país, según una exasesora del gobierno en temas tecnológicos. Crearon 113 empleos, según un comunicado firmado por 14 de estas compañías.
El legado del proyecto Bitcoin ahora descansa en la capacidad de Bukele de construir un aeropuerto, porque eso es lo único que le queda. La narrativa gubernamental parece ser: construye un aeropuerto y los bitcoiners regresarán. En junio de 2022, la Asamblea Legislativa controlada por Bukele aprobó 12 millones de dólares para comenzar la construcción. Federico Anliker —un compañero de secundaria de Bukele que ahora preside la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)— ha dicho, sin más detalle, que el aeropuerto en Condadillo atraerá industrias tecnológicamente avanzadas y creará decenas de miles de empleos sólo en su primer año de operación.
Pero cuesta imaginar el aterrizaje de este proyecto de aeropuerto, ni mucho menos la ciudad Bitcoin que, según el Gobierno, surgirá gracias a él.
Tanto su financiamiento como su fuente de energía siguen siendo una incógnita. No se han presentado estudios públicos ni proyectos de inversión que garanticen que el volcán de Conchagua pueda producir energía para el consumo. De hecho, dos expertos en energía salvadoreños desmienten por completo la creación de nuevas plantas: uno me dijo que Conchagua nunca se tomó en cuenta como posible sitio. Otro escribió que el anuncio de Bukele del descubrimiento de un solo pozo que proveerá “95 megawatts” es “claramente falso”, porque no existen pozos con esa capacidad en ningún lugar del mundo.
En un inicio se decía que la construcción de Bitcoin City iba a ser financiada parcialmente por bonos gubernamentales mercadeadas a entusiastas del bitcoin como “Bonos Volcán”, ya que una parte de las ganancias se iba a invertir en instalaciones para captar energía geotérmica. Los bonos debían salir a la venta en febrero de 2022, pero el gobierno ha incumplido varias fechas límite para su lanzamiento. La última, en el primer trimestre de 2024.
El ministro de Hacienda ha ofrecido varias excusas por el retraso, como la invasión rusa a Ucrania o la necesidad de “esperar mejores condiciones de mercado”. Pero la razón de fondo podría ser tan simple como el escaso interés. En abril de 2024, por ejemplo, el gigante cripto Bitfinex lanzó una oferta para recaudar 6.2 millones de dólares para construir un nuevo hotel Hilton en el aeropuerto internacional Monseñor Romero de El Salvador. Según reportes, solo alcanzó 342,000 dólares y los inversionistas están esperando un reembolso porque no llegaron a los requisitos mínimos.
El gobierno aún no ha anunciado otros planes de financiamiento para Bitcoin City.
Pero la inviabilidad económica no hizo que el proyecto se desvaneciera porque, en realidad, es un ejercicio en apariencias. En su anuncio, Bukele comparó Bitcoin City con Alexandría, la icónica ciudad de Alejandro Magno. Él mismo ha vinculado su estatus como “CEO de El Salvador” —cómo se ha autodenominado en su biografía de X— al éxito de su apuesta.
Esta es la historia de un olvidado caserío de pescadores que parece destinado a transformarse en un paraíso turístico para cuentas bancarias voluminosas. Está siendo planeado por inversionistas que apelan tanto a cripto-evangelistas de hueso colorado como a salvadoreños expatriados que sueñan con volver a casa.
Esto ocurre en Centroamérica, pero ya ha pasado en el sudeste de Asia o en el Caribe, donde las casas y los terrenos de agricultura se están transformando en resorts y torres de apartamentos atendidos por mano de obra local. En ese sentido, estas ideas no son tan nuevas.
Anliker ha sido claro en los planes del gobierno. En una entrevista televisiva en octubre de 2022, anunció que los residentes de Conchagua serían reubicados “a un lugar digno, mucho mejor de donde viven ahora, condiciones muy duras para mucha gente”.
Los que viven y trabajan en Conchagua saben que el desplazamiento es más probable que la prosperidad. “Hay gente millonaria que está dando gracias a Dios que esto se dé, pero no está viendo que los afectados somos nosotros”, dijo Will Claros.
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El anuncio del aeropuerto en 2022 hizo que el valor de la tierra en Condadillo se quintuplicara. Empezaron a correr rumores entre vecinos sobre la aparición de personas extrañas de Estados Unidos, Italia o Japón que deambulaban por la ciudad en busca de propiedades en venta. Un anuncio en un poste de tendido eléctrico en la carretera dejaba un número de teléfono con el mensaje: “Necesito propiedades y terrenos”. Incluso las vueltas de un hombre desconocido a bordo de un pickup o el zumbido de un dron despertaban sospechas: ¿es del gobierno? ¿será un inversionista o sólo un turista?
Pero aunque quisieran vender sus terrenos, los viejos residentes de Condadillo no pudieron gozar del apogeo de precios. Solo tuvieron la opción de vender al gobierno a un precio menos que agradable.
El 4 y 5 de octubre de 2022, algunos empleados de CEPA llamaron uno por uno a los residentes de Condadillo y los citaron a una reunión en La Unión, la capital del departamento a 21 kilómetros de distancia. Ahí les pidieron que firmaran promesas de venta de sus tierras al gobierno de El Salvador, ofreciéndoles 8,000 dólares por manzana. Claros y sus vecinos se resignaron a vender sus casas a ese monto.
Cuando consultaron con otros propietarios en el área, se dieron cuenta de que para conseguir parcelas similares a las suyas, con espacio para cultivar y fácil acceso al océano, tendrían que pagar más de 40,000 dólares —cinco veces el precio oficial que recibieron— por manzana.
Will Claros me explicó que muchos residentes firmaron las promesas de venta a un precio inferior al del mercado en aras de supervivencia. “Firmamos porque nos dijeron que, si no, íbamos a irnos a la Fiscalía. Y nosotros no queremos problemas. Por eso, mucha gente se apresuró a firmar papeles, aunque a esta fecha quizá uno pudo haber sacado mejor resultado”, contó en enero de 2023.
Tiene sus razones para preocuparse. Para cuando los residentes fueron llamados a las oficinas de CEPA, el régimen de excepción llevaba siete meses de vigencia, cinco más que lo que permite la Constitución. Para entonces, unas 55,000 personas ya habían sido arrestadas (esa cifra ahora es superior a 80,000). Los detenidos no tienen derecho a la defensa efectiva y pueden pasar meses en la cárcel antes de su primera audiencia. No hay garantías de habeas corpus. Una reciente investigación de Human Rights Watch encontró “violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia”. El régimen de excepción sigue vigente. Uno de cada 50 adultos en El Salvador está encarcelado.
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No son buenos tiempos para desafiar al gobierno. En febrero, Bukele fue reelecto como presidente para otros cinco años pese a una prohibición constitucional a la reelección, gracias al aval de la Sala de lo Constitucional que su partido, Nuevas Ideas, instaló ilegalmente en 2021. Esa legislatura también cambió, meses antes de las elecciones nacionales, las reglas de conteo de votos y el ordenamiento territorial. Tras eliminar el 70 % de los cargos de elección popular a nivel nacional, Nuevas Ideas ahora tiene 54 de los 60 escaños legislativos.
También hay cada vez menos avenidas judiciales. La Asamblea forzó la jubilación en 2021 de un tercio de los jueces del país y, desde entonces, el partido de Bukele ha elegido a 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema. Están en proceso de elegir a los otros cinco. El presidente controla todas las instituciones, desde la Fiscalía hasta la Polícia, pasando por los juzgados locales y el Instituto de Acceso a Información Pública. “Este nivel de interrupción e interferencia en el sistema de justicia salvadoreño corre el riesgo de limitar el acceso a la justicia para todos y todas en el país”, dijo en mayo de 2023 un panel de expertos de Naciones Unidas.
Claros dice que no tiene ganas de pelear. Dice que la sola mención de la Fiscalía se siente como una amenaza. “Si no fuera por la ley que Bukele puso, ¿creés que estuviéramos vendiendo? Ya estamos ahogados. Ya no se puede hacer nada”.
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Bitcoin City no es la primera utopía urbana que Bukele imagina. Los sueños de urbanización a gran escala han sido una constante en su ascenso al poder.
Bukele empezó su carrera política hace una década en Nuevo Cuscatlán, un distrito pequeño en términos salvadoreños (población de 11,000 habitantes). Ahí, incentivó la construcción de condominios de muchas plantas, reclasificó áreas protegidas y puso a una comunidad en riesgo de desalojo, según una investigación de Julio Gutiérrez, un antropólogo y candidato a doctor en la Universidad Chapel Hill de Carolina del Norte.
Según Gutiérrez, la clave del diseño de megaproyectos como el aeropuerto es que “se genere el entusiasmo suficiente para toda esta dinámica especulativa que te sube el precio de la tierra y puedas sacar ganancia de eso”.
La aplicación de esta estrategia a escala nacional ha empezado a asomarse en Playas Blancas, una playa a 12 kilómetros de Condadillo. Aún hay casas abandonadas con ventanas rotas. Hay restos de malla de gallinero de viejas cercas en la arena. Pero en octubre de 2021 abrió Casa del Golfo, un hotel boutique publicitado ampliamente en los medios estatales. Su página web muestra mujeres blancas vestidas de bikini y los torsos bronceados de sus compañeros con atunes y marlines en las manos. El hotel —como otros en el litoral salvadoreño— coquetea con extranjeros adinerados: una habitación llega a costar hasta $375 por noche (el salario mínimo mensual en El Salvador es $365). En julio de 2023, la calle que llega al hotel fue pavimentada por obreros de la Dirección de Obras Municipales vestidos de camisas cyan, el color del partido de Bukele.
Luis Carballo, un pescador de 39 años que vive en Playas Blancas, me dijo que estos sucesos lo movieron a tratar de echar mano de su título de propiedad. Su esposa, María Antonia, trabaja al otro lado de la calle limpiando una casa de alquiler.
“Un ingeniero que anduvo aquí me dijo que ahorita en Condadillo y en todos estos lugares anda un montón de gente diciendo que son dueños, y eso puede ser cierto o no. Otros andan queriendo comprar”, dijo Carballo. Una cancha de fútbol a la par de su casa, que ha servido durante décadas como propiedad comunitaria, ahora es un terreno en disputa. Por algunas semanas estuvo acordonada con cinta amarilla prohibiendo el paso y alguien llegó a tirar carretadas de grava encima para ahuyentar las pelotas de fútbol. Los vecinos volvieron a usarla después de un tiempo. Una fuente en la municipalidad de Conchagua me dijo que dos partes han reclamado la propiedad del terreno a la par del océano.
La familia Carballo incluso aloja a un estadounidense. Se llama Corbin Keegan, el autodenominado “primer residente de Bitcoin City”. Keegan era un mochilero itinerante cuando conoció a Carballo. Primero le dieron posada y luego le permitieron construir una estructura de bloque de tres por tres metros cuadrados, con techo de lámina y plástico a modo de puerta. Keegan se queda ahí por meses cada año, aunque regresa a su natal Illinois para trabajos veraniegos.
En Playas Blancas Keegan no paga alquiler, pero a veces saca de su bolsillo unos $20 para el recibo de la electricidad, que ha incrementado desde su llegada. Keegan se ve a sí mismo como pionero. “Los bitcoiners de todo el mundo comenzarán a inundar El Salvador. Habrá un gran peregrinaje, las compuertas se abrirán y muchos empezarán a venir. El turismo estará por los cielos gracias a los migrantes de Bitcoin”, dijo.
Si bien las compuertas no se han abierto del todo, el turismo en El Salvador incrementó en un 32 % en la primera mitad de 2023, en relación a 2019, según la Organización Mundial de Turismo, una agencia de Naciones Unidas. El gobierno cuenta el Bitcoin entre sus principales atractivos, pero la mejoría de la seguridad también juega un papel crucial. La ministra de Turismo Morena Valdez dijo en televisión en octubre de 2022 que los ingresos y el uso de Airbnb se triplicaron en esos mismos cuatro años. Valdez señaló que el país busca incrementar sus 5,500 cuartos de hotel a 13,000.
En octubre de 2023, un análisis publicado por Global Financial Integrity y el Centro Vance para la Justicia Internacional encontró propiedades salvadoreñas en venta, denominadas en criptomonedas, por un total de más de 25 millones de dólares. La mayoría estaba a la orilla de alguna playa y algunas sólo se vendían en Bitcoin o en NFT (un certificado de propiedad digital). Influencers extranjeros ahora publicitan propiedades en cripto, como una casa construida hace 150 años en San Lorenzo, Ahuachapán, o una casa playera de nueve habitaciones por $360,000 en San Diego, La Libertad.
Otro factor clave en esta ecuación son los salvadoreños de la diáspora. De los aproximadamente 2.5 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, una encuesta de 2022 mostró que 60 % tiene la intención de mudarse de regreso a El Salvador eventualmente. Casi la mitad dijo que han invertido en bienes raíces en el país. En un discurso a la ONU en septiembre de 2023, el presidente Bukele dijo que el país está en ruta a tener “migración inversa”, refiriéndose al regreso de la gente que se fue hace décadas (aunque las cifras de migración hacia Estados Unidos en el primer quinquenio de Bukele se mantuvieron altas). La Asamblea Legislativa aprobó una ley que da beneficios fiscales a quienes regresen.
Gladys Jeannette, una corredora de bienes raíces guatemalteca-estadounidense que lleva una cartera de 140 propiedades en El Salvador, me dijo en abril de 2023 que ya había vendido el 40 % de su portafolio en los casi dos años desde la aprobación de la ley Bitcoin. Su clientela se divide entre bitcoiners europeos y estadounidenses y diáspora salvadoreña. “Nadie que esté buscando una residencia familiar compra en La Unión ahora mismo. Los constructores compran para una futura apreciación del capital”, dijo.
“Si comienza la construcción” de Bitcoin City, agregó, “podrías revenderla a doble precio en un año”.
En El Tamarindo, una playa cercana, Óscar Molina, un salvadoreño expatriado, abrió el hotel boutique Mar Azul, que cobra cada noche $250 por cabeza. Milena Mayorga, la embajadora salvadoreña en Washington, asistió a la inauguración como parte de un esfuerzo de relaciones públicas para atraer nuevas inversiones.
Enrique Morales Choto, presidente de la Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces, me dijo que el pico de demanda inmobiliaria en la costa en 2023 había subido los precios. “Hay más personas viniendo con planes de jubilarse y pagan más que los locales”, dijo Morales. Atribuye el cambio a las mejoras en seguridad y la publicidad de la marca país.
La narrativa de turistas y expatriados que vienen y compran terrenos obvia a algunos actores clave: la gente que ya vive aquí. Tendrán que irse para hacer espacio para los recién llegados. Son personas sin voz ni voto sobre lo que ocurrirá con sus casas y sus trabajos. Personas desplazadas.
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En octubre de 2022, una semana después de que los residentes de Condadillo fueron convocados a firmar promesas de venta de sus terrenos por una fracción de su posible valor, tres agricultores locales dieron una conferencia de prensa en la Universidad Centroamericana (UCA), una universidad privada, jesuita, en San Salvador.
Llegaron con los cuellos de sus camisas abotonados, las mangas sin enrollar. Santos Eduviges Cruz, de 59 años, fue el primero en tomar la palabra.
“Me dieron ganas de reírme y al mismo tiempo resentimiento por la forma en que ellos quieren negociar”, dijo. Eduviges increpó a los representantes del gobierno: “ustedes tienen su sueldo, aquí no les falta trabajo. Pero si a mí me quitan cuatro manzanas de terreno me están quitando la fuente de trabajo totalmente. Me están ofreciendo 24,000 dólares, ¿qué puedo hacer con eso?” Dijo que era “una traición que están haciendo al agricultor, al campesino, a la gente obrera”.
Cinco días después, Anliker— el funcionario que fue compañero de secundaria de Bukele— contestó en televisión estatal. Dijo que la mayoría de pobladores estaban muy contentos con el proyecto y que “la pírrica oposición es la que patrocina o lleva a ciertas personas que lamentablemente se dejan manipular o se prestan para este tipo de acciones”.
Anliker dijo que “la UCA y el mismo grupito está queriendo hacer ver mal un proyecto tan importante. (...) Ellos quisieran tener esos charrabascales (sic) que han estado en el abandono por años, ellos quisieran tenerlo así”.
Pero en esos “charrabascales en abandono” vive gente. En enero de 2023, asistí a una reunión de vecinos contra el proyecto. La anfitriona fue Blanca Cruz, una mujer de 66 años que reside en Condadillo. Es hermana de Santos Cruz, quien habló en la conferencia de prensa en la UCA. Cuando le pregunté por el precio de su terreno, insistió en que no estaba a la venta y que los representantes del gobierno le dijeron que esperara una reunión con la Fiscalía para negociar.
Poca gente asistió: seis personas se sentaron en sillas plásticas mientras el esposo de Blanca, de 75 años, descansaba en una hamaca.
Ángel Flores es un líder sindical en la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), una agencia gubernamental. Flores vive en Intipucá, a 15 kilómetros del futuro aeropuerto. Fue el primero en hablar. “La gente ve los megaproyectos como la norma y no concibe oponerse aunque eso vaya a traer más pobreza y escasez. Esa es la mentalidad contra la que estamos luchando”.
Los asistentes escucharon atentos y en silencio. Luego Ángel mencionó que el gobierno había hecho planes para promover el turismo en otras comunidades playeras como Surf City 2, a 35 kilómetros de camino en Punta Mango. Flores tiene razón en verlo todo como una estrategia nacional.
Una lista no exhaustiva de megaproyectos en zonas rurales incluye la presa del río Sapo en Morazán; la construcción del Periférico Gerardo Barrios en San Miguel (que ha implicado desalojos); la megaprisión Cecot para 40,000 reclusos en Tecoluca; el complejo residencial Eco-Terra en Santa Ana, un complejo hotelero en la cordillera de El Bálsamo y el resort “Cancún de El Salvador” en la Isla Tasajera, donde la Policía trató de desalojar a una comunidad de 50 personas el 28 de diciembre de 2022 en un proceso que sigue sin resolución judicial.
Después de Flores, le tocó a Amador Ramos, un líder indígena náhuat que apenas logró llegar tras haber pagado una cadena de pasajes de bus público que sumaron tres dólares. Ramos dijo que la última reunión pública del grupo, en diciembre de 2022, fue un éxito porque llegaron 40 personas.
Aquel encuentro desembocó en tres acuerdos. Primero, decidieron tratar de convencer a curileros y vendedores de conchas —también en la mira del proyecto— a que se unieran a sus demandas. Segundo, planearon imprimir decenas de volantes para convocar a sus demás vecinos a su próxima reunión pública. Tercero, publicarían videos en internet sobre su situación para divulgarlos entre comunidades cercanas. Pero el reto que enfrenta esta junta de vecinos va más allá de generar un cambio de mentalidad.
Para empezar, el grupo no ha podido establecer una línea de negociación con ningún funcionario. Por otro lado, lograron reunirse con tres de los cuatro partidos de la oposición política. La diputada Claudia Ortiz, quizá la cara más visible de la oposición a Bukele, se reunió con Ramos y le sugirió que buscaran apoyo internacional, como de la Embajada Británica, para llamar la atención del gobierno. Señaló que ella no podía ayudar. Los partidos de oposición tienen 3 de los 60 escaños legislativos, insuficiente para aprobar o vetar cualquier iniciativa.
Por ello cuesta imaginar que cualquier acción de los vecinos de Condadillo pueda dejar huella en los planes del gobierno. Sus esfuerzos para cambiar la opinión pública se enfrentan a una maquinaria que, en promedio, ha gastado 7.3 millones de dólares al año desde 2019 en propaganda gubernamental, incluyendo promover el proyecto del aeropuerto. Aunque el partido de Bukele perdió las elecciones en el distrito de Conchagua, su alcalde es de Nuevas Ideas gracias a la reciente reestructuración municipal, que eliminó 16 de las 18 alcaldías de La Unión.
Hasta estos pequeños esfuerzos por organizar una resistencia parecen haber pasado factura. Tres miembros de Milpa, el movimiento indígena organizado contra los megaproyectos que dirige Ángel Flores, han sido arrestados bajo el régimen de excepción.
En agosto de 2023, un vecino de Condadillo recibió una llamada telefónica de alguien que se identificó como miembro de la Fiscalía. Le informó que se había abierto un expediente en su contra y le preguntó por qué se oponía a los proyectos del gobierno.
Un mes después de la conferencia de prensa, dos policías, uno con gorro navarone, tocaron la puerta de la casa de Flores. Una mujer que estaba haciendo limpieza abrió y le enseñaron un cuaderno donde estaba escrito el nombre de Flores. Él había presentado una queja por la tala ilegal de un árbol y los policías dijeron que querían hablar de eso.
“Me alarmé. No sabía si querían arrestarme o persuadirme de algo”, dijo Flores.
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Otros dos agricultores estaban preocupados por sus casas en aquella conferencia de prensa de octubre de 2022. Uno de ellos, José Erme Martínez, pidió ante las cámaras que el presidente le diera un empleo, “aunque sea un trabajo de andar recogiendo basurita” en el aeropuerto, porque lo único que quiere es mantener a su esposa. Su casa con techo de tejas de ladrillo está a la orilla de la carretera. Tres perros flacos custodian un portón metálico. En la mañana que llegué, los perros estaban oliendo las tortillas de maíz que la esposa de Martínez estaba cocinando con leña en un comal, en medio del terreno. Árboles de níspero, naranjas, limones, platanales y cocos rodean la casa, que tiene una letrina en medio. “¿No cree que me va a hacer falta todo esto?”, Martínez preguntó retóricamente.
El otro agricultor es Hugo Guevara. Lo conocí en agosto de 2022. Vive en La Criba, una playa de arena negra a seis kilómetros del futuro aeropuerto, donde ha resurgido un viejo plan para un complejo hotelero bautizado por sus desarrolladores como “Playa Secreta”. Guevara y otras 50 familias de La Criba han peleado contra el desalojo desde 2005.
La Criba es un asentamiento de campesinos que formaron una cooperativa en 1980. Según Guevara, pagaron sus tierras pero fueron estafados por el presidente de la cooperativa que vendió todas las parcelas sin que ellos supieran.
Vecinos de la Criba han asistido a las juntas vecinales de Condadillo. Temen que el caserío que han salvado finalmente sea desalojado.
“En los 50, nuestros ancestros nos dijeron que los ricos los desplazaron de las montañas porque las ocupaban para cultivar café. Así es como la gente se vino para la costa. Ahora que se acabaron el café, quieren que nos vayamos de la playa. Pero no tenemos para donde irnos”, lamentó.
Los planes gubernamentales para Bitcoin City se han estancado, pero los movimientos para el aeropuerto siguen en pie. Han anunciado al mundo que encontraron el nuevo El Dorado para tratar de atraer negocios pujantes que produzcan beneficios económicos por rebalse.
Mientras Guevara me contaba su historia, sacó un desvencijado maletín donde conserva documentos que apoyan su litigio legal. Me mostró un documento importante: un folleto de estudios sociales de un curso que ofreció la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), que ha apoyado a los habitantes de La Criba.
“Los pueblos de los indios —lee el panfleto— se establecieron a partir de 1543. Se institucionalizó el despojo de sus propiedades, el racismo, la desigualdad social y económica. Se convirtió en el centro del sistema productivo al exigirles tributos y trabajo forzoso en las haciendas de los españoles”. Los dueños de las haciendas pagaban salarios de hambre a los trabajadores e incluso les pagaban en “fichas”, monedas que solo podían canjearse en las tiendas de las haciendas.
Guevara, que descansó de cosechar maicillo bajo el sol para hablarme, pareció hacer eco de lo que aprendió en esa clase. “¿Cómo es posible que personas con grandes cantidades de dinero estén tratando de despojar a los pobres de todo lo que tienen?” se quejó.
Estas historias se esconden bajo la gran transformación del “Nuevo El Salvador”. El país del bitcoin es un lugar de más de seis millones de habitantes donde casi un millón están al borde de la hambruna. Esta oferta de progreso excluye a los que más necesitan progresar.
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Will Claros recibió el pago por su terreno en enero de 2024. Quitó las tejas de una de las edificaciones para reutilizarlas en la nueva casa que está construyendo, al otro lado de la calle. Cuando empezó a quitar uno de sus techos, empleados del Gobierno le advirtieron que dejara de hacerlo, que dejara todo como estaba, porque ya no era el propietario del terreno. Cuando lo visité a inicios de abril, noté que algunas de las tejas habían desaparecido.
Claros no está esperando que el gobierno empiece la construcción para irse. El dinero que recibió sólo cubrió la mitad de lo que ha gastado en la nueva construcción. El resto lo obtuvo de uno de sus hermanos que vive en Estados Unidos. La nueva casa está casi lista, a falta de techo, puertas, ventanas y no menos de una docena de viajes de mudanza en un pickup. Claros ya plantó árboles frutales en los límites de la propiedad. Prevé un futuro en el que ya no pueda ganarse la vida como pescador. En vez de eso, dice que dará paseos en lancha como guía turístico y que quiere abrir un comedor en su nueva casa.
Según Ángel Flores, el líder comunitario, el gobierno ahora ha alcanzado acuerdos con casi todos los vecinos de Condadillo, tierras necesarias para el aeropuerto.
El 18 de mayo de 2024, la organización Milpa convocó a otra conferencia de prensa para denunciar que la empresa “Desarrollos Turísticos del Pacífico” se ha adjudicado tierras privadas en la playa El Icacal, a 13 kilómetros del futuro aeropuerto. “Hay una agudización de esta problemática en toda la franja costera marina de El Salvador”, dijo Flores a un noticiero local. “Grupos hoteleros se están adueñando del área de playa, lo cual ha implicado el desplazamiento de comunidades de pescadores”.
Meses antes, Hugo Guevara me llamó alarmado. Dijo que personas a bordo de un carro del Centro Nacional de Registros llegaron a La Criba para hacer remediciones. Dijeron a los vecinos que toda la tierra del lugar está a nombre de cinco personas. Guevara se preocupó porque dijo que la fuente de agua de la comunidad ahora estaría en propiedad privada. “No nos oponemos al desarrollo”, dijo. “Hay un área en la que ellos pudieran hacer su proyecto pero la comunidad también tiene derecho a estar en ese lugar. Nosotros vivimos de la agricultura y la pesca. Ya no va a haber tierra donde cultivar y para sacar nuestras embarcaciones. Ese es el único empleo que tenemos”.
