El presidente Nayib Bukele hizo tres anuncios la noche de este jueves 1 de junio, mientras rendía su informe de cuarto año de Gobierno ante la Asamblea Legislativa: la reorganización del mapa salvadoreño, que pasará de 262 municipios a 44; la reorganización legislativa, que reducirá de 84 diputados a 60 diputaciones, y lo que dijo sería un plan de persecución de la corrupción, que aseguró inició anoche mismo con el allanamiento de varias propiedades del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994). Bukele anunció estas medidas sabedor de que la Asamblea Legislativa, que en su mayoría le aplaudía de pie, aprobará las que le corresponden. Las dos primeras medidas, según anunció, deben estar listas antes de las próximas elecciones de 2024, por lo que podrían influir en ese proceso y cambiar por completo el mapa electoral a solo ocho meses de unas elecciones legislativas y presidenciales; y nueve meses de las municipales. Para todas ellas, el Tribunal Supremo Electoral ya debe lidiar contrarreloj con la implementación del voto en el extranjero.
Bukele hizo referencia a que el plan de persecución a la corrupción que se viene será tan agresivo como la estrategia de seguridad implementada desde que su pacto con las pandillas se rompió en marzo de 2022, y que ha tenido al país durante casi año y medio en un régimen de excepción que lleva más de 68,000 capturas y abundantes denuncias de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no dio mayores detalles de en qué consistirá.
El actual Gobierno tiene múltiples señalamientos de corrupción que van desde un funcionario que vendió por su cuenta decenas de miles de sacos de alimentos que eran destinados a la pandemia, las múltiples pesquisas de la fiscalía anterior en el caso Catedral, hasta, por ejemplo, la opacidad del 66.8 % de las compras de insumos médicos que estuvieron bajo investigación por negociaciones ilícitas.
Sobre Cristiani, el expresidente que estaba en el mando durante la firma de los Acuerdos de Paz, Bukele dijo que en ese mismo momento la Fiscalía, dirigida por el fiscal impuesto por el bukelismo en mayo de 2021, estaba allanando sus propiedades. “En este momento, el Fiscal no nos está acompañando porque se encuentra allanando las propiedades de Alfredo Cristiani, su mansión en Santa Elena, su casa en el lago de Coatepeque y la droguería Santa Lucía”. No mencionó en su discurso los delitos de los que le acusarían. Alfredo Cristiani fue el primer presidente de El Salvador por el partido Arena. Además, ha sido uno de los más importantes líderes del partido de derecha después de los acuerdos de paz.
Sobre el plan de cambiar drásticamente la distribución territorial de El Salvador, Bukele dijo en líneas generales que se debía a la necesidad de destinar mejor los recursos para que lleguen a lugares más empobrecidos, aunque no explicó cómo.
El Faro tuvo acceso al plan legislativo para recortar el mapa municipal en solo 44 municipios de los 262 existentes en la actualidad. La iniciativa tiene un trasfondo económico y busca que las municipalidades que no pueden sostenerse sin ayuda del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), que entrega el Gobierno Central, desaparezcan y sean absorbidas por las municipalidades más rentables.
El estudio, elaborado por la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, incluye mapas de los 14 departamentos y de la distribución territorial de los municipios anexados a los 44 centros económicos. El documento no establece la fecha en que inició ni cuando fue concluido, pero empezó a ser elaborado luego del 30 de diciembre de 2022, cuando el presidente Bukele tuiteó: “El Salvador debería estar dividido en 50 municipios, máximo. Es absurdo que 21,000kms2 estén divididos en 262 alcaldías”.
El estudio legislativo mantiene la división territorial en 14 departamentos, pero propone la designación de 44 centros económicos -generadores de actividad económica- y que esos territorios absorban a municipios con menos actividad económica.
“Cada municipio debe ser capaz de generar en alguna medida, la sostenibilidad financiera o la autosostenibilidad tributaria para la obtención de recursos que permitan atender los gastos de gobierno, administración y prestación de los servicios públicos esenciales”, dice el estudio legislativo para cumplir con la promesa del presidente Bukele de reducir el número de municipios.
Bajo esta iniciativa, el departamento de San Salvador, que actualmente tiene 19 municipalidades, pasaría a contar solo con cuatro. Como centros económicos, los municipios de Apopa, San Salvador, Soyapango e Ilopango absorberían las municipalidades restantes de su periferia.
San Salvador, la cabecera del departamento de San Salvador, con más de 300,000 habitantes, genera una recaudación tributaria de $37.7 millones, según los estados financieros de la municipalidad citados en el estudio. Ese centro económico absorbería territorios de la periferia, que tienen menos habitantes y generan menor recaudación: Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mejicanos, San Marcos, Panchimalco y Rosario de Mora.
Entre los cambios que tendrá impacto político destaca un municipio de La Libertad. Según el estudio legislativo, desaparece el municipio que es gobernado la alcaldesa Milagro Navas, de Arena, desde 1988. El municipio madre sería Nuevo Cuscatlán y tendría 5 distritos: Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, Huizucar, San José Villanueva, Zaragoza.
Otro cambio relevante que puede afectar a los partidos opositores, en caso que esta reforma entre en vigencia antes de las municipales de 2024, es Chalatenango. Ya que desparecían como municipalidades aquellas en las que el FMLN tiene aún muchas de sus bases. El cordón rojo estaría agrupado en Chalatenango, que tendría 14 distritos: Chalatenango, Azacualpa, San Francisco Lempa, San Luis del Carmen, San Miguel de Mercedes, San Antonio Los Ranchos, San Isidro Labrador, Cancasque, Potonico, San Antonio de la Cruz, Nombre de Jesús, Arcatao, Nueva Trinidad, Las Flores
Estos son solo ejemplos. Pero aún hay muchas incertudumbres sobre el impacto real que tendrá la supresión de municipios de cara a las elecciones y la planificación del Tribunal Electoral y los partidos políticos. El coordinador de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dijo que la supresión de los municipios puede generar una afectación al TSE y a los partidos si es aprobada después de que los partidos políticos hagan sus internas para elegir candidatos a alcaldes y diputados. “Los partidos tendrían que modificar sus planillas y también puede darse el caso que los partidos elijan planillas de candidatos que después tengan que ser suprimidas”, dijo. Este mes (junio) está previsto que los partidos políticos inicien el proceso para organizar internas para elegir a los candidatos a alcaldes y diputados.
El cambio territorial también impactaría en la planificación del TSE. La medida se anuncia cuando falta menos de un año para las elecciones y según el artículo 291-A estaba prohibido hacer cambios tan cerca de una elección, pero el 15 de marzo de 2023, la bancada Cyan derogó ese artículo del Código Electoral, que allana el camino para modificar las reglas cerca de la fecha de la próxima elección.
El exmagistrado del TSE y miembro del FMLN, Eugenio Chicas, dijo que cualquier modificación que se haga complica el calendario electoral. “Cada municipio en sí mismo es una circunscripción electoral dividida en un número de sectores electorales”, dijo y describió el proceso que tomaría un cambio de este tamaño. “Esta división territorial con límite municipal descansa en un extenso trabajo cartográfico desarrollado en mesa y programas informáticos y verificado con un complejo trabajo de campo”, aseguró. “El TSE no dispone de tiempo y recursos para un nuevo proceso de verificación de dirección. Esto implicaría muy probablemente modificaciones en los DUI desde el RNPN. Ya no hay tiempo”, enfatizó.
El Faro preguntó el 1 de junio de 2023 a la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, sobre esta propuesta de reducción de municipios y sobre los tiempos que han previsto para la aprobación de esta iniciativa, tomando en cuenta que los partidos se alistan para organizar sus internas y que el TSE debe decidir los términos para la contratación de la empresa para la impresión de las papeletas y para la transmisión de los resultados el día de la elección. No hubo respuesta.
En las 72 horas previas al discurso, el rumor ya se había extendido en distintas oficinas de Gobierno y algunas alcaldías. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral que hablaron con El Faro también confirmaron que estaban al tanto de la decisión. “Ese anuncio ya está listo, eso va”, dijo un magistrado a este periódico.
“Mañana dicen que el presidente va a tirar el anuncio donde une la alcaldía de Ciudad Delgado, San Martín y Soyapango. Las hace una sola y deja las otras dos como distritos”, dijo a El Faro un empleado de la alcaldía de Soyapango que está afiliado al sindicato.
Ahora serán distritos
El documento menciona otros factores que los técnicos legislativos dicen haber considerado, como la distribución poblacional. “Busca una distribución poblacional más o menos equitativa y que responda a la capacidad económica de los municipios”, se lee.
“Los municipios anexados a esos centros económicos pasarán a ser considerados como distritos. Los distritos estarán jerárquicamente subordinados al concejo municipal del municipio”, dice el informe.
Cada uno de los 44 municipios debe designar un gerente que funcione como enlace con los distritos. “Los distritos podrán contar con un director o gerente distrital”, dice la propuesta. Es decir, los municipios que pasen a ser distritos ya no tendrán un alcalde electo por la población, sino un director o gerente designado por el concejo de la municipalidad a la que sean anexados.
La propuesta tiene un trasfondo económico y busca reducir aún más las erogaciones que desde el Ejecutivo se hace a los Gobiernos locales. “Por cada 80.31 km2 hay un municipio (...) lo que genera una erogación de recursos considerablemente alta por parte del Estado para sostener el funcionamiento efectivo y eficiente de las municipalidades”.
Para elaborar esta propuesta, cuatro instituciones enviaron información para proponer la nueva distribución territorial: el Centro Nacional de Registro (CNR), al Banco Central de Reserva (BCR), la Corte de Cuentas y al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El CNR proveyó los mapas catastrales e información del IV Censo Nacional de Población sobre las áreas de los municipios; el BCR aportó el Informe de Estimaciones y Proyecciones Municipales de población del año 2021, así como información de la Encuesta de Hogares. La Corte entregó información financiera de los 262 municipios: los estados financieros y los exámenes especiales de 2017 a 2022 realizados a las municipalidades. El TSE entregó el estadístico de ciudadanos agrupados por género y rango de edad, ordenado por departamento y municipio de domicilio de diciembre de 2022.
El debilitamiento de los Gobiernos locales comenzó en marzo de 2020, cuando el Gobierno ordenó la cuarentena obligatoria en respuesta a la pandemia por el Covid-19. El Ejecutivo congeló los desembolsos del Fodes, a pesar de que la Ley del Fodes establecía que el Gobierno debía entregar el 10 % de los ingresos corrientes a los gobiernos locales.
Este bloqueo provocó, en septiembre de 2020, protestas de las municipalidades contra el Ejecutivo. La Corte de Cuentas inició una investigación y remitió un aviso a la Fiscalía por la retención de Hacienda de $165 millones del Fodes por parte del Gobierno. El Ejecutivo respondió enviando inspectores del Ministerio de Trabajo para cerrar las oficinas de auditoría que fiscalizaban $500 millones de gastos de la pandemia.
En marzo de 2020, cuando el oficialismo arrasó en las elecciones municipales y legislativas, las finanzas de las municipalidades comenzaron a ser un problema para el Gobierno, que estaba en campaña con inversionistas para convencerlos de que no había riesgo de default. El 31 de marzo de 2021, en una rueda de negocios con inversionistas de Wall Street, emisarios del Gobierno -de Hacienda y de Economía- aseguraron que preparaban medidas de ahorro, de recaudación y negociaciones con el FMI y organismos multilaterales para no caer en default en 2022 y 2023: una de las medidas de ahorro era disminuir el financiamiento de las municipalidades.
El 31 de marzo, Hacienda comunicó que habían reducido las aportaciones a las municipalidades del 10 % de los ingresos locales al 6 %: una medida fiscal incluida en una receta de ahorro para estabilizar las finanzas públicas ante la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Programas de Ahorro. $260 millones obtenidos de la reducción de contribuciones hechas a las municipalidades (Fodes)”, dice una presentación compartida a inversionistas y a la que tuvo acceso El Faro. El 8 de octubre de 2021, la Asamblea redujo del 6 % al 1.5 % de los ingresos corrientes lo que se destina hacia las 262 municipalidades, una medida que fue acompañada con la creación, en noviembre de 2021, de la Dirección de Obras Municipales (DOM) -una institución que depende de Casa Presidencial- y que se ha encargado de manejar la billetera para las empresas constructoras de obras públicas. Una investigación de Revista Factum determinó que la DOM ha destinado, de noviembre de 2021 a febrero de 2023, $318 millones a empresas constructoras bajo criterios opacos.
En mayo de 2023, Standard and Poor´s cambió la calificación de El Salvador a “default selectivo”, y la mantuvo por un día tras el anuncio del canje de la deuda de pensiones que implica que durante cuatro año el Gobierno no va a pagar su deuda con el fondo de pensiones. Aunque Standard and Poor´s anunció que después de ese día mejoraría la calificación de El Salvador porque consideraron que el no pago de la deuda de pensiones mejorar las proyecciones de que el Gobierno sí pueda pagar la deuda que tiene con inversionistas.
*Con reportes de Gabriel Labrador
